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Liberalizar las drogas una controversia

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Oaxaca se ha mantenido en el top 10 de productores de mariguana y amapola  en el país desde hace por lo menos una década y ante la nueva política de Andrés Manuel López Obrador para liberalizar el uso de la mariguana y otras drogas, que de acuerdo con especialistas podría recrudecer la violencia por disputas entre bandas del narcotráfico, el Estado plantea diversas preguntas, la principal, ¿habrá otras alternativas para comunidades de alta marginación que han hecho de la producción de enervantes una fuente de ingresos importante?

 

Alonso Pérez Avendaño

 

Los nuevos caminos para enfrentar el narcotráfico en México están llenos de baches. Desde que el pasado 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República gobierna un país que vive una “guerra” desde hace por lo menos 12 años contra las bandas delictivas del crimen organizado, particularmente contra las vinculadas al tráfico de drogas.

El saldo de estos 12 años ha resultado trágico en materia de vidas humanas y violación a derechos humanos. Los números que deja el gobierno de Enrique Peña Nieto son alarmantes históricamente. Tan solo el primer trimestre de 2018 quedó registrado como el más violento. Para marzo pasado el sexenio del Partido Revolucionario Institucional sumó 104 mil 583 denuncias por homicidios, sobrepasando los 102 mil 859 que registró su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa.

Las muertes son una consecuencia de la “competencia de mercado”. La lucha entre cárteles por obtener plazas se da en un escenario en el que las que el narcotráfico obtiene ganancias por 600 mil millones de pesos al año. La cifra, presentada por el investigador José Luis Calva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el diagnóstico México 2018-2024. Nueva estrategia de desarrollo, es una advertencia para uno de los planes más controversiales del próximo gobierno en materia de seguridad pública: la legalización de la mariguana.

El pasado 14 de noviembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que en su punto cinco plantea “reformular el combate a las drogas”.

El documento resalta que la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público “es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible”. Y agrega: “la potestad del Estado para determinar qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos y cuáles no carece de justificación moral y atenta contra los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a su autodeterminación sin injerencia de las autoridades”.

El modelo prohibicionista, continúa el documento, criminaliza de manera inevitable a los consumidores, en la medida en que los empuja a la marginalidad social, los deja a merced de los vendedores, los impulsa a incorporarse al narcotráfico como sujetos activos y los condena al uso de sustancias carentes de todo control de producción y de calidad”.

El diagnóstico que elaboró el equipo del próximo gobierno apunta que los obstáculos que el Estado pone al tránsito de estupefacientes representan “diversas oportunidades para agregar valor a sus productos”, por lo que, desde la perspectiva de la reasignación de presupuesto, la futura administración ponderará destinar los recursos etiquetados al control de tránsito de estupefacientes a la atención de personas adictas.

“La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación”.

En el plan de seguridad no se presentan las estadísticas relativas al consumo de drogas que deberá atender el próximo gobierno. En la más reciente Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco correspondiente al periodo 2016-2017 se reportó un aumento en el consumo de estupefacientes de 47% entre 2010 y 2017. En las edades de 12 a 17 años el consumo aumentó 127% y en mujeres 222%. En suma 8.4 millones de habitantes –alrededor del 7.2% de la población- del país consumieron alguna droga en el periodo de realización de la encuesta. El documento apunta que 8.6% de los encuestados consumió mariguana, la droga con mayor índice de elección en el país.

 

Oaxaca, productivo en mariguana y amapola

 

Legalizar o no la mariguana es un tema prioritario para Oaxaca, que al menos se mantienen entre los estados que mayor producción genera en el país.

De acuerdo con el International Narcotics Control Strategic Report, elaborado por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs del Departamento de Estado estadounidense (2013) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las principales regiones de producción de marihuana se encuentran en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, y en menor medida en Sonora, Nayarit, Michoacán y Oaxaca.

Asimismo, de acuerdo con reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor producción de amapola.

Reportes de Sedena señalan que 99.8% de las 311 mil 712.9 hectáreas erradicadas de amapola entre el 2000 y mayo de 2017 se concentraron en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán y Guerrero concentraron 82.65% de las 324 mil 426.1 hectáreas erradicadas de marihuana entre el 2000 y mayo del 2017.

