Familiares de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez pidieron que las detenciones del ex director de la Policía Ministerial, de dos comandantes regionales, un jefe de grupo y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y la orden de captura girada contra el exprocurador de Justicia del Estado no sean un distractor para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene investigar la participación del exgobernador Ulises Ruiz en el crimen de lesa humanidad cometido el 24 de marzo de 2007
“La detención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Oaxaca es solo una parte del entramado que representa la desaparición forzada de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Es parte del proceso de investigación penal que las autoridades tienen la obligación de realizar, sin embargo, es preocupante que no se haya girado orden de aprehensión en contra del exgobernador Ulises Ruiz, ni que se mencione en la investigación al ex presidente Felipe Calderón”
Familiares de los desaparecidos
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
La detención de un ex director de la extinta Policía Ministerial, dos comandantes regionales, un jefe de grupo y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como la orden de captura girada en contra del ex procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, son solo el primer paso para desentrañar el crimen de Estado que implicó la desaparición de los dos guerrilleros integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, señalaron familiares, abogados y activistas por los derechos humanos, que exigen que por este caso sea investigado y enjuiciado también el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.
El pasado miércoles 6 de agosto, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en operativos distintos detuvieron primero al ex director de la Policía Ministerial, luego en el edificio de la Experimental a dos comandantes regionales, un jefe de grupo y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, por probables vínculos con la delincuencia organizada y por su probable participación en la desaparición de los dos integrantes de la organización guerrillera. Aunque hasta ahora la FGR no ha hecho pública la información del caso, familiares de las víctimas refirieron que la orden de captura en contra de Evencio Martínez Ramírez aún está pendiente de ejecución.
Asimismo, señalaron que en total fueron giradas 10 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron únicamente seis. Entre los detenidos se encuentran, de acuerdo con la orden de aprehensión girada por un juzgado federal con sede en Zapopan, Jalisco, Daniel C.F., exdirector de la Policía Ministerial de Oaxaca; Juan José R.L.; Ernesto H.H.; Samuel Alonso L.G.; Francisco Pascual C.; Adán Abel M.L.; y Albino S.O., este último actualmente recluido en un penal del estado de Veracruz.
Hasta el cierre de esta edición se encontraban prófugos Evencio Nicolás M.R., exprocurador de Justicia del Estado; Pedro H. H., exsubdirector operativo de la Policía Ministerial, y el exagente Dámaso S.P.
Además, los familiares pidieron que en esta investigación se sancione a los funcionarios de todos los órdenes de gobierno que estuvieron involucrados, incluidos mandos de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al igual que el ex gobernador Ulises Ruiz.
“La detención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Oaxaca es solo una parte del entramado que representa la desaparición forzada de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Es parte del proceso de investigación penal que las autoridades tienen la obligación de realizar, sin embargo, es preocupante que no se haya girado orden de aprehensión en contra del exgobernador Ulises Ruiz, ni que se mencione en la investigación al ex presidente Felipe Calderón”, señalaron el viernes 7 de agosto familiares de los desaparecidos mediante un comunicado.
Los familiares de las víctimas, impulsores del Comité Hasta Encontrarlos, señalaron que aún la Suprema Corte debe analizar el caso y avalar si se crea una comisión de búsqueda que investigue a mandos militares y si los desaparecidos fueron llevados a instalaciones militares, las cuales tendrían que ser abiertos para que se realicen indagatorias.
“Exigimos que estas detenciones no solo sean un distractor que haga perder de vista la obligación de la Suprema Corte de emitir una sentencia favorable a las víctimas que abone realmente a la presentación con vida de nuestros familiares y de todos los detenidos desaparecidos del país”, señalaron los familiares.
Hasta ahora, el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, no ha fijado una postura institucional respecto a las labores que prestaban las seis personas detenidas dentro de la corporación encargada de investigar crímenes y delitos en la entidad. Tampoco ha explicado si ha comenzado investigaciones internas para conocer si existen otros agentes de la corporación que pudieran tener vínculos con integrantes de la delincuencia organizada o con la comisión de delitos de lesa humanidad.
