Este lunes 22 de octubre se vence el plazo que dio Andrés Manuel López Obrador para bajar en seis meses los índices de violencia e inseguridad en el territorio nacional, lejos de ello los actos delictivos, como los homicidios dolosos, van al alza y 2019 amenaza convertirse en el año más violento de la historia. La Guardia Nacional, el principal instrumento para contener la ola criminal, está dedicada a perseguir migrantes en lugar de delincuentes, cuestionan legisladores y expertos en seguridad pública
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
CIUDAD DE MÉXICO.- “Cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se esté produciendo más, se esten creando empleos, cuando haya más bienestar va a bajar la inseguridad”. ¿Cuándo? “Yo creo que en seis meses”, dijo el 22 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador. El plazo que fijó se vence este lunes 22 de octubre y, pese a la puesta en marcha de la Guardia Nacional, su principal instrumento para contener la ola criminal, los resultados aún son de alarma. Tanto a nivel nacional como en Oaxaca, la violencia homicida y la delincuencia continúan creciendo. En el estado, el promedio de asesinatos mensual supera los cien y suma ya a cinco municipios enlistados en los 100 más violentos; para el país, 2019 sigue el rumbo para convertirse en el año más violento de la historia.
Pese a que la Guardia Nacional ya opera en 150 regiones del país, especialistas en Seguridad Pública, Derecho y legisladores de oposición observan que el proyecto de la Cuarta Transformación es demasiado corto como para solucionar el problema que enfrenta.
“El ofrecimiento de disminuir la criminalidad en seis meses no se va a cumplir, todos los indicadores están a la alza en términos de violencia, una razón importante es que el presidente decidió poner a la Guardia Nacional a perseguir migrantes en vez de perseguir delincuentes, en vez de seguir una política de seguridad, se empezó a seguir una política de chantaje del presidente Trump, en el Suchiate hay militares con brazalete de Guardia Nacional cada 100 metros”, denuncia el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, para quien la Guardia Nacional significa la militarización del país.
En Oaxaca, la Guardia Nacional opera desde el mes de abril, cuando se anunció que reforzaría la vigilancia en la Cuenca del Papaloapan. Aunque el objetivo es que 3 mil 500 elementos de este cuerpo vigilen la entidad, actualmente solo hay dos mil efectivos. El pasado 16 de octubre el comandante de la octava brigada de la Policía Militar, Rogelio García Pérez, fue presentado como comandante encargado de la fuerza de seguridad. Su propuesta fue hecha por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González.
Para el abogado constitucionalista de la UNAM Jaime Cárdenas Gracia, el Plan Nacional de Paz y Seguridad que el hoy secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentó en noviembre de 2018 se volvió un plan de un solo punto, la operación de la Guardia, olvidando alternativas de pacificación como la legalización de algunas drogas y el combate a la impunidad.
“Se dijo que en poco tiempo habría resultados, pero yo creo que se necesitará uno o dos años para evaluar qué tanto ha servido para reducir la inseguridad y la violencia en el país, con el poco tiempo que tiene funcionando no hay información, datos, que nos permitan decir si ha contribuido”, señala en entrevista.
“Advierto una subordinación de la Guardia Nacional al sistema de seguridad estadounidense, lo observamos claramente ahora con el ejemplo de las tareas que está realizando la Guardia Nacional para detener la migración de Centroamérica a Estados Unidos.
VIOLENCIA, AL ALZA EN OAXACA
En el estado, los números rechazan toda posibilidad de que el compromiso de López Obrador se cumpla. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el principal indicador que se mide para conocer el grado de violencia en el país, el número de asesinatos dolosos, se ha incrementado en el último semestre.
En Oaxaca, desde el 22 de abril, cuando el presidente expresó las palabras “cuando haya más bienestar va a bajar la inseguridad”, el promedio de asesinatos dolosos supera los 100. Aunque febrero y marzo registraron las cifras más bajas de reportes por este delito (70 y 85, respectivamente), junio, julio y agosto consecutivamente han superado la berrera de los 100 homicidios (123, 109 y 113).
No obstante, se observa una disminución de la incidencia delictiva al comparar los periodos enero-agosto de 2018 y 2019; en el primero se registraron 821 homicidios y en el segundo 785, una reducción de 4.38%.
A nivel nacional, mayo (2,902 homicidios dolosos), junio (2,989), julio (2,965) y agosto (2,966) se han posicionado como los meses más violentos del año. La cifra mensual más baja fue la de abril, con 2 mil 733 asesinatos intencionales.
HERENCIA DE SANGRE
Las cifras de violencia alcanzan sin embargo para justificar el dicho del presidente sobre que la violencia es un mal heredado, un mal que “se dejó crecer y se atendió mal”. De 2012 a 2018, Oaxaca fue uno de los ocho estados en donde la violencia homicida creció más de 100%. Esta lista la encabeza Baja California (+338%), seguido por Baja California Sur (+286.5%), Tabasco (+281.6%), Guanajuato (+224.8%), Zacatecas (+183%), Quintana Roo (+159.8%), Hidalgo (+149.6%) y Oaxaca (+106.3%).
