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Municipios en conflicto, botín de partidos

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San Jacinto Amilpas, en la mira de priistas, perredistas y petistas ligados a la extinta APPO; la disputa por el control de la tesorería municipal y el manejo de los recursos ha llevado al municipio a una crisis política y social, el riesgo de violencia es latente. Dirigentes y legisladores tienen metidas las manos. Falta voluntad política de los grupos en pugna para resolver el conflicto, sostiene el subsecretario de Gobierno, Carlos Moreno Alcántara

  Texto: Luis RAMÍREZ

Fotos: Jairo Aragón / Sergio Facio

CARLOS REFUGIO SÁNCHEZ SANTIAGO  Los partidos políticos han convertido a los municipios de Oaxaca, sobre todo aquellos que enfrentan conflictos, en un auténtico botín.

Se disputan, pelean, riñen por lucrar con los recursos destinados a la obra pública, las participaciones municipales, las plazas, los proyectos productivos y asistenciales destinados a combatir la pobreza.

Lo mismo ha ocurrido en Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Ánimas Trujano, San Agustín de las Juntas, San Agustín Loxicha o Santiago Choapam sólo por mencionar algunos, amén de otros que por su lejanía despiertan poco interés en la opinión pública.

San Jacinto Amilpas, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, es el más claro ejemplo de la injerencia de partidos políticos en la vida interna de estas comunidades.

Ahí, perredistas, priistas y hasta petistas ligados a la extinta Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), buscan sacar raja de un problema estrictamente interno que corresponde resolver a los integrantes del Cabildo.

En el fondo del conflicto, que desde hace más de dos semanas mantiene paralizados los servicios públicos en esa comunidad, está la disputa por el control  de la Tesorería Municipal y el manejo de las participaciones municipales.

El problema interno que enfrenta el Ayuntamiento por los desacuerdos que existen entre los concejales, ha sido capitalizado por dirigentes partidistas, legisladores y activistas.

El actual dirigente estatal del PRD, Rey Morales Sánchez y el ex senador perredista y ahora consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salomón Jara, son señalados de querer medrar con la situación que enfrenta el municipio.

El senador priista y ex candidato a la gobernación del estado, Eviel Pérez Magaña es acusado de proteger y manipular al regidor de Desarrollo Social, Francisco Alfonso Vázquez Armengol, quien junto con otros tres concejales removieron al tesorero nombrado por el presidente municipal, Víctor Amado López Hernández.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alejandro Avilés Álvarez también tiene metidas las manos en el conflicto de San Jacinto Amilpas.

Otro personaje que se ha hecho presente en ese conflicto, es el diputado federal perredista y dirigente de ambulantes, Hugo Jarquín, a quien responsabilizan de llevar “porros” y gente ajena a la comunidad para provocar a los regidores inconformes con el edil.

A la lista se suma el ex vocero de la extinta Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y ex diputado local del Partido del Trabajo, Flavio Sosa, quien abiertamente hizo acto de presencia en San Jacinto Amilpas para apoyar al edil, Víctor Amado López Hernández.

 

Historia del conflicto

 

En las pasadas elecciones, en San Jacinto Amilpas ganó la Alianza Unidos por el Desarrollo conformada por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, que encabezó el perredista Víctor Amado López Hernández, quien por segunda ocasión gobierna el municipio (1996-1998) (2014-2016)

Víctor Amado fue el primer presidente municipal emergido de la oposición. Sus adversarios lo acusan de mantener un cacicazgo desde hace 18 años, los mismos que el PRD ha gobernado el municipio, excepto en el periodo 2008-2010. Ha sido el poder tras el trono, afirman.

El 1 de enero de este año, a la llegada de la nueva administración, el cabildo aprobó los nombramientos de César Sánchez Zavaleta como tesorero y Samuel Carrizosa como secretario municipal. Ambos propuestos por el munícipe.

El 4 de marzo, el cabildo determinó remover del cargo a Sánchez Zavaleta y Samuel Carrizosa, en su lugar fueron nombrados José Manuel Merino Castillo como tesorero y Victoria Magdalena Trujillo como secretaria municipal, quienes tuvieron el respaldo de la mayoría de los siete integrantes del cabildo, excepto del edil, el síndico y el regidor de Hacienda.

