Antes de que concluya la presente Legislatura federal, diputados del PRI pretenden aprobar la Ley de Aguas Nacionales, conocida como Ley Pichardo, una versión ampliada pero más agresiva que la fallida “Ley Korenfeld”, presentada en 2015, con ello se dejaría la producción hídrica de Oaxaca, la segunda más importante del país, en manos de empresas nacionales y extranjeras para explotar los más de 55 mil 360 hectómetros de agua dulce renovable que se generan anualmente en las cuencas y subcuencas de la entidad. Con tales recursos a su disposición, la iniciativa privada podría impulsar el uso del fracking –un proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo para obtener gas y aceite—para mantener activos miles de proyectos mineros en el norte del país
Texto: David MÉNDEZ
Fotos: Esteban CHINCOYA
Privatizar la extracción, explotación y el suministro de agua en México, como promueve el PRI desde el 2015, significaría ceder la riqueza hídrica de Oaxaca, la segunda más importante del país, a empresas extranjeras para que éstas puedan hacer negocio con los más de 55 mil 360 hectómetros de agua dulce renovable (que puede ser utilizada sin afectar el ecosistema) que se generan anualmente en las cuencas y subcuencas de la entidad, alertó el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Natural de Oaxaca (ProOax).
Después de Chiapas, no hay lugar en el país donde se genere más agua apta para el consumo humano que en el estado oaxaqueño, donde la disponibilidad –que no ha sido aprovechada por las autoridades– es suficiente para dotar diariamente de 40 mil litros a cada uno de sus más de 4 millones de habitantes, según informes de 2016 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revisados por Real Politik y a los que cualquier ciudadano puede tener acceso.
El gobierno que actualmente encabeza Enrique Peña Nieto, a través del PRI, del Partido Verde y del Partido Nueva Alianza (Panal), pretende aprobar en el Congreso de la Unión la Ley de Aguas Nacionales antes de que termine la actual legislatura y con ello abrir al libre mercado la extracción y explotación del este líquido, tal y como ya sucede con otros bienes como el petróleo, reveló en enero pasado la revista Proceso.
El agua es el último recurso natural con peso geopolítico que posee México, luego de la entrega de los hidrocarburos y la minería a capitales extranjeros, de acuerdo con la tesis del especialista Alfredo Jalife.
El valor del vital líquido es tal que diversos países como Estados Unidos e Israel lo consideran como un factor de seguridad nacional y el motivo de la tercera guerra mundial.
***
Con tres de las zonas hidrológicas-administrativas más importantes de México –Pacífico Sur, Balsas y Centro Sur–, donde nace el 32.96 del agua dulce de México, la iniciativa privada podría obtener de Oaxaca, el agua suficiente requerida para la extracción de Shale Gas, mantener activos cientos de proyectos mineros, hidroeléctricas y dotar a corporativos empresariales de México, acusó ProOax.
El resto de la población, como lo establece el proyecto, tendría acceso al suministro de agua potable por medio de empresas privadas que fijarían tarifas de acuerdo con la demanda del servicio; esto, a pesar de que más del 70 por ciento de los habitantes se encuentran en situación de pobreza.
Estado rico ciudadanos pobres
Pese a la riqueza hídrica de Oaxaca, más de 150 mil de las un millón 43 mil viviendas que existen en el estado no tienen acceso a agua potable y el 25.7 por ciento, alrededor de 261 mil, no tiene acceso a red de drenaje debido a las deficiencias de la infraestructura estatal y municipal, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el marco del Día Internacional del Agua, que se conmemoró el 22 de marzo, el Inegi informó, además, que en otras 150 mil 600 casas, sus moradores tienen que valerse de diversos métodos, como el acarreo o la contratación de pipas, para poder suministrarse del líquido.
Corrupción, el mal
De acuerdo con ProOax, la explicación para tal grado de marginación deriva de la corrupción de los gobiernos federal y estatal, que durante los últimos 50 años, en el caso de Oaxaca, han malversado los recursos que debieron haber sido utilizados en la preservación de los mantos freáticos, la construcción de presas de captación y la adecuación de las redes de distribución.
La organización afirmó que desde mediados de 1970, especialistas del centro del país, entre ellos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), notificaron al gobierno de local sobre las medidas que debía implementar para el mantenimiento de los mantos freáticos y, a la vez, conseguir un equilibrio sustentable del ciclo del agua.
