Consolidado como uno de los 10 congresos más caros del país, los 42 integrantes del Poder Legislativo de Oaxaca dejarán sus puestos, el próximo 13 de noviembre, con más de 754 iniciativas pendientes de resolver y sin transparentar el uso de mil 700 millones de pesos con que dispusieron a lo largo de tres años. Según datos del propio Congreso, los diputados aprobaron alrededor de 217 de 971 iniciativas que fueron promovidas entre diciembre de 2013 y agosto de 2016, lo que se traduce en una efectividad de 22.3 por ciento y en que el Pleno Cameral cobró 7 millones 834 mil 101 pesos por cada proyecto votado a favor
Marcada por escándalos de corrupción, traiciones políticas e ineficiencia legislativa –ya sea por su poca productividad o por aprobar normas anticonstitucionales que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados de Oaxaca concluirá su tercer y último año de gestión el próximo 13 de noviembre.
Consolidado como uno de los 10 congresos más caros del país, los 42 integrantes del Poder Legislativo abandonarán sus puestos con más de 754 iniciativas pendientes de resolver y sin transparentar el uso de mil 700 millones de pesos con que dispusieron a lo largo de su administración.
En tres años, según informes divulgados en la página web del Congreso, los legisladores aprobaron alrededor de 217 de 971 iniciativas que fueron promovidas entre diciembre de 2013 y agosto de 2016, lo que se traduce en que el Pleno Cameral cobró 7 millones 834 mil 101 pesos por cada proyecto votado a favor.
El alto presupuesto erogado en el Poder Legislativo, sin embargo, no se tradujo en eficiencia jurídica, pues la falta de sustento legal y apego a los derechos humanos de los proyectos avalados derivó en que al menos cuatro de sus ordenamientos –vinculados con leyes electorales y de protección a los derechos con personas con discapacidad– fueran rechazados por la SCJN y vetados por el Poder Ejecutivo estatal.
Otra de sus determinaciones, relacionada con modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para establecer en cinco el número mínimo de diputados de un mismo partido para conformar una bancada, ha sido impugnada y en el transcurso de esta semana el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) podría emitir una resolución al respecto.
Escándalos e ineficiencia
En un hecho sin precedente, el 5 de octubre de 2015, en la víspera del comienzo del proceso electoral 2016, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidó por unanimidad la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, que, en teoría, debía regir el periodo comicial.
El máximo tribunal del país resolvió que la norma estaba plagada de vicios e irregularidades y atentaba contra la Constitución Mexicana.
Esa ley había sido aprobada el nueve de julio de 2015, tras una polémica reunión en la se suscitaron enfrentamientos violentos entre grupos de choque patrocinados por el PRI, y que redundó en que la votación se hiciera a puerta cerrada, con la participación de 23 de los 42 integrantes de la legislatura, ninguno priista.
Sesgos en beneficio del PRI
Una semana antes, los mismos diputados que protagonizaron aquel zafarrancho, se habían puesto “de acuerdo” y con 39 votos del PRI, PRD y PAN, aprobaron modificaciones constitucionales para reducir de cinco a tres años la residencia mínima en la entidad con que debía cumplir cualquier aspirante al gobierno de Oaxaca.
Los funcionarios que votaron en contra de la propuesta, argumentaron que la modificación tuvo el objeto de facilitar el registro del exdirector del Infonavit, Alejandro Murat; la exsubprocuradora de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio; el director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Leyva, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, como precandidatos del tricolor.
No obstante, tal y como sucedió con la Ley de Procedimientos Electorales, el Pleno de la SCJN resolvió la invalidez de las reformas, bajo el argumento de que ese tema no era competencia de los legisladores locales sino del Congreso de la Unión.
Una tras otra
El 19 de junio de 2015 y por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de la ley que regulaba los sistemas electorales indígenas para el estado de Oaxaca, al resolver que el Congreso del Estado no consultó a las comunidades y pueblos originarios para la creación de aquel precepto.
“Cualquier legislación que pudiera afectar de manera directa los derechos de los pueblos indígenas tienen que dársele la participación necesaria antes de ser expedidas y que entren en vigor”, sostuvo el ministro Jorge Mario Pardo.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos, 83/2015 y sus acumuladas 86/2015 y 91/2015, el Pleno consideró que esa ley era incompatible con el artículo dos de la Constitución.
