Considerada como uno de los proyectos de muerte que confronta a los pueblos y atenta contra el medio ambiente, la actividad minera abarca ya una parte importante del territorio oaxaqueño; empresas nacionales y extranjeras del ramo tienen permiso para explotar oro, plata, cobre zinc y antimonio en 150 mil hectáreas, en los distritos de Ejutla de Crespo, Ocotlán de Morelos, Zimatlán y Miahuatlán de Porfirio Díaz, una extensión donde cabría 10 veces la ciudad de Oaxaca. Lo anterior, sin importar la afectación de bosques, sembradíos de cultivo, ríos e incluso núcleos poblacionales
David Méndez
Quinto lugar nacional en producción de plata, octavo en oro y con la reserva de fierro más grande de América Latina, Oaxaca guarda en sus entrañas una riqueza mineral mayor a la de países centroamericanos y sudamericanos como Costa Rica, Honduras, Uruguay y Paraguay.
En ocho años y únicamente con tres proyectos mineros funcionando en su territorio –San José, Alta Gracia y El Águila— la producción estatal de oro y plata creció 62 veces, al pasar de 4.7 toneladas, en 2010, a 291.4, en 2017, periodo en el que los ingresos generados por ese sector se multiplicaron 20 veces: de 247 millones 585 mil pesos a más de 4 mil 800 millones, según informes de la Secretaría de Economía federal y la Cámara Minera de México (Camimex) consultados por Real Politik.
Estos números, según la propia Camimex, convierten a la entidad en un estado altamente atractivo para la industria, incluso con el potencial de colocarse como un referente a nivel nacional, sitios que hoy ocupan Zacatecas, Sonora y Chihuahua.
Aquella organización, que agrupa a representantes de los monopolios internacionales y a los grandes empresarios mexicanos del ramo, como Germán Larrea Mota y Alberto Baillères González, dos de los tres hombres más ricos de país, no habla por hablar, pues el Servicio Geológico Mexicano (SGM) ubica a Oaxaca, junto con Chiapas, Guerrero y Michoacán, dentro de un corredor geológico con altas probabilidades de albergar bastas cantidades de metales básicos y preciosos (oro-plata y cobre).
“En su accidentada orografía, convergen dos grandes cadenas montañosas y al formar una tercera, (Oaxaca) promete guardar en sus entrañas litológicas depósitos de minerales de interés y rendimiento económico”, detalla el SGM en la entrega 2016 del Panorama Minero del Estado de Oaxaca.
“Actualmente, la entidad no ha sido explotada fuera de los distritos mineros y zonas mineralizadas conocidas, existiendo aún áreas con reservas y leyes prometedoras sin cuantificar como cobre, plata, oro, zinc, antimonio y de minerales no metálicos como micas, zeolitas, mármol, travertino y granito”, indica el documento.
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Desde 2010, las empresas Fortuna Silver (Canadá) que opera la mina San José, en San José del Progreso, Ocotlán, y Gold Resource Corporation (Estados Unidos) dueña de los proyectos El Águila y Alta Gracia, en San José de Gracia, Totolápam, se han repartido el 99 por ciento de la riqueza generada en Oaxaca por la explotación de oro y plata y que, de acuerdo con reportes oficiales de la Comimex, ascendió a 14 mil 300 millones de pesos entre 2011 y 2015; ello, sin considerar las estimaciones por 8 mil 414 millones de pesos derivadas de las ventas de 2016 y 2017.
Ambas cifras, suman un total de 22 mil 714 millones de pesos, sin contar la extracción de plomo, zinc, cobre y hierro que también les ha sido concesionada y que ha generado –de acuerdo con la documentación—otros mil millones de pesos.
“Especialistas, gobierno y capital privado coinciden en que el potencial minero del estado se puede perfilar como uno de los más importantes del país, pues su riqueza minera ofrece una gran variedad de depósitos metálicos y no metálicos”, sentencia la Camimex.
No es todo: Fortuna Silver y Gold Resource han obtenido, en menos de 10 años, la autorización del gobierno federal para ampliar sus concesiones hasta abarcar un territorio de 90 mil hectáreas, en el caso de la primera, y de 70 mil, en el caso de la empresa estadounidense.
En total, según la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), las autoridades mexicanas han entregado permisos a ambas compañías para instalar minas en 150 mil hectáreas de territorio oaxaqueño, sin importar los recursos que se ubiquen a su paso: bosques, sembradíos de cultivo, ríos e incluso, núcleos poblacionales.
El área de influencia autorizada para Fortuna Silver abarca los distritos de Ejutla de Crespo, Ocotlán de Morelos, Zimatlán y Miahuatlán de Porfirio Díaz, “una extensión en la que cabría 10 veces la ciudad de Oaxaca”, ejemplificó el activista de Educa, Neftalí Reyes Méndez.
En el caso de Gold Resource, la superficie comprende todo el distrito de Tlacolula de Matamoros, apuntó, en entrevista.
Actualmente, resaltó Reyes, ambas empresas aprovechan menos del uno por ciento del territorio que les ha sido conferido y que, aun así, se ha traducido en ocho años de ganancias millonarias.
