Agencias.-Pasaron 11 meses para que el presidente Enrique Peña Nieto recibiera nuevamente a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero en esta ocasión las condiciones fueron distintas. A punto de cumplirse un año sin saber dónde están sus hijos, las familias llegaron a la reunión con dos objetivos claros: preguntarle frente a frente por qué su gobierno sostuvo “la mentira histórica” durante siete meses y exigirle el cumplimiento de ocho demandas concretas.
Sin embargo, los padres calificaron de “infructuosa” la reunión que fue a puerta cerrada y que duró tres horas –la mitad de la primera–. Salieron sin algún acuerdo firmado, sin la promesa de cumplir sus exigencias, sin recibir siquiera la empatía del presidente y su gabinete, quienes fueron “fríos” e “insensibles” en todo momento, de acuerdo con los familiares de los estudiantes desaparecidos. En resumen: “no tuvo caso verlo”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
Animal Político presenta una reconstrucción de la reunión realizada este jueves 24 de septiembre, basada en los testimonios de los padres y las organizaciones que los acompañaron.
Las familias de los estudiantes desaparecidos llegaron en tres autobuses poco después del medio día al Museo Tecnológico de CFE en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.Dejaron sus celulares en los vehículos y pasaron dos arcos detectores de metales.
Empleados de presidencia cotejaron una lista de nombres para permitirles entrar al salón y ocupar los asientos ordenados en un rectángulo gigante. Estuvieron listos a la 1 de la tarde, hora fijada para el encuentro, y media hora después llegó el presidente y detrás de él una docena de funcionarios federales.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el primero en hablar para dar la bienvenida a los familiares de las víctimas, sus representantes jurídicos y organizaciones que los asisten; al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Pérez y a Ángela Buitrago, Francisco Cox y Carlos Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
Alfredo Galindes, padre de Giovani Galindes, y María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo, comenzaron el encuentro pidiendo la presentación con vida de sus hijos, pero fueron breves porque enseguida Angela Buitrago entregó el informe del GIEI difundido el pasado 6 de septiembre, y que contradijo la versión que los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
El siguiente en hablar fue Felipe de la Cruz, vocero de los padres. Leyó un documento con las ocho exigencias esenciales para continuar con la investigación que lleve al paradero de los estudiantes. El punto más importante fue la creación de una unidad especializada de investigación concentrada en dos aspectos: que indague el paradero de los 43 normalistas y que investigue “el montaje con el que les pretendió engañar”.
Peña escuchaba, lo mismo que el resto de funcionarios, pero ninguno decía nada.
Siguieron Bernardo, doña Joaquina, Nardo. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, en su turno dejó claro que ellos estaban ahí “con dignidad, sin súplicas” y entregó al presidente un paquete con hojas que contenían la firma de 300 mil personas que están en contra de la actuación de su gobierno. Peña Nieto las recibió sin hacer gesto alguno.
Clemente Rodríguez, padre de Christian, fue de los más duros: “Se te cayó tu verdad histórica y ahora los expertos demostraron que no los quemaron. ¿Qué tienes que responder”. Pero el presidente no dijo nada. “Era frío y se veía más enojado ahora porque los padres siempre le hemos exigido, nunca le vamos a pedir”.
Siguieron ocho padres más, como Mario González, padre de César Manuel, quien le dijo“mentiroso, recuerda que nos firmaste 10 puntos y no nos cumpliste”. Además, pidió que se castigara al exprocurador Jesús Murillo Karam; a Enrique Galindo, jefe de la Policía Federal y a Tomás Zerón, a quienes acusaron de haber inventado la “verdad histórica”.
La actual titular de la PGR, Arely Gómez, fue la segunda funcionaria en tomar el micrófono y lo hizo para insistir en que la investigación continuaba abierta y se tomaría en cuenta las conclusiones del GIEI.
El presidente Peña Nieto tardó unos 20 minutos en leer su discurso. Según el testimonio de varios padres, dijo que la “verdad histórica” que dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam era una “hipótesis”, lo mismo que el informe del GIEI y, por eso, el expediente seguía abierto.
El punto más álgido del encuentro ocurrió cuando informó la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro de la PGR. Fue ahí cuando los padres lo interrumpieron.
