Editorial
Desde el 19 de junio, cuando la Policía Federal, en coordinación con las corporaciones estatales intentó desalojar a maestros de la Sección 22 y grupos afines, del bloqueo que mantenían en la Súper Carretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de Asunción Nochixtlán, se escribió una historia sin fin. A más de tres meses de distancia, similar al caso Ayotzinapa, tal parece que los mismos dolientes y las llamadas víctimas imponen una ley para enrarecer el esclarecimiento de los hechos. Al día siguiente del enfrentamiento con maestros y grupos civiles, que también dispararon armas de fuego, todo parece que lo único que importan son los ocho muertos –ninguno de ellos maestro- y poco, los cerca de doscientos heridos de ambos lados. Más aún: lo que menos importa es la verdad lisa y llana.
Es evidente que se trató de una trampa en la que cayó la Policía Federal; que el operativo se realizó sin contar con elementos estratégicos que evitara a la corporación caer en la provocación y sin los estudios policiales para este tipo de situaciones. Tampoco se ignora que las policías federal y estatal usaron primero toletes y escudos, pero que al ver el tamaño de la agresión, hicieron uso de armas de fuego. La Comisión legislativa que presidió la senadora Mariana Gómez del Campo, luego de indagatorias pero también de obstáculos y presiones de quienes se han asumido como víctimas, llegó a la conclusión de que los disparos provinieron de ambos bandos. Sin embargo, lo que le ha dado al caso el carácter de secrecía, de opacidad, es la negativa tácita de los mismos supuestos dolientes, para que la verdad se sepa.
Los intentos, primero de la Secretaría de Gobernación y luego de la Procuraduría General de la República (PGR) se han estampado con la cerrazón de quienes ya se avecindaron de esa tranquila población, para seguir lucrando con los ocho muertos. Ni siquiera se permitió el arribo de un equipo médico a poco de la tragedia. Menos la presencia de funcionarios federales, salvo el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, atosigado por demandas de tipo económico. El sábado primero de octubre, el citado funcionario reconoció que el caso Nochixtlán ha salido demasiado oneroso, habida cuenta de que a la fecha se han invertido 4.5 millones de pesos, en solventar las peticiones de las supuestas víctimas. La Sección 22, a través de la Comisión Política, representada por Juana Ramón Solís, maestra chiapaneca que preside la Comisión de Víctimas y las manos de conocidos y falsos luchadores sociales, como Maurilio Santiago, dirigente de la Comisión de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos Indígenas (CDHAPI), están metidos a fondo, a ver qué sacan de la victimización.
Este último se sacó de la manga la trampa de siempre: se trató de ejecuciones extrajudiciales. Y amenaza con llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seguramente para que envíen a su comisión de expertos. El pasado 2 de octubre, al conmemorarse el 48º. Aniversario de la matanza de Tlatelolco, el Comité de 1968 exigió el gobierno de Enrique Peña Nieto agilizar las investigaciones para esclarecer la muerte de las ocho personas, al igual que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, lo que desconocen los promotores de la verdad es que ésta no se ha esclarecido, precisamente por la secrecía de los supuestos dolientes. Al menos en el caso de Nochixtlán se advierte un intento perverso de prolongar o diferir las pesquisas, en principio para ocultar la responsabilidad de los grupos civiles que participaron y, en segundo lugar, para seguir chantajeando al gobierno federal y pervivir de las dádivas.
