Lejos de servir como un contrapeso a los otros poderes del Estado, el Congreso local se ha convertido en una entelequia a disposición del gobierno en turno, como quedó demostrado en la glosa del primer informe de Alejandro Murat. Algunos funcionarios como los secretarios de Cultura, Ana Vásquez Colmenares; del Medio Ambiente, José Luis Calvo Ziga; Vialidad y Transporte, Francisco García López o el contralor José Ángel Díaz Navarro, quienes a pesar de los errores cometidos o de la opacidad con que se han conducido, los diputados les dispensaron su comparecencia ante el pleno
Flor HERNÁNDEZ
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado se ha catapultado como un apéndice del Poder Ejecutivo y no un verdadero contrapeso que contribuya a la gobernabilidad del estado. Y es que en el marco de la glosa del primer informe de Alejandro Murat, la Cámara de Diputados “disculpó” la comparecencia ante el pleno de funcionarios que han cometido errores garrafales en la actual administración.
Los tropiezos de Ana Vásquez
La secretaria de Cultura, Ana Vásquez Colmenares, dio cuenta de las acciones más relevantes efectuadas en el periodo 2016-2017, únicamente ante la Comisión de Cultura, el pasado 29 de noviembre.
Sin mayores cuestionamientos, la funcionaria se dio tiempo para detallar las miles de actividades culturales efectuadas en la entidad desde su gestión, dejando fuera, por supuesto, la cancelación de contrato de 23 integrantes de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca.
Y es que, apenas iniciada la administración de Alejandro Murat Hinojosa, la titular de la Seculta determinó rescindir el contrato a los músicos, al considerar que la entidad “no merecía una orquesta tan costosa”.
Los ex integrantes de la OSO señalaron que pese a haber intentado reunirse con la funcionaria para darle a conocer su trayectoria y trabajo, no alcanzaron acuerdos para entablar siquiera una mesa de negociación.
Otro de los errores de Ana Vásquez se registró en febrero de este año, cuando se hizo pública la determinación de la secretaria de Cultura, de suspender las suscripciones de los periódicos que alimentan a la hemeroteca “Néstor Sánchez”.
Lo anterior, ocasionó una petición a través de chage.org, para que el gobierno del estado regularizara los pagos, al considerar la decisión como “un retroceso en el saber y la cultura del estado”.
El documento agrega que “la Hemeroteca es una fuente de información para la comunidad estudiantil, periodística, de investigadores e investigadoras, pero también, un acervo histórico al que toda comunidad tiene derecho”.
A lo anterior, plantea la obligación del Estado de garantizar el Derecho a la Información y ante la falta de fuentes hemerográficas, las mismas autoridades de la Secretaría de Cultura vulneran este derecho humano.
“Vásquez Colmenares tomó la decisión de dejar de comprar los diarios locales y nacionales para la Hemeroteca sin dar ninguna explicación, aunque es posible que sea por la misma razón que determinó que desapareciera la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, pues dijo que era un lujo que no podían darse”, recalca la petición.
Pese a los tropiezos con que ha conducido la política cultural de la entidad, la titular de la dependencia fue citada a comparecer únicamente ante la Comisión integrada por los diputados de Morena, Fernando Lorenzo Estrada; PRI, Felicitas Hernández Montaño y su compañero de bancada, Donovan Rito García; así como la ex perredista, ahora integrante de Morena, Paola Gutiérrez Galindo y del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza.
La basura de la Semaedeso
El secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), José Luis Calvo Ziga, fue otro de los mimados por la Cámara de Diputados, pues únicamente compareció ante la Comisión de Ecología y de Fomento a la Energía Renovable el 30 de noviembre.
El también empresario gasolinero ha estado envuelto en diversas polémicas, por su falta de interés en el tema ambiental. En marzo de este año, determinó suspender el contrato con la empresa responsable del relleno sanitario de Zaachila, Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental (SICA).
Lo anterior, motivó que la compañía que llevaba seis años operando el basurero que brinda servicios a 25 municipios conurbados a la capital oaxaqueña, interpusiera una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por abuso de autoridad y uso indebido de funciones públicas contra Calvo Ziga.
