Existe excesiva tolerancia del Gobierno a marchas, plantones, toma de edificios públicos, carreteras o aeropuertos; además los diputados de la LXII Legislatura local negocian todo a favor de sus intereses personales y a espaldas de la ciudadanía, concluyen participantes del Foro País Oaxaca, convocado por el Instituto Nacional Electoral
Luis RAMÍREZ
En Oaxaca existe una pésima calidad de ciudadanía, producto de la ingobernabilidad que existe en el estado, concluyeron participantes del Foro País Oaxaca, convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos electorales y académicos atribuyeron la pésima calidad de ciudadanía a la excesiva tolerancia que mantiene el Gobierno de alternancia con las diversas membresías, organizaciones, sindicatos, tribus y partidos políticos que arribaron al poder, que actúan en negativo a través de marchas, plantones, toma de edificios públicos, carreteras o aeropuertos.
Dichas organizaciones actúan movidas por el botín del dinero del histórico presupuesto de 800 millones de pesos anuales que se destinan para atenuar las movilizaciones en la entidad, para satisfacer sus intereses económicos y clientelares, señalaron los participantes.
Lo anterior, precisaron, ha causado un daño no al gobierno sino a la sociedad oaxaqueña, a la economía en general que impide el pleno desarrollo de las mayorías, que sienten una insatisfacción y rechazo a las instituciones, así como a los partidos políticos que no se preocupan por las necesidades de los ciudadanos.
Por otro lado, agregaron, tenemos unos diputados integrantes de la LXII Legislatura, que no respetan ni el derecho de petición, donde al parecer todo se comercializa y negocia a favor de sus intereses personales y de grupo y de espaldas a la sociedad, improductiva e incapaz de ponerse de acuerdo.
Hasta la fecha no hay ninguna ley importante aprobada, al menos de las presentadas por el Consejo Estatal de Participación Ciudadana A.C. como la reforma política, la Ley para crear el Instituto de la Defensoría Pública, la Ley Indígena y el reconocimiento de los afromestizos, la Ley de Educación, la Ley para prevenir y sancionar la usura y regular las casas de empeños, entre otras iniciativas.
Tampoco han querido integrar una comisión legislativa para atender el conflicto Inter-Municipal de San Pedro Mixtepec con Santa María Colotepec, a pesar de la ingobernabilidad y violencia generada en Puerto Escondido por el presidente municipal de Santa María Colotepec.
Todo lo anterior obliga a construir una agenda pública en Oaxaca, en busca de la construcción de una ciudadanía de calidad, que las propuestas hechas por la misma generen políticas públicas para el fortalecimiento de las instituciones y del régimen democrático, porque la mayoría de los oaxaqueños no quieren seguir en la ingobernabilidad en la que se encuentran.
Al Foro País Oaxaca fueron convocadas diversas organizaciones de la sociedad e instituciones como el Organismo Público Local Electoral (OPLE), la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), los Servicios para una Educación Alternativa A.C., la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre Género y Derechos Humanos A.C., entre otros.
Pobreza y desigualdad,
enemigos de la democracia
Al presentarse el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de México, se destacó que México ha avanzado de manera importante en la construcción de su democracia.
El desarrollo de leyes, instituciones y procedimientos en materia político-electoral ha impulsado la generación de un sistema multipartidista, la celebración de elecciones altamente competidas, y la alternancia y coexistencia de la diversidad política en todos los niveles de gobierno y en las diferentes legislaturas del país, por citar algunos ejemplos, establece el informe.
Lo anterior ha significado una ampliación efectiva de los derechos políticos de los y las mexicanos sin precedentes en nuestra historia, puntualiza.
Pero a pesar de estos logros, es evidente que prevalecen condiciones que impiden la consolidación de una vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos.
El informe resalta que persisten factores como la pobreza y la desigualdad, al igual que las prácticas autoritarias y clientelares, la desconfianza en las instituciones, así como las amenazas a la seguridad pública. Ello vulnera la condición ciudadana de los mexicanos e impide el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa.
El diagnóstico revela que el 65 por ciento de los ciudadanos no denuncia cuando es víctima de un delito; 54 por ciento de los que denuncian creen que no les sirvió de nada comparecer ante el Ministerio Publico a denunciar; el 57 por ciento rechaza la toma de carreteras y oficinas gubernamentales.
Además, el 50 por ciento opina que a la clase política no le importan las opiniones de la ciudadanía; 18 por ciento ha sido víctima de discriminación por su apariencia física o clase social; el 20 por ciento por el color de la piel; el 10.3 por ciento por ser mujer; y el 26.4 por ciento por ser indígena.
El Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México sintetiza que existe una desesperanza de la sociedad en la autoridad, las instituciones y hacia el prójimo.
El diagnóstico nacional y regional advierte que las percepciones y prácticas ciudadanas que se desprenden de este estudio son una alerta para unificar esfuerzos y dirigirlos en la misma dirección: la creación del valor compartido para la ciudadanía.
El citado informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de un diálogo, poniendo a las disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas ciudadanas y su relación con diversos sujetos de intermediación y representación política.
En este diagnóstico nacional destaca el respeto a la ley como un valor fundamental para los mexicanos, sin embargo más del 50% de ellos acusa al Estado de ser ineficaz para revertir la desigualdad y confrontar los privilegios. La inseguridad es una de las mayores preocupaciones y el aparato de justicia es visto como una red al servicio de la deshonestidad y el clientelismo, de ahí que el crimen, la impunidad y la corrupción sean los grandes enemigos del Estado de derecho.
La desvinculación de los ciudadanos se comprueba por su escasa militancia en organizaciones sociales y por su casi nula capacidad de acceso a las instituciones encargadas de impartir justicia, que se ve reflejada en los reducidos niveles de la denuncia ciudadana que alcanza el 60% de las víctimas que no lo hacen.
Los mexicanos no se sienten representados, no tienen confianza en los actores clave de la democracia ni en las instituciones teóricamente más cercanas y visibles del Estado: los porcentajes en el nivel de confianza son del 19, 17 y 32 por ciento para los partidos políticos, los diputados y la policía respectivamente.
El informe reconoce que en México son pobres los registros de participación ciudadana y la pérdida de capacidad de respuesta y de poder de las instituciones genera apatía ciudadana, el peor enemigo de la democracia.