A partir de ese momento empezó el viacrucis en San Jacinto Amilpas y se desató un conflicto político que ha ido escalando y que ya afecta a más de 25 mil habitantes de 13 colonias y cerca de 30 fraccionamientos.

El nombramiento de un nuevo tesorero, que es rechazado por el presidente municipal, provocó la ruptura entre los integrantes del cabildo.

Como resultado de esa división los regidores Franco Alfonso Vásquez Armengol, de Desarrollo Social; Félix Octavio Sánchez Vásquez, de Educación y Salud; Teresa Morales Sánchez, de Equidad y Género, y Carlos Refugio Sánchez Santiago, de Obras, trabajan en una oficina alterna y operan prácticamente como un ayuntamiento independiente.

La disputa por el control del tesorero y el manejo de las participaciones municipales llevó al edil a interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación, luego de que el Gobierno del estado suspendió la entrega de recursos al municipio.

El 18 de junio, la Corte falló a favor del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas y ordenó que en un plazo máximo de 72 horas, la Secretaría de Finanzas liberara los recursos retenidos de manera ilegal durante seis meses.

La disposición no se acató -asegura el munícipe- y eso trajo como consecuencia una serie de bloqueos carreteros y el cierre de válvulas de cuatro pozos que abastecen de agua a la ciudad de Oaxaca.

Sin embargo, las participaciones han sido entregadas al tesorero José Manuel Merino Castillo, nombrado por el voto de los cuatro regidores disidentes y quien despacha en las oficinas alternas. Ha recibido más de 12 millones de pesos. El edil asegura que son más de 18 millones.

San Jacinto Amilpas recibe poco más de 2 millones de pesos por concepto de prestaciones municipales. De esos recursos 414 mil pesos corresponden al fondo 3 y 590 mil pesos al Fondo 4. Cada quincena recibe 509 mil pesos correspondientes al Ramo 28.

El director de Obras, David Morales dice que con esos recursos se han realizado diversas obras como el tendido de concreto hidráulico en diversas calles, ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, rehabilitación del alumbrado público en la cabecera municipal y la construcción de aulas en escuelas, entre otros trabajos.

El regidor de Desarrollo Social, Franco Alonso Vázquez Armengol, de filiación priista, sostiene que los recursos han sido entregados a José Manuel Merino Castillo, luego de que el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en la capital oaxaqueña, lo reconoció legalmente como tesorero.

 

Sin servicios públicos

 

El martes 19 de agosto, 104 trabajadores de las diversas áreas del Ayuntamiento iniciaron un paro de brazos caídos para exigir el pago de salarios que les adeudan desde el mes de marzo. Tienen el respaldo del presidente municipal.

CLAUDIA TORRES NOLASCOLa medida mantiene sin servicios de agua potable, recolección de basura, urgencias médicas, distribución de agua a través de pipa, seguridad pública y oficinas a los cerca de 25 mil habitantes del municipio.

Desde ese día el camión recolector de basura, las patrullas, la pipa de agua y la ambulancia se encuentran concentrados en la explanada del Palacio Municipal.

Los trabajadores municipales demandan el pago de salarios correspondiente a 14 quincenas, lo que suma más de cuatro millones de pesos de adeudo.

En la comunidad impera un clima de inestabilidad, de tensión. Se reportan roces y altercados entre seguidores de los concejales y los aliados con el alcalde.

Claudia Torres Nolasco, adscrita a la regiduría de Hacienda, advierte que no levantarán el paro y reiniciarán los servicios públicos hasta que les sean cubiertos sus salarios.

Los trabajadores cubren sus jornadas laborales en el corredor del Palacio Municipal sin realizar ninguna actividad.

El regidor de Desarrollo Urbano Sustentable y Obras Pública, Carlos Refugio Sánchez Santiago señala al presidente municipal, Víctor Amado López Hernández de orquestar el paro de brazos caídos que realizan los trabajadores del Ayuntamiento.

