El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado demanda a Jorge Emilio Iruegas Álvarez robustecer las investigaciones contra ex funcionarios de la anterior administración que saquearon las arcas del estado
David Méndez
Así como el Gobierno Federal utilizó programas de última tecnología para espiar a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos del sistema, las autoridades estatales deben usar sus sistemas de inteligencia para rastrear a ex funcionarios del gobierno anterior que han sido acusados de peculado y enriquecimiento ilícito, afirmó el presidente de la Comisiòn de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Horacio Antonio Mendoza.
El legislador sostuvo que los todos los recursos con que cuenta el Estado deben ser utilizados en beneficio de la ciudadanía y no con fines políticos; en el caso de Oaxaca, en la década de los 90, el Gobierno de José Murat adquirió un programa de espionaje fabricado por la misma empresa que proveyó del software Pegasus al Gobierno de Enrique Peña Nieto, según publicó el diario Reforma la semana pasada.
Asimismo, Antonio Mendoza exigió que el recién nombrado fiscal Estatal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, intervenga inmediatamente para robustecer y dar celeridad a las investigaciones por peculado que puedan existir en contra de ex funcionarios de la anterior administración, encabezados por el ex gobernador Gabino Cué, y personajes cercanos a él como su operador financiero, Jorge Castillo; el ex secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, y el ex secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Horacio Antonio Mendoza.
En cuanto al proceso penal por abuso de autoridad al que está siendo sometiendo el ex titular de los Servicios de Salud, Germán Tenorio, el fiscal debe coadyuvar para sustanciar las pruebas en su contra hasta lograr que se le finquen responsabilidades por malversación de recursos y enriquecimiento ilícito, añadió el también integrante de la Comisión de Salud Pública.
Advirtió que la falta de indagatorias sólidas dejarán de manifiesto que la aprehensión de Tenorio se trata únicamente de una cortina de humo y que está siendo utilizado como “chivo expiatorio”, tal y como sucedió durante el sexenio de Gabino Cué con el ex titular de la desaparecida Coordinación de Transporte (Cotran), Gonzalo Ruiz Cerón, o el ex responsable de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), Bulmaro Rito Salinas, quienes pasaron algunos meses en prisión y, luego, recobraron su libertad sin haber reparado el daño causado a las finanzas del estado.
Asimismo, Mendoza apuntó que no basta sólo con el arresto del ex titular sino que es necesaria la detención de todos los funcionarios que ocuparon altos cargos entre 2010 a 2016, pues son copartícipes del quebranto a las finanzas públicas.
Según el equipo de entrega recepción del hoy gobernador, Alejandro Murat, las irregularidades detectadas en aquel sector llegaron a los 10 mil millones de pesos.
“Que este gobierno legitime el discurso que dio no solamente en campaña sino al inicio de su periodo, cuando dijo que iba a rendir cuentas, que iba a investigar si habían existido malos manejos”, apunto, el también vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la 63 Legislatura del Estado.
Sostuvo que tanto el fiscal General, Rubén Vasconcelos, como el fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, deben hacer uso de todos los recursos a su alcance y buscar la cooperación de la Secretaría de la Contraloría estatal, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que sus acusaciones tengan sustento jurídico y los implicados permanezcan el mayor tiempo posible en prisión.
“(Que) no el día de mañana nos sorprenda que desvían el tema de la detención y (Germán Tenorio) salga por delitos menores, pagando una simple fianza”, manifestó, en entrevista.
Tal y como en su momento opinaron sindicatos, activistas, como el sacerdote católico, Alejandro Solalinde Guerra, nominado al Premio Nobel de la Paz, e, incluso, la Comisión Instructora del Congreso del Estado, demandó que en caso de que se confirme que Germán Tenorio y el resto de ex servidores incurrieron en desvío de recursos, las instancias de procuración de justicia confisquen los bienes que poseen, se sometan a subasta y, con ello, se recupere el dinero que le corresponde a la Secretaría de Salud.
“Hace falta medicamento, hace falta concluir hospitales… son recursos que ayudarían mucho”.
Reiteró que si el Sistema Estatal Anticorrupción se involucra en el proceso de investigación, “dejaríamos antecedente de que no sólo se trata de una sola ‘llamarada de petate’, sino que empezaríamos a ver que, verdaderamente, van a funcionar las instituciones de Oaxaca”.
