En México y Oaxaca se vive en un sistema de procuración de justicia donde existen muchas conveniencias políticas
Jazmín GÓMEZ
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien actualmente preside la Comisión de la Verdad, encargada de coadyuvar con la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social para esclarecer los delitos cometidos en el 2006 y 2007 durante el movimiento magisterial popular, afirmó que “les tiembla el bolsillo” a muchos funcionarios encargados de impartir justicia.
Expresó que en México y Oaxaca se vive en un sistema de procuración de justicia donde existen muchas conveniencias políticas, hay quienes lejos de esclarecer y transparentar buscan ocultar cosas para evitar afectar a sus allegados, “no hay amor por la verdad ni la justicia social”, reviró.
El también Premio Nacional de Derechos Humanos, expresó que la coordinación entre la Fiscalía y la Comisión de la Verdad en Oaxaca, están dando muestras de que cuando se quiere hacer algo se puede, por ello se está trabajando minuciosamente para que se haga justicia de los crímenes cometidos en el 2006.
Abundó que después de la primera consignación que se dio a conocer el pasado martes 8 de septiembre, se abre la puerta para decir que vienen muchas más, porque es importante hacer justicia a víctimas de violaciones a derechos humanos durante el movimiento social en la entidad.
Reiteró: “Yo soy muy claro y creo que a muchos les tiembla el bolsillo porque tienen que cumplir compromisos, pero es bueno también saber que existen personas honestas, que han sido amenazadas por procurar la verdad”, denunció.
Expresó que es importante que los casos de exigencias de justicia,no caigan en manos de quienes dicen que van a hacer todo lo posible pero que tienen compromisos con ciertos políticos o grupos de poder, porque entonces nunca habrá ni justicia ni reparación del daño.
En este sentido, dijo que se tiene que evidenciar a aquellos gobernantes, funcionarios que no les interesa la procuración de justicia y de esta manera procurar tener un estado y un país más justo para todos.
Cabe señalar que integrantes de la Comisión de la Verdad revelaron que a ochos años del movimiento social 2006-2007 en Oaxaca, y a un año de la conformación de este organismo se dieron los primeros 7 casos de consignación a ex autoridades de San Antonino Castillo Velasco por la Ejecución Extraoficial cometida el 2 de octubre del 2006 en agravio del campesino y policía comunitario Arcadio Hernández Santiago.
Hay expedientes de 80 casos más
Marina Patricia Jiménez Ramírez, comisionada del organismo estatal, expuso que se tiene información de que ante la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, se encuentran expedientes de 80 casos más, por lo ocurrido en el movimiento social que marcó la historia de Oaxaca, de éstos, por lo menos hay 20 ejecuciones.
Diego Osorno, comisionado, apuntó que la consignación de los primeros 7 casos, es una muestra pequeña pero significativa del trabajo que realiza la Comisión de la Verdad, que en coadyuvancia con autoridades, busca encontrar las pruebas y evidencias para acusar a perpetradores de delitos en 2006-2007.
Abundó que para el informe de la Comisión de la Verdad en febrero del año próximo, buscan que se trata de información que no sólo sirva para las bibliotecas sino para la procuración de justicia con acciones concretas.
Mencionó que integrantes de la comisión han tenido diferentes incidentes de seguridad que buscan desestabilizar su trabajo, pretenden generar intimidación y acoso, pero se están documentando sin mediatizarlos, pues no quieren que esos acosos y hostigamientos sea visto por la sociedad como pretexto para que no se den resultados.
Marina Patricia Jiménez Ramírez explicó que hay crisis por falta de confianza en las autoridades, sin embargo, se espera que jueces con profesionalismo y ética puedan castigar a responsables por las violaciones a derechos humanos cometidas en el 2006 y 2007 para dar muestra de que no habrá más impunidad.
“Queremos que se haga justicia y con respecto de las víctimas haya reparación del daño. Pretendemos que no se repitan hechos como éstos que se dieron en 2006-2007 en Oaxaca” precisó, al tiempo de reconocer que hay cerca de 80 casos que se investigan por delitos cometidos en 2006.
Recordó que en el 2011 en México se hizo una reforma en materia de derechos humanos que obliga a estados a incorporar estándares internacionales en materia de derechos humanos, y en este caso la fiscalía en Oaxaca tiene que incorporar estos estándares para determinar la responsabilidad de los delitos cometidos en el 2006.
Abundó que autoridades del poder judicial tendrán que liberar las órdenes de aprehensión en contra de quienes cometieron homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y agresiones durante el movimiento social.
Buscará EPN chivos expiatorios por caso Ayotzinapa
En otros temas, el padre Alejandro Solalinde afirmó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, buscará chivos expiatorios para lavarse las manos del caso Ayotzinapa, y en particular para evitar que políticos y autoridades resulten involucradas en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala Guerrero.
Apuntó que fue un enorme golpe al gobierno el informe de especialistas que hicieron un trabajo muy completo sobre lo ocurrido hace un año en Ayotzinapa, que concluyeron que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Colula como informaron autoridades federales.
Expresó que ante la presión de la sociedad, al gobierno no le quedará otra salida que decir la verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes mientras que al procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam se le debería iniciar un proceso penal por ocultar información.
Deben darse responsabilidades penales, consideró el sacerdote, al señalar que no se puede permitir que en México, en un hecho tan doloroso como la desaparición forzada de los estudiantes, se pretenda engañar a la sociedad con falsas declaraciones y afirmaciones por funcionarios que lo que buscan es proteger a las fuerzas federales y a los malos gobiernos.
Solalinde Guerra afirmó que en el caso Ayotzinapa se trata de un “crimen de estado”, así coinciden expertos, familiares y sociedad en general que se encuentra lastimada por los atropellos, abusos de poder y autoritarismo de los gobiernos.
Finalmente el sacerdote agregó que de acuerdo a las entrevistas que tuvo con compañeros de los estudiantes, familiares y testigos, sabe que los estudiantes fueron llevados a una parte alta de Guerrero donde probablemente fueron torturados, calcinados, pero autoridades no tomaron en cuenta sus declaraciones.
