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Minería… saqueo, explotación y pobreza

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Un total de 6 mil 428 millones de pesos se obtuvieron del subsuelo oaxaqueño en 2018 en forma de plata, oro, cobre, zinc y hasta de micas para fabricar lentes, son materiales que se extrajeron de comunidades en donde al menos la mitad de sus habitantes vive en condición de pobreza y donde, pese a su discurso a favor de los desprotegidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido intervenir para terminar con las condiciones que permiten que empresas extranjeras continúen con este atraco

Las cifras:
330
mil millones de pesos generó la minería en el país en 2018
6, 428
millones de pesos, la derrama que generó la minería en Oaxaca, en 2018
2
municipios concentran la mayor actividad minera en el estado: San José del Progreso y San Pedro Totólapam
88
por ciento de los pobladores de San José del Progreso viven en condición de pobreza
41
por ciento de los habitantes de San José del Progreso viven en pobreza extrema
80
mil hectáreas en el país han sido concesionadas a grupos mineros

 

 

 

 

Alonso PÉREZ AVENDAÑO

 

Aún cuando la actividad minera en Oaxaca generó en 2018 6 mil 428 millones de pesos por la extracción de plata, oro, cobre, zinc y otros minerales, las comunidades donde operan las empresas trasnacionales continúan sumidas en la pobreza; el régimen de esta actividad, pese al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue intacto, como en la “época neoliberal”, la del panismo, la del priismo, bajo la misma lógica de explotar, ganar miles de millones de pesos y generar mínimos beneficios.

De acuerdo con el Anuario estadístico de la minería mexicana 2019, que contiene los datos más recientes de la cantidad de minerales y material pétreo que se ha extraído del subsuelo nacional, la minería en México generó en 2018 un valor de producción de 330 mil millones de pesos, de los cuales el 1.95%, 6,428 millones, provinieron de metales, minerales y piedras extraídas de Oaxaca, principalmente en dos municipios: San José del Progreso, donde se localiza la mina Cuzcatlán, concesionada a la empresa canadiense Fortuna Silver, y en San Pedro Totolápam, donde la estadounidense Gold Resource Corp tiene concesionada las minas El Águila y Arista.

Ambos municipios cuentan con un alto porcentaje de pobladores en condición de pobreza. En San José del Progreso, donde se localiza la sexta mina de la que más plata se extrae del país, 88.4% de sus habitantes vive en condición de pobreza, 41.9% en grado de extrema marginación. En Totolápam casi la mitad de la población es pobre.

¿Ha significado un cambio la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación para las comunidades que tienen territorios ricos en minerales y altas condiciones de pobreza? No.

“El que el presidente López Obrador haya anunciado que ya no otorgará más concesiones mineras lo vemos positivo, pero es una medida que se queda corta ante las medidas que deberían tomarse, nos preocupa mucho que el marco actual minero, la ley minera, otorga muchísimas facilidades a las empresas y no se ha planteado ningún cambio en el Poder Legislativo”, expresa Beatriz Olivera, investigadora de Fundar, una organización que por más de un lustro ha expuesto las condiciones irregulares en las que operan las empresas mineras en México.

 

AMLO, CON LAS MIRAS MUY BAJAS

 

La alta cantidad de ganancias que genera la minería en México y el cambio de gobierno no han significado entonces un cambio en las condiciones en las que se extraen los productos del subsuelo en el país. Desde su campaña presidencial y aun ya como jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador ha establecido metas muy bajas. Su principal promesa fue no otorgar más concesiones mineras.

“Fue mucho lo que se entregó”, ha dicho en repetidas ocasiones, la más reciente en agosto pasado en Mazapil, Zacatecas, donde se localiza una de las minas de plata más importantes del país. “Si lo analizamos, prosiguió, vamos a llegar a la conclusión de que ni en mil generaciones se terminarán de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas”.