APENAS EL PRIMER PASO
La detención de los comandantes y agentes de la AEI de Oaxaca es apenas el primer paso de un proceso en el que tanto los familiares de los desaparecidos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos han abierto un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del cual se busca precisar la responsabilidad que tuvieron en los hechos altos mandos castrenses y de corporaciones de inteligencia y seguridad pública municipales, estatales y federales.
Desde el pasado 17 de febrero, la CNDH exhortó a la Corte a atraer el caso de los eperristas, presuntamente víctimas de desaparición forzada en el mes de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca de Juárez y que hasta ahora no han sido localizados.
La petición al máximo tribunal del país fue hecha tras un encuentro entre la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y familiares de las víctimas y fue respondida favorablemente por la Corte el 4 de junio. Ese día, el tribunal notificó la determinación de “reasumir su competencia originaria” y conocer los recursos de revisión presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, así como el recurso de revisión adhesiva interpuesto por los abogados de los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
El asunto quedó radicado en la primera sala de la Corte, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
“La sentencia definitiva que emita la SCJN podría ser el momento largamente esperado de fijar criterios obligatorios para todos los casos presentes y futuros, en cuanto a las facultades de los jueces de distrito en procesos judiciales en que se reclame y sospeche que una persona ha sufrido desaparición forzada, con la precisión de los márgenes que rigen su actuación, así como los lineamientos con los que podrán ejercer la encomienda constitucional de garantes de la observancia de los derechos humanos, así como establecer los parámetros de obligaciones que pueden imponerse para lograr la reparación integral en favor de los agraviados directos y las víctimas indirectas de esas acciones”, explica el antropólogo y activista por los derechos humanos Gilberto López y Rivas.
A través de un artículo publicado por La Jornada el pasado 10 de julio, López y Rivas señala que la Corte “por la gravedad del hecho, deberá resolver en favor de las víctimas directas e indirectas y, con ello, poner un alto a la impunidad prevaleciente para los crímenes de Estado, determinar la suerte y el paradero de ambos luchadores sociales y tener acceso real a la verdad, la justicia, la memoria y medidas de no repetición”.
HISTORIAL
De acuerdo con una cronología de los hechos realizada por el abogado Leonel Rivero, coordinador general de Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC, señala que el 24 de mayo de 2007 ambos activistas fueron detenidos mediante un operativo compuesto por elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.
La detención-desaparición ocurrió en el contexto de las protestas masivas encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). De acuerdo con el abogado, los indicios factibles que existen dentro de la averiguación previa y los que recabó en su investigación la CNDH permiten determinar que Gabriel Alberto y Edmundo fueron detenidos en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, en algún momento de la noche del 24 de mayo de 2007, y que en las primeras horas del día 25 fueron trasladados e internados en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
Asimismo, apunta que, de acuerdo con versiones testimoniales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya llegaron severamente golpeados a las instalaciones ministeriales por lo que en un primer momento el comandante encargado de la guardia (Jonás Gutiérrez Corro) se negaba a recibirlos. Existen también indicios de que los dos activistas permanecieron por unas horas en ese lugar y después su presencia física se desvaneció en los confines del tiempo.
El 13 de febrero de 2009, la CNDH emitió la recomendación 007/2009, dirigida al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, en representación del gobierno federal, al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas.
De acuerdo a la investigación, la CNDH estableció que servidores públicos del Estado mexicano, en particular de la entonces PGR, de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, y de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, así como la dirección general de Seguridad Pública de Oaxaca de Juárez vulneraron los derechos humanos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso.
“La desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, obedeció a una decisión de Estado que fue tomada al más alto nivel. El despliegue de una fuerza disuasiva conformada por un escuadrón de fusileros (37 soldados y dos oficiales), un sinnúmero de elementos ministeriales y policiacos, lo demostraron, ya que no es común, el despliegue de una fuerza militar altamente entrenada para detener a dos personas”, asegura Rivero en un artículo titulado La responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
