El pasado mes de enero registró una de las peores cifras de asesinatos y ejecuciones en Oaxaca con 81 reportes, en promedio se cometieron 2.6 homicidios por día en el territorio oaxaqueño; políticos, estudiantes, empresarios, trabajadores, mujeres han sido víctimas de la delincuencia, mientras el responsable de la seguridad en el estado, el capitán de la Armada de México, José Raymundo Tuñón Jauregui, continua ausente, sin ninguna estrategia ni coordinación con la Federación y los municipios para recuperar la paz en el estado
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Oaxaca está caliente.
La entidad suma 2 mil 50 asesinatos en 26 meses, los que corresponden al actual sexenio. El número de asesinatos sigue a la alza y el primer mes de 2019 ha alcanzado el sexto puesto en las peores estadísticas del gobierno de Alejandro Murat con 81, 16 de ellos de mujeres, cuatro por razón de género, y 65 de hombres. Políticos, estudiantes, empresarios, trabajadores han sido víctimas de la delincuencia sin que el secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui termine por presentar o su renuncia o una estrategia eficaz para recuperar la paz en el estado.
En promedio en el territorio oaxaqueño, que ha perdido la paz que durante décadas lo caracterizó, se cometen 2.6 homicidios diarios. Desde el 1 de enero de este año la prensa nacional e internacional volcaron su mirada al estado para conocer el caso del edil de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio, asesinado después de haber tomado posesión. Hasta ahora no hay resultados que esclarezcan si hubo un autor intelectual. El autor material, el único procesado hasta ahora, fue detenido por los propios pobladores. Junto al edil fue asesinado también el síndico Perfecto Hernández.
En diciembre de 2016, el primer mes del actual gobierno, se registraron 141 homicidios dolosos en el estado; en todo 2017 fueron 845; en 2018, 983 y en enero, 81: 2 mil 50 en total.
La cifra de enero, comparada con el mismo mes de los dos años anteriores, es la más alta del sexenio: en 2017 fueron 69 y en 2018, 65.
Violencia focalizada
Aunque la violencia se encuentra focalizada en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública ha sido incapaz de implementar operativos que disminuyan la incidencia delictiva.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 22% de los homicidios registrados en Oaxaca hasta noviembre del año pasado se cometieron en tres municipios, Tuxtepec, Oaxaca de Juárez y Juchitán de Zaragoza. En enero de 2019 estos tres municipios volvieron a ser los más inseguros de la entidad.
Respecto a las cifras de 2017, los tres municipios registraron el año pasado alzas superiores al 20%: en 2018 en Tuxtepec la cifra se elevó 20.9%, al pasar de 81 a 98 asesinatos: en Juchitán, el aumento fue de 26.82% (de 41 a 52) y en Oaxaca de Juárez, 45% (de 31 a 45).
Asimismo resalta que el 42.3% de los homicidios dolosos se concentran en solo 10 de los 570 municipios con los que cuenta la entidad.
Otro de los rubros que destaca en el escenario de inseguridad creciente que vive Oaxaca es la proliferación ilegal de armas, dado que el 76.84% de los 983 homicidios dolosos reportados en 2018 se cometieron con arma de fuego; la cifra sufrió una variación mínima respecto a 2017, cuando 654 de los 855 asesinatos se realizaron con arma de fuego.
La peor crisis en 11 años
Si se corroboran otros más datos históricos sobre esta misma tendencia, se confirma la crudeza de la realidad. Oaxaca atraviesa su peor crisis de seguridad de los últimos 11 años.
Las 983 carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio doloso es la cifra más elevada desde 2007, cuando se reportaron 928 asesinatos en las ocho regiones de la entidad.
En promedio, el año pasado se registraron 81.9 crímenes por mes o, lo que es igual, a 2.6 homicidios al día, según la información divulgada por las autoridades.
Ante ello, diversos sectores de la población, desde activistas hasta legisladores, han solicitado al gobierno del estado cambiar su estrategia de prevención, disuasión e investigación de los actos delictuosos, sin que ello haya tenido una respuesta positiva.
En sentido contrario a los reclamos sociales, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, y del secretario de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jáuregui, ha intentado desestimar las cifras.
