Se debe implementar una cultura de aprecio y respeto hacia este sector, señala la legisladora del PRI, Rosalía Palma López
Al destacar la necesidad de implementar una cultura de aprecio y respeto hacia los adultos mayores, la diputada del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Rosalía Palma López, consideró que el Estado debe ser garante en la protección de este sector y lograr su bienestar físico y mental, así como su plena integración social.
Por ello, la legisladora local envió, en fechas pasadas, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del Articulo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
“En esta etapa de vida, el ser humano requiere de una mayor atención del estado, de la sociedad y desde luego, de su familia, ya que requieren de nuevos servicios, los cuales con anterioridad no demandaban, como son: los de salud y asistenciales entre otros”, comentó.
Señala que con esta iniciativa se pretende reconocer todos y cada uno de los derechos de las personas adultas mayores en el máximo ordenamiento en el Estado, como lo es nuestra Constitución Política, para que tanto el Estado como la sociedad, unan esfuerzos a favor de este sector, en especial de las carentes de recursos económicos.
Menciona que todos los oaxaqueños debemos reflexionar sobre este tema para construir una sociedad más justa e igualitaria en donde se dé el pleno respeto a la persona adulta mayor, cuidando su completa integración en todas las actividades de nuestra comunidad.
“El adulto mayor no solo es una persona útil y capaz de tener una vida propia e independiente, sino que también es aquella que posee un cúmulo de experiencias, que con toda seguridad al ser apreciadas tanto en los sectores público como privado, se obtendrían resultados positivos en beneficio de nuestra sociedad, independientemente de que merecen, por su alta vulnerabilidad, nuestra total atención”.
Cabe señalar que esta reforma constitucional no ocasiona gastos presupuestarios al erario público, toda vez que son derechos humanos ya reconocidos en los diferentes ordenamientos, tanto federales como locales.
Lo que se pretende es elevarlos a este máximo reconocimiento, para que sean garantizados por el Estado y respetados por la familia y sociedad en general, aparte de que se incluye en nuestra Carta magna un lenguaje correcto para los adultos mayores y suprimir los términos discriminatorios de anciano o tercera edad.
