La presidencia de la República destina más de 100 mil millones de pesos (monto equivalente a la deuda del estado de Nuevo León) para gastos de los ex mandatarios, incluyen cuantiosos seguros de vida y de invalidez para ellos y sus familias, viajes, fiestas y meseros, cada uno de ellos puede tener hasta 78 guardias. Estos beneficios transgreden los principios de igualdad y equidad ante la ley previstos en la Constitución, y contravienen al menos cinco artículos de la Carta Magna, dice prestigiado constitucionalista
CIUDAD DE MÉXICO.- Pensiones vitalicias, colaboradores, escoltas, vehículos, seguros de vida y de gastos médicos mayores son los beneficios que reciben los ex presidentes de México con cargo al erario público.
Tan sólo en 2015, la Federación asignó 9.5 millones de pesos para las pensiones de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox y Luis Echeverría. La partida también alcanzó para las viudas de los dos fallecidos: Alejandra Acimovic (José López Portillo) y Paloma Cordero (Miguel de la Madrid). Pero se desembolsaron otros 21.9 millones para “personal de ayudantía”; sin embargo, no se incluyen las decenas de elementos de seguridad: “No es posible proporcionar la información (número de elementos y sueldos) por estar reservada por 12 años”, responde el Gobierno. Cada uno puede tener hasta 78 guardias.
De acuerdo con la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso federal, se erogan 46 millones anuales para mantener a los ex presidentes considerando la protección que se les brinda.
Según la Oficina de la Presidencia, cada ex titular del Ejecutivo recibe por mes 205 mil pesos de pensión, con excepción de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, porque “por voluntad propia renunciaron al derecho de pensión”.
Para dimensionar el tema, Bill Clinton (Estados Unidos) recibe una pensión mensual de 308 mil 333, pero José Luis Rodríguez Zapatero (España) sólo 129 mil 852 y Ernesto Andrés Pastrana (Colombia), 122 mil 920.
Legisladores del PRD y Morena han impulsado iniciativas para disminuir, y hasta desaparecer, estas prestaciones, además de reducir el personal asignado. Lo anterior porque no existe una ley que regule las pensiones que se otorgan desde los sexenios de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid, cuando se firmaron los acuerdos que establecen que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente disfrutarán de una pensión.
Millonario gasto
Pero no sólo es la pensión vitalicia y sus escoltas, sino autos, seguro de vida, viajes, el personal que ellos quieran y para quienes ellos decidan, aguinaldo y más mucho más. Los ex presidentes, incluso aquellos que han renunciado a su pensión, siguen costándole al erario.
Desde Presidencia de la República se destinan cantidades que superan los 100 mil millones de pesos (la deuda de Nuevo León) para lo que necesiten los ex presidentes y dos viudas de ex presidentes y ex esposas, que incluso cargan al gobierno federal, fiestas y viajes.
Son acuerdos que no están contemplados por la ley, y aunque se han vuelto una tradición, pero son ilegales. Las casas de los ex presidentes reciben despensas de parte del Estado Mayor Presidencial, así como soporte de meseros, si lo solicitan para hacer fiestas, son unos reyes en el retiro.
El beneficio que tienen los ex presidentes de la República de retirarse con cuantiosos seguros de vida a costa del erario permitió a Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid, y a los beneficiarios designados en vida por el político priista, que falleció el primero de abril de 2012, cobrar 22 millones 153 mil pesos por concepto de pago de seguro potenciado, según consta en documentos de los contratos LPNM006004-008 y LPNEC00006004-009.
Otra viuda que ya fue privilegiada con el cobro de un seguro de vida a favor de un ex presidente es Alexandra Acimovic Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro, esposa del ex presidente José López Portillo, quien falleció el 17 de febrero de 2004.
El que los ex presidentes tengan ese seguro de vida, tampoco está contemplado por la ley, es ilegal.
El diario La Jornada publicó la semana pasada los contratos de Hacienda con aseguradoras GNP y Metlife, que los cinco ex presidentes de la República que aún están vivos (Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría) gozan de cuantiosos seguros de vida y de invalidez a costa del erario, por lo que si alguno fallece sus familiares o beneficiarios recibirán entre 22 y 35 millones de pesos.
Proponen desaparecer
pensiones vitalicias
En las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda de la Cámara de Diputados están pendientes desde hace un año dos distintas iniciativas de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena para eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, así como cualquier prerrogativa, incluyendo los gastos de seguro médico con cargo al presupuesto público, y una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que pretende regularlas y reducir sus montos.
