La nueva legislación violenta el principio de certeza jurídica al negar un procedimiento equitativo para acceder a las frecuencias de radio, transgrede los derechos de pueblos y comunidades indígenas y discrimina a los medios sociales al obligarlos a permanecer en las altas frecuencias, además de que les niega el acceso a recursos para su sostenibilidad económica, considera
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) capítulo México
Luis RAMÍREZ
La Ley Secundaria en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es discriminatoria y regresiva, viola preceptos constitucionales y representa un duro golpe a los pueblos indígenas del país, afirma el doctor Héctor Camero Haro, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
La legislación, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, representa un revés a la esperanza que había de aprovechar esa reforma constitucional para generar condiciones de democratización de los medios de comunicación, dice en entrevista vía telefónica el fundador de la radio Tierra y Libertad, que se transmite desde hace 13 años en Monterrey, Nuevo León.
Con la reforma, dice el médico Héctor Camero, se generó una expectativa de que las radios comunitarias iban a tener como sector social la posibilidad de ser partícipes en el desarrollo de la democracia, a través de un crecimiento de los medios tanto en número como en posibilidades de ampliar nuestros servicios a la población del campo y de la ciudad, pero no fue así.
Después de todo, afirma convencido, la democracia se concibe restringiendo a los monopolios para evitar que sigan apoderándose de los medios como lo han hecho durante 80 años, y dándole posibilidades reales del uso de la palabra al pueblo, a las comunidades rurales pobres, a las zonas urbanas que hasta ahora no han tenido la oportunidad de expresarse.
Lamenta que a las radios comunitarias se les haya reconocido como sector, pero en el acceso les siguen poniendo trabas, “nos siguen poniendo condiciones discriminatorias, ofensivas como ha ocurrido con las comunidades indígenas” que las ponen bajo la tutela de la Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Ley discriminatoria
Camero Haro se queja de que la nueva legislación pone a los medios sociales los mismos requisitos que a la radio comercial que tiene un financiamiento y cuyos recursos son superiores a los que disponen los medios que son propiedad de los colectivos comunitarios.
Por otro lado, agrega, si bien se echó abajo la pretensión de restringir a las radios comunitarias a una potencia de sólo 20 watts como límite, la ley las limita a las frecuencias más altas, las que tienen menor calidad en la audición, las que son técnicamente más difíciles de escucharse, sin ninguna justificación.
“Se supone que la ley concede derechos iguales pero a los señores que controlan la radio comercial se les otorgan decenas de miles de watts en cualquier parte del cuadrante y a nosotros por ser medios sociales nos dicen ustedes se van a la parte alta, lo cual es absolutamente discriminatorio”, sostiene.
Reprocha que la ley secundaria en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establezca sólo el 1 por ciento de la publicidad oficial para las radios comunitarias, lo que representa una burla y es absolutamente arbitrario, porque dejan a estos medios sin posibilidades de financiamiento.
Héctor Camero considera que esa medida representa un medio de control para las radios sociales que al sentirse asfixiadas no pueden ejercer una función crítica, que es una de sus funciones como medios que se deben al pueblo.
“A través del financiamiento público exclusivo nos dicen, es que si ustedes nos critican lo sentimos mucho pero hay problemas para otorgarles el apoyo de la publicidad”.
Otras de las sanciones que prevalecen en contra de las radios sociales son las sanciones que se han endurecido hasta llegar a sumar millonarias, para aquellas empresas que operen de manera irregular.
Cárcel a comunicadores
Explica que si transcurren los 90 días que marca la ley, a partir de que se hace la solicitud para la concesión, si no hay afirmativa ficta, lo que representa que la autoridad no resolvió en ese lapso, automáticamente debe aprobarse la petición. Muchos solicitantes se cansan de esperar y al no tener respuesta empiezan a operar sus estaciones de radio, pero ahora se les impondrán millones de pesos en multas.
Además, con la nueva ley, precisa, si alguna comunidad urgida de este servicio de comunicación pone en operación su radiodifusora, sin que exista el permiso correspondiente, existe la amenaza de que sean requisados los equipos, lo que contraviene el artículo 7º Constitucional.
Por ello, el representante de AMARC en México asegura que la ley recién aprobada es represiva porque no sólo amenaza con la requisa de los equipos de transmisión, sino incluso con la aplicación de la Ley de Vías Nacionales, para castigar con cárcel a los comunicadores comunitarios que no tengan autorización de transmitir, lo que va en contra de los ordenamientos internacionales.
Héctor Camero Haro es doctor y maestro normalista. A principios de los años 70 se planteó una disyuntiva fundamental: jugársela del lado de los más necesitados o desarrollar una carrera profesional para su progreso personal y familiar. Optó por lo primero y desde entonces está enfocado al servicio en favor de los demás.
-¿Esta ley aparte de discriminatoria es represiva?
-Sí, claro, porque en este último aspecto han aumentado las condiciones de represión sobre todos aquellos medios que no tienen la concesión legal.
-¿Esta nueva legislación cómo afectará a las comunidades indígenas y a la libertad de expresión?
-Las limita severamente, las afecta, en varias condiciones son incluso regresivas. Son aspectos regresivos como eso de que nos dejan sólo las frecuencias más altas y las sanciones. Hoy estamos en condiciones peor de las que estábamos antes de la ley.
Hay avances modelos en algunos aspectos, pero condicionados, como el hecho de que tengan que conseguirse las frecuencias a través de la Comisión de los Pueblos Indígenas. Es francamente ofensivo seguir considerando a los pueblos indígenas como menores de edad, cuando la Constitución les reconoce pleno derecho de adquirir, administrar y operar sus medios de comunicación.
