La escasez de recursos en la Fiscalía Estatal de Justicia del Estado ha generado que incluso las víctimas deban pagar para que se realicen las diligencias; las aportaciones van desde la gasolina para vehículos oficiales hasta alojamiento y alimentos para los elementos que investigan en campo; esta práctica, de acuerdo con el fiscal Rubén Vasconcelos, será difícil de erradicar hasta que haya dinero suficiente en la dependencia a su cargo.
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
“Te voy a mandar los caninos, pero con una condición”, le dijo Alejandro Moreno, asesor de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, a Abigail Cruz, quien el 27 de diciembre de 2017 denunció la desaparición de su padre, Federico Cruz Morales, secretario del consejo de vigilancia de San Miguel Cajonos, y de Álvaro Bernardo Reyes Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales de esta agencia perteneciente al municipio de San Francisco Cajonos, Sierra Norte. ¿Cuál fue la condición? “Vas a poner la gasolina para las patrullas, vas a darle alimentación a los elementos de seguridad, a los agentes de investigación, porque no hay recursos”.
Sí, en Oaxaca se paga para que la justicia avance. Se pagan viáticos, gasolina, alimentos para que se investigue, para que se imparta justicia. Solicitar a las víctimas, a los denunciantes dinero para trabajar se ha convertido en un uso y costumbre interminable en la Fiscalía, donde falta dinero para que los agentes puedan hacer trabajo de investigación en campo, para que se puedan trasladar, para que puedan comer y hasta para que puedan sacar una copia; es una situación aceptada por el propio fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, incapaz de acabar con esta situación que justifica por la falta de recursos.
El caso de Cajonos
Ante la solicitud de los funcionarios de la Fiscalía, la comunidad de San Miguel, con la aprobación del cabildo, aceptó pagar la gasolina, los viáticos y la alimentación con tal de que los agentes se trasladaran a esta comunidad serrana ubicada a aproximadamente 96 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
“Pedimos apoyo, elementos de policía, caninos, un helicóptero, drones y me dicen ‘no hay recursos. Si acaso, tienes que hacer el papeleo para ver si te lo dan porque realmente no hay recursos ni para la gasolina’”, recuerda.
El día de la búsqueda, el 28 de diciembre de 2017, se apersonaron elementos de investigación con un perro. “Enviaron un canino, el pobre perro no sabía ni pa’dónde ir, los elementos no tienen ni la condición ni la preparación para hacer una búsqueda en el bosque porque no hay recursos, no sé qué hacen con los recursos. Encontraron la camioneta, encontraron la mochila de mi papá. Hasta ahí llegaron ese día. Quedamos de hacer un nuevo recorrido al siguiente día, a las 6, 7 de la mañana, pero era hasta la hora que ellos querían, hasta las 10 de la mañana. Fueron dos búsquedas consecutivas y ahí se paró. Eso no puede ser. En desaparición forzada tiene que ser hasta que se encuentra a la persona, viva o sin vida, pero tienes que buscarla, se necesitan recursos”, insiste.
Ante el desistimiento de la Fiscalía para buscar a los pobladores, Abigail y su familia encontraron apoyo jurídico de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), que corrigió la plana a las autoridades, que hasta entonces habían rechazado realizar la búsqueda en la comunidad de origen de los pobladores acusados de la agresión.
“Los abogados le dijeron a la Fiscalía, ‘vas a hacer la búsqueda, pero ya no la vas a hacer en el bosque, la vas a hacer en la comunidad de San Pedro Cajonos’, a la par ellos se empiezan a resguardar, con barricadas como de piedra, ¿por qué cierran la comunidad? Se manda la documentación a la Fiscalía y aceptan hacer la búsqueda, pero la documentación la envían a la comunidad de San Pedro, preguntando ‘¿cuándo puedo entrar?
“¿Cómo la autoridad va a decir cuándo puedo entrar a los presuntos responsables? Eso es una burla, son búsquedas simuladas, porque los pobladores le dicen ‘vas a buscar aquí, vas a buscar allá’, se supone que los agentes deben tener sus estrategias, fueron dos veces pero los pobladores los guiaron. ¿Cómo es posible que la Fiscalía haga esto?”, pregunta.
La falta inagotable de recursos
La insistencia de Abigail y de sus familiares para que se buscara a los dos pobladores de San Miguel encontraba siempre el mismo dique: “Es que no hay elementos… es que no hay gasolina… tú debes de tener para la comida”.
“Ahí te das cuenta de la impunidad, de la falta de interés que tiene el gobierno, somos una comunidad, la más vulnerable, la más sensible, el gobierno piensa que no podemos hacer nada por nuestros familiares. A las comunidades zapotecas se nos tiene en el olvido y eso no lo podemos permitir. Son dos personas, son dos seres humanos, al parecer les interesa más el dinero”, expresa Abigail.
