Con personajes reciclados, que regresan a la escena política, el ex gobernador José Murat Casab ha cooptado el gabinete de su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, quien gobierna el estado desde el primero de diciembre de 2017; en los primeros 13 meses de la actual administración, Oaxaca vive una crisis de gobernabilidad y se repiten las prácticas autoritarias que impuso durante su sexenio (1998-2004) el promotor del “Pacto por México”, considera el sociólogo Rodrigo Cruz Hiriarte
Flor Hernández
José Murat olvidó el refrán que repitió infinidad de veces en su carrera política: “el que ya bailó, que se siente”. Y es que en un nuevo intento por dirigir el estado, ha impuesto en lugares estratégicos del actual gabinete que debería comandar su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, operadores políticos allegados a su gobierno (1998-2004).
“Los cambios efectuados por el joven mandatario, mismos que abrieron la puerta a los amigos cercanos a su padre, se interpretan como la intervención directa del político priista en la entidad”, analiza el sociólogo Rodrigo Cruz Hiriarte.
En entrevista, el investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) sostiene que las mismas prácticas autoritarias del impulsor del “Pacto por México” se repiten en la actualidad, entre las que se encuentran el ingreso a viviendas de defensores de Derechos Humanos, convulsión y efervescencia política.
“El gobierno de José Murat se caracterizó por el autoritarismo y por las dádivas que otorgaba a las organizaciones sociales, grupos y partidos políticos, con lo que consiguió el control del estado y del poder Legislativo”, considera el analista.
Y para gobernar Oaxaca, el ex mandatario se allegó de personajes que vuelven a la escena política de la entidad 20 años después.
Una de las piezas clave es Héctor Anuar Mafud Mafud, quien se desempeñó como secretario General de Gobierno y repite en la misma posición.
El servidor público, quien cumplió 73 años el pasado 8 de enero, ha ocupado múltiples cargos en la administración, tales como presidente municipal de su natal Salina Cruz (1989-1992), diputado local en la LI y LV Legislatura, en ésta última fue presidente de la Gran Comisión; además de magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Se incorporó al gabinete de Murat Hinojosa luego que su antecesor Alejandro Avilés, fuera denunciado públicamente de haber utilizado el helicóptero del gobierno del estado para trasladar a su familia a un destino turístico, hecho que le ameritó una suspensión momentánea, ya que días después fue nombrado delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y más tarde exonerado.
Sin embargo, las protestas, marchas, desplazamientos por inseguridad, los muertos por conflictos agrarios, las agresiones a alcaldes, continúan en la entidad, con un promedio de 15 manifestaciones al día.
Entre los hechos más graves que se han registrado en el estado se encuentran muertos y enfrentamientos por conflictos agrarios, linchamientos, quema de casas de simpatizantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) en el basurero de Oaxaca de Juárez, cierres del tiradero; así como la parálisis total de la capital por parte de integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tomas de oficinas, marchas de maestros, paros en el sector Salud, entre otros.
Otro de los colaboradores del ex gobernador fue Juan Ramón Díaz Pimentel, quien se desempeñó como presidente de la Gran Comisión de la LVIII Legislatura, inclusive, en aquellos años de la sucesión se contemplaba como uno de los posibles candidatos a la gubernatura de Oaxaca, pero el puesto quedó en manos de Ulises Ruiz Ortiz.
El también ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asumió la titularidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) el 10 de enero de este año; una semana después, ordenó suspender los pagos de la primera quincena de enero a por lo menos cinco mil trabajadores regularizados y anunció una “limpia” en la institución, que incluía el despido de tres mil 200 empleados de contrato y presuntos “aviadores”.
Lo anterior causó un paro de actividades por parte de los tres sindicatos que integran los SSO, y unió a los gremios contra el funcionario, por lo que el 23 de enero el gobernador tuvo que salir al paso para ofrecer diálogo abierto a los sindicalizados de Salud y la revisión caso por caso del personal.
“Lo ocurrido en la Secretaría de Salud tiene un antecedente de corrupción gravísimo registrado en la época de Gabino Cué Monteagudo (gobernador aliancista 2010-2016), cuando fue saqueada dicha institución, sin embargo, la torpeza política del actual secretario es lamentable”, opina Cruz Hiriarte.
Bajo el argumento de desvío de recursos en los Servicios de Salud en los “últimos dos sexenios” (el de Ulises Ruiz Ortiz y el de Gabino Cué), el recién nombrado secretario advirtió que no se continuará destinando el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y FOVISSSTE para cubrir el salario de dos mil 300 empleados.
El tres veces titular de la dependencia –en los sexenios de Heladio Ramírez López, Ruiz Ortiz y Murat Hinojosa—asumió el cargo luego que el también colaborador de José Murat, Celestino Alonso Álvarez, renunciara para presuntamente buscar una aspiración política de cara al proceso 2018.
El servidor público es también el tercer titular de la dependencia en poco más de un año, ya que Gabriela Velásquez Rosas, también cercana al papá del mandatario estatal, arrancara en esta posición con el actual sexenio.
Otra de las cabezas visibles en el gobierno de Murat Hinojosa, vinculado a su padre es el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, quien entre 1998 y 2004 ocupó el cargo de director de la Policía Estatal, además de ser fundador de la Policía Turística.
Así también, con Ruiz Ortiz encabezó el desalojo de los profesores adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que detonó el conflicto político social de 2006 y fue señalado de espiar a diversos personajes de Cancún, Quintana Roo.
El servidor público ha ocupado cargos estratégicos en los dos años con mayor incidencia delictiva en Oaxaca: 1997 y 2017.
No obstante, el sociólogo de la UABJO asegura que la delincuencia organizada que daña profundamente a la entidad, se gestó por la omisión de Gabino Cué Monteagudo, quien permitió la corrupción y el crecimiento de la inseguridad.
“La delincuencia en el estado se ha incrementado en los últimos años, a inicios del gobierno de Gabino Cué, la violencia común cambió a “organizada”, con grupos que llevan a cabo extorsiones, secuestros, siendo Pinotepa, Tuxtepec y el Istmo las zonas más afectadas”, indica el investigador.
Respecto al gobierno aliancista, considera éste como una decepción, ya que hizo nada para darle rumbo a la entidad, además que ni siquiera fue un gobierno de transición.
E inclusive, va más allá, al señalar que durante seis años no hubo un gobierno en Oaxaca, ya que quien ejerció el poder fue Jorge Castillo, lo que provocó un descontento social, así como una excesiva permisividad que devino en la inseguridad.
El control de José Murat sobre el estado no sólo se limita al poder Ejecutivo, en el Poder Judicial también se encuentra otro personaje cercano: Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien ya ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El presidente de este poder, inclusive, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, por “usurpar funciones”, además de incumplir con el procedimiento para su nombramiento, sin que hasta el momento la denuncia haya procedido.
La querella fue presentada por Rafael García Zavaleta, quien señala que el servidor público ha incurrido en delitos, porque entre otras cosas, es magistrado jubilado y pese a ello ocupa nuevamente la titularidad de la institución.
El ex gobernador José Murat ha movido las piezas en el gabinete de su hijo para acomodarlas de tal forma que personajes cercanos a su vida política ocupasen puestos claves en materia de: gobernabilidad, seguridad, salud y el TSJE, desde las cuales puede dirigir rubros fundamentales de la vida de Oaxaca.
Lo anterior, en el marco de un proceso electoral encarrilado, que podría enrarecerse con fenómenos como la violencia, la desatención de conflictos sociales y laborales, la provocación de movimientos causados por la inconformidad, advierte Cruz Hiriarte.