Entre 2007 y 2015, El mapa de cultivos de drogas en México, situó a Oaxaca como el séptimo estado en donde mayor cantidad de droga había sembrada en el país, con nueve mil 295 hectáreas, el 3.5% del total estimado en el país. Esta lista la encabezaba Guerrero, con el 27.9% de los sembradíos ilegales del país. Este mismo documento señalaba que Oaxaca es el quinto estado con mayor superficie sembrada de mariguana, con 5 mil 735 hectáreas, el 5% del total. Sinaloa concentra el 36%; Chihuahua, 19.5%; Durango, 16.4%; Michoacán, 8.1%.

En el estado, los municipios donde se siembran enervantes son algunas de las zonas de más alta marginación. En marzo de 2017, un operativo del Ejército fracasó al querer ingresar a la comunidad de San José Yosucani, Constancia del Rosario, donde mujeres indígenas, algunas de ellas monolingües hablantes de una lengua indígena. Incluso, sujetos armados dispararon contra un helicóptero de la Armada. De inmediato, autoridades castrenses acusaron que las comunidades marginadas se han convertido en la “base social” del crimen organizado. El municipio está catalogado como el 116 con mayor grado de marginación en el estado.

 

¿Solución?

 

¿La legalización de la mariguana ayudará a reducir esos índices? ¿Frenará el incremento del consumo de esta droga? El plan para la paz de López Obrador no lo menciona. ¿Está preparado México para asumir una política de liberalización de esta droga? Especialistas apuntan una respuesta negativa.

Para Leonardo Curzio, periodista e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), el primer punto que debe preocupar al revisar esta política pública es que México, a diferencia de España, no es un país acreditado para garantizar la correcta aplicación de la ley.

“Está por verse que logre el reconocimiento como país, no es tan fácil, debes tener la capacidad de reglamentar tu mercado y México no es capaz de reglamentar ni las placas de los camiones. Esto de decir ‘soy un país confiable’ como lo es España, como lo es Turquía, nosotros tenemos un problema de credibilidad en la gestión, decir ‘yo lo voy a legalizar, lo voy a controlar’ para que le digan ‘si no controlas ni los camiones de doble remolque, de qué hablas’, no es que se cuestione su derecho, sino la capacidad del gobierno mexicano de realmente controlarlo”.

-¿Es ésta una ruta para disminuir los índices de violencia?

-Yo no creo que vaya a disminuir nada, lo que va a hacer es limpiar y descongestionar las cárceles, que para mí es un acierto, de gente que ha estado metida ahí, yo creo que va a incrementar el consumo pero no va a reducir el índice de violencia porque entre otras cosas tienes el fenómeno de drogas asociadas y la renta criminal si la pierden en un ámbito la buscarán en otra. Finalmente tienes capacidades instaladas, tengo una duda enorme en este plan nacional de seguridad y paz sobre este tema.

 

Uruguay, la experiencia de avanzada

 

El problema del consumo de drogas, la rehabilitación de personas adictas y la disputa del control del territorio por parte del Estado a las bandas criminales a partir de estrategias de liberalización de las drogas fue atendido en Uruguay desde julio 2017, cuando entró en vigor una ley que autoriza el uso recreativo de esta droga.

Mientras los logros en términos de control sanitario y regulación de su comercio son resaltables, aquellos relativos a la disminución de las bandas del crimen organizado se encuentran en entredicho. Desde la entrada en vigor de la ley, los ciudadanos en Uruguay pueden adquirir en centros especializados 10 gramos de mariguana cada semana observando cómo en primera instancia los precios se han controlado. El gobierno pudo controlar desde el grado de thc -la sustancia psicoactiva del cannabis- que contiene la mariguana que provee hasta los componentes utilizados para su cultivo, favoreciendo los procesos orgánicos sobre los que involucraban pesticidas o agroquímicos.

La cantidad que tendría un valor de aproximadamente 100 dólares en el mercado ilegal redujo su precio a 25 dólares. En una entrevista con el diario El País, el sociólogo Sebastián Aguiar, coordinador del proyecto Monitor Cannabis, apuntó que el gobierno uruguayo podría haber alcanzado hasta el 50% de la demanda de cannabis al mercado negro. Los cálculos y las estimaciones son variables. Marcos Baudean, investigador de la Universidad privada ORT, ha publicado un estudio en el que calcula que el mercado de la droga en Uruguay alcanza los 40 millones de dólares por año, de los cuales solo 10 habrían sido recuperados por el Estado.