José Márquez aseguró que, según las recomendaciones, en el estado no son necesarias obras monumentales y costosas, como el proyecto fallido de la presa Paso Ancho –que fue valuado en 3 mil 300 millones de pesos– o como a las que han tenido que recurrir los gobiernos del norte del país o algunas entidades de la Unión Americana, ya sea para poder abastecer a su población o para contrarrestar embates climáticos, como sequías.
De acuerdo con los dictámenes, las autoridades estatales únicamente necesitan crear un sistema de represas en los principales escurrimientos del estado con el objetivo de que el agua sea «cultivada» y reinfiltrada al subsuelo.
Por su riqueza natural y sus «bondades», Márquez coincidió con las estadísticas de Conagua, en el sentido de que ningún ciudadano oaxaqueño debería sufrir por falta de agua; es decir, con las inversiones públicas adecuadas, el estado podría ser autosuficiente.
Buscan legitimar un atraco
Sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales que propone el PRI, cuyo borrador fue presentado por el presidente de la Comisión del Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados federal, el mexiquense José Ignacio Pichardo Lechuga, a finales del año pasado, pretende restringir el uso gratuito del agua a entre 50 y 100 litros diarios por ciudadano.
Organizaciones internacionales, como Oxfam advirtieron que en vez de fortalecer programas gubernamentales que robustezcan las instituciones y hagan más eficiente la aplicación de recursos en obras de infraestructura, la propuesta de la Ley Pichardo sustancia y amplía el sistema de concesiones, que son títulos que otorga el Ejecutivo federal para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y que en otras regiones del mundo han llevado a la sobreexplotación, contaminación y concentración del agua “en manos de unas cuantas personas y empresas”.
“Regalan” un bien nacional
Y reitera que el borrador de la Ley Pichardo, como se le ha denominado, establece que los titulares de las concesiones podrán vender o rentar volúmenes concesionados de agua, renovar su concesión ilimitadamente, heredar su permiso y mantener la concesión sin utilizarla pagando una cuota de garantía, lo que permitiría que personas o empresas adquieran concesiones, no para usarlas, sino para negociar con ellas.
Además, no define límites en cuanto a la adquisición de concesiones, por lo que una sola persona o empresa podría concentrar, comprar, rentar o adquirir la cantidad de licencias que quiera.
La propuesta, abundó, no sólo permitiría que empresas o grupos de poder acaparen el agua, sino, además, plantea que sean los concesionarios privados, empresas y usuarios quienes informen a la autoridad los volúmenes de agua extraídos y las sustancias vertidas a los cuerpos de agua, y no la autoridad, quien exija esta información.
Por otro lado, acusó que la propuesta no obliga a los concesionarios a someterse a auditorías ni evaluaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad, el uso eficiente del agua y la adecuada gestión; sólo promueve la “participación voluntaria” en estos procesos.
La privatización del suministro
El director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), Juan José Consejo, coincidió tanto con ProOax como con otras organizaciones nacionales e internacionales, sobre que la privatización del agua es el complemento de la reforma energética, puesta en marcha por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La privatización de este recurso, apuntó el activista, es vital para el desarrollo de la industria minera y para la extracción del Gas de Lutitas o Shale Gas; ésta última, una de las partes en las que el gobierno federal tiene centrada un alto porcentaje de atención.
Según los últimos datos disponibles en la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), México ocupa el sexto lugar del mundo con recursos no probados, pero técnicamente recuperables de gas de esquisto o lutita (shale) —545 billones de pies cúbicos—, detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, para tener acceso a ese hidrocarburo no convencional es necesario utilizar una técnica llamada fracturación hidráulica o fracking, que permite extraer el gas, que se encuentra atrapado en capas de roca, a gran profundidad.
Luego de perforar hasta alcanzar el esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas, metano.
No obstante, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la técnica de fractura hidráulica se divide en etapas. Primero, se realizan siete fases de fractura y cada una de éstas necesita entre mil 100 y 2 mil 200 metros cúbicos de agua.
Lo anterior significa que, en la explotación de cada pozo, el consumo de agua fluctuará entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos, una cantidad que se equipara con los recursos utilizados por la agricultura mexicana.
A diferencia de otras actividades productivas, el agua ocupada en el fracking queda contaminada por los químicos implementados en el proceso, por lo que se vuelva inutilizable.
