Cada dependencia maneja un número distinto de empresas privadas que prestan servicio en México, y en Oaxaca son al menos 17 las que operan con irregularidades, señala el estudio Regulando el sector de la seguridad privada en México, elaborado por el Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho, de la Universidad de Texas, en Austin, y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
“Es poco probable que las empresas informales sigan las estrictas prácticas de contratación y capacitación como lo hacen las firmas formales, que están sujetas a supervisión reguladora”, detalla la publicación.
La Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) documenta a 56 empresas de seguridad privada en Oaxaca; el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuenta en sus registros a 64 firmas encargadas de ofrecer servicios de vigilancia a particulares y empresas.
Por su parte, en su listado de empresas registradas en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) reconoce a 59 empresas que cuentan con el permiso correspondiente.
“Hay varias razones para estos altos niveles de informalidad, como la revisión y sanciones inadecuadas, así como confusión sobre los requisitos reglamentarios”, señala el documento.
Un problema nacional
Aproximadamente 40 por ciento de las empresas de seguridad privada se encuentran en cuatro estados: Ciudad de México, con 814; Nuevo León, con 464; Estado de México, con 294 y Jalisco, con 285.
Sin embargo, el estudio en poder de NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca señala que las cifras no son precisas, ya que se exagera el número de empresas, pues varias sucursales de una sola compañía se cuentan de forma separada, y al eliminarlas el dato es más cercano a 3 mil.
Los estados con las tasas más altas de empresas privadas de seguridad registradas en relación con la población son Colima, Quintana Roo y Baja California Sur, mientras que Tamaulipas y Veracruz reportaron las tasas más bajas.
Entre las irregularidades, el estudio indica que, de noviembre de 2016 a octubre de 2017, tres cuartas partes de las entidades no presentaron sus registros a la DGSP; varios estados los enviaron sólo una o dos veces en todo el año. La tasa de cumplimiento promedio para la presentación de registros fue del 64 por ciento.