En el caso de los homicidios de mujeres, Vasconcelos argumentó que menos del 75 por ciento se trató de crímenes por razón de género, pues sostuvo que la mayoría derivaron de acciones que nada tuvieron que ver con el hecho de que las víctimas hayan sido mujeres.
Al mismo tiempo, la Policía Estatal ha asegurado que Oaxaca, pese a la violencia, se mantiene como uno de los estados más seguros del país, con estándares incluso mejores que durante los últimos años.
Desde 2006, cuando se contabilizó la apertura de mil 77 averiguaciones previas, durante el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz, la entidad no había registrado un número tan alto en ese tipo de ilícitos.
De hecho, desde 2007, también dentro del sexenio de Ruiz Ortiz y hasta 2012, durante el segundo año del gobierno del aliancista Gabino Cué Monteagudo, se mantuvo prácticamente una baja constante en el número de homicidios dolosos reportados en el estado.
En 2007 se abrieron 948 averiguaciones previas; en 2008, 733; en 2009, 752; en 2010, 666; en 2011, 641, y, en 2012, 472, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo.
Desde 2013 (536 asesinatos), se reportó un incremento gradual en el número de esos ilícitos que se prolongó durante los últimos tres años de la administración gabinista: en 2014, el número llegó a 640 hechos contabilizados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ); en 2015, la cifra llegó a 752 casos, y en 2016, a 870.
Sin embargo, durante los dos primeros años del mandato del priista Alejandro Murat, el número de asesinatos reportó un incremento de 112 por ciento, en comparación con los últimos 12 meses de la gestión de su antecesor.
En 2017, el número de homicidios fue de 919 y, en 2018, estos llegaron a 983.
Los años más violentos
en sexenio de José Murat
Según los datos del gobierno federal, el sexenio más sangriento por el número de asesinatos que se tenga registro durante los últimos 24 años, fue el del priista José Murat Casab, padre de Alejandro Murat.
Durante el primer año de gobierno del político oriundo de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, fueron contabilizados 823 casos de asesinatos; no obstante, la cifra se disparó a mil 292 en 2000; llegó a mil 311 en 2001; a mil 427, en 2002, y alcanzó mil 571 en 2003, el año más violento del que tengan registros las autoridades federales.
En 2004, último año del primer mandato muralista, la cifra se ubicó en mil 130 averiguaciones previas comenzadas.
Otros índices a la alza
Los reportes del SESNSP revelan que en el estado otros indicadores delictivos continúan creciendo. Las lesiones dolosas crecieron 31% en 2018 respecto a 2017 al pasar de 3 mil 495 a 4 mil 591. Los casos de abuso sexual denunciados crecieron 37% al pasar de 383 a 525.
El delito de violación simple también registró un incremento considerable, al pasar de 313 casos denunciados en 2017 a 423 en 2018. El alza representa un 35%. Los casos denunciados de violación equiparada pasaron de 71 a 85. El robo a casa habitación pasó de 1,155 a 1,305 reportes.
Índices a la baja
Los delitos de secuestro y feminicidio registraron disminuciones entre 2017 y 2018. El primer delito pasó de 57 a 29 registros y el segundo, de 51 a 27.
El robo de vehículo reportó una disminución de 2.1% al pasar de 3,131 casos denunciados a 3,068.
Hostigamiento laboral en la SSP
Además de los malos resultados en seguridad pública, policías estatales denunciaron el pasado lunes 28 de enero hostigamiento e intimidación por exigir respeto a sus derechos laborales.
Durante la celebración del Día del Policía que encabezó el gobernador Murat Hinojosa en el Centro Cultural y de Convenciones, elementos de seguridad pública acusaron que Jeyco Pérez Morales, líder de una fracción de los elementos policiacos, ha sido amenazado con ser detenido.
Los elementos denunciaron que Asuntos Internos lo ha intimidado, advirtiendo que se ejecutarán órdenes de aprehensión en su contra. La molestia de los mandos internos de Seguridad derivó de la filtración de información de un desvío por 5 millones de pesos cuyo gasto fue justificado con el pago de viáticos que jamás se entregaron a los policías operativos.
