Ante la ineficacia e inoperatividad de la Secretaría General de Gobierno, carente de una voz de mando y de operadores políticos diestros en el manejo de crisis, la entidad se ha convertido en un territorio sin ley, producto de disputas agrarias y políticas que van a la alza. Tan sólo en los últimos dos meses y medio, estos enfrentamientos han dejado un saldo de 13 muertos, 10 heridos y 20 detenidos; amparados por la impunidad, los grupos confrontados han optado por saldar sus cuentas bajo sus reglas, sin un poder que los detenga
David Méndez
Ingobernabilidad y focos rojos en diversos puntos del estado de Oaxaca, con un saldo en lo que va de 2019 de al menos 13 muertos, 10 lesionados, 20 personas retenidas e incuantificables daños materiales, son producto del fracaso de la política interna del gobierno de Oaxaca, que ha devenido en un ambiente de crispación generalizada en los ámbitos agrarios, político y hasta religioso.
Con un secretario general de gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, que ha sido rebasado por la exacerbación de los conflictos y la falta de operadores políticos diestros en el manejo de crisis, la ciudadanía ha quedado presa del encono de los grupos antagónicos que existen en el estado y que hoy, amparados por la impunidad, han optado por saldar sus cuentas bajo sus reglas, sin un poder que los detenga.
Y para muestra, un botón.
En un hecho sin precedente, derivado de la falta de acción política por parte de la dependencia que encabeza Héctor Anuar Mafud Mafud –como lo denunciaron los agraviados en múltiples ocasiones–, el municipio de Santa Catarina Juquila, que alberga uno de los 10 santuarios religiosos más importantes del país, permaneció aislado durante 40 días por un bloqueo carretero realizado por sus vecinos de Santiago Yaitepec a raíz de un conflicto agrario por la disputa de más de mil hectáreas de tierra, que incluyen el santuario religioso conocido como El Pedimento.
Sumida en una crisis económica, la ciudadanía demandó en reiteradas ocasiones la liberación de la carretera estatal; sin embargo, la crisis se extendió durante un mes y medio, aun con la supuesta intermediación de la Segego.
El conflicto sólo cesó hasta que un juez federal ordenó a las autoridades, por medio de un juicio de amparo, ejecutar las acciones debidas para recuperar la gobernabilidad en la zona.
Aunque el descontrol y desgobierno quedaron exhibidas en diversas ocasiones, el primer llamado de atención se dio el sábado dos de marzo, cuando el Gobierno de Oaxaca envió un boletín de prensa en el que aseguraba que las poblaciones de Yaitepec y Juquila habían firmado un acuerdo de paz.
Según las autoridades, el bloqueo carretero, que estaba a punto de cumplir un mes, iba a quedar desactivado en las horas subsecuentes, durante ese mismo fin de semana.
Nada de eso pasó. Las autoridades agrarias de Yaitepec desconocieron el acuerdo y al lunes siguiente, radicalizaron sus acciones e incluso llegaron a instalar un segundo bloqueo.
A partir de ese momento, las provocaciones entre uno y otro bando subieron de intensidad, al grado de que se llegó a considerar la posibilidad de la ocurrencia de un enfrentamiento a tiros.
Al menos tres vídeos de hombres portando armas de grueso calibre y disparando al aire se viralizaron en redes sociales.
Y llegó un nuevo error, cuando el gobierno estatal, el pasado 11 de marzo, envió a la zona para distender los ánimos a dos jefes policiacos: el comisionado de la Policía Estatal, José Sánchez Saldierna, y al jefe del Estado Mayor, Víctor Galicia.
Ambos mandos efectuaron sobrevuelos sobre Santa Catarina Juquila a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y luego, en compañía de más elementos, descendieron con el fin de realizar un recorrido.
Tan solo al pisar tierra, un grupo de habitantes los interceptó y, con palabras altisonantes, le reclamó al Comisionado la inacción del gobierno estatal para darle solución a ese problema.
Pobladores videograbaron el proceso de retención:
“Vivimos manipulados por unos cuantos desde hace treinta y tantos días. Manipulando la información como siempre. Dice este cabrón que ahora no sabe qué es lo que está pasando en Juquila, y que siempre sí, que siempre no. Es ahora”, dice un habitante, al tiempo que alrededor de 10 ciudadanos se encuentran en la zona donde el helicóptero aterrizó, segundos antes de increpar a Saldierna.
–Yo te estoy diciendo que ya tenemos más gente aquí, que ya voy avanzando, que ya tenemos más gente allá arriba en El Pedimento, que hoy en la tarde se concentra un buen número en El Vidrio y aquí va a llegar otro número, dice Sánchez Saldierna, después de que los habitantes le cierran el paso y le piden una explicación sobre la evolución de las negociaciones que en ese momento se tenían.
–Voy a entrar, voy a entrar. Vamos a abrir, pero no en este momento, agrega el funcionario.
–Para cuándo?, le refutan.
–No, yo no me puedo comprometer para una fecha, responde.
–El gobierno nos ha dicho mañana, pasado mañana, 72 dos horas y ya van un mes con una semana, reclama una mujer.
–(Dicen) que van a desalojar y nada más traen pendeja a la gente. No le hablan con la verdad, agrega la voz de un hombre.
–Ayer estuvieron echando bala (presuntos ciudadanos de Santiago Yaitepec) y en vez de que los policías se arrimaran (hacia el lugar de las detonaciones) para acá (para Juquila) corrieron los policías.
