En una medida que ha sido catalogada por expertos como “antipatriótica”, “tiránica” y “dictatorial”, dos senadores del PRI, ambos representantes del “ala obrera” de su partido (CTM-CROC), propusieron, en diciembre pasado, legalizar al 100 por ciento el sistema de contratación outsourcing, lo que dejaría a los trabajadores en el total desamparo y se eximiría a las empresas de cumplir con el otorgamiento de las prestaciones de ley
David Méndez
Como “traición a la patria”, “una nueva embestida del sistema neoliberal” y como la “cereza en el pastel” del proyecto “regresivo” que intenta instaurar en México un sistema político “tiránico” y “dictatorial”, similar al que existía antes de la Revolución de 1910, catalogaron especialistas en Derecho la nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en diciembre pasado por senadores del “ala obrera” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que busca legalizar al 100 por ciento el outsourcing en el país.
La propuesta, que pretende quitar todos los candados para que las empresas puedan subcontratar a la totalidad de sus nuevos empleados, fue presentada, a su vez, como parte del proceso para darle vida a la ley reglamentaria de la reforma en materia de justicia laboral de 2012, cuyo plazo para ser expedida vence en febrero próximo.
De ser aprobado, el ordenamiento vulneraría aún más el futuro de la clase obrera mexicana, integrada por más de 52 millones de personas, y que en los últimos cinco años ha recibido varios golpes legislativos, que le han hecho perder diversas conquistas que había logrado a lo largo de los 100 años del México postrevolucionario, sentenció el abogado Rafael García Zavaleta.
Por las repercusiones que una norma de tal magnitud traería en la vida de la nación, la propuesta fue considera por los especialistas consultados por Real Politik tan trascendente como la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, que legaliza la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que fue condenada por la ONU, o como la reforma energética, que, tras permitir la liberación de los precios de los carburantes para que la iniciativa privada pudiera invertir en el sector, hoy tiene al país padeciendo la mayor inflación de los últimos 20 años.
“Se trata de un atentado en contra del artículo 123 y de la lucha trabajadora, la lucha obrera. Con esta pretensión (del ala obrera del PRI), se acaba de una vez de darle el toque final al derecho laboral individual”, consideró García, quien en 2017 ganó un juicio de amparo al Ayuntamiento de Salina Cruz, que se negaba a pagarle la cantidad de 2 millones de pesos por concepto de honorarios.
“No es extraño que los priistas estén impulsando esto. Sabemos que desde hace muchos años los sindicatos priistas, las confederaciones –la CTM, la CROC, la CROM– no han servido más que para enriquecer a unos y beneficiar al capital. Son organizaciones sindicales que están a favor del patrón”, afirmó.
Antecedentes
La iniciativa, elaborada por Tereso Medina Ramírez, miembro desde 1980 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) e Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), abre la posibilidad de que la iniciativa privada, una vez que sea aprobada la norma, deje de hacerse cargo de contratar a sus trabajadores y, en cambio, utilice intermediarios que fungirían ante la ley como los verdaderos patrones.
Así, la obligación de otorgar a los obreros seguridad social, acceso a vivienda, reparto de utilidades, creación de antigüedad y demás prestaciones, recaería en la subcontratista, lo que eximiría a los empresarios de cualquier responsabilidad legal en caso de un juicio laboral, según establece el proyecto de 257 páginas que fue turnado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
De aprobarse tal cual fue presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores, registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
“Se está desviando la atención sobre a quién tiene que demandar el trabajador (en caso de un conflicto), porque las juntas de conciliación excluyen finalmente al patrón directo, que es quien está beneficiándose de la fuerza de trabajo del obrero y se lo deja a organismos, a empresas que son ocupadas, precisamente, como pantalla y que, finalmente, son empresas a las que no se les puede embargar porque no tienen un patrimonio o bienes con qué responder a los derechos del trabajador”, apuntó el abogado.
La “flexibilización” de la contratación laboral, que ya había sido permitida de manera parcial en la reforma de hace cinco años, que fue promovida por el ex presidente panista Felipe Calderón y retomada por Enrique Peña Nieto, con el aval del PAN y PRI.