Advierten un saqueo descomunal
“Es el comienzo”, soltó el director de Servicios Educativos, Marco Leyva, tras resaltar que los trabajos de explotación de metales preciosos e industriales que se realizan en la entidad, corresponden únicamente a dos de las 322 concesiones que la Secretaría de Economía federal ha entregado a diversas firmas extranjeras y mexicanas.
El objetivo de la administración federal, apuntó, es que se realicen actividades mineras en al menos 700 mil hectáreas de Oaxaca, que equivalen al 7.2 por ciento de su superficie (9.4 millones de hectáreas).
Otros vaticinios afirman que la cantidad de hectáreas concesionadas podrían llegar y rebasar un millón durante el próximo sexenio, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció en favor de las actividades extractivas.
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Una “fiebre” por la minería en Oaxaca, como lo pretenden las autoridades, podrá enriquecer a la iniciativa privada, pero se convertirá en una sentencia de muerte para los pueblos indígenas, sostuvo la activista Rosalinda Dionisio Sánchez, integrante de la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) en San José del Progreso.
Sánchez, una de las principales opositoras al funcionamiento de la mina San José y sobreviviente a un atentado de muerte en 2012, sentenció que, a cambio de fortuna económica para las empresas, la minería ha dejado una estela de saqueo, destrucción ecológica, violencia y muerte en su pueblo.
En 2010, el año en que Fortuna Silver arrancó su producción, el 90 por ciento de la población de San José del Progreso vivía en pobreza, según informes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Cinco años después, en 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que el número de pobres había crecido de 5 mil 909 a 6 mil 2 mil 216; 307 más que en 2010.
Es decir, los 14 mil 300 millones de pesos que entre 2011 y 2015 generaron Fortuna Silver y Gold Resource por la extracción de plata y oro, no se tradujeron en la disminución de las condiciones de rezago que imperan en San José del Progreso.
En el caso de San Pedro Totolápam, cabecera municipal de San José de Gracia, la cantidad de habitantes en situación de pobreza pasó de mil 984, en 2010, a mil 272, en 2015; 712 ciudadanos menos, de acuerdo con el Coneval.
No obstante, a cambio de lo anterior, de acuerdo con la Organización no Gubernamental (ONG) Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO), Totolápam ha tenido que padecer la destrucción de 20 de las 50 hectáreas de cultivo de limón que poseía y la contaminación del río Tehuantepec, su principal afluente abastecedor.
El Congreso del Estado se sumó a tales aseveraciones e indicó que si, además, se consideraban terrenos de papaya, pepino, maíz, frijol y miltomate, ubicados en los alrededores de la mina El Águila, el daño llegaba a 300 hectáreas.
Saqueo y destrucción
Ambos pueblos han sido llevados a un fratricidio, continuó Sánchez, pues las empresas se valen de la segregación social para disminuir las acciones de resistencia en su contra.
En San José del Progreso, dijo, existen dos autoridades: la constitucional, que es reconocida por el Gobierno y que está a favor de la mina, y la autónoma, que lleva prácticamente una década en lucha por la defensa de su territorio.
Durante las protestas y acciones de rebeldía efectuadas por la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, fueron asesinados a tiros dos de sus dirigentes y fundadores.
El 18 de enero de 2012, el entonces edil, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor, Gabriel Pérez Ruiz, fueron acusados de disparar con armas de alto poder en contra del líder de la Copuvo, Bernardo Méndez Vásquez, y otros simpatizantes que lo acompañaban en una protesta.
A causa de la agresión, Méndez murió, al tiempo que resultó herida una mujer identificada como Abigaíl Vásquez Sánchez.
Dos meses después, el 18 de marzo, otro grupo armado atacó con pistolas nueve milímetros a Bernardo Vásquez Sánchez, otra de las cabezas de la resistencia, quien iba acompañado por su hermano, Andrés Vásquez Sánchez, quien fue herido de bala en un brazo, y la propia Rosalinda Dionisio, quien recibió tres tiros: dos en la pierna y uno en el hombro. Bernardo Vásquez pereció a causa de dos disparos en el pecho.
–¿Hay riesgo de que resurja la violencia?, consultó Real Politik.
–La Coordinadora ha tratado de no generar más violencia, de luchar por el camino de la conciencia, pero, lamentablemente, estás en contra de grupos paramilitares; ellos no se van a tocar el corazón.
–¿Continúan las amenazas contra ustedes?
–Amenazas directas no, pero sigue habiendo hostigamiento a los compañeros.
La mujer estimó que durante los últimos 10 años, alrededor de 10 defensores de la tierra de San José del Progreso han muerto en condiciones “poco claras”, que podrían estar relacionadas con su activismo.
Se llevan todo
Por disposiciones federales, explicó, por su parte, Neftalí Reyes Méndez, de Educa, las empresas mineras que operan en el país pagan al fisco menos del uno por ciento del costo del producto extraído.
