Agencias.-Con la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de sancionar las transgresiones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante las pasadas elecciones intermedias, dejó pasar la oportunidad de reafirmar su carácter de contrapreso frente a partidos políticos que, en todo momento, priorizan la protección de sus intereses, y se abstuvo de imponer un castigo ejemplar que transformaría la dinámica democrática, concluyó el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).
La semana pasada, el Consejo General del INE consideró, por una mayoría de siete consejeros contra cuatro, improcedente retirar el registro al Partido Verde, al considerar que las multas impuestas en su contra eran suficientes y que retirar el retiro del registro era una medida extrema y desproporcionada.
El equipo de analistas de este think tank reportó que las críticas al INE radican en que la ambigüedad del concepto “grave” posibilita un amplio margen de discrecionalidad en la determinación de la sanción correspondiente.
Este centro de análisis cuestionó si las multas al PVEM en realidad representaron una sanción significativa para la operación del partido, y si estas inhibirán de manera efectiva próximas conductas ilegales.
Hasta ahora, las 26 multas acumuladas en contra del PVEM ascienden a un total de 597 millones 566,467 pesos.
Si bien aún queda la posibilidad de que la decisión del INE sea impugnada —tanto para intentar reducir la multa económica como para reconsiderar la cancelación del registro—, será al Tribunal Electoral a quien corresponda la última palabra. “Ha quedado claro que para el INE violar la veda electoral, contratar publicidad irregular e incurrir en otras conductas al margen de la legislación como lo hizo el PVEM no son suficientes para actualizar el supuesto de sanción del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, apunta el equipo del CIDAC.
En un documento de análisis, argumenta que al determinar que la única causa suficiente para que se retire el registro a un partido político es “poner en riesgo la democracia mexicana”. El INE fijó un estándar bastante alto y ambiguo que posibilita que los partidos políticos cometan todo un abanico de conductas ilegales debajo de dicho estándar.