En el ordenamiento aprobado en 2012, el outsourcing fue legalizado en casos donde las empresas requirieran de personal “especializado”, que cumpliera con tareas distintas a las de los trabajadores de base.
Para paliar los efectos negativos de este esquema, a los que la iniciativa privada ha recurrido para evadir impuestos, la norma especificó que ese método de contratación no podía por ningún motivo contemplar a la totalidad de los empleados.
Ahora, sin embargo, la propuesta de los senadores del PRI reforma el artículo 15-A de la Ley del Trabajo con el objetivo de eliminar todos aquellos incisos que ponían límites a la subcontratación, además de que deroga el artículo 15-C que obligaba a las empresas contratantes a vigilar que la subcontratista cumpliera con el otorgamiento de prestaciones de ley.
Incluso, en uno de los nuevos preceptos contemplados en la iniciativa, dice que en caso de que en algún momento de la relación contractual la empresa se dé cuenta que la subcontratista incumple con el otorgamiento de prestaciones, ésta puede rescindir el contrato sin ningún tipo de responsabilidad legal en su contra, lo que, según especialistas, podría dar pie a innumerables casos de simulación.
Tanto en la reforma de 2012 como en la propuesta hecha en 2017, se reconoce al outsourcing como una práctica nociva en detrimento del trabajador, al grado que en la iniciativa de ley presentada el siete de diciembre pasado se resalta, en el artículo 15-D, que “no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales”.
–¿Usted cree que haya condiciones para que una reforma de este tipo pueda avanzar?, consultó Real Politik a Rafael García.
–Lamentablemente, como están las cosas… sí (lo) considero viable. (Por) el escenario en el que se componen actualmente el PRI, el PAN, el Partido Verde y algunos diputados del PRD, a los que han tenido que comprar para acumular la cantidad de votos necesaria y aprobar reformas o cambios a la ley, definitivamente sí es posible.
>Los diputados, estamos convencidos, no representan los intereses del pueblo sino a sus intereses de grupos o individuales, intereses del capital.
–Especialistas dicen que el Poder Legislativo se ha vuelto de manera frontal y evidente contra los intereses del pueblo, ¿usted lo ve de esa forma?
–Hace unos momentos lo dije: nuestros diputados y nuestros senadores ya no son los representantes ni los defensores de los intereses del pueblo; ahora representan otra cosa, otros intereses: (intereses) personales, de grupo, del capital, de los dueños del capital.
–¿Han traicionado a México?
–Definitivamente: tanto diputados como senadores han traicionado a México.
–¿Una reforma de este tipo, como la laboral, se podría comparar, por su trascendencia, con la Ley de Seguridad Interior o la reforma energética?
-Sí, definitivamente. Es el toque final, es la cereza en el pastel para desgraciarle los derechos a los trabajadores.
Además, la iniciativa de reforma preserva diversas disposiciones que, académicos y defensores de derechos humanos, aseguran que van en contra de los intereses y garantías de la clase trabajadora; tal es el caso del artículo 39-A, que subraya que un trabajador podrá estar hasta seis meses en periodo de prueba y que si después de ese tiempo el patrón no queda satisfecho con sus servicios, podrá ser despedido sin ninguna obligación para el empresario.
“Al término del periodo de prueba, de no satisfacer el trabajador los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para éste, debiendo pagar el patrón las prestaciones y salarios devengados”, indica la ley.
Para la Barra Nacional de Abogados, sede Oaxaca, la reforma propuesta por el PRI es, a todas luces, anticonstitucional y, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, deberá ser combatida, tal y como ocurre en la actualidad con la Ley de Seguridad Interior, con amparos y recursos de inconstitucionalidad promovidos ante jueces federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente estatal de la organización, Juan José Meixueiro Orozco, reiteró que el outsourcing afecta derechos fundamentales de los trabajadores, como es el derecho al seguro social y el derecho de antigüedad.
El especialista sostuvo que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que ese tipo de figuras fiscales son contrarias a los convenios definidos como auténticas relaciones obrero patronales, pues, de acuerdo con los ministros, la relación obrero-patronal se da desde el momento en que el trabajador entra “a cierto centro de trabajo” y el patrón le da órdenes, establece horarios y paga un salario.