Peña Nieto dejó a Oaxaca también como uno de los estados con mayor número de municipios inscritos en la lista de los 100 más inseguros, con cinco. De acuerdo con un análisis de la organización México Evalúa, de 2006 a 2018, la distribución territorial de la violencia homicida cambió.
“Al final del sexenio de Felipe Calderón los municipios con mayor violencia homicida se encontraban particularmente en la zona al norte del país (Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa) y en Guerrero. En cambio, con Peña Nieto el foco de violencia letal se desplazó hacia entidades como Colima, Guanajuato y Oaxaca, aunque prevaleció en menor medida en Chihuahua y Guerrero”.
PERSISTEN LAS FALLAS POLICÍAS
Al revisar la incidencia criminal en los municipios se observa que la herencia de Peña Nieto ha encontrado continuidad en el primer año de gobierno de López Obrador: Tuxtepec suma 52 homicidios dolosos en el año; Juchitán, 32; Villa de Tututepec, 20; Oaxaca de Juárez, 17; Salina Cruz, 17. En estos cinco municipios se concentra el 17% de los asesinatos de la entidad.
Para Miguel Garza, director de Investigación Aplicada en Policía del Instituto para la Seguridad y la Policía (Insyde), la situación de creciente inseguridad se debe a que tanto en las policías municipales como en la estatal –que pelea con la de Chiapas por los peores salarios del país- persisten fallas graves en su operación.
Insyde realizó entre 2017 y 2018 un trabajo de diagnóstico en policías de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec y en la de la capital del estado, encontrando problemas elementales.
“En el caso del Istmo, las policías municipales a veces se mantienen al margen de problemas como el homicidio, esperan que entre la Policía Estatal, que en número son pocos desplegados en la región, lo que genera un alto nivel de impunidad en los delitos”, explica Garza en entrevista.
Este deslinde de las policías municipales, agrega, se entiende en muchos casos por los bajos sueldos que perciben o porque incluso, carecen de licencia para portar armamento.
“Se entiende por el nivel de equipamiento que traen, hay policías de esa región que no saben leer ni escribir, que no tienen portación de arma, algunos no tienen ni uniforme, así es muy complicado que se decidan a participar en una situación que involucra un enfrentamiento armado”, señala.
Aunado a la falta de capacidades para la operación de las policías, añade, el Istmo se ha convertido en una zona de conflicto cada vez más peligrosa por la presencia de grupos del crimen organizado, que han diversificado su catálogo de delitos, “no solo llegan a hacer trasiego de drogas, sino a secuestrar, a hacer cobro de piso, trata de personas, lavado de dinero, eso también genera violencia en las comunidades”.
DURAZO, MINIMIZADO; EL EJÉRCITO, PROTEGIDO
Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, dos rasgos de la Guardia Nacional resultan preocupantes, el primero, que cumplidos los cinco años que establece el artículo quinto transitorio de la Constitución, “se diga ‘aún no se ha consolidado la Guardia Nacional, sigamos con la presencia del Ejército y de la Marina en las calles realizando tareas de seguridad pública’”.
“Su existencia representa contradicciones en la Constitución porque el lugar de las fuerzas armadas en épocas de paz, dice el artículo 129, debe ser el de los cuarteles, en cambio el quinto transitorio permite que hasta por cinco años las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública”. El segundo punto que causa preocupación es el creciente poder económico y político de las fuerzas armadas.
Para el legislador Álvarez Icaza, resulta además inaudito el rol público que el presidente ha decidido dar a las fuerzas armadas.
“Durazo tiene una muy baja participación en la operación de la Guardia, nos enteramos todo a través de los generales, pareciere ser que la función de la Secretaría de Seguridad Pública es dar los cheques… me parece que al secretario al primero que no lo toma en cuenta es su jefe, que está dando constantemente mensajes de protección al Ejército”, expresa.
PLAN DE PACIFICACIÓN, DEJADO DE LADO
Asimismo, los entrevistados coinciden en que, el plan de pacificación que presentó Andrés Manuel López Obrador ha sido dejado de lado.
“Hay avances, pero mal, en el tema de pobreza, por ejemplo, creo con los programas sociales se ha tratado de enfrentar el problema de inseguridad, aunque hay aún cuestiones logísticas, no están llegando como deben llegar, a toda la población, en eso se ha avanzado un poco, también en el tema de la anticorrupción, pero en la despenalización de las drogas o amnistía no hay avances sustantivos”, señala Cárdenas, ex diputado federal por el PT y exconsejero del IFE.
Álvarez Icaza señala que los avances que ha habido en temas como la amnistía “son muy mediocres”.
“Está realmente reducida, no es lo que se espera, el tema de política de paz en este entorno de violencia no se acaba de resolver. Gobernación hizo un planteamiento donde la amnistía está dirigida a mujeres presas por abortar, un delito que no es del fuero federal, sino estatal, para primo-delincuentes, gente que no ha cometido delitos, estamos esencialmente hablando de indígenas presos o que cometieron algún tipo de delito contra la salud sin violencia, lo que se pensaba era una amnistía mucho más profunda en términos de amnistía transicional, un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad, ya no se habla de eso”, acusa.
