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La ley se aplica, no se negocia

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Editorial

 

La ciudad de Oaxaca volvió a ser rehén de un grupo delincuencial. El lunes de la semana pasada, integrantes del Sindicato Libertad cerraron durante más de 16 horas los accesos sur y poniente de la capital del estado y la circulación en la vía federal 190 Oaxaca-México, a la altura del crucero de Hacienda Blanca.

También cerraron el entronque a la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan. Otros dos bloqueos más se registraron sobre la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la vía a Santa Cruz Xoxocotlán y en el entronque al aeropuerto internacional ‘Benito Juárez’.

Taxistas, mototaxistas y transportistas impusieron una nueva modalidad a su protesta: descargaron montones de tierra para evitar el paso de vehículos en diversas vialidades.

Para el día siguiente, martes, tenían previsto intensificar sus movilizaciones y anunciaron que cerrarían la vía que conduce al Istmo de Tehuantepec, pero alrededor de las 3 horas con 40 minutos de ese martes y entre una intensa lluvia, sin mayor explicación, los integrantes del Sitio Libertad levantaron sus bloqueos y volvieron a la normalidad.

Los transportistas de ese sindicato que se ha mostrado violento, tendieron un cerco a la capital del estado, para exigir, de acuerdo a la versión del Fiscal General de Oaxaca, la impunidad para sus dirigentes, Iván y Juan Yahvé Luis Villaseca, en contra de los que existen órdenes de aprehensión por “su modo ilícito de vida”, es decir, por haber incurrido en la comisión de delitos.

La pregunta es si en Oaxaca se negocia o no la ley? Para el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, la exigencia del Sindicato Libertad es innegociable, porque es deber del Gobierno del Estado a través de la Fiscalía, perseguir los delitos y ejecutar las órdenes de aprehensión dictadas por el Poder Judicial de Oaxaca.

Lo correcto es no negociar la ley y castigar a los responsables de la comisión de cualquier delito, pero existen sobradas razones para concluir que, en muchos casos, el gobierno y la Fiscalía son omisos en la aplicación de la ley por razones políticas, principalmente, porque habiendo delitos graves que se denuncian, extrañamente no se detiene a los responsables de diversos hechos tipificados como graves.

Hace escasos días, Oaxaca fue noticia nacional debido a que un Juez ordenó la libertad de uno de los presuntos autores materiales del triple homicidio ocurrido el 2 de junio en Juchitán, donde murieron María del Sol Cruz Jarquín, Pamela Terán y su escolta. La madre de María del Sol, la periodista Soledad Jarquín Edgar, denunció que hubo tráfico de influencias de ex funcionarios del gobierno de Alejandro Murat, en especial mencionó a los hermanos Montero López.

Como este caso, el Gobierno del Estado a través de la Fiscalía Anticorrupción lleva años investigando presuntos actos de corrupción de funcionarios del gobierno de Gabino Cué, sin que se haya llegado al fondo para obtener las órdenes de aprehensión.

En el caso particular de los bloqueos carreteros a esta capital y en otras regiones del estado, llevados a cabo por transportistas del Sindicato Libertad, es obvio que la Fiscalía General de Oaxaca no debería negociar la impunidad para los hermanos Juan e Iván Villaseca, pues si existen órdenes de aprehensión, lo que procede es su ejecución para que sean presentados ante el Juez, donde los detenidos podrán hacer su defensa.

Resulta absurdo que la población oaxaqueña resulte afectada en sus actividades cotidianas y que se lesione la economía local, por el cerco que tendieron los transportistas a la capital, para forzar al gobierno y a la Fiscalía a que no ejercite la acción penal en contra de dos dirigentes que deben responder por sus actos ante la justicia.

Existen elementos para suponer que en Oaxaca se aplica selectivamente la ley debido a que, en tiempos electorales, el PRI y sus candidatos recurren al apoyo de todo tipo de grupos que más tarde buscan cobrar esos respaldos con impunidad cuando violan la ley.

Para que haya orden y la legalidad impere en la entidad, es indispensable aplicar la ley, no negociarla, ni mezclar la política con los grupos de presión o vinculados a actividades delictivas, de lo contrario las consecuencias son funestas para la población en general.

 

 

 

 

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