Inseguridad, el magro crecimiento económico y promesas incumplidas como hacer justicia a los deudos de las víctimas de la Guardería ABC, son entre otros, los temas excluidos en el mensaje del Presidente de la República, quien solo centró sus logros en la aprobación de las reformas estructurales, coinciden sus críticos
Agencias
Ciudad de México.-El paquete que contiene el II Informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto y que fue entregado al Congreso de la Unión, destaca la aprobación de las reformas estructurales, las acciones para restablecer el orden y la paz social en Michoacán, las medidas para combatir la pobreza extrema y las grandes obras de infraestructura a lo largo del país.
Para activistas, politólogos y legisladores de oposición, Peña Nieto –como sus antecesores– sólo se ocupó de hablar de los objetivos de las reformas estructurales, pero nada de los saldos que le queda a deber a los mexicanos.
La politóloga Helena Varela Guinot, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, explicó que el mensaje de Peña Nieto se diferencia de los últimos presidentes debido a la aprobación de las reformas estructurales.
Sin embargo, destacó que sólo se concentra en sus logros e intenta minimizar los ámbitos en donde no ha tenido avances: magro crecimiento económico, incremento de la desigualdad social, así como una regresión democrática, al intentar concentrar nuevamente en el Poder Ejecutivo.
Legisladores de oposición criticaron el esfuerzo presidencial por demostrar los grandes logros del gobierno, los cuales –sostuvieron– son distintos a lo que viven los mexicanos y van en sentido contrario a la realidad del país.
El líder de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila, afirmó que no hay nada que celebrar.
“¿Cuál es el estado que guarda la Nación? La respuesta es: la nación está enferma, la inseguridad, la atonía económica y la corrupción la tienen postrada. La decadencia política es insalvable. Ya hemos dejado asentado que quien compra la Presidencia termina vendiendo al país”, expuso.
Acción Nacional destacó que el secuestro, el robo y la extorsión son delitos que están al alza, pese a lo que diariamente expresa el discurso oficial de reducción de los índices de criminalidad.
“La terca realidad en muchas ciudades y comunidades los desmienten y nos muestran un crecimiento de los delitos que más lastiman a la gente: el robo, el secuestro y la extorsión”, señaló el senador panista Héctor Larios Córdova.
Al respecto, el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, aseguró que el gobierno usa una métrica poco clara para medir los índices delictivos, en especial la relacionada con el crimen organizado.
Según del Segundo Informe de Gobierno, en los primeros 20 meses del sexenio los homicidios dolosos se redujeron en todas las regiones del país. Sin embargo, un conteo de semanario Zeta, en ese periodo se han registrado 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendió las acciones emprendidas por el presidente Peña para la conducción del país. El diputado Manlio Fabio Beltrones llamó a la oposición a sumar esfuerzos para hacer que las reformas estructurales no se queden en el papel, sino que cumplan su objetivo de “transformar a México”.
“Estos dos años han demostrado que cuando se persevera en el ejercicio de la política, comenzamos a darle un nuevo rostro a México mediante la forma que mejor garantiza el cambio a largo plazo: crear nuevas leyes, perfeccionar las existentes y consolidar las instituciones de la República”, apuntó.
Principal preocupación
La doctora Helena Varela, directora de la División de Estudios Sociales de la Ibero, explicó que en el mensaje a la Nación que dio el presidente Peña, no habló de uno de los máximos pendientes de su administración, que es el magro crecimiento económico nacional.
“El crecimiento económico ha sido poco, de hecho se han tenido que bajar expectativas con respecto al crecimiento esperado, todavía a la fecha la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y los empresarios siguen discutiendo por ver en dónde ubican la tase crecimiento, pero lo que nos queda claro es que es una tasa de crecimiento insuficiente”, apuntó la académica.
Detalló que a pesar de que los programas sociales han incrementado el número de beneficiarios, la desigualdad social sigue en aumento y los apoyos económicos no han logrado el objetivo de revertir la pobreza.
“No ha conseguido reducir [la desigualdad social] por mucho que se utilicen las cifras de la Cruzada contra el Hambre, y al final lo que tenemos es una situación de una cierta precariedad, en donde ante cualquier crisis esto pudiera hacer que estallara [el descontento social]”, recalcó.
Por su parte, el senador panista Héctor Larios, subrayó que el gobierno de Peña Nieto ha tomado decisiones erráticas que han afectado la economía de las familias mexicanas.
El legislador se basó en los recientes indicadores oficiales para señalar que las medidas fiscales propuestas por la Secretaría de Hacienda, provocaron la estrepitosa caída en las ventas de las tiendas de autoservicio, por primera vez en la historia.
Agregó que la industria de la construcción cayó más del siete por ciento, gracias a “la enorme imprudencia de cambiar de tajo la política de vivienda”, lo cual, dijo, llevó a la quiebra a las empresas del sector y redujo drásticamente la construcción de casas.
