A su salida de la Secretaría de Seguridad Pública, el capitán de fragata de la Armada de México, José Raymundo Tuñón Jauregui deja a la entidad sumida en una creciente inseguridad y violencia: ejecuciones, secuestros, torturas extrajudiciales, feminicidios, enfrentamientos entre grupos vinculados al crimen organizado y asaltos, lo que convierte a Oaxaca en uno de los estados más violentos del país; encima, a pesar de la millonaria asignación de recursos, la efectividad de la dependencia en el combate a la delincuencia fue de apenas el 7.5 por ciento
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
2,301 es el número que deja marcado José Raymundo Tuñón Jáuregui en Oaxaca, es el número de homicidios dolosos que se cometieron con él al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. 2,301 personas en el estado fueron asesinadas por la fallida estrategia de seguridad que ejecutó en las ocho regiones del estado desde su designación el 1 de diciembre de 2016.
Además de este número, una imagen reciente puede servir para describir el trabajo que realizó Tuñón Jáuregui en la SSP. El pasado 26 de junio, mientras en Palacio de Gobierno el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunciaba el esperado retiro del cargo del capitán de fragata, un nuevo enfrentamiento entre transportistas ocurría en la ciudad de Oaxaca. Nuevamente, integrantes del Sindicato Libertad y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) expusieron la inacción de la Policía Estatal con un enfrentamiento a balazos en el que fueron asesinados dos de los involucrados.
Durante varios minutos, hombres encapuchados se enfrentaron a balazos en Trinidad de Viguera. Pese a las constantes detonaciones de arma de fuego que se realizaron junto a una gasolinera la intervención de la policía jamás ocurrió. Fueron pobladores de la agencia municipal los que retuvieron, en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado, a 12 personas involucradas en los hechos violentos. La acción ciudadana debió tomar las riendas ante un nuevo escenario de violencia a plena luz del día. La marca de Seguridad Pública durante esta administración es la ausencia.
Para completar el cuadro de la indefensión ciudadana, en el transcurso de las siguientes 24 horas, los hombres retenidos por los pobladores fueron liberados por la Fiscalía del Estado sin cargos.
De los estados con más homicidios
Otra marca de Tuñón Jáuregui fue la creciente violencia homicida en Oaxaca, que se ha colocado al nivel de la de entidades como Sinaloa, Nuevo León y Morelos.
Hasta mayo de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó en Oaxaca la comisión de 380 homicidios dolosos que se suman a los 983 cometidos en 2018; en 2017 fueron 855 y en diciembre de 2016, 83.
En los primeros cinco meses del año, solo tres entidades superan los mil homicidios dolosos: Guanajuato, con mil 181; Estado de México, mil 113; y Baja California, mil 020.
El segundo grupo entre los estados más violentos, con más de 500 registros de asesinatos intencionales lo ocupan Jalisco, con 902; Chihuahua, 856; Guerrero, 652; Ciudad de México, 651;
Veracruz, 582; y Michoacán, 538.
En el tercer grupo se encuentra Oaxaca, acompañado por entidades en donde los grupos del crimen organizado tienen una presencia constante: Puebla, donde de enero a mayo se cometieron 491 homicidios dolosos; Nuevo León, 401; Morelos, 384; Oaxaca, 380; Sinaloa, 329 y Sonora, 311.
Fracaso en controlar focos rojos
De los 294 homicidios dolosos registrados en Oaxaca de enero a abril por el Secretariado Ejecutivo, el 47% están concentrados en 13 municipios, donde la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha fallado en mejorar las condiciones de prevención y contención de los delitos pese al anuncio de operativos especiales.
De estos 13 municipios, cuatro –Tuxtepec, Juchitán, Oaxaca de Juárez y Villa de Tututepec, concentran el 25% del total de homicidios dolosos y en tres de ellos la dependencia a cargo de Tuñón Jáuregui anunció operativos en coordinación con el Ejército y los ayuntamientos, los cuales sin embargo no han dado resultados.