Hasta 2013, según Forbes, en Estados Unidos habían sido perforados 17 mil 900 pozos de Shale Gas, lo que se traduce en una contaminación de más de 519 millones de metros cúbicos de agua, más de la disponibilidad de la que cuentan entidades como Aguascalientes y la Ciudad de México.
Debido a su alta agresividad con el ecosistema, los gobiernos de Francia, Bulgaria, Rumania, Alemania e Italia prohibieron el uso del fracking.
***
Mientras tanto, en México los diagnósticos han determinado que las zonas ricas en gas se conforman por los territorios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y partes de Chihuahua y Veracruz.
Salvo la última entidad, el resto se caracterizan por sus bajos niveles de disponibilidad de agua: en Chihuahua, por ejemplo, se generan anualmente 11 mil 888 hectómetros cúbicos; en Tamaulipas, 8 mil 928; en Nuevo León, 4 mil 285, y en Coahuila, 3 mil 151.
No sólo eso, sino que de los 205 acuíferos sin disponibilidad de agua contabilizados en todo el país en 2015, 19 se localizaban en Chihuahua, once en Nuevo León, nueve en Coahuila y tres en Tamaulipas.
Además, de otros 105 acuíferos catalogados como sobreexplotados, 15 fueron localizados en Chihuahua, cinco en Coahuila y dos en Nuevo León, lo que hace prácticamente insostenible la realización de la fractura hidráulica.
En contraste, todos los acuíferos de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche, se encontraban, de acuerdo con el estudio, en óptimas condiciones.
Ello, generó hace unos años el surgimiento de un proyecto conocido como Monterrey Seis, que se basaba en la construcción de un gran acueducto que llevaría agua del estado de Veracruz a la zona metropolitana de la entidad regiomontana.
Aunque el proyecto se encuentra suspendido, tanto el director del INSO, Juan José Consejo, como el de ProOax, José Márquez, consideraron que se trata del comienzo de una serie de intentos que tienen el objetivo de trasladar el agua de sureste mexicano al norte del país para desarrollar la industria, principalmente el fracking.
El 20 de enero pasado, la revista Proceso reveló que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el PRI, su partido, pretendían dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas.
Especialistas que hablaron con reporteros de la publicación, señalaron que las autoridades tienen la intención de cerrar el círculo y aplicar al cien por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido.
Para ello, sostuvieron, la táctica tiene dos vías: la Ley General de Aguas para “concretar el fracking” y proteger las inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual, por “utilidad pública” y para prevenir el disturbio social, el Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan.
Consultado al respecto, Consejo comentó a Real Politik que era poco factible la aprobación de esta ley en lo que resta de 2018, pero luego sostuvo que tampoco podía ser descartado al 100 por ciento.
El activista apuntó que el contexto político que impera en el país, a menos de tres meses de las elecciones y con su candidato presidencial sumido en el tercer lugar de las preferencias, impedía al PRI aventurarse a tomar una decisión como esa.
“Embarcarse en una reforma de ese tipo con el rechazo que se anticipa de parte de organizaciones me parece que es una puesta un poco riesgosa; ahora, para sembrar la duda, lo mismo se decía de la Ley de Seguridad (Interior) y, sin embargo, también terminaron haciendo una ley muy objetada”.
–¿La sociedad puede estar, de alguna forma tranquila, que la ley no se va a imponer?
–Sí, pero por razones coyunturales (elecciones). La voluntad de muchos funcionarios y legisladores es en el sentido de completar el ciclo de reformas energéticas; eso harían si pudieran, pero no pueden porque su margen de maniobra, la ventana de oportunidad, es reducida.
¿Por qué privatizar?
La reforma constitucional al Artículo Cuarto en 2012, reconoció el derecho humano al agua y saneamiento, y contempló la elaboración de una nueva Ley General de Aguas que garantice el acceso y uso equitativo y sustentable del agua, a través de la participación de la ciudadanía en colaboración con los tres niveles de gobierno.
En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un primer intento por reformar la Ley General de Aguas con una propuesta conocida como “Ley Korenfeld”, promovida por el ex titular de Conagua, David Korenfeld Federman, que pretendió privatizar el suministro, pero fracasó gracias a la movilización de la sociedad civil.
“Aquella iniciativa de ley priorizaba la comercialización y privatización del agua por encima de su condición como derecho humano”.
Lo anterior, provocó una intensa movilización social que hizo recular al gobierno hasta 2017, cuando Pichardo presentó su proyecto, para muchos, igual o más nocivo que la «Ley Korenfeld».
