El dirigente de Morena y fundador de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, ha tejido una red de nepotismo, tráfico de influencias y amarres políticos, incluidos círculos amorosos, en su ambición por hacerse del control pleno de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Nada parece detener al ex asesor de gobernadores priistas, quien no ha respetado los mínimos dejos de ética y moral
David Méndez
Aferrado a mantener el control de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y, con ello, la administración de al menos 280 millones de pesos durante los próximos siete años y el poder político para negociar con el gobierno del estado a costa de la vida y las libertades de los ciudadanos, Flavio Sosa Villavicencio tejió durante los últimos seis años una red de nepotismo y de tráfico de influencias cuyo colofón es, hoy, promover a al menos 20 de los 42 aspirantes que pugnan por convertirse en el nuevo ombudsman del estado.
Conformada por hermanos, primos, amigos, personeros y aliados políticos, Sosa se encargó de articular una cofradía que tiene el objetivo de cooptar por medio del cabildeo, el chantaje y la presión, la mayor cantidad de espacios de poder tanto en la administración pública estatal como en la federal.
Con un gobierno local rebasado por la conflictividad de la entidad y entregado a Morena, el fundador de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) transita a sus anchas, a tal grado que se ha hecho del control de un sector del Poder Legislativo, así como de las delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde impuso a su ex pareja sentimental, María de Lourdes Santiago Cruz, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde operó la llegada de Concepción Rueda.
En el Congreso local impuso a uno de sus principales operadores, Horacio Sosa Villavicenio, su hermano, quien lidera a un grupo que es integrado por su prima, Griselda Sosa, así como por la ex presidenta municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda, y a la abogada Magaly López Domínguez.
Bajo el membrete de la organización Comuna de Oaxaca, formada a partir de 2015, los hermanos Sosa pretenden concretar su jugada maestra: imponer al nuevo defensor de derechos humanos.
“Todo está calculado desde la integración del Congreso del Estado (noviembre de 2018). Flavio Sosa tenía definido cuál era la ruta que seguiría y hoy simplemente estamos viendo los resultados”, explicó a Real Politik un académico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
A cambio de anonimato “para no entrar en controversias porque conozco a varios de los personajes”, el especialista sostuvo que la añoranza de Sosa, desde el 2006, ha sido el control de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca.
Antecedentes
Durante el sexenio pasado, en el gobierno que encabezó Gabino Cué Monteagudo, el ex dirigente del PRD y, a la vez, operador político del PRI, logró un control indirecto del organismo por medio de personajes afines, que ocuparon los principales puestos de decisión.
Gracias a una negociación con Cué Monteagudo, en 2012, Sosa logró que Arturo Peimbert, el consejero presidente, le cediera el control de la Defensoría de los Derechos Humanos, por medio del ex reportero Razhy González –señalado como uno de los articuladores de la organización Sol Rojo– y departamentos como la Secretaría Ejecutiva, donde nombró a su primo, Jorge Sosa, al tiempo que la secretaria particular de Arturo Peimbert es sobrina de los hermanos Villavicencio.
“(Jorge Sosa) nunca está. Es secretario Ejecutivo, pero no está. Es biker, siempre se la pasa viajando en moto y surfeando”, criticó una fuente consultada.
Además, existen ocho afiliados a Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Durante la gestión de Peimbert Calvo, además, las organizaciones sociales que mayormente han sido favorecidas con resoluciones y medidas cautelares son las vinculadas con Flavio Sosa.
El Plan
Una vez culminado el proceso electoral de 2018, que le dio a Morena la mayoría en el Congreso del Estado, se puso en marcha el plan.
Primero, se hizo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, donde impuso a Magaly López Domínguez, una abogada oriunda de Santa Cruz Xoxocotlán, postulada en su momento como candidata por la organización Comuna de Oaxaca.
El esposo de la legisladora, Gilberto López Jiménez, también miembro de Comuna, fue colocado y se desempeña en la actualidad como director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado en la 64 Legislatura.
A ellos se suma la diputada Elisa Zepeda Lagunas, representante del distrito 04, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, quien recibió la candidatura de Morena tras la intermediación, nuevamente, de la organización de Flavio Sosa Villavicencio.
En 2015, además, Zepeda Lagunas estuvo involucrada en un conflicto postelectoral al interior del municipio Eloxochitlán de Flores Magón y para poder defenderse de las acusaciones de su pueblo, Zepeda recibió el asesoramiento legal de Yésica Sánchez Maya, quien terminó por acercarla con Flavio Sosa Villavicencio.
Y no es todo, pues al equipo se sumó Razhy González, reportero de profesión que pertenece a la organización Sol Rojo y también Es cercano a Flavio Sosa.