Además de no entregar más concesiones, su gobierno decidió retirar a los gobiernos estatales el manejo del Fondo Minero, creado para estabilizar las condiciones sociales en donde se desarrolla esta actividad, que se conforma con aportaciones de las empresas mineras y que había sido manejado con opacidad. Fundar ha documentado que, hasta agosto de 2019, había 3 mil millones de pesos de estos recursos que estaban perdidos. La situación no ha sido corregida por el actual gobierno.

“Por tres años hemos analizado el Fondo Minero y lo que hemos encontrado son muchos vacíos de información, muchas incongruencias, falta de rendición de cuentas. En el anuario de actividades extractivas señalamos que hasta agosto de 2019 había 3 mil millones de pesos de este fondo que no sabíamos dónde estaban. Planteamos esto a la subsecretaría de Minería, pero vimos que no se retoma ninguna propuesta”, denuncia Olivera.

Para la investigadora, el paso necesario para lograr mejores resultados de la actividad minera en su relación con las comunidades y con las finanzas públicas del país es reformar la Ley Minera que, acusa, otorga beneficios ridículos a las empresas.

“Se debe revisar el aporte que hace la minería a las finanzas públicas. En los últimos datos, estas aportaciones son menores al 1% de todo lo que recauda el Estado, es importante que se dimensione, la actividad minera no está contribuyendo a las finanzas públicas sustantivamente”, asegura.

Entre esos beneficios “ridículos”, señala que por la concesión de una hectárea una empresa minera debe pagar al gobierno federal 5 pesos. “Es ridículo que las empresas tengan que pagar esa cantidad, va aumentando con los años, pero no sobrepasa los 100 pesos”, explica.

Sin embargo, apunta, aunque se han hecho propuestas para modificar tanto el uso del Fondo Minero como la cantidad que deben aportar las empresas al Estado por la exploración y extracción de minerales, así como para prohibir que hay proyectos de extracción en áreas naturales protegidas, el Poder Legislativo, con mayoría de Morena, no ha avanzado en el análisis de ninguna alternativa y las iniciativas se perfilan para guardarse en la congeladora.

“Los proyectos que ya están operando están causando conflictos ambientales, no se ve voluntad política para tratar de frenar o de minimizar estos impactos, se mantiene en el país la piedra angular de la minería extractivista que es la Ley Minera, pero el Legislativo no ha hecho ningún esfuerzo por restringir, regular o modificarla, siguen habiendo concesiones que pueden durar hasta un siglo, cosas que nos parecen aberrantes e inconstitucionales incluso”, señala.

 

BENEFICIOS MÍNIMOS

 

La lógica de la minería en Oaxaca es la de la máxima abundancia con el menor de los esfuerzos. Sonora, por ejemplo, la entidad con el mayor número de proyectos mineros (de exploración y de extracción) con inversión extranjera directa, con 268, tiene una participación de 22.54% en la actividad nacional y 20 mil empleos generados.

En contraprestación, aunque Oaxaca participa con el 3.95% de la actividad minera, de los 379 mil empleos formales que registra la actividad en el país, únicamente 2 mil 443 están dispersados en la entidad, el 0.65% del total. Como contraste, en el Estado de México, que participa con el 1% de los proyectos mineros nacionales, hay 31 mil 264 empleos formales relacionados con la minería, más de diez veces a los que hay en Oaxaca.

 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, PLATA ¿PARA TODOS?

 

Por la cantidad de plata que se extrae de Oaxaca, particularmente de San José del Progreso, la cantidad de personas en situación de pobreza debería ser menor, sino es que nula.

Oaxaca es el cuarto estado del que mayor cantidad de plata se extrajo en 2018, Cuzcatlán es la sexta mina más importante del país.

En la extracción de este material solo superan a Oaxaca Zacatecas, de donde se obtuvieron 2 millones 314 kilogramos; Durango, con un millón 614 mil kilos; y Chihuahua, un millón 401 kilos; en Oaxaca se sacaron del subsuelo 283.3 kilos; del Estado de México, 209.8.

