Asignación de publicidad oficial de manera discrecional, sin una ley que regule la asignación de recursos a los medios y los ataques verbales, son elementos que el Presidente de la República mantiene en su poder y que ponen en riesgo la actividad de informar, advierten analistas y defensores de la libertad de expresión; con la Cuarta Transformación, aseguran, está en riesgo desde la subsistencia de medios de comunicación hasta la integridad física de periodistas que se ven afectados por publicar información que disgusta al titular del Ejecutivo Federal
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
CIUDAD DE MÉXICO.- La política de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está favoreciendo que en México, desde hace una década uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo, sea cada vez más riesgoso informar. Desde las críticas a la “prensa fifí” o “conservadora” hasta reclamos como “él no se han portado bien con nosotros”, son expresiones del jefe del Estado mexicano que colocan a periodistas en una posición de vulnerabilidad, coinciden analistas y activistas en pro del derecho a la información.
Tan solo en los nueve meses de 2019, se han registrado ya más asesinatos de periodistas que los que hubo en 2018 y la tendencia en el número de agresiones persiste. Asimismo, a las agresiones se ha sumado una presión, directa e indirecta, del gobierno federal para presionar a periodistas críticos del presidente, a quienes los dueños de los medios de comunicación han decidido remplazar. El episodio más reciente fue el del periodista Carlos Loret de Mola, quien tras 18 años como presentador de noticiarios terminó su relación laboral con Televisa.
Las críticas por “censura” que recibió el gobierno de López Obrador, a quien se señaló como principal responsable de la remoción del periodista, fueron atajadas por el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien aseguró en redes sociales que el gobierno “respeta el trabajo de los y las periodistas y defiende la libertad de expresión”, “no censura, ni reconviene, ni pide el despido o remoción de nadie en ningún medio”.
Más allá del caso particular de Loret de Mola, para el periodista Marco Levario Turcott, director de la revista etcétera, es innegable que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como en el de otros presidentes, se está ejerciendo censura contra medios de comunicación, el primero de ellos, la distribución de propaganda oficial; el segundo, la violencia contra los informadores; y el tercero, las arengas del presidente.
“El presidente está implicando a México un enorme riesgo de regresión autoritaria, como lo demuestran muchos hechos, como sus ataques a organismos autónomos o a cualquier poder que le pueda generar un contrapeso, también están sus ataques a los medios de comunicación”, asegura.
Para el especialista en análisis de medios de comunicación, hay un riesgo grave en las palabras del presidente, pues se observa cómo su base social reproduce los ataques del presidente para lastimar y hacer escarnio.
“No ha quedado claro quiénes son los periodistas progresistas y quiénes son los conservadores, en esa definición simplista, que no le requiere pensar mucho a la sociedad puedo encontrar el riesgo de que desafortunadamente Andrés Manuel López Obrador tiene una base social importante para arengar a los medios de comunicación, en campaña lo hizo con La Jornada, con Proceso, casi al final lo hizo con Reforma”, acusa.
“Aunque el escarnio ahora es verbal, siempre existirá un riesgo de que esto se traduzca de manera física, el escarnio con los periodistas como ha hecho con Carlos Loret de Mola, como ha hecho con Pablo Hiriart, genera una presión muy importante para el ejercicio periodístico”, expresa.
Coincide en este punto Itzia Miravete, coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos de Agresión contra Periodistas de Artículo 19, para quien el uso de un discurso de desacreditación contra los comunicadores por parte de una autoridad “genera condiciones de mayor riesgo y se empieza a justificar la agresión porque ‘era un mal periodista’, esto no puede seguir pasando”.
“El que las autoridades estén saliendo públicamente a desprestigiar la labor de la prensa genera condiciones para seguirlas agrediendo. No estamos diciendo que el presidente López Obrador sea el responsable directo de las agresiones o que haya hecho algo directamente, pero su discurso, que está siendo replicado en los estados, en los municipios, está generando condiciones para inhibir la libertad de expresión; gobernadores, senadores, diputados empiezan también a decirle a la prensa, a los periodistas que si les pasa algo es porque se portaron mal”, señala.
40% MENOS DE PUBLICIDAD PARA 2020
A pesar de ser un compromiso de campaña, el presupuesto para publicidad oficial sigue sin ser regulado y no hay visos de que el gobierno federal pretenda aplicar criterios de transparencia, proporcionalidad y utilidad que se requieren en este gasto. Así, sin una ley que regule el cómo y por qué se entrega dinero a medios de comunicación, para el presupuesto de 2020 se plantea una reducción de 40% de lo que se etiquetó para el rubro en 2019.
El gasto pasaría de 4 mil 165 millones de pesos a 2 mil 469 millones, una situación que también genera alarma.
Ana Ruelas, directora de Artículo 19, ha expresado que una reducción tan abrupta, sin un mecanismo alterno de fomento a la pluralidad, “conlleva a una concentración masiva de información de algunos medios de comunicación que lleguen a la sociedad y un control político de la información”.