-¿Considera que en esta ley hay el propósito de silenciar a las radios comunitarias del país?
-Sí, claro, porque nos relegan a las frecuencias altas, nos limitan la posibilidad de auto sostenimiento, nos dejan coberturas tan limitadas con bajas potencias. Nos amenazan con sanciones, qué quiere decir todo eso, que las posibilidades de que tengan voz las comunidades indígenas, rurales y urbanas están completamente limitadas con esa ley que acaban de aprobar y eso ha fortalecido los monopolios.
-¿Qué artículos viola la nueva legislación?
-El 6º y 7º Constitucionales porque se refieren a las condiciones de uso del derecho de libre expresión y de los derechos de información y comunicación sean iguales para toda la ciudadanía. Al ponernos este tipo de restricciones están violando esos artículos. Violan también el artículo 2º de la Constitución mexicana en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, con los que hay una enorme deuda histórica. Entonces eso que hacen es una tremenda traición a los pueblos indígenas, a los que no se ha cumplido con los derechos reconocidos por la Constitución. Es un golpe más que le dan a los pueblos indígenas.
-¿A cuántas radios comunitarias e indígenas del país golpea esta legislación?
-No tenemos un número registrado porque por ejemplo las radios permisionadasa través de AMARC somos 15, pero hay algunas otras radios muy limitadas que han conseguido sus permisos que no están con nosotros. Hay un número grande de radios comunitarias que estaban esperando esta oportunidad para poder conseguir sus permisos y que ahora contemplan con bastante decepción la situación a la que se van a enfrentar. No hay un registro debido a las condiciones de ilegalidad y temor en las que se encuentran este tipo de medios de comunicación.
-¿En el caso de Oaxaca cuántas radios comunitarias hay reconocidas?
-AMARC tiene seis radios afiliadas que cubren prácticamente todas las regiones del estado.
-¿Se justifica etiquetar el 1 por ciento de los recursos gubernamentales a través de la contratación de publicidad oficial con el argumento de que así se fortalecerá el carácter social de estas radios?
-Esa es una ofensa a la inteligencia del público ese argumento. Es propio de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión que no sólo respaldaba el 1 por ciento, sino hasta el límite de los 20 watts, porque así iban a protegernos de que no nos fuéramos a desviar de nuestros fines sociales. Es absurdo porque existen formas de regular el uso de los recursos.
Una radio que opera con 20 watts es para fines escolares, para estudiantes de preparatoria, de instituciones que quieren hacer pruebas para adiestrar a sus jóvenes, pero no es una potencia para los fines que exige la radio.
Los recursos que se necesitan son para la mejoría del servicio, para el mantenimiento de sus instalaciones, para la capacitación de su personal, para extender su servicio a la población y para funcionar con calidad profesional, porque ser una radio comunitaria no quiere decir que es un remedo o una caricatura de una radio comercial.
Los recursos nunca sobran, hay maneras estrictas,mecanismos de control oficial para asegurarse que esos ingresos están invirtiéndose en el propio servicio de la radio, en el mejoramiento de equipo, en capacitación. Como nos van a cuidar de que no tengamos tanto dinero y de que no vayamos a desvirtuar nuestra función social, si hay mecanismos exactos para decir que esos recursos se están invirtiendo.
Decir que nomás les vamos a dar esto y sin poner reglas claras de cómo se va a distribuir, nos dejan en el papel de prácticamente estar mendingando los recursos, la publicidad oficial. A ver cómo nos va a tocar y cómo se va a distribuir porque los señores no quieren que vayamos a desvirtuar nuestro servicio. Es un argumento ridículo que ofende la inteligencia del público.
-¿Ante estas reformas cuál es el futuro de las radios indígenas?
-Hasta ahora, a los pueblos indígenas lo han apaleado, los han intentado exterminar y sin embargo ahí están. Hoy todavía una población que no sólo sobrevive, sino que además se afirma en el reconocimiento de sus valores, de su importancia, de la importancia de sus culturas, de sus lenguas, de su tradición. Así que nosotros esperamos que esto pase también como una herramienta como es la de los medios comunitarios e indígenas. Estoy hablando de las comunidades indígenas, pero también de las comunidades urbanas pobres y comunidades rurales de que por más que nos quieran quitar la palabra, ni los pueblos indígenas ni las poblaciones en el campo y en la ciudad vamos a permitir que nos quiten este instrumento.
No estamos hablando de extranjeros, avecindados, que también son dignos de todo respeto, estamos hablando de ciudadanos con plenitud de derechosa los que se les pretende desconocer porque resulta que los bienes nacionales como es el sector radioeléctrico ha sido entregado a grupos privilegiados. Solamente se abre un nuevo ciclo de lucha para poder rescatar estos derechos que los señores diputados y senadores no han querido reconocer ahora.
-¿Analizarán alguna medida legal contra la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiocomunicación?
-Estamos analizando junto con otras organizaciones y personas interesadas en la defensa de sus derechos cuáles son las medidas más procedentes. Hay varias medidas, entre ellas se ha mencionado la declaración de inconstitucionalidad a través de algunos senadores y diputados que quieran respaldar lo que alguno de ellos hicieron de forma bastante diligente, y esto es digno de reconocerse. También podemos hacerlo a través de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos viendo qué medidas podemos tomar.
Desde luego lo principal es que nuestras comunidades estén informadas de este atropello que se ha cometido en contra de sus derechos, porque somos todavía pocas radios las que participamos, pero las comunidades a las que servimos pueden estar formadas por millones de mexicanos, a los que simplemente no se les ha informado que tienen derecho a disponer de esos bienes nacionales.