A nivel nacional, la producción de plata generó en 2018 un valor de producción de 70 mil 412 millones pesos, superando los 60 mil 652 millones obtenidos en 2017.

La plata extraída de Oaxaca implicó un valor de producción de 2,754 millones de pesos. Esta cantidad significó una caída de 8.56% respecto a 2017. Desde 2015, el valor de la produción extraída de plata que se retiró del subsuelo estatal fue en ascenso: en 2014 se alcanzaron 1.933 millones de pesos; en 2015, 1.847 millones; en 2016, 2.545; en 2017, 3.12.

En la extracción de este metal, San José del Progreso tiene un papel fundamental, pues se encuentra entre los 25 centros más importantes del país: en 2018 se extrajeron de esta mina 1,517 kilogramos; de Tototlápam, 1,042.60.

La mina más grande de plata de México en 2018 fue Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, de donde se extrajeron 530,544 kilogramos; de la mina de Guadalupe Victoria, Durango, 512,275 kilos; de Topia, Durnago, 427,501; de Chalchihuites, Zacatecas 326,304; de Cananea, Sonora, 262,107; y de San José del Progreso, Oaxaca, 226,219. De Totolápam se tomaron 57,174 kilos de plata y el 3.63% del zinc que se extrajo en México durante 2018, convirtiéndose en la décima mina más importante del país respecto a este mineral. También es la tercera mina de la que mayor cantidad de plomo se extrajo, con 9,317 kilos, cantidad solo superada por la que se consiguió en Fresnillo, Zacatecas, 48,108 kilos; y Mazapil, Zacatecas, 52,846.

 

EXTRACCIÓN DIVERSA

 

Aunque la extracción de oro en Oaxaca está alejada aún de la de los principales estados productores como Sonora, que es el primer lugar con 53 mil 964 kilogramos; Chihuahua, con 23,973 kilos; y Guerrero, 22,643 kilogramos, los 2,559 kilos de este metal que se extrajeron en la entidad en 2018 la posicionaron como la sexta más importante a nivel nacional. Esta cantidad implicó un valor de producción de 2,010 millones de pesos.

Y hay muchos otros materiales que generan millones de pesos en el subsuelo del estado: la extracción de cobre significó un valor de producción en 2018 de 258.8 millones de pesos; la de azufre, 3.2 millones de pesos; la de piedra caliza, 691.3 millones; la de vermiculita, 886.6 mil pesos.

Hasta la sal produce millones en el estado. En 2018, el valor de la extracción fue de un millón 130 mil pesos; ínfimo si se compara con Baja California Sur, que obtuvo 2,046 millones de pesos por este producto. El principal centro productor de sal de Oaxaca es Salina Cruz, de donde se obtuvieron 2,674 toneladas el año pasado.

Oaxaca es además el cuarto estado del que mayor cantidad de plomo se extrajo en 2018, con 9,317 toneladas; el primer lugar lo ocupa Zacatecas con 131 mil toneladas.

La entidad es la quinta de la que mayor cantidad de zinc se extrajo el año pasado, con 24 mil toneladas, el 3.62% del total nacional, que generaron un valor de mil 371 millones de pesos.

Incluso respecto a materiales con menor presencia en el mercado, Oaxaca está presente en la extracción nacional. De Andesita, una roca volcánica, se extrajeron 155 mil toneladas en 2018, cuyo valor de producción fue de 32 millones de pesos. La producción de arcillas generó 23.5 millones de pesos; la de arena, 266.5 millones de pesos; la de grava, 303.4 millones; la de yeso, 15.7 millones de pesos;

La producción de mica, el material utilizado para fabricación de lentes, que solo se generó en Oaxaca en 2018, produjo un valor de 797.8 millones de pesos.

Oaxaca cuenta también con uno de los 51 principales centros de extracción de mármol, Magdalena Tequisistlán.

La extracción de metales de Oaxaca ha pasado de 398 toneladas en 2014 a 287 en 2015; 2 mil 49 en 2016; mil 52 en 2017.

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