Francisco GARFIAS/Excélsior
Los indignados padres de los normalistas de Ayotzinapa salieron decepcionados de su reunión con el presidente Peña, a juzgar por las declaraciones que hicieron posteriormente.
Sienten que no fueron escuchados, que sus peticiones fueron ignoradas, que el gobierno no acepta sus errores, ni deja que los “expertos independientes” trabajen “hasta que haya justicia y verdad”.
Eran la voz de la indignación, del coraje, de la impotencia.
Nunca será suficiente que el Presidente les diga que no habrá “carpetazo” y que la investigación sigue abierta.
Tampoco que están del mismo lado y que quieren lo mismo: saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia.
La creación de una Fiscalía Especial para las Personas Desaparecidas, que ordenó Peña a la PGR, la sienten como un retroceso. Es empezar de nuevo, sostienen.
Lo único que los apaciguaría es un milagro: que les entreguen sanos y salvos a sus hijos.
Vivos se los llevaron, vivos los quieren. Pero eso no va a suceder.
Lo sabe el gobierno, pero tiene miedo de repetirlo. Lo saben los expertos de la CIDH, pero tampoco lo dicen. Lo saben los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que los acompañan. Vieron los videos donde sus verdugos los describen y así los fueron identificando. El Cochiloco, su hermano El Flaquito… Pero no lo admiten en público.
Los expertos de los laboratorios de Innsbruck confirmaron que, por lo menos, dos de ellos ya no son de este mundo: Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.
Es el resultado de las pruebas de ADN que allá se hicieron. Se examinaron 630 mil piezas enviadas por el gobierno mexicano. Pero no basta para empezar a ver la realidad.
Se entiende que los padres se resistan a admitirlo, que no se conformen con la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Hay lagunas y señalamientos a las fuerzas federales que no han sido suficientemente aclarados.
Los padres van a seguir su lucha. Lo anunciaron ayer en voz de una de las madres que habló en el Zócalo:
“No nos vamos a cansar. Les vamos a seguir dando guerra. Vamos a ser su piedra en el zapato.
“Nosotros no nos podemos ir a casa sin saber dónde están nuestros hijos. Estamos por una causa justa”.
Y vaya que lo es.
Muy atareado andaba ayer el panista Miguel Ángel Yunes. En sigilo recogía firmas de diputados para un oficio que planea enviarle al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el que exige que aclare los contratos por siete mil millones de pesos que supuestamente adjudicó en forma directa a la empresa brasileña Odebrecht para construir una presa de almacenaje de agua.
Duarte lo niega. Dice que no tiene ningún contrato con Odebrecht, que son cuentos de Yunes para llamar la atención.
Ya encarrerado se fue de la boca y de plano le bajó al nivel.
“Lo que ocurre con este personaje es que tiene el síndrome del perro chihuahueño. Esta especie canina que se la pasa ladrando de manera estrepitosa”, declaró el gobernador, de acuerdo a un despacho de Quadratín.
Yunes también visitó a senadores para tratar de ampliar las firmas. Lo confirmó el priista Pepe Yunes.
Es muy posible que los dos Yunes (no son parientes) sean rivales en la elección de gobernador por dos años, que tendrá lugar en ese estado.
Miguel Ángel, expriista, busca abanderar una coalición PAN-PRD. José es uno de los favoritos para ser candidato del tricolor.
A Pepe le pedimos su opinión sobre las acusaciones de Miguel Ángel. Nos aseguró que el proyecto de la presa no se realizó.
El senador, sin embargo, dejó claro que no está de acuerdo con las prisas mostradas por el gobierno de Veracruz para que se le otorgue un préstamo avalado por las participaciones federales para un proyecto eólico.
Quiere que lo detengan “por lo menos hasta que el Congreso de la Union apruebe la Ley de Disciplina Financiera en los estados”.
Los comicios extraordinarios para elegir al diputado federal en el distrito 01 de Aguascalientes serán el próximo 6 de diciembre. Así lo determinó ayer, por unanimidad, el Pleno de la Cámara baja.
Estos comicios, convocados luego de que se anulara la elección del 7 de junio por violaciones a la equidad, tienen un doble atractivo: saber quién será el diputado 500, pero también si el PT salva o no el registro.
Al partido que encabeza Alberto Anaya ya le aplicaron la extrema unción los consejeros del IFE. Le faltaron poco más de tres mil votos para alcanzar 3% de la votación nacional para conservar el registro.
Llevó a tribunales el alegato de que el porcentaje de votos para conservar el registro se tiene que hacer con base en los 300 distritos electorales, y no 299.
La Sala Superior del TEPJF deberá determinar, antes de las elecciones extraordinarias, si procede el alegato.
Por lo pronto, según el senador del PT, Marco Antonio Blásquez, el PRD y MC ya se comprometieron a no presentar candidatos en ese distrito, en caso de que la Sala Superior dé la razón a su partido.
La intención es que el voto de la izquierda se concentre en el agonizante Partido del Trabajo. Aun así se ve difícil que alcancen el anhelado tres por ciento.