Si en la Fiscalía el pretexto era la falta de recursos, en otras instancias del gobierno estatal la ‘solución’ que pretendían forzar era con el uso excesivo de recursos. La Secretaría de Asuntos Indígenas les pidió que se olvidaran del caso, “nos quisieron voltear las cosas, nos dijeron ‘qué necesita tu pueblo, apoyo, escuela, Sedesol’. Les dije, no necesitamos nada de eso, lo que necesitamos es que le digas al Gobierno del Estado, a la Fiscalía, a los agentes ministeriales que hagan su trabajo. Ellos ya tenían la mesa con los funcionarios para que firmara, los dejamos plantados”.
No son los peores casos
Agentes de la Fiscalía entrevistados, que rechazaron dar su nombre para evitar represalias, descartaron que el caso de San Miguel Cajonos sea el peor del que hayan escuchado y coinciden en que el problema de falta de recursos en la dependencia es de décadas con altas y bajas, con años buenos, otros malos y otros peores.
Los agentes apuntaron que en casos como homicidios o enfrentamientos entre comunidades, entre más grave y mediático sea el caso más probabilidades hay de que se otorguen recursos “al menos para ir a levantar cuerpos”. El problema, apuntan, viene después, cuando se requiere volver, una, dos veces o más a las comunidades para investigar. Ahí ya no hay recursos”.
“A mí me ha tocado que necesites una prueba de ADN y como no hay recursos no se hace, mandas a hacer los exámenes y no te entregan los resultados. Pasa también cuando necesitas un perito, muchas veces no te lo mandan. En esta época no consigues”, apunta uno de los entrevistados.
Para atender a mujeres víctimas de agresiones, abuso sexual o violación a veces tampoco hay médicos o al menos no en todos los turnos.
Para los agentes, estos casos en los que se solicitan recursos a las víctimas, no se trata de corrupción y dudan en aceptar el término “mendicidad burocrática”. Para ellos, muchas veces se trata de defender sus propios ingresos porque cuando realizan diligencias sin vehículos con suficiente gasolina ellos deben pagarla.
En las oficinas de los Ministerios Públicos pasa lo mismo. A los denunciantes se les piden desde pizzas, “para hacer horas extra”, hasta dinero para gasolina e incluso para hacer diligencias en otros estados de la República. En esta situación solo quien puede pagar para atender a los agentes tiene opciones de obtener justicia.
A las víctimas se les pide que lleven hojas blancas para imprimir las denuncias o las copias de sus expedientes. “No se les pide un paquete de hojas, se les piden dos o tres porque no hay, no es corrupción, es que no hay recursos”.
Prácticas no son de ahora: fiscal
Para el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, la falta de recursos para la operación continúa y efectiva de la Fiscalía no ha logrado resolverse por el escaso presupuesto con que se cuenta. Aunque el presupuesto óptimo para la institución debiera ser de mil 100 millones de pesos, actualmente cuenta solo con 672 millones. Esa brecha, asegura, impide que desaparezcan prácticas como las denunciadas por Abigail y su familia.
Actualmente, apunta, se ha generado un modelo de racionalización de recursos para evitar que se gasten en operativos para la atención de delitos menores como robo simple o lesiones. Esas indagatorias, subraya, “ya no se hacen” o al menos ya no se hacen en campo. “Donde sí se gasta recurso, porque he concentrado todo ahí, es en el caso de delitos graves”.
“No puedo decir que lo hemos resuelto por completo, no hay recursos suficientes para que todos los casos la Fiscalía les pague el traslado ni si quiera a la realización de diligencias a los agentes estatales de investigación o a los peritos, sí tenemos muchos problemas en el suministro de gasolina, sí tenemos muchos problemas con cosas específicas como el pago de viáticos, pero también comprendo que muchos de estos asuntos no se pueden dejar de trabajar por no tener viáticos”.
La solución, asegura, solo se alcanzará a largo plazo, pues se deben atender males que aquejan a la Fiscalía desde hace por lo menos medio siglo.
“Tenemos casi el mismo funcionamiento, las inercias son muy fuertes, de 50 años para acá, la corrupción no es de ayer, la corrupción es de hace 50 años, lo sabemos, que los peritos actúen torciendo sus dictámenes no es del año pasado, es de hace 50 años, que haya corrupción en la Agencia Estatal de Investigaciones no es del año pasado, es de hace 50 años, y las acciones para re-direccionar esto tampoco son de un año, o de dos o de cinco, son de 10 años, lo que nosotros no podemos detener es claridad sobre esas acciones, lo que debemos tener es un modelo de Fiscalía”.