PAN y PRD «cobijan» a Murat
El pasado 29 de julio, con 37 votos a favor y dos en contra, la LXII Legislatura aprobó reformar el artículo 71 de la Constitución estatal para permitir que el gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, pueda designar administradores y consejos municipales en localidades con conflictos poselectorales.
Esta acción fue catalogada como «entreguista» por parte de los comités directivos estatales de Acción Nacional y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el último, actualmente sin representación en el Congreso.
Ambos institutos acusaron que, con ello, el PRI, a través del Gobernador, podrá quitar autoridades o manipular procesos electivos en las municipalidades que le convenga, ya sea por los recursos en disputa o porque la comunidad sea estratégica o políticamente trascendente.
Hasta este año, esta responsabilidad recaía en el Poder Legislativo.
PRD da estocada a su «aliado»
A propuesta del diputado plurinominal del PRD, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, quien fue vocero del de la alianza PAN-PRD, que a su vez postuló como candidato al gobierno de Oaxaca a José Antonio Estefan Garfias, el Pleno Cameral aprobó, el mismo 29 de julio, modificar la Ley Orgánica del Congreso del Estado para subir de dos a cinco el número mínimo de diputados de un mismo partido requeridos para conformar una fracción parlamentaria.
Con lo anterior, el PRD dejó sin posibilidad de integrar una bancada al Partido del Trabajo (PT), que cuenta con tres diputados electos, así como al Verde Ecologista y al Partido Unidas Popular, que tienen uno cada uno.
Esta modificación, que entrará en vigor a partir del 15 de noviembre de 2016, también afectará a Acción Nacional, pues aunque de manera nominal este instituto cuenta con cinco diputados en la 63 Legislatura, uno de esos puestos lo cedió durante el proceso electoral al exlíder estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano.
Éste, a su vez, ha manifestado su intención de renunciar al grupo del PAN, que le prestó el registro, e incorporase al del PRD, una vez que tome posesión del cargo, el próximo 15 de noviembre.
Esta medida fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y la sentencia podría ser dada a conocer esta semana.
Ceden control presupuestal
En julio pasado, la LXII Legislatura local también facultó al gobernador electo para que pueda disminuir, si así lo considera, el presupuesto anual que recibe la Cámara de Diputados.
A petición del PRI, los legisladores decidieron reformar el artículo 31 de la Constitución para que el Ejecutivo tenga la facultad de reducir el erario del Poder Legislativo.
Esta determinación se suscitó dos años y medio después de que la misma Cámara de Diputados reformó el mismo precepto para establecer que “de ninguna manera” el presupuesto del Congreso podría ser inferior a la del año anterior.
Lo anterior, se suscitó luego de que el actual gobernador, el aliancista Gabino Cué, propuso entregar un presupuesto de 136 millones de pesos.
Así, en 2014, la Cámara de Diputados dispuso de 329 millones 990 mil 255 pesos, al tiempo que en 2015 y 2016, de 605 millones de pesos.
Líder del PRI «vende» candidaturas
En pleno proceso electoral 2016, el líder de la fracción parlamentaria del PRI y presidente estatal de aquel instituto político, Alejandro Avilés, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de vender candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales en uno y tres millones de pesos.
Según la querella interpuesta por un grupo de militantes priistas, Avilés promovía a los aspirantes de acuerdo con la cantidad de dinero que entregaban y no con base en sus logros y trayectoria política.
La denuncia no trascendió.
Fracción del PRD destituyó a tres líderes
Entre acusaciones de corrupción, malversación de al menos 600 millones de pesos y traición, tres de los cuatro coordinadores parlamentarios que tuvo el PRD durante la 62 Legislatura fueron desconocidos y sustituidos por sus propios compañeros de bancada.
En 2014, Anselmo Ortiz García, el primero de los líderes de ese instituto, hoy fallecido, fue acusado por cuatro de sus correligionarios, encabezados por Jaime Bolaños Cacho, de no entregar las ministraciones mensuales que lcorrespondían a los integrantes del grupo parlamentario.
