En México no pasaba nada mientras el mundo cimbraba por los fraudes de la empresa brasileña y aunque el ex director de Pemex es requerido por la Fiscalía General de la República por otro caso de corrupción, podría ser el primer mexicano enjuiciado por la red de sobornos que tejió Odebrecht
Daniela CHAO
La orden de captura contra Emilio Lozoya Austin, ahora amparado, alberga una esperanza de que el gobierno mexicano va a actuar, esta vez en serio, en contra de la corrupción. Aún cuando no está involucrado el caso en que lo acusan con el escándalo de Odebrecht, sería el destape de la cloaca.
El gobierno de Brasil inició en 2014 la Operación Lava Jato. Investigaba a empresas que podrían estar involucradas en casos de corrupción. Hace de ahí el caso Odebrecht, una investigación desde 2016 del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la constructora brasileña Odebrecht.
Tras revelar qué países estuvieron involucrados, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas, comenzaron las investigaciones internas. Un beneficio por 439 mdd.
Funcionarios y exfuncionarios públicos implicados empezaron a responder a la justicia de su país. Sólo en México no se decidían a actuar a pesar de que Odebrecht admitió en 2016 ante investigadores estadounidenses, brasileños y suizos, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. Se habló de la implicación de Emilio Lozoya Austin.
Habría comprado en 2012 una casa en el poniente de Ciudad de México con 3.5 millones de dólares ilícitos. Los recursos, según la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, habrían provenido de sobornos salidos de cuentas manejadas por Odebrecht y blanqueados a través de paraísos fiscales.
Sin embargo, a México no pareció afectarle. El gobierno del entonces presidente Peña Nieto se negó a presentar cargos.
Sin tener relación con el caso, el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lanzó su primer proceso judicial que apunta a la corrupción en Petróleos Mexicanos.
Presentaron cargos por soborno y fraude fiscal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. Lo acusan de recibir sobornos en relación con la compra de una planta de fertilizantes por parte de la compañía petrolera.
La planta no estaba funcionando cuando Pemex se la compró a Altos Hornos de México (Ahmsa), una importante empresa mexicana de acero, pagando 475 millones de dólares, una suma drásticamente inflada.
Los investigadores mexicanos se enfocan a una serie de transferencias de dinero asociadas con la compra, incluida una de 3,6 millones de dólares que Ahmsa envió a una empresa fantasma en Suiza a través de una subsidiaria de Odebrecht.
Un pago de 3,6 millones de dólares independiente de los 10,5 millones en sobornos que Odebrecht admitió haberle pagado a funcionarios mexicanos.
También lo acusan de realizar operaciones utilizando dinero de fuentes ilegales, dijo Nieto.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Finanzas de México anunció que había congelado sus cuentas bancarias, y el gobierno lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 10 años.
Al saber de la orden de aprehensión, buscó el amparo a través de su abogado. El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, admitió el trámite promovido y le concedió la suspensión provisional; por el momento, no será detenido.
Javier Coello, el abogado de Lozoya, asegura que su cliente es “un chivo expiatorio”, sugirió buscar al exmandatario del país. “Yo citaría hasta al presidente Peña Nieto… no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente… muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el señor presidente las ordenó”, dijo y remató: “Si buscan la verdad, la van a encontrar”.
Ahora queda la interrogante en la primera gran operación judicial del Gobierno de López Obrador respecto a sí la Fiscalía podrá defender con solidez en los tribunales las acusaciones.