“En dos años, prácticamente el crecimiento es cero, pero si tomamos en consideración el crecimiento de la población, las familias mexicanas han bajado su consumo. Es decir, las familias mexicanas en estos dos años han perdido calidad de vida”, sostuvo el panista.
Por eso, insistió el legislador panista, el gobierno de Peña debe reconsiderar regresar al régimen de pequeños contribuyentes para dar certidumbre financiera a más de tres millones de mexicanos.
Contradicción en seguridad
En materia de seguridad pública, el Segundo Informe de trabajo del Presidente es prolífico en alusiones a las mejoras, con base en cifras que refieren una aparente reducción de las tasas de violencia y del delito de homicidios dolosos.
Según el documento, en los primeros 20 meses del sexenio, los homicidios dolosos se redujeron en todas las regiones del país, destacando la zona Norte del país, donde la violencia disminuyó –conforme a los datos oficiales– de 201.7 a 83.4 delitos por cada 100 mil habitantes en el Noroeste, y de 92.3 a 49.2 delitos por cada 100 mil habitantes en el Noreste.
Asimismo, refiere que la tasa de averiguaciones previas por homicidios dolosos pasó de 18.6 por cada 100 mil personas en el año 2012, a 7.8 por cada 100 mil habitantes para el 30 de junio de 2014.
Según el informe de trabajo del Presidente, tan sólo entre septiembre de 2013 y julio pasado, hubo una reducción de los índices delictivos de 15.4 por ciento.
No obstante la reducción referida, la semana pasada el semanario tijuanense Zeta, documentó que en los primeros 20 meses de la actual administración se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se reportaron 43 mil 694, es decir 14 mil 205 homicidios menos que con Peña Nieto.
Cuando inició su administración, el 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto aseguró que en un año empezarían a verse los resultados de su estrategia contra el crimen organizado, la violencia y la inseguridad, y que habría una reducción en los índices de asesinatos tanto dolosos como culposos.
Los índices del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en efecto han respaldado una disminución de algunos delitos, expuso Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). No obstante, comentó Rivas, la base “no necesariamente es una información que verdaderamente te permite tener una fotografía completa y contundente de si estamos o no mejorando”.
El ONC ha llevado un puntual seguimiento de las cifras reportadas por el SNSP y, en ese ejercicio ha evidenciado que incluso usando la información oficial la realidad sobre la incidencia delictiva es distinta a la que difunden las autoridades federales.
Por ello, Rivas consideró que los datos oficiales no pueden ser el único referente y que hacen falta fuentes alternas de información para tener más elementos que permitan analizar el panorama real que prevalece en materia de seguridad en el país.
Entre la información que hace falta, pues el Secretariado no la registra, y que es necesaria se encuentra la incidencia de delitos del fuero federal y los reportes homologados de las policías municipales, estatales y federal, donde hay datos relevantes sobre incidencia delictiva que pueden diluirse si no se convierten en averiguaciones previas.
El director del ONC criticó que en materia de homicidios ligados a confrontaciones relacionadas con el crimen organizado, el gobierno usa una métrica poco clara, a pesar de que signó un acuerdo con la sociedad civil para no utilizar esa medición. Al respecto, Rivas señaló que el gobierno federal ha faltado abiertamente a ese compromiso y continúa usando la misma metodología.
Otro de los aspectos a los que Rivas destacó, es de la situación específica de seguridad en entidades como Michoacán y Tamaulipas, donde es imperativo conocer qué está ocurriendo, pero al mismo tiempo manejar con cuidado la información que las autoridades proporcionan sobre avances y retrocesos, “porque la autoridad habla de datos pero ni siquiera corresponden con lo que aparece en el Secretariado”.
Concretamente, señaló que no se puede hablar de avances en Tamaulipas y Michoacán, y subraya la importancia de que se conozcan indicadores de resultados relativos a la Gendarmería Nacional, de cuyos objetivos poco se ha hablado.
Promesas
En el apartado de Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2013-2014, el Segundo Informe menciona:
El 11 de abril de 2014, se modificó el objeto del contrato del “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos”, para que funcione como mecanismo de pago de las obligaciones de derechos humanos ordenadas por recomendaciones, resoluciones o sentencias de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la Corte IDH (Interamericana de Derechos Humanos), y otros órganos creados en virtud de tratados internacionales en la materia.
Las nuevas Reglas de Operación del Fideicomiso, que contemplan posibilidades de reparación no previstas con anterioridad, se publicaron el 29 de mayo de 2014. Lo anterior permitió que el 15 de abril de 2014, el Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en materia de los Derechos Humanos aprobó el pago de convenios de indemnización a las víctimas del caso de la “Guardería ABC”.