A la cofradía también se suman Miguel Ángel Martínez Maya, jefe de la Unidad Técnica de la Comisión del Órgano Superior de Fiscalización y cuñado de Horacio Sosa. Elizabeth Reyes Nolasco suplente de la diputada Magaly López Domínguez y cuñada de César David Mateos Benítez.
“Si logran volverá imponer al ombudsman que sustituirá a su testaferro Arturo Peimbert, burlarían el artículo 102 constitucional que ordena que la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHO) ‘contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios’”, escribió al respecto el periodista Felipe Sánchez.
“Es decir, su cometido y su presupuesto de 35 millones de pesos, se sujetaría a lo que dispongan los miembros de la banda que comanda el incendiario Flavio… Grave que este grupo persista en el dominio de la DDHO la cual consideran botín de guerra e instrumento para los fines de estas sociedades políticas beligerantes arropadas en el cartel 22 y la APPO”, lamentó.
¿Quiénes son?
César Mateos Benítez, fundador y vocero de la APPO y miembro de Comuna de Oaxaca se perfila como la carta fuerte del grupo de Sosa Villavicencio.
Sin embargo, este personaje, que es presentado por sus aliados como un activista defensor de las libertades individuales, tiene en su contra diversos señalamientos por haber actuado, como militante de Comuna, en detrimento de los intereses de diversas poblaciones.
Mateos, junto con Flavio Sosa y Efraín Linares, por ejemplo, fue acusado en julio de 2017 por las autoridades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, de fungir como asesor de San Sebastián Nopalera, población que en aquel momento había orquestado el enésimo ataque armado en su contra.
Aquellas pugnas han dejado decenas de muertos.
El aspirante a defensor y conciliador de los pueblos –tarea inherente de quien ostenta ese cargo– también fue acusado de asesorar a la población istmeña de San Dionisio del Mar, donde en diciembre pasado un sector de la comunidad, aglutinada en la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, impidió la realización de comicios extraordinarios.
El conflicto en esa población data de 2012 luego de la intentona de la empresa de energía Mareña Renovables por instalarse en la zona.
Una de las acusaciones más graves que recae sobre Comuna y sus dirigentes, Flavio Sosa y César Mateos, fue el estar presuntamente involucrada en una emboscada registrada el 14 de mayo de 2011 en Santiago Choápam con saldo de 10 muertos y 12 lesionados.
Los familiares de las víctimas acusaron que tanto Sosa como Mateos brindaban asesoramiento al grupo que orquestó la agresión armada.
Ante ello, Sosa rechazó su participación en tales hechos, pero admitió que Comuna brindaba asesoramiento al grupo de donde surgieron los atacantes.
Sosa y Comuna también candidatean a Flor Estela Morales Hernández, militante de aquella organización y simpatizante de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
De manera reiterada, aquel personaje ha sido postulado para formar parte de la DDHPO, aprovechando los lazos que mantiene, también, con el actual defensor, Arturo Peimbert Calvo.
Yésica Sánchez Maya, quien solo ambiciona “poner al gobernador en su lugar y hablarle al tu por tu”, en esta ocasión es respaldada por la corriente de Adelfo Regino Montes, Director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por medio de Anabel López Sánchez, la conflictiva Sánchez Maya ha permanecido vinculada con Flavio Sosa, desde el 2006, tres años después de comenzar su activismo.
Maya fue propuesta en 2012 por Flavio Sosa, entonces, diputado del Partido del Trabajo, para asumir el puesto de titular de la Defensoría de los Derechos Humanos; sin embargo, al final de cuenta, fue electo Arturo Peimbert Calvo. El día de la votación, Peimbert recibió 37 votos a favor. Sosa (presidente de la Comisión de Derechos Humanos), en solidaridad con su candidata, votó por ella. Sosa y Sánchez recibieron, entonces, diversas posiciones en el organismo cuya administración está feneciendo.
Otro de los personajes que mantiene nexos con los hermanos Sosa es Emilio de Gyves Montero, hijo del ex presidente municipal de Juchitan de Zaragoza y ex líder de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), Leopoldo de Gyves.
De Gyves fue director de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno (Segego) durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.
Integrante de la corriente morenista encabezada por René Bejarano, De Gyves intentó, en 2018, ser presidente municipal de Juchitán de Zaragoza por el Partido Unidad Popular (PUP), pero terminó por declinar a favor de Emilio Montero, actual edil morenista.
Además, controló la sede regional en el Istmo de Tehuantepec de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El año pasado, fue nombrado consejero ciudadano de la DDHPO por un periodo de seis años.
A los Sosa también se les atribuye vinculación con Yarib Hernández García, Samuel Alfonso Castellanos, María Augenia Mata y Carlos Ricardo Hernández Palacios, actuales candidatos.