De acuerdo con esos partidos, el pago de personal de seguridad, asesoría, ayudantía y pensión vitalicia representa un gasto de 60 millones de pesos al mes. Los contratos con esas aseguradoras representan 7 mil millones de pesos anuales que salen de dicha partida secreta de Presidencia.
Luego de que La Jornada publicara que se erogaron 7 mil millones para pagar seguros de vida a los ex presidentes y sus viudas, la diputada Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, señaló que estos beneficios a los ex mandatarios son injustos e ilegales, porque no tienen fundamento en la Constitución y son parte de una dinámica de privilegios y fuente de derroche de recursos públicos.
Dijo que insistirá ante la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se encuentra archivada la propuesta, para que ésta se dictamine. Expuso que los privilegios a los ex presidentes, esposas y descendientes se otorgan ‘‘bajo un modelo de opacidad y falta de rendición de cuentas”.
Y agregó que “ante la grave situación socioeconómica que vive el país, y después de los ajustes y recortes presupuestales anunciados, las altas esferas de la clase política mexicana no pueden mantenerse aferradas a sus privilegios y ciega ante la realidad’’.
Cuestionó que la información sobre el presupuesto que se destina para mantener los ingresos y la seguridad de los ex presidentes es entregada de manera selectiva y la que se conoce proviene de solicitudes de transparencia o por algún proceso judicial, pero no de la rendición de cuentas.
Desde el 3 de septiembre de 2015, como parte de su iniciativa de ley de austeridad republicana, que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Morena planteó prohibir pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las leyes de seguridad social a los ex presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros servidores públicos federales.
La diputada Araceli Damián consideró que es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios, específicamente el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes.
El 8 de septiembre de 2015, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, presentó la iniciativa de ley de retiro para los ex presidentes –también pendiente en la Comisión de Hacienda–, que considera pagarles sólo el equivalente a 25 salarios mínimos cada mes, y en la que señala que el Congreso no ha aprobado una legislación que justifique los beneficios para ellos, sus cónyuges, viudas o hijos.
Violan la Constitución
Para el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, las pensiones vitalicias y seguros de vida con cargo al erario que reciben ex presidentes de la República y sus esposas transgreden los principios de igualdad y equidad ante la ley previstos en la Constitución, y contravienen al menos cinco artículos de la Carta Magna,
El jurista, autor de los tratados de derecho constitucional más estudiados en las universidades mexicanas, aseguró que dar esas prestaciones a ex titulares del Ejecutivo que ya no son funcionarios en activo, o a sus esposas o familiares, viola los artículos 1, 12, 73, fracción XI, 126 y 127 fracción IX de la Constitución.
“Cuando se trata de otorgar este tipo de privilegios (seguros de vida) no es suficiente que se fundamente mediante un decreto administrativo expedido por alguna secretaría de gobierno (…), se requiere la existencia de una ley que haya sido aprobada por el Congreso de la Unión”, indicó Arteaga Nava, en referencia a que los seguros de vida de que gozan los cinco ex presidentes vivos, sus esposas e hijos, sólo está justificado mediante un acuerdo de la Secretaría de Hacienda, que expidió el Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
“Debemos partir del supuesto de que todas aquellas instituciones que alteran principios generales o que establecen excepciones a las reglas generales de nuestra Carta Magna, como es el caso del acuerdo que expidió el Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, deben ser interpretadas en forma restrictiva y esa restricción es clara: son contrarios a la Constitución los seguros de vida para ex presidentes de la República y para sus esposas”, puntualizó.
Añadió que cuando se trata de otorgar estos privilegios no es suficiente un decreto presidencial o una orden administrativa: es necesaria una ley.
Indicó que el artículo 126 constitucional menciona que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior, “lo que significa que el presidente (Enrique Peña Nieto) y su secretario de Hacienda actuaron contra la Constitución al alterar el presupuesto para contratar los seguros de vida para los ex presidentes vivos y sus esposas.
El tema de los seguros no aparece en el presupuesto aprobado por el Congreso, y por tanto es ilegal contratarlos, afirmó.
Otro artículo que violó Peña Nieto al haber contratado esos seguros de vida, afirmó, es el 73 fracción XI, que concede la facultad exclusiva al Congreso de la Unión para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
Si se supone que una persona puede sobrevivir con 6 mil pesos al mes, como alguna vez lo dijo un pintoresco funcionario público, y por tanto se podría vivir con una pensión ilusoria como las que paga el Seguro Social o el ISSSTE, entonces debemos suponer que un ex presidente de la República puede sobrevivir con eso mismo. Nada justifica que se pretenda dotarlo de un estatuto especial, pues si se extiende violaría el 127 fracción IX constitucional, comentó.
