José Elías MORENO APIS/Excéslior
En enero, las autoridades informaron que los normalistas fueron asesinados y fueron incinerados.
Ahora, convinieron en reanudar la búsqueda. Sería un prodigio de la magia que, por virtud de un convenio gubernamental, se lograra su resucitación para rescatarlos con vida o, por lo menos, su reincorporación para recuperarlos con cuerpo.
Así lo escuché esta semana en el noticiario nocturno que conduce Pascal Beltrán del Río. Lo primero que pensé fue que lo de enero lo hubiera soñado y no vivido. Por eso, de inmediato regresé a las noticias de entonces y confirmé que no lo soñé. Es más, que el viernes 30 de ese mes dediqué este espacio a comentar el dramático anuncio.
Luego entonces, me obligué a hurgar en otro lado para un encuentro con la verdad. Mi realismo me dijo que el informe presentado en enero era preciso. Primero, que los normalistas fueron secuestrados y ya no pueden ser liberados. Segundo, que fueron asesinados y ya no pueden revivir.
Tercero, que fueron incinerados y ya no pueden ser vistos. Cuarto, que los responsables fueron identificados en su gran mayoría. Quinto, que fueron consignados. Sexto, que están presos. Séptimo, que la investigación ha concluido.
Me queda en claro que dicho informe y el reciente convenio no fueron de la misma autoría. La PGR fue quien informó en enero, por voz de su entonces titular, Jesús Murillo Karam. Y quien ahora se compromete es la Policía Federal, según dice un vocero con acento extranjero, que opera en México por mandato ajeno a la autoridad mexicana. Sin embargo, ninguna oficina del gobierno mexicano lo ha desmentido, lo cual imprime un presumible sello de veracidad a su vocería.
Esta pluralidad de actores, adicionada a esa contradicción de acciones, me deja la sensación de una fuerte descoordinación entre nuestros altos mandos gubernamentales o, que si están bien coordinados, están contradiciéndose.
Dos premisas contradictorias no pueden ser verdaderas ambas, aunque ambas pueden ser falsas. Y, entonces, llegamos a un dilema que no es grato. O, en este mayo, nos están “dando el avión”. O, en aquel enero, nos dieron “atole con el dedo”. Aquí es donde empiezo a sospechar que me engañaron.
Mi imaginación en ocasiones me traiciona. Quizá por eso me pregunto la razón por la que algunas instancias extranjeras, más algunas oficinas mexicanas y adicionando a los padres de las víctimas, se esfuerzan en mantener activa una incertidumbre que parece terca, estéril, ociosa, interesada y manipulada.
Repito que quizá sólo se deba a mi imaginación. Pero mi entelequia no se disparó sola sino, como dije al principio, a partir de dos noticias que, con 100 días de diferencia, dan la impresión de que la fiscalía investigadora hizo un mal trabajo o, de plano, que no lo hizo.
Que la policía se toma una atribución, para ella inconstitucional, de “seguir buscando”, sin tener para ello las debidas órdenes de su superior funcional, el Ministerio Público de la Federación. Y que un grupo interdisciplinario (sic), puede tomarse la libertad de descalificar a una y de aguijonear a la otra.
Queda en claro que todo este problema no lo creó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los asesinos no fueron sus policías ni sus soldados. Los autores o encubridores no fueron sus alcaldes ni sus gobernadores. Los omisos o remisos no fueron sus investigadores ni sus procuradores. El Presidente de la República tan sólo ha contribuido a la solución.
Pero lo afecta el muy explicable escepticismo de los padres, la presión de la opinión pública, bien sea la limpia o la sucia, los vasos comunicantes o hilos conductores de los protestantes y la calificación internacional ante un crimen cometido por autoridades que los extranjeros lo atribuyen al gobierno, sin distinguir federalidad o localidad.
Y es entonces cuando me preguntaba, y me sigo preguntando, ¿esta conducta es una verdadera protesta buscando algo que no es posible encontrar? ¿O es una deliberada provocación para lograr una reacción gubernamental en determinado sentido? ¿O, peor que lo anterior, es un astuto tanteo para medir la fortaleza o la debilidad de un gobierno y saber a qué atenerse en un plan futuro y desconocido para nosotros?
El caso Ayotzinapa corre el riesgo premonitorio de convertirse en una mácula, de esas injustas e imborrables que han marcado a algunos sexenios. Que pueda ser recordado, en el futuro, como un ejemplo de lo errático y lo fallido.
Que se involucró de más al gobierno federal, que se dilató innecesariamente, que no hubo coherencia entre la investigación y el diálogo, que se subió mucho la nota, que la comunicación no siempre fue clara, que el cabildeo no ha sido exitoso y que no se supo dar por terminado en el momento oportuno.
Pero, todo este cálculo del futuro es tan sólo producto de mi imaginación, ya no de mi ensueño ni de mi vivencia ni de mi engaño.
