Tras exigir justicia con perspectiva de género sobre el intento de violación en contra la trabajadora de una boutique del Centro Histórico, el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GesMujer), llamó al Congreso de Oaxaca a realizar modificaciones al Código Penal para evitar que potenciales violadores sean liberados bajo fianza.
El Código Penal de Oaxaca, en su artículo 241 ,señala que “a quien por cualquier medio, con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, con quien no existe relación de subordinación y aprovechándose de las circunstancias que produzcan desventaja, indefensión o riesgo inminente en la víctima, le cause daño o sufrimiento psicoemocional, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de 50 a 200 días de multa”.
Lo anterior, explicó María Antonieta Cruz Montero, no garantiza que la persona acusada de intento de violación pague con cárcel, ya que al ser un delito que no marca una penalidad mínima de seis años, no amerita prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, dijo para tratar este caso, “las y los ministerios públicos deben tener perspectiva de género y derechos humanos, además deben conocer bien la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la convención de Belem Do Pará, además de las recomendaciones que tiene la Fiscalía porque pareciera que desconocen las leyes”, expuso.
Cruz Montero señaló que en la mayoría de las agresiones sexuales, los ministerios públicos no dan importancia porque no dimensionan el impacto que tiene en la vida de las denunciantes.
“No podemos minimizar el daño que se causa, si bien es cierto, en algunos casos no se logra el objetivo de la violación, pero sí se ocasiona un daño en las emociones, en el desarrollo personal, en su derecho a la libertad y vida libre de violencia”, destacó.
La activista defensora de los derechos de las mujeres convocó a las víctimas de abuso sexual y violación a hacer un frente común para mostrar ante el Congreso del Estado que éstos no son casos esporádicos, a fin de que se establezcan penalidades acordes al daño que ocasionan.
Por otro lado, en redes sociales la ciudadanía condenó el hecho y demandó sanciones ejemplares para que personas como el identificado como J. C. V. V. no se encuentren en impunidad.
“No hay duda que el estado nos prefiere muertas o violentadas», «debemos unirnos y hacer marchas o algo para que no quede libre, si sale no estamos seguras»,»la Fiscalía es un elefante blanco, impunidad absoluta», «¿y los protocolos y las normas jurídicas nacionales e internacionales y la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía?(…) impunidad y omisión”, fueron algunas de las condenas realizadas por la sociedad civil y activistas feministas en redes sociales.
