En una sola crisis el presidente Andrés Manuel López Obrador ha perdido tres intentos por tender un puente entre su gobierno y las elecciones de 2021: primero intentó impulsar nuevamente un referéndum paralelo a los comicios, fracasó; después, pretendió asumir atribuciones para modificar el presupuesto de Egresos sin pasar por el Legislativo, fracasó; después, en un acto de propaganda personalizada dirigido a empresarios, el INE ha salido a recordarle una regla básica: los recursos no son suyos, sino de la nación
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
El Instituto Nacional Electoral (INE) frenó el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de iniciar una campaña de propaganda personalizada en tiempos de pandemia. Aprovechando la crisis económica, el riesgo de cierre de diversas pequeñas y medianas empresas, así como el despido de miles de trabajadores, el jefe del Ejecutivo federal intentó capitalizar políticamente el momento. Con una bolsa de 25 mil millones de pesos, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) envió cartas a empresarios solidarios, es decir, a quienes mantuvieron su plantilla laboral intacta al menos hasta el 15 de abril.
“Según los registros administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pese a la emergencia sanitaria que nos aflige, demostraste solidaridad al mantener al 15 de abril (número de trabajadores) en tu plantilla, número por lo menos igual al promedio de tus trabajadores inscritos durante el primer trimestre del año.
“Por esta razón me dirijo a ti para sellar el compromiso que significa el entregarte, en nombre del gobierno que represento, un apoyo económico por 25 mil pesos”, se lee en el documento que, dos párrafos más abajo, presenta el nombre del presidente, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las sumas que el presidente ofreció el 1 de mayo en una conferencia matutina, se habían entregado hasta entonces 60 mil créditos, 60 mil cartas.
La primera persona y la firma de López Obrador alertaron a la oposición, que desde el 28 de abril pasado presentó una queja ante el INE. Para el 30 de abril la Comisión de Quejas determinó que el IMSS debía sustituir las cartas con otras que excluyeran el nombre del presidente y la forma en la que estaba escrito el documento. La decisión fue finalmente ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 6 de mayo.
Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, ésta fue la tercera derrota del presidente López Obrador por comenzar a direccionar sus actos de gobierno hacia los comicios que se celebrarán en julio de 2021. Antes ya había sido detenido en su propósito de aprobar una reforma legal que le permitiera modificar el Proyecto de Egresos de la Federación sin pasar por el Congreso de la Unión y, por si fuera poco, perdió el segundo intento de su administración por realizar un referéndum paralelo a las elecciones en las que se renovarán las cámaras federales de Diputados y Senadores.
¿PROMOCIÓN O TRABAJO DE GOBIERNO?
La decisión del INE de solicitar al Gobierno de la República la sustitución de las cartas para ofrecer créditos a empresarios generó diversas reacciones. En defensa del gobierno salió el académico de la UNAM, John Ackerman, uno de los principales impulsores de la Cuarta Transformación.
“@INEMexico de @lorenzocordovav ratifica una vez más su vocación de golpear a @lopezobrador a la menor provocación. Una carta no es ‘propaganda’ (art. 134 CPEUM) y AMLO no es ni será candidato a nada. El presidente tiene el derecho y la obligación de comunicarse con el pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter en respuesta a un mensaje del presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
“En democracia, nadie tiene derecho a hacer promoción personalizada con programas de gobierno y recursos públicos, menos aún en una situación de emergencia nacional como la que vivimos. El @INEMexico actuará con legalidad e imparcialidad en todos los casos”, reafirmó Córdova.
En concordancia, el jurista Diego Valadés, ministro de la Suprema Corte en retiro, criticó el papel al que se prestó el Seguro Social en un momento en el que la prioridad era evitar la propagación de un virus mortal.
“El @Tu_IMSShoy tiene un gran reto de envergadura nacional, que sencillamente no me cabe en la cabeza que se distraiga en defender la promoción personalizada de AMLO”, escribió.
¿Significó la decisión del INE limitar la libertad de expresión del presidente de la República?
Para la consejera del INE, Claudia Zavala Pérez, integrante de la Comisión de Quejas, la respuesta es clara: no.
“Hay un derecho de información que tenemos toda la ciudadanía a que se nos informe, en ese contexto es en el que se ha analizado, por ejemplo, el tema de las mañaneras, que es una vía de comunicación directa no solo del presidente, de secretarios, funcionarios, con temas que a todos los ciudadanos y ciudadanas les interesan, es una prerrogativa que se ha estado ejerciendo, pero también hay que ejercer los derechos armónicamente con el consenso constitucional, ahí hay una prohibición para los servidores públicos, ninguna propaganda gubernamental puede estar personalizada con nombre, imagen o voz que identifique a los servidores públicos”, señala la consejera en entrevista con Real Politik.