Senadores, ignorantes
“Por lo tanto, no puede haber una relación obrero-patronal entre una figura fiscal que es ajena a la empresa”, comentó.
“Nuestros representantes pecan de ignorancia jurídica y están presentando iniciativas e incluso presentando leyes irresponsablemente que van contrarias a la Constitución política y que violan derechos fundamentales y derechos sociales”, añadió, en entrevista.
Meixueiro Orozco consideró que la propuesta de reforma emanó de la CTM y CROC porque ambas organizaciones son dos de las que más se han beneficiado por la subcontratación, pues incurren en la venta de facturas a cambio de quedarse con el 15 por ciento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
“Los más beneficiados y hay que decirlo públicamente, son los líderes sindicales, porque son los que reciben el beneficio fiscal, ellos por vender una factura de su sindicato se quedan con el IVA y no creo que lo repartan entre sus agremiados.
“Ellos son las beneficiados mediante esta reforma, pero están interponiendo sus intereses personales o de grupo a los intereses de la sociedad, de sus agremiados”.
Sin embargo, el experto descartó que el Revolucionario Institucional y sus aliados, se atrevan a discutir y votar la iniciativa, no por falta de ganas sino por temor a rezagarse aún más en la contienda por la Presidencia de la República, en la que actualmente fluctúa entre el segundo y tercer lugar, lejos de Andrés Manuel López Obrador, actual puntero.
–¿Cree que existan los ingredientes suficientes para que un planteamiento así pueda ser aprobado y discutido este año?
–No, yo creo que no. Recordemos que este es un año electoral, de inicio, y es el último año del Senado de la República. Apelo a que se quede en la congeladora y que la siguiente legislatura sea la que emita un dictamen en contra a efecto de que no pase la reforma.
–Es una iniciativa del actual sistema, parte de las reformas estructurales de Enrique Peña… si gana el PRI, habría la posibilidad de que se discuta y se apruebe.
–Puede ser pero nosotros tendríamos que acudir a los medios legales, como es el amparo indirecto a efecto de que la Corte establezca la inconstitucionalidad de la norma, pero, además, con la reforma constitucional de 2006, todas las autoridades judiciales y no judiciales tienen la obligación de establecer control de la Constitución.
>En cualquier controversia jurídica que se dé al respeto, los tribunales laborales tienen la obligación de establecer la inconstitucionalidad de la norma a través del control constitucional e incluso control convencional, porque también los derechos fundamentales o los derechos sociales de los trabajadores se encuentran previstos en tratados internacionales y hay criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
–¿Un golpe de esa magnitud se podría equiparar con la Ley de Seguridad Interior o con la reforma energética?
–Sí… lo comentamos hace unos momentos, el sector más perjudicado en una reforma de este tipo va a ser la clase trabajadora, de tal suerte que tenemos que actuar con responsabilidad al presentar este tipo de iniciativas, al querer dar vida jurídica a normas que violan derechos humanos.
–¿Con estas intentonas, pueden ocurrir episodios de violencia como en Argentina, donde a raíz de una reforma a la ley de Pensiones ha habido una enfrentamiento entre sociedad y autoridades?
–Puede darse porque hoy la sociedad está más preparada, la sociedad está mejor informada, y por supuesto que no va a permitir este tipo de acciones, que podemos llamarlas hasta tiránicas, que establezcan un régimen dictatorial en México, que vulnere el estado democrático en el que vivimos.
>La sociedad está harta de este tipo de situaciones y por supuesto que puede darse algún tipo de enojo de la sociedad, algún tipo de consecuencia donde se levante y diga: ‘Hasta aquí llegamos’.
–¿Jurídicamente hablando sería una regresión a 1900 o 1800?
–Por supuesto que sería una regresión; sin embargo, jurídicamente tenemos las herramientas para hacer valer el Estado de Derecho.
–¿Se podría echar abajo?
Sí, para eso tenemos un Poder Judicial que tiene que revisarla y decretar la inconstitucionalidad de la norma.