Aclara que están dispuestos a cubrir los sueldos que se adeudan siempre y cuando los trabajadores presenten su identificación oficial, una copia de su acta de nacimiento, comprobante de domicilio y solicitud de empleo para elaborar la nómina.

“No podemos pagarle a cualquiera porque no los conocemos, no sabemos si realmente son trabajadores, necesitan identificarse, pero se niegan”, indica el regidor perredista, quien no descarta que la nómina que les entregaron “esté inflada”.

El regidor de Salud y Educación, Félix Octavio Sánchez Vázquez, quien contendió por la presidencia municipal bajo las siglas del PSD, explica que les hicieron llegar una nómina de 140 trabajadores, incluidos los 40 policías municipales, que ascendía a siete millones de pesos, con salarios muy elevados, por lo que se hicieron algunos ajustes y se dejó en 4.5 millones de pesos.

Dice que ya se ha convocado a los trabajadores para que pasen a cobrar, pero el presidente municipal los amenaza con correrlos y les prohíbe que acudan, como una medida para prolongar el conflicto.

El lunes 25 de agosto, cansados de no recibir su salario, los trabajadores del Ayuntamiento acudieron a las oficinas alternas, donde despachan los cuatro regidores, ubicadas en la calle de Independencia número 134, donde los retuvieron por varias horas, para exigir su pago.

Los regidores denunciaron que los empleados pintarrajearon las oficinas y causaron destrozos a sus vehículos.En medio de jaloneos y gritos lograron escapar.

La tarde del miércoles 27, los cuatro concejales convocaron a una reunión a pobladores. Escucharon las quejas y la inconformidad por la falta de servicios. Los regidores denunciaron que por la mañana, en una de las colonias habían sido retenidos por seguidores al munícipe los vehículos particulares que contrataron para brindar el servicio de recolección de basura.

Acordaron traer a un notario público para testificar los daños causados por la falta de servicios, y por la madrugada un pequeño grupo acudió a abrir las válvulas del pozo que los abastece de agua.

En esos momentos, en el Palacio Municipal el presidente Víctor Amado, acompañado de Flavio Sosa, informaba a otro grupo de pobladores y a los trabajadores que habían suspendido el ayuno iniciado por la mañana frente a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán para exigir el pago de salarios.

Lo anterior, luego del compromiso del secretario general de Gobierno, Fernando Gómez Sandoval de buscar una solución definitiva al conflicto el viernes siguiente. La promesa no se cumplió.

Flavio Sosa exige al gobierno de Gabino Cué, al que defendió férreamente durante su gestión como diputado local, su intervención para resolver este conflicto. No descarta que pueda desatarse la violencia, porque “los enconos están muy encendidos”.

La tensión es tal que María del Consuelo Rodríguez Vega, secretaria de la Dirección de Ecología, fue levantada la noche del martes por cuatro sujetos encapuchados que iban a bordo de una camioneta blanca sin placas. Después de más de tres horas que la anduvieron paseando y la golpearon, la fueron a tirar al río Atoyac, cerca de las canchas. Le advirtieron que el siguiente sería Víctor Amado.

La víctima presentó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y responsabilizó al regidor de Desarrollo Social, Franco Alonso Vázquez.

El viernes 29, los integrantes de ambos grupos fueron citados en la Secretaría General de Gobierno donde estuvieron la mayor parte del día pero no alcanzaron ningún acuerdo.

La falta de servicios en el municipio ha provocado el incremento de actos delictivos y hay una emergencia sanitaria. En la comunidad se han confirmado 12 casos de dengue hemorrágico y el fallecimiento de una persona. Los habitantes denuncian la falta de atención por parte de los Servicios de Salud del Estado.

 

Fuego amigo

en San Jacinto

 

El presidente municipal, Víctor Amado López Hernández admite que San Jacinto Amilpas enfrenta un conflicto político y sostiene que es por un grupo de regidores que “han sido llevados de la mano por Rey Morales y Amador Jara”, pero también tienen metidas las manos actores políticos del PRI y señala a Eviel Pérez Magaña y a Alejandro Avilés.