Asimismo, apunta que el precepto en el que se basa esta determinación de detener cualquier propaganda personalizada es elemental, “es la regla básica de todo programa social, que no pertenece a ningún servidor público, el recurso público es del Estado, de la nación”, enfatiza.
Ésta es la segunda ocasión en la que el INE solicita al gobierno de López Obrador eliminar elementos personales de recursos públicos. La primera ocasión se pidió eliminar las siglas AMLO de los chalecos con los que los servidores de la nación realizaban recorridos para levantar los censos Bienestar.
“EL OBJETIVO NO ES ACABAR CON LA POBREZA”
Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno con al menos una decena de programas sociales que implicaban la transferencia directa de dinero a los beneficiarios: pensiones para adultos mayores, becas Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Crédito a la Palabra, Becas Benito Juárez. Todos estos resultaron prioritarios para el gobierno de la Cuarta Transformación. Tan solo para las pensiones de adultos mayores se destinaron 126 mil millones de pesos en 2020. Hasta ahora, pese a la reforma que hizo la Cámara de Diputados en diciembre pasado, estos programas avanzan sin reglas de operación, es decir, sin establecer claramente cómo, cuándo, dónde y a quién se entregan y, más importante, sin una métrica que permita conocer si están cumpliendo su objetivo.
Para la diputada federal independiente Martha Tagle, el descuido de los programas sociales de López Obrador tienen una explicación: su objetivo primordial no es sacar a la gente de la pobreza.
“En este gobierno ha quedado claro que lo prioritario son los programas sociales, no les importa mucho lo que pase con todo lo demás, por qué, porque los programas sociales tienen una cobertura de alrededor de 25 millones de personas en este país y, como todo mundo sabe, el presidente ganó con 25 millones de votos. Él está manteniendo una base de personas que están teniendo ingresos y se prevé que con esa base pueda seguir teniendo apoyo de la ciudadanía”, resalta la diputada.
La contradicción de estos programas, asegura, es que no se está mejorando la condición de vida de los beneficiarios, pues las carencias en cuanto a acceso a salud, educación, alimentación, productividad continúan presentes porque los servicios siguen deteriorándose.
“Me parece que es un mal cálculo, la realidad, hay que decirlo, es que en nuestro país los programas sociales durante todo el tiempo, para un partido y otro, han sido pensados para mantener a la gente en la pobreza, no ha habido una política social verdadera y esto es más preocupante en una situación de emergencia, en donde se prevé que a los 52.4 millones de pobres que hay en el país se sumen por lo menos 20 millones más”, señala.
TODA UNA VIDA DE ASISTENCIALISMO
Para la diputada Tagle, un programa insignia del gobierno de la Cuarta Transformación resulta útil para demostrar la visión errada que se mantiene del asistencialismo.
El pasado 24 de marzo, el Senado de la República aprobó la reforma que integra a la Constitución programas sociales a favor de diversos grupos vulnerables, uno de ellos el de apoyo a personas con discapacidad. La atención que recibirán estas personas cubre desde su infancia hasta los 60 años, si viven en condiciones de marginación y habitan comunidades indígenas.
“Es un ingreso de toda la vida porque a los 60 años se vería beneficiado por el programa de adultos mayores. Ese es un programa erróneo porque un programa debería estar pensando en cómo sacar a esa persona de la marginación, cómo va a acceder a la educación, al empleo, para que esa persona con discapacidad se pueda sostener por sí misma, pero así no están pensados los programas sociales, éste es el mejor ejemplo”, señala.
LOS NÚMEROS NO CUADRAN
No solo es el enfoque, sino las matemáticas las que no cuadran en el programa asistencialista de López Obrador. Como uno de los objetivos para paliar la crisis económica que está causando el coronavirus, el presidente se comprometió a que a finales de este año todos los pobres en México estarán cubiertos por al menos un programa social.
Hasta hoy, los programas Bienestar tienen 22 millones de beneficiarios. Para la analista Viridiana Ríos, sin embargo, es claro que la propuesta presidencial es inviable pues no se ha procurado un aumento de los recursos para Bienestar ni para los servidores de la nación. “No hay manera de que lo que dice AMLO sea cierto. En México hay 52 millones de pobres y duplicar los programas sociales sin mayor presupuesto, y sin cambiar el diseño de éstos, es imposible. Los servidores de la nación no tienen capacidad, ni protocolos bien diseñados, ni suficientes herramientas de trabajo para aumentar en 58% su cobertura en ocho meses”, asegura.
