El Gobierno de la República anunció que el presidente Enrique Peña Nieto vetó el Artículo 32, incisos “B” y “C” de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley “Tres de Tres”), y otros 15 artículos relacionados donde obliga a los empresarios y a sus empleados a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, adelantó que se pedirá al Congreso de la Unión un nuevo Periodo Extraordinario para discutir los cambios en el Sistema Nacional Anticorrupción.
En un mensaje a medios, el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, mencionó que a los artículos en los que propondrá modificaciones es porque contienen “medidas excesivas” que afectarían la operatividad de dicho sistema nacional.
Esta decisión se da después de que Peña Nieto sostuviera un reunión privada con empresarios y a unos días de que realice una visita de Estado a Canadá, Castillejos Cervantes puntualizó que “el Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”.
“El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como “facultad de veto”, devolverá al Senado de la República para su análisis, el Artículo 32, incisos “B” y “C” de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros 15 artículos más relacionados con este Artículo 32”, detalló el funcionario.
En la Sala de Conferencias de la Presidencia de la República, añadió que los artículos referidos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa que recibe o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales; es decir, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio y su declaración de intereses.
Además, que todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el Gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas dos declaraciones.
Acompañado por el vocero de la Presidencia y coordinador general de Comunicación Social, Eduardo Sánchez Hernández; el consejero Jurídico subrayó que de quedar la Ley como está, inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a Gobiernos, y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del Programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros.
Enfatizó que con la convicción de que “las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e, incluso, de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una empresa transnacional, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Por lo anterior, dejó en claro que el veto de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado y abundó que el Sistema Nacional Anticorrupción prevé herramientas novedosas y útiles para dicho propósito.
En su mensaje, ejemplificó que la manifestación caso por caso y contratación por contratación, de no estar el particular y el servidor público que intervenga en la contratación frente a un conflicto de interés; así como en las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas, hasta la disolución de las empresas, y en su caso penas de prisión.
Humberto Castillejos aseguró que las observaciones parciales que se formulan por el Presidente de la República, tienen como objetivo fundamental colaborar con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones y garantizar que todas las normas que se aprueben por el Congreso se apeguen a la Constitución General de la República.
“El Gobierno de la República está convencido de que por ningún motivo debemos retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, el Presidente de la República hoy (ayer) mismo solicitará al Congreso de la Unión que tenga un Periodo Extraordinario y esto se pedirá a la Comisión Permanente”, expresó.
Aseveró que el Sistema Anticorrupción es de los ciudadanos y para los ciudadanos y que su objetivo primordial es proteger su derecho a que los recursos que aportan a través de sus impuestos se usen de la mejor manera posible, con transparencia y con honestidad; de ahí que “la presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos”.
“Por ello, en ejercicio de su función como jefe de Estado, el Presidente de la República está haciendo estas observaciones parciales, para velar porque prevalezca la Constitución y prevalezcan los Derechos Humanos en el país”, externó.
Cabe destacar que el martes pasado, Enrique Peña Nieto se reunió por la noche en la Residencia Oficial de Los Pinos con un grupo selecto de empresarios, quienes externaron sus preocupaciones por la aprobación de la controvertida Ley “Tres de Tres”, principalmente en lo que tiene que ver con el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde les obliga a ellos y a sus empleados a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
