Rolando Osorio Robles, cuñado de la ex procuradora general de Justicia, Patricia Villanueva Abraján, tejió una red de corrupción a su paso por la dirección general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, que incluyó la presunta malversación de 800 millones de pesos, el cobro de sobornos y la manipulación de licitaciones para favorecer a amigos, así como la autoasignación de contratos; todo esto únicamente dentro del presupuesto que le fue otorgado a aquel organismo para reconstruir recintos culturales y religiosos devastados tras los terremotos de septiembre de 2017
David MÉNDEZ
Entre acusaciones de malversación de recursos, tráfico de influencias y manipulación de licitaciones, en medio de un escándalo por el retraso en la reconstrucción de los monumentos históricos que resultaron afectados tras los terremotos de septiembre de 2017, Rolando Osorio Robles renunció a la Dirección General del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC).
Osorio Robles fue obligado a renunciar en marzo pasado por presiones del gobierno federal, debido a que no pudo comprobar la ejecución de 800 millones de pesos que destinó la federación a Oaxaca para las tareas de reconstrucción de monumentos históricos dañados por los terremotos de hace dos años.
En una cadena de hechos que revelan, el amiguismo, nepotismo, la frivolidad y las omisiones con que se designan a los funcionarios públicos en el gobierno estatal, Rolando Osorio resultó ser cuñado de la exprocuradora general de Justicia, Patricia Villanueva Abraján, ésta, a su vez, hermana de la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), María Eugenia Villanueva Abraján.
Ahora desde el desempleo y en su calidad de ex funcionario, el ex titular del INPAC busca beneficiarse de un pacto de impunidad que lo exonere de cualquier procedimiento administrativo o judicial que lo pueda llevar a prisión.
Durante una investigación, fuentes al interior del INPAC revelaron a Real Politik que el fraude maquinado por Osorio Robles es uno de los mayores actos de corrupción de los que se tenga precedente en la función pública de Oaxaca, pues incluye la supuesta malversación de casi mil millones de pesos, el rezago en la licitación de obras, el cobro de sobornos, la manipulación de contratos para beneficiar a empresas “amigas” y la adjudicación de proyectos a constructoras fundadas por él mismo.
“Solo se han restaurado 30 edificios de un total de 585 y de éstas 30 obras ejecutadas, ninguna cuenta con expedientes completos”, comentó un funcionario de alto nivel, con acceso a información privilegiada, pero que pidió no ser identificado por cuestiones obvias.
De acuerdo con la indagatoria, Rolando Osorio Robles y Guillermo Zafra, su sobrino y mano derecha, crearon una red para beneficiarse de los dineros enviados por la Federación, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la reconstrucción de los monumentos históricos de la entidad.
“Crearon sus propias empresas para auto asignarse las obras de mayores montos, como es el caso de Arquitectura, Construcción y Supervisión de Obra (ACSO), para lo cual falsificaron documentos y plagiaron los expedientes de otras constructoras que sí tienen experiencia en la especialidad de restauración”.
El resto de las obras fueron asignadas en forma directa, sin realizar el proceso de licitación que marca le Ley de Obra Pública y “pidiendo por adelantado y en efectivo el 30 por ciento del monto total como soborno”.
Ante la problemática que impera en el INPAC, varias de las empresas que accedieron al pago ilegal de comisiones, permanecen en la “zozobra” y a la expectativa sobre las determinaciones del equipo del nuevo titular de la dependencia, Amando Bohórquez, al que, por su parte, le han sido demandados el comienzo de procesos de auditorías y la apertura de procedimientos sancionatorios.
La preocupación de los empresarios corruptos, radica en que los “moches” le fueron otorgados a Osorio, pero éste incumplió con la expedición de los contratos respectivos.
“La renuncia de Rolando Osorio fue presentada el día viernes uno de marzo; sin embargo, la entrega recepción se llevó a cabo un mes después (en abril)”, expone una fuente.
Durante el tiempo que la Dirección permaneció hipotéticamente acéfala, Osorio y su sobrino Guillermo Zafra siguieron asignando obras en forma directa, con el objetivo de continuar con el cobro de las comisiones que habían impuesto.
“Entregaron un INPAC, devastado, saqueado, con graves irregularidades legales y con un atraso de un año en la aplicación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden)”, reitera.
Las obras licitadas deberían llevar un avance mínimo del 80 por ciento; sin embargo, registran actividades que se comparan únicamente con el dos por ciento, lo que incluso, podría dar pie a un subejercicio presupuestal que obligue a la entidad a regresar los recursos ante la Federación.
“La pregunta es si ante tantas y tan evidentes irregularidades y hechos de corrupción, ¿la Secretaría de la Contraloría se va a quedar callada y con los brazos cruzados o va a investigar y a fincar responsabilidades a estos personajes?”, cuestiona personal del INPAC.
“¿Van a aplicar la ley o van a pesar más las influencias familiares y los compadrazgos?, reta.