Asimismo, explicó que en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, los medios de comunicación dependen en gran medida de la publicidad gubernamental porque “no hay otras fuentes de ingresos”.
Para Levario Turcott, aunque resulta plausible la disminución paulatina en el gasto, la publicidad oficial continúa siendo una “razón de Estado”, que “determina por lo menos el 85% de la sobrevivencia de los medios de comunicación”, por lo cual se requiere una regulación objetiva que impida que los contratos con el gobierno se vuelvan un instrumento de control.
-¿Tiene el gobierno de López Obrador la intención de regular y transparentar la publicidad? – se le pregunta.
-No, yo coincido en la perspectiva de austeridad, pero en la opacidad y en la ausencia de reglas no coincido, porque se mantiene la discrecionalidad para asignar recursos, sin reglas para que los ciudadanos sepamos cuánto reciben los medios de comunicación, digo reciben porque ésta es la primera vez en la historia por parte de etcétera que no recibe un peso del gobierno federal.
-Hasta ahora no hay una propuesta de ley para regular la asignación de recursos a medios.
-No, han dicho que la tendrán, pero como con otros tantos compromisos no han expresado nada, hay arbitrariedad en la forma en la que se están moviendo, ese es el problema. Es un avance la disminución del presupuesto, pero no hay reglas.
MÉXICO, MÁS LETAL
Artículo 19 ha documentado cómo el nivel de agresiones contra periodistas en el actual gobierno se ha mantenido en México, con un agravante, la mayor letalidad de los crímenes.
En 2018 la organización registró 544 agresiones y en el primer semestre de 2019 sumaron 249, 45.77% del año anterior.
“No vemos que hayan disminuido, pero qué vemos de diferente, que ya van diez periodistas asesinados, la letalidad de las agresiones contra la prensa va en aumento, eso nos preocupa, cuando matan a un periodista es una agresión para toda la sociedad, se envían mensajes a los periodistas, es información menos que dejamos de recibir”, expresa Itzia Miravete, coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19.
La cifra de asesinatos de periodistas durante este año ya supera la de 2018 (nueve); en el país, cada 17.4 horas se registra una nueva agresión.
Oaxaca es el cuarto estado que mayor número de agresiones reporta, con 19, incluido el asesinato del fundador de la radio comunitaria Radio Cafetal, Telésforo Santiago Enríquez, ocurrido el 2 de mayo pasado en San Agustín Loxicha, la cual se mantiene en la impunidad.
También está registrada la amenaza de muerte enviada vía redes sociales al periodista deportivo David Carreño el pasado 11 de junio en Huatulco, en el marco de la cobertura del Triatlón en el que participó el gobernador Alejandro Murat. Están las amenazas de muerte escritas desde cuentas de redes sociales presuntamente vinculadas con el presidente municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, en contra de los periodistas Carlos Abad y Roberto Polo Hernández González.
El pasado 23 de marzo, el periodista Jesús Hiram Moreno, director del medio digital Evidencias, fue atacado a balazos por un sujeto a bordo de una motocicleta en Salina Cruz.
Las entidades que mayor registro de agresiones contra periodistas reportaron en el primer semestre de 2019 son Quintana Roo (26), Ciudad de México (25), Guerrero (22), Veracruz (19) y Oaxaca (19).
De las 249 agresiones que ha documentado Artículo 19, 105 fueron cometidas por funcionarios públicos: 59 por autoridades municipales; 30 por estatales y 16 por federales.
IMPUNIDAD PERSISTE
En este escenario de persistente violencia contra periodistas y comunicadores, Miravete resalta que las acciones conjuntas del Estado, gobierno federal, estatal, municipales, órganos autónomos, aun son deficientes.
“No vemos que el Estado esté generando acciones para disminuir la violencia contra la prensa, por eso vemos que se ha mantenido el número de agresiones, seguimos contando únicamente con el mecanismo federal como única respuesta para proteger a periodistas, pero las investigaciones no están avanzando, nos preguntamos cuál es el papel de la CNDH, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no se ve que estén aplicando el protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión, eso al final impiden que haya un panorama propicio para ejercer la libertad de expresión”, señala.
COLOFÓN: RAMÍREZ, EL CENSOR
Un reciente episodio de censura por parte del gobierno federal fue denunciado por el periodista Alejandro Lelo de Larrea el pasado martes, cuando tras una conferencia mañanera en la que hizo una pregunta al presidente López Obrador sin que se le concediera la palabra. Al final del encuentro, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, se acercó para expresarlo “le voy a decir al presidente que ya no te deje entrar”.
Lelo de Larrea escribió en sus redes sociales que el malestar de la Presidencia contra su labor se debe a, entre otras publicaciones, a una en la que informó que Azucena Pimentel Mendoza, directora en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, fue la encargada de realizar el montaje televisivo orquestado entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y televisa para transmitir “en vivo” la detención de la presunta secuestradora Florence Cassez.