Y es que el titular de la Semaedeso concedió las labores de tratamiento de la basura a la empresa “Alianza Empresarial Larbin”, sin que se hubiese realizado una licitación, lo que motivó la inconformidad de SICA.
Y pese a los continuos cierres del basurero de Zaachila debido a los conflictos internos entre pobladores de las colonias en las que se ubica en el tiradero, el servidor público no se ha pronunciado sobre el tema y mucho menos, cuando el ayuntamiento capitalino arrojó toneladas de desechos a la ribera del Río Atoyac, o trasladó la basura a jurisdicción de Tlacolula de Matamoros.
No obstante, la institución que encabeza Calvo Ziga, amedrentó a las autoridades municipales de Santa María El Tule, debido a que presuntamente el relleno sanitario con el que cuentan no fue autorizado por la institución.
En este sentido, el responsable de la obra, Juan Manuel Sánchez, afirmó que El Tule es uno de los pocos municipios del estado que tienen un manejo responsable de sus desechos, ya que realizan la separación de los mismos y cuentan con un tratamiento adecuado.
Sin embargo, ante el desconocimiento de los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, pretenden clausurar la obra de ampliación del relleno sanitario, inaugurada el pasado mes de septiembre.
Denuncias y omisiones en Sevitra
Ni siquiera la detención del ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, Carlos Moreno Alcántara, acusado de tráfico de concesiones por el actual secretario, Francisco García López, motivó la comparecencia del funcionario ante el Pleno.
El lunes 4 de diciembre el servidor público se presentará frente a los miembros de la Comisión de Vialidad y Transporte integrada por el diputado del Partido Encuentro Social, Gustavo Marín Antonio; los priistas Heriberto Martínez Ramírez y Adriana Atristain Orozco, respectivamente; los morenistas, Javier Velásquez Guzmán y Alejandro Aparicio Santiago.
Sin embargo, los pendientes en materia de transporte en la entidad son múltiples y van desde la disputa entre los transportistas por mutuas acusaciones de pirataje, sobre oferta, otorgamiento indebido de concesiones, entre otras, que han provocado protestas e incluso, muertos en este sector.
Aunado a ello, la inoperatividad del Sitibus es otro de los elefantes blancos que se iniciaron en la pasada administración y que ha permanecido suspendido en el presente año. Alguna autoridad tendría la obligación de dar cuenta sobre esta obra y los autobuses que se encuentran estacionados en Ciudad Judica¡ial y que representan una inversión superior a los 500 millones de pesos.
Así también, el número de mototaxis que circulan en Oaxaca se ha incrementado. Se calcula que 13 mil unidades brindan servicio todos los días y más de seis mil, lo hacen de manera irregular, por lo que se ha planteado la necesidad de implementar una legislación en la materia, sin que haya tenido eco en el Congreso del Estado.
Contraloría en la opacidad
Otro de los funcionarios absueltos por la LXIII Legislatura de comparecer ante el Pleno y hacerlo únicamente frente a la Comisión Instructora y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas, es el contralor José Ángel Díaz Navarro.
El servidor público ha omitido informar los avances de las revisiones efectuadas por la dependencia en los 12 meses de gobierno de Alejandro Murat.
Tras la detención del ex secretario de Salud en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, Germán Tenorio Vasconcelos –ocurrida en junio de este año–, el secretario de la Contraloría informó que en una primera revisión efectuada por la nueva administración se descubrieron anomalías en el gasto público.
“En 2012, la Auditoría Superior de la Federación detectó montos por solventar por 733 millones de pesos; en 2013, por 1 400 millones; 2014, 3 052 millones y en 2015, 3 834 millones de pesos”, precisó el funcionario en entrevista.
La cifra millonaria, explicó, simplemente “no aparece” en comprobaciones, por lo que las sospechas van desde desvío de recursos, hasta la malversación, de ahí que considere fundamental que los ex servidores públicos aclaren las inconsistencias señaladas por la ASF.
Pero a casi medio año de las declaraciones realizadas, el contralor no ha dado algún tipo de información sobre la situación que guardan las auditorías, e inclusive las querellas presentadas, por lo menos el número de las mismas.
Con las comparecencias “en corto”, el Congreso de Oaxaca demuestra la complacencia hacia algunos integrantes del gabinete y la falta de soberanía del Poder Legislativo.