Patadas y juego sucio
Al grupo de Flavio Sosa Villavicencio, se le atribuye la impugnación de la candidatura de Juan Rodríguez Ramos, actual visitador de la Defensoría de los Derechos Humanos y que busca la titularidad con el apoyo del obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, el Padre Uvi y Solalinde.
Según fuentes consultadas por Real Politik, Rodríguez Ramos es el único aspirante que podría forzar una injerencia directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el proceso de selección del nuevo ombudsman y de hecho el menos malo de todos.
Lo anterior, luego de que el obispo emérito, al momento del registro de Rodríguez, dijo que pediría la intermediación del Presidente de México.
Además de ello, los representantes de la Iglesia izquierdista de Oaxaca, promotores de la teología de la liberación, tienen el apoyo, al menos de palabra, de los nueve integrantes de la fracción de Morena, afines a los dirigentes Ericel Gómez Nucamendi y Nancy Ortiz Cabrera, que permanecen confrontados con 16 de sus compañeros identificados con las corrientes de Salomón Jara y Flavio Sosa Villavicencio.
El “grupo de los nueve”, como se les llama, se ha pronunciado internamente en contra de la intentona de los Sosa y Comuna de Oaxaca por monopolizar la Defensoría.
Al grupo de Flavio Sosa, por su parte, se le acusa de buscar eliminar a sus competidores más fuertes.
Además de Juan Rodríguez, también fueron impugnados José Bernardo Rodríguez Alamilla.
El caso de Rodríguez Alamilla es particular, pues es el alfil de Arturo Peimbert y por ende, otro de los más serios aspirantes.
Expertos en derechos humanos y política han afirmado a este medio que Rodríguez Alamilla no sólo cuenta con la bendición del actual ombudsman sino que ha logrado el apoyo del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa. De ahí la preocupación de los Sosa.
Presentan terna
Hasta el miércoles 27 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no había dictaminado la procedencia de la impugnación, por lo que Rodríguez Ramos y Rodríguez Alamilla continuaban en la contienda.
Para dos abogados a los que se le pidió su opinión, los recursos son improcedentes pues los dados están cargados a favor de Flavio Sosa.
Boicot
Fue ese mismo miércoles que comenzaron a circular los presuntos nombres de los tres personajes que conformarían la terna final: César Mateos de Comuna de Oaxaca; Yésica Sánchez, de la corriente morenista de Adelfo Regino, y Bernardo Rodríguez Alamilla, de Peimbert Calvo.
Fuentes consultadas indicaron que el último candidato cuenta con el apoyo de los seis diputados del PRI, dos del Partido Verde y podrían sumarse el PAN y las dos legisladoras del bloque de Mujeres Independientes, para un total de 11 sufragios.
Ese bloque, de acuerdo con los informes, también tiene el respaldo de los 10 diputados morenistas que están en contra de Salomón Jara y Flavio Sosa, con lo que el apoyo llegaría a 21 de 27 votos necesarios. En sentido puesto, Flavio Sosa y Salomón, de caminar coordinadamente, recabarían 16 votos, más tres del PT y dos del PES, para un total de 21 e igualdad de fuerzas.
Consultadas por este medio, las fuentes revelaron, de manera extraoficial, que las pugnas entre ambos bandos de Morena escalaron al grado de que el “grupo de Flavio Sosa” había comenzado a ofrecer dinero a sus correligionarios a cambio de que votaran a favor de Sanchez Maya y el objetivo, sostuvieron, es favorecer a las aspiraciones de los creadores de Comuna de Oaxaca y perjudicar a los más serios y peligrosos contrincanques Rodríguez Alamilla y Rodríguez Ramos.
César Mateos, planchado
Sin embargo, los mismos informantes aseguraron que el control de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es una cuota que Flavio Sosa y el PRI pactaron desde hace varios meses.
Es decir, el grupo de Flavio Sosa, a cambio de favorecer en diversas determinaciones al PRI-Gobierno, deberá recibir ese espacio de poder. De no hacerlo, se podría desatar un nuevo choque político en la entidad.
Los reportes señalan que la DDHPO no es el único espacio que ha estado en juego, pues, meses atrás, también como un pago de cuotas, el Revolucionario Institucional avaló que Miguel Ángel Martínez Maya, cuñado de Horacio Sosa, asumiera la jefatura de la Unidad Técnica de la Comisión del Órgano Superior de Fiscalización.
Así, a 15 días de que termine el primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso local, parece que los dados están echados y no habrá nada que detenga las pretensiones de la cofradía de los hermanos Sosa por hacerse del control pleno del órgano encargado de perseguir y exhibir públicamente las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
La única manera de que los creadores de la APPO pierdan esa posición es mediante una arremetida del PRI y la fracción disidente de Morena, algo poco factible, para algunos especialistas, pues podría desencadenar un nuevo episodio de inestabilidad en el estado de Oaxaca.
La suerte, parece, estar echada.