Según la denuncia del exvocero de la alianza PAN-PRD en el proceso electoral, Ortiz desvió los recursos mensuales que tenían que ser otorgados como «apoyo» a los diputados de aquel grupo político.
Ese mismo año, el líder del sol azteca fue sustituido por Félix Antonio Serrano, quien, meses después, en 2015, fue acusado de provocar una parálisis legislativa por su falta de capacidad para lograr consensos al desempeñarse como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Asimismo, durante las campañas del proceso electoral intermedio de 2015, el legislador se reveló a su dirigencia por la designación del expriista José Antonio Estafan Garfias como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el distrito de Santo Domingo Tehuantepec.
Serrano se negó a apoyar a Garfias e hizo proselitismo en favor del aspirante del Partido Encuentro Social (PES), lo que le costó que fuera acusado de traición y destituido como líder parlamentario.
Posteriormente, fue designado Jesús López Rodríguez como coordinador perredista, quien a la postre, fue señalado, al igual que Ortiz y Serrano, de haber cometido múltiples desvíos de recurso y no comprobar el buen uso de los más de 605 millones de pesos que ejerció el Congreso durante 2015.
Al comienzo del tercer año legislativo, la entonces coordinadora del PAN, Natividad Díaz Jiménez, afirmó que como nueva titular de la Jucopo emprendería diversas auditorías a fin de determinar el monto de los recursos malversados, pues los adeudos con proveedores y trabajadores se habían agudizado a partir de la administración perredista.
En el proceso estatal electoral de 2016, Jesús López Rodríguez se inconforme con la designación de José Antonio Estefan Garfias como candidato a la gubernatura del estado, lo que le valió ser desconocido como líder y, en su lugar, fue nombrada Juanita Cruz Cruz. Semanas después, sin embargo, fue restituido en el cargo por el Tribunal Electoral.
PAN se divide y desconoce a líder
También acusada de cometer desvío de recursos, la líder del PAN en el Congreso fue desconocida por sus compañeros de fracción en agosto pasado y en su lugar nombrado el expresidente municipal de Salina Cruz, Gerardo García Henestroza.
Los legisladores afirmaron que Díaz Jiménez había hecho una mala administración del erario que había recibido como líder de la Jucopo; sin embargo, ésta respondió que los integrantes de la bancada le exigían fuertes sumas de dinero por sus participaciones en las asambleas y para lograr acuerdos con otras fuerzas políticas.
La destitución de Díaz Jiménez fue respaldada por los líderes del PRI y PRD.
En respuesta, las dirigencias nacional y estatal del PAN enviaron una carta a la sede del Poder Legislativo en la que manifestaban el reconocimiento de Natividad Díaz como coordinadora parlamentaria; no obstante, el Legislativo dejó sin efecto aquel oficio valiéndose de su autonomía.
Ante ello, el comité directivo estatal de Acción Nacional comenzó un proceso de expulsión en contra de los ocho diputados disidentes: Dulce Alejandra García Morlán, Leslie Jiménez Valencia, Remedios Sonia López Cruz, Alejandro Martínez Ramírez, Enrique Zárate Ortega, Sergio Bello, Víctor Cruz Vásquez y Gerardo García Henestroza.
La resolución aún no ha sido dada a conocer.
La más improductiva de la historia
De acuerdo con datos periodísticos, al cierre de su primer año de trabajo, en 2014, los 42 diputados locales únicamente aprobaron dos iniciativas de ley.
Una de las obligaciones que los diputados se negaron a acatar fue la adecuación de la Constitución local con la Reforma Educativa, lo que provocó que el gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, interpusiera una controversia constitucional contra los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales.
Únicamente con la presión de la SCJN sobre sí, ambas autoridades cumplieron con las nuevas disposiciones en materia de educación.
Ello, sin embargo, no se tradujo en un mayor activismo, pues los legisladores continuaron enviando a la congeladora diversos proyectos y la mayoría de los que fueron discutidos llevaban implícitos intereses políticos, la mayoría para fortalecer al PRI.
En 2015, tras las resoluciones de la SCJN en contra de leyes aprobadas por la Cámara de Diputados local, el nombramiento del actual Poder Legislativo como el peor de la historia, se consolidó.