La grabación de seis minutos se convierte en una sarta de acusaciones, reclamos y desmentidos en contra del gobierno, mientras al Comisionado no le queda de otra que escuchar.
–Ya estamos hasta la madre que el gobierno nos dé 72 y 72 horas, son chingaderas. Como a ellos (los representantes de Juquila ante el gobierno) ya les está yendo bien en Oaxaca a nosotros que nos lleve la madre, se escucha en otro vídeo.
— Yo como responsable de la policía vengo a tener lo necesario para que cuando se me diga entra, entro…, apunta el Comisionado.
— Todo el tiempo nos están haciendo pendejos de arriba, compa… Si eres el portavoz del gobierno, diles que estamos hasta la madre, le reclaman.
–Mañana sale la caravana (en referencia al recorrido que tenían programado los ciudadanos de Juquila a la ciudad de Oaxaca para demandar la liberación del acceso carretero) y nosotros nos hacemos responsables de acompañarnos… intenta suavizar el jefe policiaco.
–Eso sale sobrando porque a nosotros ya nos está llevando la chingada.
Una persona que se identifica como Miguel Ángel, quien aparentemente participaba en las mesas de negociación que se llevaban a cabo en Oaxaca, hace contacto telefónico con los inconformes y les pide no obstaculizar la labor de Saldierna; sin embargo, es ignorado y a los pocos minutos el mando queda formalmente retenido. Tras una exhibición por las calles y al grito de “unidad, unidad”, es llevado al palacio municipal de Juquila.
Tres días después, las autoridades anunciaron la recuperación del camino.
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Juquila no ha sido el único punto donde los ánimos se han exacerbado, pues, incluso, existen sitios donde la violencia ha escalado con saldos fatales.
El 14 de enero, tres personas murieron, tres resultaron lesionadas y 18 retenidas, tras una emboscada suscitada en la región mixteca por un conflicto agrario entre Santos Reyes Zochiquilazala y San Martín Peras.
Se trató de la primera emboscada ocurrida en 2019, derivada de más pugnas sin resolver.
Aunque ni el gobierno del estado ni la Fiscalía General de Oaxaca proporcionaron en su momento información, trascendió que unos 20 policías municipales de Santos Reyes Zochiquilazala retuvieron a 18 habitantes de San Martín Peras para que las autoridades de esa localidad entregaran a los agresores.
Después de tres días, las autoridades lograron el rescate de las personas detenidas de manera ilegal; de los responsables, hasta el momento, no se sabe nada.
Los conflictos de las comunidades oaxaqueñas no se limitan únicamente a problemas internos, si no que estos han trascendido con otras entidades del país.
El pasado domingo 24 de febrero, gente armada del poblado de Jícaral del municipio de Coicoyán, Oaxaca, incursionó a la comunidad de Jicayán de Tovar, del municipio de Tlacoachistlahuaca Guerrero, por un conflicto agrario.
En el lugar se reportaron tres personas heridas.
Los habitantes de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, denunciaron que pobladores armados de El Jicaral, los pretenden despojar de 50 hectáreas de sus tierras.
El comisariado de Bienes Comunales de Jicayán de Tovar, denunció que, al momento del enfrentamiento, se habían cumplido ya diez días de enfrentamientos sin que ninguno de los tres niveles de gobierno, ni de Oaxaca ni de Guerrero, hubieran intervenido.
Es más, las autoridades oaxaqueñas ni siquiera se pronunciaron al respecto.
Luego, el tres de marzo en la región del Bajo Mixe-Choapam, se reportó un nuevo enfrentamiento por conflicto de tierras; ahora, entre pobladores de San Juan Jaltepec y Nuevo San Antonio, ambos pertenecientes a los municipios de Santiago Yaveo y San Juan Lalana, respectivamente, en la región de la Cuenca del Papaloapan, que dejó el fallecimiento de cinco personas por proyectil de arma de fuego.
Asimismo, se reportó una persona herida por disparo de arma de fuego, quien fue canalizada a un hospital de la zona, para recibir atención médica especializada.
Ajustes políticos
Los conflictos agrarios no son los únicos que han dejado violencia y encono en la entidad. Las pugnas políticas, también.
El primero de enero, en Tlaxiaco, fue asesinado a tiros el presidente municipal de Morena, Alejandro Aparicio Santiago, en un ataque que también le costó la vida al síndico Perfecto Hernández. Tres personas más resultaron heridas.
El ataque abrió la puerta a una serie de disputas entre personajes priistas y del partido Morena, al que pertenecía el edil extinto. Las autoridades no intervinieron con el pretexto de que no podían invadir la soberanía del municipio.
El 27 de febrero, un conflicto entre empleados del ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec se tradujo en el asesinato de un colaborador de la edil, Vilma Martínez Cortés. El hombre, identificado como Balam Eduardo Toledo, recibió un disparo en el tórax.
El 21 de enero, el representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en los diálogos para la paz con San Sebastián Nopalera, Bernardino García Hernández fue ultimado a balazos.
En hombre fue sorprendido cuando se encontraba en un predio de su propiedad.
Y tres días después, el 23 del mismo mes, el tesorero municipal del mismo Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Virgilio Pablo García Hernández de 38 años de edad, fue ultimado de la misma forma.
A ellos se suma el homicidio de Gustavo Cruz Mendoza, integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO- RFM) en la comunidad de Cerro Caliente, en el Municipio de Santiago Jocotepec.
La lista fatídica referida anteriormente no hace referencia a otros delitos, como ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales y feminicidios, que también mantienen sometida a la entidad, que durante enero pasado vivió los días más violentos de la última década.
