EDITORIAL
El pueblo oaxaqueño en general, harto de los atropellos y abusos que se cometen a diario en los infames bloqueos carreteros o a vialidades citadinas, está en espera de poder validar con su apoyo, la propuesta que hace unos días hiciera el gobernador Alejandro Murat, de enviar al Congreso local una iniciativa de ley, respaldada por presidentes municipales, para sancionar a aquellos que transgrediendo la esencia de la libertad de manifestación, han hecho del bloqueo su modus vivendi. En dicha iniciativa se autorizaría eventualmente a la Policía Estatal a intervenir para desalojar y detener a quienes sigan incurriendo en este tipo de prácticas.
No tardó ni veinticuatro horas para que el magisterio disidente, denominado Cártel-22, respondiera con ese cinismo que caracteriza a sus dirigentes. Eloy López Hernández, a) El Ayotzinapo y Genaro Martínez Morales, a) El Pozolero Mayor, afirmaron que no permitirán que dicha ley camine. Y nosotros nos preguntamos: ¿y quiénes son los maestros para impedir que las y los legisladores aprueben o no una ley regulatoria de los bloqueos? Por el lado que quiera verse no hay impedimento legal para que el ejecutivo estatal instrumente los mecanismos necesarios para que “Oaxaca viva en paz”. La ciudadanía exige seguridad y paz social para poder realizar sus actividades y sobrevivir.
No obstante, como todo mundo sabe en Oaxaca, la farsa de “lucha social” se ha convertido en los últimos años en un negocio muy rentable y los bloqueos son los mecanismos idóneos del chantaje, que sirven para amacizar, amedrentar y extorsionar. Por ello, todo mundo recurre a este manido método. Cualquier hijo de vecino, comunero, trabajador, sindicato, transportista, etc., bloquea para conseguir sus propósitos personales o de grupo. Hay que recordar que en 2016, grupos radicales del Cártel-22, posteriormente a los acontecimientos de Asunción Nochixtlán, ensoberbecidos con el apoyo que les brindaba el entonces Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, mantuvieron al estado prácticamente en estado de sitio. Los mentores cerraron todas las carreteras durante cuatro meses, generando serios problemas en el abasto de alimentos y medicinas.
Pese a la gravedad del problema, el gobierno de Gabino Cué en ese entonces, no movió un solo dedo para desalojar a sus antiguos aliados. La ciudadanía oaxaqueña exigía la aplicación de la ley y la entrada de la fuerza pública. Pero nada se consiguió. Y es que hace falta un mandato legal que respalde la instrucción del ejecutivo para proceder en contra de aquellos que de manera constante y burda, atentan en contra del libre tránsito, principalmente maestros y normalistas que, además, se asumen intocables. Por ello, la iniciativa que ha planteado a grandes rasgos el gobernador Murat Hinojosa, ha despertado simpatía, aún con el temor de que se trata de algo utópico e imposible de consolidarse en los hechos.
Con certeza y habida cuenta de la cercanía de los tiempos electorales, no faltarán nuestros y nuestras legisladoras de MORENA o el PRD, rasgándose las vestiduras para afirmar que se trata de “criminalizar la protesta social”. Nada más lejos de la realidad. Se trata de acabar, con la ley en la mano, con una práctica perniciosa, acartonada y convenenciera, con la que unos cuantos ponen contra la pared a todo un pueblo. Y eso, precisamente, no lo debe permitir el gobierno. Oaxaca será otro, definitivamente, cuando esta práctica nociva sea erradicada.
