Los 26 mil desaparecidos en México, son el reflejo del fracaso
de la policía, además de la grave crisis humanitaria que existe
Gloria LETICIA DÍAZ/PROCESO
México, D.F.- El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se sumó a las voces de organismos internacionales que observan una grave crisis humanitaria en México, al tiempo que coincidió con el reporte preliminar de la CIDH, donde ésta consideró como “generalizados” los abusos en el país.
En rueda de prensa, tras reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el máximo representante de la ONU en materia de derechos humanos manifestó su preocupación por las reacciones adversas del gobierno mexicano ante los señalamientos de organismos internacionales, como fue el caso de negación del informe en el caso de la CIDH, la semana pasada, así como la descalificación del relator de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, en marzo anterior.
Del informe de la CIDH y del papel que ha jugado en la investigación de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, el representante de la ONU sostuvo que es urgente que “el gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con soldados del 27 Batallón, quienes estaban presuntamente en la escena del crimen cuando algunos de los ataques tuvieron lugar” en Iguala, Guerrero.
Al señalar que México ha sido un país “muy generoso” en sus invitaciones a mecanismos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein consideró que “ha sido una sorpresa” la reacción del gobierno ante el informe del relator especial Juan Méndez, quien “fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida”, revelando una “intolerancia ante la crítica”, también registrada tras la publicación de otros informes internacionales.
Luego hizo un reconocimiento de las reformas legislativas a favor de derechos humanos, además de un extrañamiento por el “doble discurso” del gobierno de Peña Nieto, pues siendo activo promotor en la materia a escala internacional, padece una particular “intolerancia ante la crítica”.
“Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: ‘En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje’”, sentenció el funcionario de la ONU-DH.
Al tiempo de refrendar la solidaridad de los organismos internacionales con el país y su disposición para apoyar en la superación de esa crisis, puntualizó que “ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción” para esos mecanismos, “y no debe ser una opción para los políticos” mexicanos.
Hay una sociedad afligida por altos niveles de inseguridad
También resaltó que muchos de los problemas señalados hace cuatro años por su predecesora, Navy Pillay, “siguen siendo temas de preocupación”, en tanto que percibió una sociedad “afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos”.
Enseguida ilustró con una cifra lo que la CIDH consideró como una situación de “crisis de derechos humanos”: “Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver, la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados”.
Tras insistir en que “hay una fuerte convergencia de miradas sobre los problemas de los derechos humanos en México”, Ra’ad Al Hussein consideró “impactantes” las cifras de víctimas “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto”:
Más de 151 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, “incluyendo miles de migrantes en tránsito”; al menos 26 mil desaparecidos desde 2007, “muchos posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”, así como miles de víctimas de feminicidios.
El alto comisionado de la ONU dio cuenta de la “sucesión de incidentes específicos y recientes” que han llamado “la atención y preocupación internacionales”, al referirse a la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos del Ejército; la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, así como las masacres de Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán.
El funcionario de la ONU dio particular énfasis al caso de Iguala y a la intervención de la CIDH, a través del GIEI, así como el informe que “descartó la versión original de las investigaciones oficiales, sobre que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal”, así como el que “las fuerzas de seguridad nacional tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero no intervinieron”.
Para el comisionado de la ONU el caso Iguala representa “un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.
Los 26 mil desaparecidos son el fracaso de la policía
Ra’ad Al Hussein retomó el tema de los desaparecidos al hablar de sus encuentros con organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares, y consideró que los 26 mil desaparecidos son el resultado del “fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió y, sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes”, lo cual desde su punto de vista “no sólo es lamentable, es profundamente trágico”.
Por ello lanzó cuatro recomendaciones previas a un informe que dará a conocer en próximos meses: fortalecer “de manera urgente” las procuradurías del país para atender las violaciones a derechos humanos, así como a las policías para que lleven a cabo las tareas de seguridad pública, “en línea con la obligaciones de derechos humanos”.
Urgió a “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”, e implementar las recomendaciones del GIEI, así como considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves”.