Y ¿respecto a la disminución de la violencia y la operación de las bandas criminales? Aunque las cifras aún no están desagregadas, lo cierto es que Uruguay vive un 2018 “ultraviolento” como lo ha calificado el mismo Ministro del Interior. Datos extraoficiales apuntan que el número de homicidios reportados en el primer semestre de este año superan en más de 100 por ciento los correspondientes al mismo periodo de 2017 al pasar de 131 a 215.

Aunque aún está por clarificarse qué tanto las disputas entre bandas criminales, con un territorio que ha disminuido la venta legal de mariguana, son un factor importante para este aumento de la violencia, para el escritor uruguayo Raúl Zibechi, la relación es innegable.

“La política de liberalización de las drogas regulariza la distribución pero no ataca las causas y los problemas del narcotráfico, los índices de violencia no han disminuido y el narco sigue operando”, asegura en entrevista.

 

Choque de la política y la economía

 

La aritmética de los números de la pobreza da para maquillar la realidad social. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en términos porcentuales en un periodo de 37 años (de 1980 a 2017) la pobreza ha disminuido, al pasar de 37.6% en 28.8%, no obstante en términos reales, el número de personas cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas ha aumentado.

En 1980 había 136 millones de pobres mientras que en 2017 la cifra pasó a 187 millones. Son personas que de acuerdo con la Comisión ven canceladas las oportunidades de desarrollo social, personas para las que la pobreza y la falta de oportunidades minan los territorios de América Latina, principalmente para el sector de entre 16 y 28 años de edad, que buscan en las alternativas que les restan un bienestar económico. ¿Cuáles son estas alternativas? Empleo informal, migración e integración de bandas criminales.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha reportado que durante la guerra contra el narcotráfico grupos criminales y la delincuencia organizada han reclutado al menos a 30 mil jóvenes, la mayoría en un rango de entre 14 y 17 años de edad.

¿Liberalizar las drogas sería una respuesta a la acción directa de las bandas criminales en el país? El Plan Nacional de Paz y Seguridad exhibe que de operar una mera regulación de las drogas, “esas organizaciones podrían fácilmente cambiar de giro delictivo y permanecer como un gravísimo desafío al Estado y a la seguridad de las poblaciones. De hecho, la diversificación de actividades desde el narcotráfico hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas es ya un fenómeno conocido en regiones como la costa del Golfo de México, la franja fronteriza y Michoacán y Guerrero”.

Con esa observación coincide el también historiador Leonardo Curzio, para quien el reto de pacificar al país mantiene pendiente la respuesta a cómo podría reinsertar a esa cantidad de jóvenes actualmente trabajando para bandas criminales.

“Me parece que este plan tiene como las señas de un pacto con los criminales, buscándolos convertir yo no sé si en sastres o en productores de aguacate. Este asunto se ha dado en muchos países y no ha dado muy buenos resultados, no veo por qué si soy gánster yo de pronto me quiera convertir porque la cuarta transformación me lo pide. Debe haber un pacto mucho más serio y creo que es muy riesgoso”.

El proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro que ejecutará el gobierno atenderá a jóvenes estudiantes y no estudiantes a través de 110 mil millones de pesos.

En el país, los porcentajes de deserción escolar son también elevados, alcanzando los 12.1 puntos en el nivel medio superior y 6.8 en el superior. La desocupación entre personas de 20 a 24 años es de 6.7% y de 4.5% para las de entre 25 y 29 años. De 15 millones de jóvenes ocupados, 8.9 millones se encuentran en el sector informal. La Organización Internacional del Trabajo reporta que el desempleo juvenil en Latinoamérica alcanza al 19.5% de la población, por lo que hay más de 10 millones de personas entre 15 y 24 años buscando trabajo. 40% de los desempleados en América Latina y el Caribe son jóvenes.

El programa incluye dos tipos de becas; la primera por 3 mil 600 pesos mensuales para 2 millones 300 mil jóvenes con una duración de un año; con la segunda 300 mil jóvenes en universidad recibirán 2 mil 400 pesos al mes.

Esas serán las herramientas de política pública que buscarán alejar a los jóvenes de las manos de la delincuencia organizada, que tan solo en su vertiente de tráfico de drogas implica ingresos que duplican los de la industria farmacéutica. Una investigación del diario El Universal revela que entre 2007 y 2016, en México fueron asesinados 45 mil jóvenes de 15 a 24 años.

Reportes de la ONG México Unidos contra la Delincuencia señalan que en México los jóvenes son los primeros destinatarios de la violencia y que solo en 2017 una de cada tres víctimas de homicidio tenía entre 15 y 29 años.

 

 

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