A pasado ya un año, desde que el 18 de junio de 2018 que el gobernador Alejandro Murat anunció la puesta en marcha del operativo Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca en Ciudad Ixtepec. En total habría 500 elementos para todo el estado y 50 vehículos que reforzarían la seguridad en el Istmo de Tehuantepec.
Un año después de ese anuncio, Juchitán sigue siendo uno de los municipios más violentos de Oaxaca. 2018 cerró con 57 homicidios dolosos en este municipio; en los primeros cuatro meses de 2019 sumó 19; de continuar la tendencia, la cifra se incrementaría en 33% al final de este año.
En Tuxtepec, el pasado 26 de abril el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Leonel Cota, anunció la instalación de un operativo que conformará parte de la estructura de la Guardia Nacional. En el operativo participarían 300 elementos, 200 de la secretaría de la Defensa Nacional, y 100 de la Policía Federal.
Hasta abril pasado, Tuxtepec se mantenía como el municipio con mayor número de muertes violentas de Oaxaca, con 28. En 2018, este municipio fue el líder en la lista de este delito, con 99, el 10% del total.
Central de Abastos, acción tardía
Un nuevo operativo policiaco para contener la ola delictiva que afecta a Oaxaca se anunció el 19 de junio pasado, cuando el Gobierno del Estado y el municipio capitalino anunciaron la instalación de una Base de Operaciones Mixta en la Central de Abasto. Días antes, el 3 de junio fue asesinado en esa zona el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), René Hernández Sánchez.
Los homicidios en esta zona han sido recurrentes. El 14 de noviembre de 2018 un comerciante identificado como José Daniel V. L., de 24 años de edad, recibió diversos disparos de arma de fuego.
De acuerdo con fuentes consultadas, la creciente violencia y delincuencia que vive Oaxaca está vinculada con el poder que al amparo de los gobiernos estatales han obtenido diversos sindicatos de transportistas y de la construcción –el Sindicato Libertad, la Confederación Nacional de la Productividad, antes la CTM y ahora CATEM-, que han mutado para además de exigir obras y duplicar concesiones, involucrarse en diversas actividades delincuenciales como el robo y el narcomenudeo.
El poder de estas agrupaciones, señalan fuentes oficiales pertenecientes a las corporaciones policiacas del estado, ha crecido hasta superar la capacidad de reacción con que cuentan los propios gobiernos estatal y federal. “Una agrupación que maneja a 300 volteos o a 500 taxistas y que en una hora te puede bloquear todos los accesos de la ciudad, es un poder muy fuerte que supera incluso al del gobierno, no lo puede controlar”, señaló la fuente consultada.
Además, subejerció recursos
Otra de las causas de la violencia en la entidad, es el subejercicio de 81.9% de los recursos convenidos entre el gobierno federal y la administración estatal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
A pesar de que el gobierno estatal se comprometió a lograr a través de este fondo una mezcla de recursos de 286.011 millones de pesos, hasta septiembre pasado entre los recursos comprometidos, los que no se han aplicado y los que no se han ministrado, son 228.9 millones de pesos que no se han visto reflejados en mejoras para la seguridad pública de Oaxaca, la entidad número 12 del país en la que mayor número de homicidios dolosos se registraron en 2018.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública observó en septiembre pasado que, aunque la prevención del delito de alto impacto es un programa con prioridad nacional, el Gobierno del Estado de Oaxaca logró una eficacia de solo 7.5%.
Los únicos rubros para los cuales comprometió recursos en mezcla con el gobierno federal fueron unidades antisecuestro, para las cuales se convino ejercer 17.97 millones de pesos -11.31 del gobierno federal y 6.4 de aportación estatal- y para la policía cibernética, a la que se le asignaron 880 mil pesos, todos de la Federación.
En total, para la prevención en el estado de delitos como homicidio doloso, culposo, secuestro, extorsión o robo con violencia, la mezcla de recursos alcanzó hasta el tercer trimestre de 2018 los 18.7 millones de pesos, de los cuales únicamente se han pagado, ejercido y devengado 1.4 millones, el 7.4% de los recursos totales.