“Le pedimos que diera respuesta puntual a la unidad especial de investigación, pero él dijo que eso lo abordáramos con la PGR que ya tenía instrucciones y ahí el prefería no dar respuesta. Ahí se volvió ríspida la reunión y por eso nos paramos”, narró Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
Felipe de la Cruz pidió entonces que el presidente firmara sus promesas porque “de palabra no nos sirve. Papelito habla”. Quien respondió a esto fue Osorio Chong y explicó que se estaba redactando una minuta sobre el encuentro. Sin embargo, ante la tensión, la reunión terminó a las 16:30 horas sin ningún documento firmado, ni el acuerdo de un próximo diálogo.
Tras la reunión, el vocero del gobierno de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, dio una conferencia de prensa en la que enumeró los “compromisos” establecidos por el presidente Peña Nieto ante los padres de los normalistas, entre los que está invitar al doctor José Torero a participar en un tercer peritaje “sobre los hechos ocurridos en el basurero de Cocula”.
Torero, especialista en seguridad y fuego, es el perito convocado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y cuyos análisis permitieron concluir que es científicamente imposible que en dicho basurero incineraran a los 43 normalistas desaparecidos, tal como sostiene la “verdad histórica” de la PGR.
De aceptar esta invitación, el doctor Torero se integraría a “un equipo de peritos del más alto nivel”, que contaría con el reconocimiento oficial de la Procuraduría General de la República, el cual se encargará de verificar si el tiradero de Cocula fue el lugar donde ultimaron a los estudiantes raptados, o si esta hipótesis es errónea.
Este fue, de hecho, el único compromiso nuevo formulado por Peña Nieto en esta segunda reunión con familiares de los normalistas, ya que los otros cinco ofrecimientos ya habían sido establecidos por el titular del Ejecutivo.
Entre esos compromisos ya conocidos están:
- Ampliar por otros seis meses la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México, para que puedan continuar con su investigación sobre los hechos de Iguala;
- garantizar “a todos los afectados” acceso a mecanismos de atención a víctimas;
- “integrar” las observaciones del GIEI a las investigaciones que realiza la PGR;
- crear una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, al interior de la misma Procuraduría.
Asimismo, otros compromisos anunciados por Peña son obligaciones que por ley debe cumplir su gobierno, tales como “investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación (previa)”, así como “continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó, de manera individual, con cada uno de los desaparecidos”.
De no llevarse a cabo dichos aspectos como parte de las investigaciones de la PGR, el gobierno mexicano estaría incurriendo en una ilegalidad.
Esta fue, de hecho, la principal crítica al encuentro con Peña Nieto, formulada de manera posterior por los padres de los normalistas: que presentó “de manera unilateral” seis compromisos “que no son sustanciales y que ya estaban acordados”.
En contraste, subrayó Vidulfo Rosales, abogado de las familias, “de los ocho puntos que los padres de familia presentaron, (Peña Nieto) no se comprometió al cumplimiento de ninguno”.
Las ocho exigencias de las familias de los normalistas:
- Que el gobierno federal reconozca la legitimidad del movimiento de familias;
- que acate las observaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes;
- que se dé atención digna e inmediata a los sobrevivientes de los ataques de Iguala, así como a las familias de todos los afectados;
- que cese la campaña de criminalización de los normalistas de Ayotzinapa;
- que haya una actitud respetuosa hacia las familias al darse a conocer actualizaciones del caso;
- que se aplique de forma inmediata tencología de punta para la búsqueda de los estudiantes, así como que se cree una unidad especial dentro de la PGR;
- que se encargue de investigar no sólo el paradero de los alumnos y la identidad de sus atacantes, sino también que vaya en contra de los funcionarios que a lo largo de este año han entorpecido y boicoteado la investigación.
Las familias de los normalistas desaparecidos aclararon que no se oponen a la creación de una fiscalía que investigue todos los casos de desaparición forzada en el país, pero advirtieron que ése es un proceso que las autoridades deben realizar en coordinación con todas las familias de víctimas de México, no sólo con las víctimas de Ayotzinapa, y siempre “al tenor de la Ley General contra la Desaparición Forzada”, ordenamiento legal que ni siquiera se ha terminado de discutir en el Poder Legislativo.
Por ello, aseguraron que, independientemente de ese proceso para la creación de una fiscalía, el caso de los 43 normalistas demanda de forma inmediata una “investigación específica”, que esté a cargo de una unidad especial que se concentre únicamente en los hechos de Iguala.
El presidente de la República, sin embargo, no se comprometió a cumplir ninguna de estas exigencias y, tal como reconoció su vocero, “no se estableció ningún plazo perentorio” para que Peña Nieto responda, al menos, si acepta o rechaza las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos.
