Aunque el Presidente de la República lo niegue el ex director de Pemex y el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México podrían convertirse en “los peces gordos” que serían encarcelados en el gobierno de la Cuarta Transformación
Daniela CHAO
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador niegue que exista una persecución política contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, es la primera acción encaminada a castigar a funcionarios de sexenios anteriores implicados en casos de corrupción.
Contradictorio, pues a pesar de que una de sus principales promesas de campaña era “acabar con la corrupción”, un enunciado que lo ha acompañado en lo que lleva su mandato, al saberse de la orden de aprehensión del exdirector de Pemex y del director de Altos Hornos de México, se justificó al explicar que se trata de investigaciones que estaban en curso desde el sexenio anterior e insistió en que “no es mi fuerte la venganza”.
“Lo que puedo decir es que no hay persecución política, son hechos o presuntos delitos que se tienen que perseguir y castigar, eso es todo, he dicho que no es mi fuerte la venganza, no conozco a ninguno de los dos, no conozco ni al señor de Altos Hornos, ni al ex director de Pemex», insistió en una de sus conferencias mañaneras.
Reiteró que no detendrá procesos iniciados y que la instrucción girada al gobierno federal es “no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad”.
Como si se pusiera en duda, reiteró que sobre las órdenes de aprehensión que se han girado por la FGR que trata de asuntos que estaban en curso, “nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que sin bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados, en este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior».
Intriga que el presidente se quiera deslindar de estos mandatos judiciales, cuando sería una prueba de que comienza a cumplir lo prometido.
Lo cierto es, que, por tradición, es en el primer año de los gobiernos de algunos presidentes, cuando se sabe de expedientes en contra de ex funcionarios, muchos de ellos, de primer nivel.
Son traducidos como golpes de autoridad a la mesa, para enfatizar quién es el que manda o incluso, la prueba de la ruptura contra su antecesor.
El ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, cercano a José López Portillo, fue a la cárcel durante el sexenio de Miguel de la Madrid. El gobierno de Carlos Salinas encarceló al líder de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. En el siguiente sexenio, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano de don Carlos. En 2012 y con el regreso del PRI a Los Pinos, la administración de Enrique Peña Nieto detuvo a la poderosa dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, cercana a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Curiosamente, Emilio Lozoya Austin, es uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto; tanto, que incluso el abogado del ex director de Pemex, en un intento desesperado, y quizá de advertencia, anunció que citará, como parte de la defensa, a declarar al ex presidente.
Sobre ambos casos, el pasado 23 de mayo, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un periodo de 10 años a Emilio Lozoya por haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial en dos ocasiones.
Emilio Lozoya, quien se desempeñó como director de Pemex de 2012 a 2016, es acusado de recibir sobornos de hasta 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht, esto a cambio de apoyar a la compañía brasileña a obtener contratos de manera indebida.
Incluso, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad difundió el 14 de agosto de 2017 una copia de transferencias que Odebrecht realizó a empresas presuntamente ligadas a Emilio Lozoya.
Las transferencias, se detalló fueron por tres millones 140 mil dólares, equivalentes a 40 millones de pesos, según el tipo de cambio de ese momento. En ese entonces, Lozoya fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto.
El otro caso, sobre el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, detenido en España, es investigado por su vinculación con Emilio Lozoya Austin en múltiples operaciones con recursos ilícitos.
El empresario espera en prisión preventiva en Madrid, España, mientras que las autoridades de este país confirman su extradición a México.
En tanto Emilio Lozoya, quien consiguió un amparo de suspensión definitiva por la orden de aprehensión, tiene hasta el martes para presentarse ante un juez por las acusaciones que afronta por presunto lavado de activos.
Es obligatorio que comparezca, de lo contrario, corre riesgo el amparo de suspensión definitiva que logró.
Aunque los mandatos judiciales, al parecer, le incomoden a López Obrador, es una señal inequívoca de que va en serio con su promesa.
Sí así fuera, los procesos significarían un compromiso real del gobierno por ir a fondo en temas de corrupción, que no debe quedarse en dos casos excepcionales.