Y agregó: “Sería lamentable que la detención (de Tenorio) sólo haya sido algo mediático y no le dé seguimiento con el proceso adecuado, con los elementos no solo para que sea castigado con la pena de prisión, sino que sea un castigo que deje precedente para el resto de las administraciones”.
–¿Está de acuerdo con el cargo de abuso de poder?
–No me parece adecuado. Me parece (que las indagatorias deben ir) más sobre el tema de desvíos de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito. Se tendrían que ir más a fondo porque se tienen los mecanismos para solicitar intervenciones en las cuentas bancarias… así como lo hace el gobierno federal (con las) famosas llamadas telefónicas donde (espiaron a activistas y periodistas).
Indagar a ex funcionarios
Softwares como Pegasus, con el que presuntamente el gobierno federal espió a activistas, académicos y periodistas, deberían ser utilizados para sustanciar las investigaciones de malversación de recursos que recaen sobre los ex gobernadores de los estados y que en el caso de Oaxaca se centran en Gabino Cué Monteagudo, Alberto Vargas Varela, Jorge Castillo y Germán Tenorio, ironizó.
Las tecnologías con que disponen las autoridades federales e incluso gobiernos locales como el de Oaxaca, luego de que el diario Reforma dio a conocer que en la década de los 90 la administración de José Murat obtuvo un programa creado por el mismo fabricante de Pegasus, tendrían que servir para confirmar los actos ilícitos en los que supuestamente incurrieron esos personajes y descubrir en dónde terminaron los recursos presuntamente malversados.
“(Ese tipo de programas) deberían ocuparlos para verdadero beneficio de la población no en perjuicio, (no) para estar espiando a medios de comunicación cuando hablan acerca de la verdad o cuando hay organizaciones que tratan de decirle a la ciudadanía lo que verdaderamente está pasando”, sostuvo.
Es inverosímil que con esas tecnologías los gobiernos federales y estatales sean incapaces de desarticular las redes de corrupción que imperan en el país, agregó.
Asimismo, manifestó que en una comparecencia que tuvo ante diputados el exfiscal, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, hizo alarde de que durante el sexenio de Gabino Cué el estado adquirió tecnología de punta para eficientar los trabajos de investigación.
Ante ello, demandó que esa tecnología sea aplicada por el nuevo titular de la Fiscalía, Rubén Vasconcelos, en contra del ex gobernante y sus colaboradores cercanos.
“Diríamos que hay mecanismos de investigación. La fiscalía, antes de que se fuera Héctor Joaquín Carrillo, nos mencionó que se habían utilizado recursos muy importantes que permitirían tener avances muy importantes en las investigaciones; esperemos que sean ocupadas por este fiscal (Rubén Vasconcelos, para clarificar todas las acusaciones que recaen en el anterior gobierno)”.
Ex secretarios deben ser investigados
El perredista también aseveró que el gobierno estatal debe indagar el desempeño realizado por los últimos exsecretarios, como Martín Vásquez Villanueva, con el objetivo de determinar el momento preciso en que el desfalco se agudizó, al grado de dejar a este sector al borde del colapso.
Aunque los delitos que podrían ser tipificados hayan prescrito, el legislador se manifestó en pro de una indagatoria que determine el grado de responsabilidad que ha tenido cada uno de esos personajes en la crisis que hoy padecen los SSO.
“El mal que tiene la Secretaría de Salud no es solamente de la administración pasada, sino que es de administraciones anteriores de gobiernos y funcionarios anteriores.
“Entiendo que también hay un tiempo para el procedimiento. Veremos hasta dónde se pueden ejercer (los procesos penales)… (quizá) ya pasó el tiempo en el que se pudieron promover los procesos judiciales en contra de ellos, pero dejaría como precedente exhibir a estos funcionarios que tocaron recursos públicos para beneficiarse ellos mismos y a su familia”.
En un comparativo con el antecedente inmediato, el diputado aseveró que la gestión de Germán Tenorio fue relativamente peor que la de Martín Vásquez Villanueva, al que se le imputa el desvío de 2 mil millones de pesos del Seguro Popular para el pago de salarios de trabajadores de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA).
“Martín Vásquez tiene responsabilidades que sí les alcanza para un procedimiento; de no hacerlo, dejarían un mal precedente políticamente”.
Antonio Mendoza sostuvo que si los funcionarios que han estado al frente de los Servicios de Salud hubieran cumplido su encomienda, sin ejecutar desvíos de recursos, la crisis que actualmente afronta este sistema podría ser subsanada hasta en 80 por ciento.