Según la denuncia, Rolando Osorio se jacta de su cercanía con funcionarios de alto nivel del gobierno del estado e incluso, ha aseverado que su labor fue sólo “operar” las determinaciones de un grupo de funcionarios encumbrados en puntos de mayor nivel que el de él.
¿Quién es?
Rolando Osorio llegó al INPAC al comienzo de la actual administración estatal, llevando como director de Planeación a su sobrino Guillermo Zafra Pinacho, personaje con antecedentes negativos en la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, donde se han detenido los procesos de responsabilidad gracias a los oficios de su tío (Rolando Osorio).
Los señalamientos aseguran que la primera acción de Osorio en el INPAC fue correr al personal con experiencia en Patrimonio Edificado y Restauración, y colocó a personal de su confianza, incluso a su medio hermano como jefe de Recursos Humanos.
Posteriormente, “cuando Osorio y su sobrino empezaron con sus malos manejos, inflando presupuestos, creando empresas fantasmas, asignando contratos sin la debida licitación y cobrando mochadas por adelantado”, quisieron obligar a su personal de confianza para que firmara como responsables de los proyectos, lo que provocó la renuncia de la mayoría de los empleados, durante 2017.
Tanto Osorio como su sobrino resultaron beneficiados con el terremoto de octubre de ese año, que dejó miles de damnificados y casas destruidas y cientos de edificios culturales devastados.
En cumplimiento a la normativa, el INAH efectuó la gestión de recursos correspondientes, con el objetivo de que esta entidad contara con la bolsa económica necesaria para llevar a cabo la remodelación y rehabilitación de espacios.
La entidad federal obtuvo la aprobación de 800 millones de pesos; sin embargo, debido a que la institución únicamente tiene facultades normativas y no de ejecución de obra, la mayor parte de los dineros fueron entregados al INPAC, que entonces encabezaba Rolando Osorio, como Director General y que frenó la distribución de los recursos.
Antecedentes
Una investigación publicada por Real Politik la semana pasada, reveló que, a nivel nacional, Oaxaca se mantiene como el estado con el más grave rezago en cuanto atención a monumentos históricos catalogados por el INAH, con el 82.8 por ciento de los inmuebles sin un proyecto para su reparación, restauración o mejoramiento.
Firmado por Alonso Pérez Avendaño, el reportaje establece que pese a los millonarios recursos anunciados para la reparación de inmuebles catalogados, de entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, los avances para estos sitios “son igual a cero”.
“Entre los templos cuya reparación tras las afectaciones de los sismos aún no ha iniciado se encuentra al menos una decena de joyas arquitectónicas de la capital y de las ocho regiones que los turistas que llegaron a Oaxaca en Semana Santa encontraron cerrados”.
Los reportes oficiales señalan que 325 templos construidos entre los siglos 16 y 19 fueron dañados en la entidad. Iglesias como la del Patrocinio y La Merced, que ya presentaban graves daños aun antes de los sismos, se encuentran en la lista de templos que no han sido atendidos.
Se encuentran en esta lista otros templos de Oaxaca de Juárez, entre ellos el de San Agustín, el de San Francisco, las Nieves, la Catedral Metropolitana, el de Santo Domingo de Guzmán, el de Santa María del Marquesado, la Parroquia de San Juan Bautista Chapultepec, el de San Cosme y San Damián y el templo de la Defensa.
También están los conventos de San Felipe Neri, de la Compañía, las parroquias de la Consolación, el templo de San Juan de Dios, el de Jalatlaco, los Siete Príncipes, el santuario de la Soledad, el templo de San Felipe Apóstol, el ex convento de Guadalupe, el convento de San José. Otro de los inmuebles dañados en los que las obras no han comenzado a más de 20 meses de los sismos de septiembre de 2017 es el del panteón general San Miguel.
La Conferencia del Episcopado Mexicano reportó tras los sismos de 2017, mil 850 templos católicos afectados, de los cuales mil 603 se encuentran catalogados. En 26 de las 95 diócesis del país se reportaron daños, abarcando a 11 estados: Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México.
Exigen renuncia
La suerte del exdirector de INPAC cambió con la llegada del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en diciembre pasado.
Si bien la nueva administración federal ratificó al frente del INAH al antropólogo Diego Prieto, la situación que guarda el estado de Oaxaca en materia de reconstrucción obligó a aquella entidad a pedir informes al gobierno estatal, que encabeza el priista Alejandro Murat.
Recibida la primera información, desde la Federación comenzaron a haber presiones para que se llevará una reestructuración al interior del Instituto de Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y, de ser necesario, la apertura de investigaciones, ante la nula cobertura de los trabajos de rehabilitación de las zonas afectadas.
Ello devino, de acuerdo con las aseveraciones, en la exigencia de la renuncia del anterior titular, que, finalmente, se dio en medio de un entorno de sigilo, que, no obstante, fue roto por la publicación de Real Politik y que provocó la reacción de diversos sectores al interior del INPAC.
