Víctor Chávez
Especial para Real Politik
MÉXICO, DF.- A 18 meses de encuentros y desencuentros generados en el Pacto por México, y a escaso mes y medio de presentadas sus respectivasiniciativas de leyes secundarias, el Congreso de la Unión culminó el rediseño del modelo electoral mexicano, que convierte al Instituto Nacional Electoral (INE) en un “poder monumental” con poderes y facultades “metaconstitucionales”.
Aprobadas en ambas cámaras del Poder Legislativo, los legisladores terminan el gran capítulo de la reforma político-electoral, y en las nuevas legislaciones electorales el INE alcanza tales atribuciones que, en el momento en que decida la “atracción total” de un proceso electoral en un estado de facto, podrá –incluso-, en los hechos, emitir una virtual declaración de desaparición de poderes en cualquier entidad.
Al avalar la nueva ley, los propios legisladores admitieron: ¿Qué gobernador, qué Congreso local podrá sostenerse si el Instituto Nacional Electoral atrae una elección, con el argumento de que no existen las condiciones de gobernabilidad o las condiciones para garantizar la legalidad en el desarrollo del proceso electoral? ¡Sin duda ninguno!
A partir de los paquetes de iniciativas presentadas, de manera separada, por el PRI, PAN y PRD, la reforma integral inicia con la desaparición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –el Cofipe- y la creación, en su lugar, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Además, se modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Asimismo, quedó avalada la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como la reforma constitucional propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que ordena incluir en el Artículo 41 de la Constitución Política el término “adquirir”, además de comprar, de manera ilegal coberturas informativas o tiempos en radio y televisión, como causa de “nulidad” en elecciones federales o locales.
El paquete incluye la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre la federación y los estados, con el objeto de proteger el desarrollo electoral y la consulta popular.
Contempla castigos de cárcel de tres a seis meses y multas de 50 a 100 días a toda persona que vote en dos o más ocasiones, que no cumpla con los requisitos de ley, haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada electoral, obstaculice interfiera en la elección, el escrutinio y cómputo de los votos, organice acarreos, entre muchas otras acciones prohibidas.
También ordena sanciones que van de dos a seis años de prisión y multas de 50 a 200 días de salario mínimo a todo aquel funcionario electoral que “induzca al voto”, altere resultados , destruya materiales electorales, que haga mal uso del Registro Federal de Electores, del Padrón o de la Lista Nominal, que obstruyan el proceso electoral, impidan la entrega de los materiales para la elección, cierre casillas sin atender el procedimiento legal, entre muchas otras actividades consideradas ilícitas.
Borrará gobiernos. Encinas
En el Senado, el senador priista Miguel Ángel Chico Herrera calificó estas reformas como un “blindaje al sistema electoral, erradica los vacíos que prevalecían en la organización de las elecciones y atiende la demanda ciudadana de construir mayores espacios para la participación política. El establecimiento de la presente normatividad electoral dará certidumbre a los ciudadanos candidatos y partidos políticos de cara a los próximo comicios a celebrarse en el año 2015”.
Sostuvo que “la construcción de un nuevo Instituto Nacional Electoral es la base sobre la cual se fortalecerá el principio básico de los comicios, el voto libre y secreto de los mexicanos para elegir a sus representantes, con esta transición democrática el Estado mexicano se pone a la vanguardia y se abre una nueva etapa en el desarrollo político de México, con una autoridad electoral que será el árbitro de las elecciones a nivel nacional”.
Expuso que “con el objeto de evitar el desvío de recursos gubernamentales y el involucramiento de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, el INE podrá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para investigar potenciales actos delictivos u operaciones financieras inusuales. Con lo anterior daremos un paso fundamental para cerrar el financiamiento de organizaciones criminales en los candidatos, partidos políticos, y por ende en los procesos electorales”.
La senadora priista Cristina Díaz completó que “lo central de la reforma es la asunción, delegación, reasunción y atracción de atribuciones entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en materia electoral, tema de vital trascendencia y que en el actual dictamen preserva los principios fundamentales del federalismo”.
Desde el PAN, el senador Roberto Gil expuso que “el nuevo modelo implica la creación de una autoridad nacional que tendrá intervención directa en procesos electorales locales, no con el propósito de extinguir al IFE, ni de subordinar a las autoridades electorales locales, sino con el propósito y el objetivo de crear las mismas condiciones de calidad en la organización de todos los procesos electorales locales”.
Para el senador del PRD, Alejandro Encinas “el debate es respecto a facultades originarias, facultades delegables, facultades concurrentes entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos locales ha permitido tener definiciones puntuales respecto a las condiciones donde, por ejemplo, el INE puede atraer la organización y el desarrollo pleno de una elección en los estados y cómo también la petición del órgano público local electoral, puede solicitar al INE la atracción en cualquier momento del proceso electoral de alguna de las fases del mismo proceso”.
Alertó que “este no es un asunto menor, hemos dotado de una fuerza monumental al Instituto Nacional Electoral que, de hecho, prácticamente se le dota de un poder metaconstitucional, porque en el momento en que decida la fracción total de un proceso electoral en un estado de facto, estará emitiendo una declaración de desaparición de poderes en la entidad”.
En el estado donde se haga la atracción de este proceso electoral, “¿qué gobernador, qué Congreso local podrá sostenerse si el INE atrae una elección porque no existen las condiciones de gobernabilidad o la condiciones para garantizar la legalidad en el desarrollo del proceso electoral?”.
Ese decir, “para desaparecer poderes de un estado se requiere ahora de las dos terceras partes de los integrantes del Senado de la República, con el voto de ocho de los consejeros y consejeras del INE y de facto pueden borrar a un gobierno local en cualquier entidad”.