Esos agentes externos a la comunidad, agrega, se han encargado de prolongar el conflicto. Acusa que Rey Morales y Amador Jara estuvieron medrando durante tres años en Santa Lucía del Camino y no dejaron gobernar a Pedro Cabañas, porque no se sujetó a sus caprichos. Han hecho lo mismo en una veintena de municipios y ahora pretenden hacerlo en San Jacinto.

Lamenta que en el municipio haya fuego amigo de sus propios compañeros de partido y fuego enemigo. Considera que por el bien de Oaxaca y de San Jacinto Amilpas, Rey Morales y su grupo deben irse de la dirigencia estatal del PRD.

Dice que en este momento el Ayuntamiento a su cargo enfrenta un déficit aproximado de ocho millones de pesos y advierte que los cuatro regidores y el tesorero municipal, tienen que rendir cuentas del dinero que han recibido.

Por su parte, los regidores Franco Alfonso Vásquez Armengol, Félix Octavio Sánchez Vásquez, Teresa Morales Sánchez, y Carlos Refugio Sánchez Santiago, coinciden que la solución al conflicto es que el presidente municipal deje a un lado su terquedad y acepte la decisión que tomó la mayoría del cabildo de nombrar como tesorero a José Manuel Merino Castillo, y anticipan que “nadie va a pasar sobre la mayoría del cabildo.

Franco Vásquez  Armengol afirma que Víctor Amado pretende imponer a un tesorero a modo, de manera que pueda tener el control de los recursos y reclama que Flavio Sosa no tiene nada que hacer en San Jacinto Amilpas, porque solamente va a tratar de incendiarlo como hizo en el 2006 con Oaxaca.

 

Falta voluntad política

En entrevista, el subsecretario de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Moreno Alcántara concluye que en San Jacinto Amilpas existe un problema de falta de voluntad política entre las partes en conflicto.

“Nosotros hemos establecido las diferentes rutas de acuerdo, más de 15 reuniones, distintas minutas, algunos acuerdos que no se han cumplido, pero existe una falta de voluntad, de desencuentros entre ambos grupos”, dice el funcionario.

Moreno Alcántara plantea tres rutas para resolver el conflicto que enfrenta el cabildo de San Jacinto Amilpas:

La primera. Dejar que las cosas las definan los tribunales, lo que llevaría el problema hasta enero o febrero, circunstancia por demás grave porque ya hay una grave situación social.

Segunda: Que el presidente municipal asuma sus atribuciones y junto con la Comisión de Hacienda ordene al tesorero pagar todo lo que tenga que pagar y esté autorizado pagarse. A su vez, el tesorero tendría que rendir cuentas de lo que ha ejercido frente al Ejecutivo municipal y a la Comisión de Hacienda.

Tercera: Mancomunar las cuentas para que tesorero y presidente, al margen de sus orígenes,tengan un control conjunto de los recursos para evitar cualquier irregularidad.

Indica que al Gobierno del estado le corresponde la entrega de los recursos, a la Auditoría la fiscalización y al cabildo la autorización y ejercicio de los recursos, cada quien en su atribución.

Moreno Alcántara deja claro que el Ayuntamiento en su conjunto es corresponsable de todo, “no puede decirse que el presidente es inocente o que los regidores son inocentes, hay una responsabilidad política, administrativa y legal, no necesariamente quiere decir que es del orden penal, eso lo determinará la Auditoría Superior del Estado”.

El subsecretario de Gobierno insiste en que la solución al conflicto podrá darse sólo a través de un acuerdo entre los integrantes del cabildo y precisa que al margen de los actores políticos que estén interviniendo, el gobierno sólo dialoga con los siete concejales con nadie más.

El Gobierno del estado está atento, pero no es el responsable, no hay una solución que esté en el gobierno y que no haya sido dada para resolver este conflicto, puntualiza.

Si el presidente municipal insiste en no aceptar al tesorero nombrado por la mayoría habrá una imposibilidad jurídica, material y política para resolver el problema, fianaliza.

 

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