La ilegalidad y las contrataciones irregulares de docentes, las causas que mantienen a la Máxima Casa de Estudios al borde de un nuevo paro indefinido de labores
PEDRO SOSA GUTIÉRREZ
Como se había pronosticado, la sombra de la huelga cubre nuevamente la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, la prorroga que fenece el 30 de abril del año en curso, coloca a la Universidad en un escenario de acciones legales y políticas por parte del STAUO, para exigir el cumplimiento a sus demandas por violaciones contractuales y salariales; que de no atender de manera responsable y sensata, traería como consecuencia que las actividades académicas y administrativas se interrumpan nuevamente.
La corrupción que permea en toda la Universidad, producto del manejo discrecional de los recursos propios de escuelas institutos y facultades, así como la contratación indiscriminada de personal académico para engrosar las filas del Sindicato Único de Maestros (SUMA), cuya membresía es propiedad de la mafia del poder universitario, obstaculiza una solución inmediata.
Dichas contracciones dirigidas desde la Administración Central de la UABJO, tienen a todas luces, tanto fines electorales para perpetuarse en el poder, así como arrebatar la titularidad del Contrato Colectivo que hoy ostenta el STAUO.
En reiteradas ocasiones la comunidad universitaria ha exigido una auditoria administrativa a la Universidad, para conocer las contrataciones realizadas al margen de los procedimientos normativos que el Estatuto Académico exige, y como se ha dado a conocer anteriormente; si para 2018 se contaba con 3 mil 610 trabajadores, de los cuales mil 100 no estaba reconocido; en el año 2019 se pasó de mil 100 trabajadores no reconocidos a un mil 905, lo que se traduce en contrataciones al margen de la Ley.
Las nuevas contrataciones realizadas de manera irregular, impactan directamente el subsidio de la Universidad, ocasionando con ello un menoscabo patrimonial relacionado al déficit financiero del cual se duele el rector Eduardo Bautista Martínez, pues no solo implican salarios, sino todas las prestaciones establecidas en la Ley laboral, tales como pagos al INFONAVIT y al IMSS, entre otros.
Los argumentos expresados por el Abogado General de la Universidad para no cumplir con las demandas de los académicos, se han convertido en prácticas dilatorias que en nada resuelven las demandas planteadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en franca protección a las contrataciones ilegales.
El punto central de dichas demandas, lo es la entrega por parte de la Universidad, de las cargas académicas a favor de profesores y profesoras del STAUO cuya antigüedad fluctúa entre los 10 a 25 años de servicio, que desde la administración de Eduardo Martínez Helmes, les fueron “rasuradas” para favorecer a personal académico afín a la mafia del poder universitario y que fueron afiliados inmediatamente al SUMA, la exigencia del personal académico del STAUO, es la restitución de sus horas clase arrebatadas ilegalmente, asignación de grupos, así como la participación en los programas de actualización docente.
La negativa de la administración central de la Universidad a conducir su actuar dentro del marco legal, ha sido la constante en todas las Escuelas, Institutos y Facultades, el Rector ha manifestado a través del Abogado General que no está en sus manos la restitución a que se alude, ya que son situaciones de “carácter político” de cada Unidad Académica, lo que denota que no existe el principio de autoridad, a pesar que conforme a la Ley Orgánica, es precisamente el Rector la autoridad ejecutiva máxima, su representante legal y Presidente del Consejo Universitario (Art. 41 Ley Orgánica) para todos los actos legales, académicos y administrativos, apartarse de dicho ordenamiento lo coloca en situación de vulnerabilidad, convirtiéndolo en mera figura decorativa, es decir, un Rector de facto.
La contratación de personal académico por la ruta directa de los directores de las Unidades Académicas, ha dejado al descubierto la ausencia de perfiles para ejercer como docentes, demeritando el quehacer académico en agravio de más de 27 mil estudiantes, pues de origen son fraudulentas.
Por citar un ejemplo, La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, fue convertida en un laboratorio cuya creación ha sido el fraude electoral, la corrupción, latrocinio, la contratación de recién egresados, o de pasantes sin la formación y perfil docente exigido por el Estatuto Académico y la institucionalización del porrismo, malas prácticas que se han ido reproduciendo en toda la Universidad.
El 12 de marzo pasado, el Presidente de la República manifestó que se buscará que las universidades públicas transparenten el uso de sus recursos que les entrega el Gobierno, y que se evite la corrupción y el control de “caciques”, ante ello, la comunidad universitaria de la UABJO, ha iniciado la búsqueda de un saneamiento integral que permita recuperar a través de la legalidad, la dignificación del quehacer docente en favor del estudiantado, al tiempo.