Al respecto, Daniel Gershenson, activista y director de la Asociación Civil Al Consumidor, aseguró que esa simple mención es “una enorme decepción”, pues cuando Enrique Peña Nieto fue candidato, durante una gira que realizaba en Ciudad Obregón, Sonora, “tuvo una reunión con el grupo de padres, Manos Unidas, por nuestros niños e incluso se tomó la foto con ellos”.
“Peña Nieto se desvivió en comprometerse con la causa de los papás y las mamás de los niños. Firmó un compromiso redactado por el grupo de Manos Unidas y asumió la causa como suya.
Incluso les dijo a los papás que si votaban por él, si llegaba a la Presidencia, el incendio, la Guardería, la obtención de la justicia, la no repetición y todos esos temas que se han trabajado, que se iban a volver, textualmente, ‘una de las prioridades de su Presidencia’” y eso definitivamente no sucedió”, afirmó.
Desde el 1 de diciembre que tomó posesión, el Presidente no ha hecho justicia sobre el caso.
“No ocurrió ni el 5 de junio del año pasado cuando se nombró a René Sales Heredia como subprocurador especial, no sucedió cuando Sales Heredia en sus primeras conferencias y entrevistas ante medios, dijo que iba a ‘investigar la investigación’, al contrario, él ya no es subprocurador, ahora es el Zar Antisecuestro y el puesto que dejó quedó acéfalo”, explicó.
“Ese compromiso fue meramente discursivo. No hubo una recapitulación del trabajo que estaban haciendo la PGR (Procuraduría General de la República)” dijo.
Este año, en el quinto aniversario de los hechos, el presidente Peña Nieto se encontraba de gira por Europa por lo que tampoco se pronunció al respecto. “El Presidente no se dignó a emitir algún comunicado. Le ha quedado a deber a la sociedad pero sobre todo a esos papás, a esas mamás que tuvieron la oportunidad de hablar con él (en 2012) y se fueron de esa reunión pensando que ahora sí, a diferencia de lo que hizo Calderón, el gobierno de Peña Nieto sí iba a tomar en serio este compromiso que él mismo asumió”.
“La gran interrogante es, qué más tiene que pasar para que el gobierno de Peña Nieto empiece a hacer lo correcto”, cuestionó Gershenson.
En septiembre de 2011, aún en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se aprobó la llamada “Ley 5 de Junio”, impulsada por los padres del movimiento “5 de Junio”, a pesar de la resistencia que se tuvo por parte del gobierno federal. Sin embargo, el tema fue heredado a Peña Nieto, pues “el reglamento sigue sin publicarse”.
“La Secretaría de Salud hizo unas mesas de trabajo, no invitó a los papás que querían participar, aportar a la discusión y es el día en que el reglamento sigue sin ser publicado. El gobierno de Peña Nieto ha quedado a deber en ese tema”.
“Spotización” sin rendir cuentas
Tras la entrega del Informe por escrito, los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos sobre la situación del país, durante el segundo año de gobierno de Peña Nieto.
Ricardo Monreal, junto con otros legisladores, criticó la estrategia de comunicación del Presidente de la República para informar a los mexicanos sobre los avances de su administración.
Señaló que en lugar del ejercicio democrático de rendición de cuentas ante el Congreso, el Presidente de la República ha optado por la “spotización”, es decir, la difusión de mensajes cortos en medios masivos de comunicación.
“Ahora los spots sobre logros y avances imaginarios suplantan a la comunicación política efectiva. Creen que engañan a la nación, la investidura presidencial se lleva al terreno de lo ridículo con ceremonias autocomplacientes, como la de Palacio Nacional”, recalcó Monreal.
Por su parte, la Senadora perredista Dolores Padierna Luna, lamentó que Peña Nieto intente revivir “los peores tiempos de las monarquías sexenales”, pero no frente al Congreso, sino frente a “aplaudidores” en los medios de comunicación.
“En lugar de comparecer y dialogar ante el Congreso, el Presidente de la República optó por el monólogo con interlocutores a modo y por el oropel de la pantalla televisiva, donde Enrique Peña Nieto ni ve ni oye a sus críticos”, subrayó la vicecoordinadora parlamentaria.
Padierna también expuso que los mexicanos no celebran la aprobación de las reformas estructurales, porque jamás fueron consultados antes de su realización. Por el contrario, dijo, las movilizaciones y las protestas fueron contenidas por vallas metálicas.
“La mayoría de los mexicanos no creen en las reformas porque fueron excluidos de ellas. Porque ante cada palabra del gobierno y de sus propagandistas está el contraste de los hechos: una economía estancada, la corrupción galopante, una inseguridad creciente, una sensación de que retornamos a los días oscuros del díazordacismo”, señaló. (Retomado de Sin Embargo)