En el caso de Oaxaca el desglose es el siguiente. Por los más de 22 mil 714 millones de pesos que Fortuna Silver y Gold Resource produjeron entre 2011 y 2017 por la extracción de plata y oro, pagaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) unos 227 millones de pesos, lo que significa que se embolsaron 22 mil 480 millones de pesos.
Sin embargo, gracias a las disposiciones de la reforma energética, promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el PAN y PRI en el Congreso de la Unión, sobre el uno por ciento que pagan, las empresas mineras pueden reclamar la devolución del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
De acuerdo con las estimaciones de Educa, San José del Progreso y San Pedro Totolápam reciben anualmente entre 15 y 20 millones de pesos por permitir la exploración y explotación de su subsuelo, incluidos los daños de su ecosistema.
—Los proyectos generan mucha riqueza, pero las poblaciones continúan, en términos generales, con los mismos niveles de pobreza.
–Sí, actualmente están dejando solamente el uno por ciento de sus ganancias. El 99 por ciento se lo están llevando; está confirmado.
»Esto, en el mejor de los casos. Existen comunidades que no están recibiendo nada por los trabajos que las empresas están realizando. Hablamos de un modelo completamente injusto, donde los asesinatos, las agresiones, la contaminación se queda en la comunidad y las ganancias se las llevan.
–El uno por ciento, que entregan las mineras, ¿cómo se reparte?
–Entre el gobierno federal y el gobierno municipal, no sé en qué porcentaje, pero una parte va para el pago del derecho de la concesión, que son entre cinco y 111 pesos semestrales por hectárea y la otra cantidad va al municipio.
–A San José del Progreso le corresponden, entonces, según sus estimaciones, ¿15 millones de pesos?
–A cambio de entregar su territorio.
Y Murat promueve minería
A pesar de ello, en abril, en su pasada visita a la edición 2018 de la Feria de Hannover, Alemania, reconocida como la expo industrial más importante del mundo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ofreció a la entidad como uno de los mejores destinos de inversión para los rubros de minería, energía eólica y energía solar.
El mandatario también promovió los beneficios fiscales, como reducción e incluso exención del ISR, que les serán otorgados a las empresas que decidan instalarse en la zona económica especial de Salina Cruz.
Con el objetivo de “cautivar” a los inversionistas, el Gobierno de Oaxaca instaló un pabellón donde promovió las ventajas y el potencial que ofrece en el campo minero, ya que en sus entrañas se encuentra la reserva de fierro más grande de América Latina, además de su potencial en metales preciosos.
No habló el político de las muertes de activistas ni de las jornadas de resistencia que cientos de comunidades llevan a cabo en la actualidad.
Reviran pueblos de la Sierra Sur
La respuesta tardó en llegar tres meses, el pasado primero de agosto. Presidentes municipales de la región de la Sierra Sur esperaron a que el Gobernador acudiera a sus comunidades para exigirle la detención de los proyectos mineros que han proliferado en aquella zona del estado y que han puesto en riesgo el ecosistema.
Durante un evento encabezado por el mandatario estatal, los ediles de Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan hicieron uso de la palabra y pidieron la suspensión de los proyectos que actualmente se llevan a cabo y que fueron autorizados sin la anuencia de los pueblos.
El primer concejal de Teojomulco, Bonifacio Pérez Cruz, indicó que los gobiernos estatal y federal se han olvidado de impulsar programas para mejorar la producción del campo local.
A su vez, el presidente municipal de San Lorenzo Texmelucan, Lucas Gutiérrez Salinas, sostuvo que la preservación del agua es más trascendente que la generación de “luz y combustible”, por lo que llamó al titular del Poder Ejecutivo a promover proyectos de preservación ambiental y no de actividades extractivas.
Acompañados por otros ediles, Pérez y Gutiérrez recriminaron que diversas empresas extranjeras se han dedicado a contaminar la región y extraer sus riquezas sin que ello se haya traducido en beneficios para sus pobladores.
Durante el acto que encabezó Murat, realizado en las instalaciones del hospital de La Paz, los ciudadanos protestaron colocando pancartas en la entrada del nosocomio, al tiempo que sus autoridades hacían los pronunciamientos respectivos en contra de las mineras.
Ocho días después, el ocho de agosto, en la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizaciones civiles anunciaron la realización de un “juicio popular comunitario” en contra de las empresas mineras que cuentan con concesiones en la entidad y en contra del Estado mexicano por permitir el despojo del territorio de los pueblos por medio del otorgamiento de permisos para actividades extractivas.
En el acto, que se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre próximos en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña, se espera la participación de especialistas internacionales, así como jueces y peritos, quienes recopilarán todas las denuncias por actos ilícitos que sean presentados por pueblos y comunidades oaxaqueñas en los que se han asentado o pretenden hacerlo empresas mineras.
Posteriormente, los expertos emitirán sentencias en el sentido de las acciones que deberían implementar las autoridades y las empresas para resarcir los daños ocasionados al territorio y al ecosistema.
Las 322 concesiones para la explotación minera que han sido otorgadas en Oaxaca se distribuyen en las regiones de Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Sierra Norte, Cañada y Costa.
Las concesiones son entregadas por un plazo de 50 años con opción de renovar el contrato 50 años más.
