Agencias
Oaxaca, Oax.- La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) afirmó que la empresa Ingenieros Civiles Asociaciones (ICA) no recibirá ningún tipo de indemnización tras abortar el proyecto de la supercarretera Oaxaca-Costa, cuyos trabajos permanecen suspendidos desde comienzos de 2016.
En marzo pasado, un grupo de arquitectos oaxaqueños afirmaron que la otrora constructora más importante de Latinoamérica había solicitado mil 800 millones de pesos como finiquito por los trabajos que durante cuatro años realizó en la zona y que consisten en la apertura de aproximadamente 50 de los 104 kilómetros que conforman el trayecto.
Al respecto, el director del centro SCT-Oaxaca, Héctor Castañeda Molina, aseguró que la dependencia no tiene ningún tipo de responsabilidad económica con ICA, pues fueron determinaciones ajenas al gobierno federal por lo que decidió abandonar el proyecto.
Sobre los sobrecostos que la empresa pretendía hacer efectivos, luego de que los trabajos fueron interrumpidos constantemente por la oposición y manifestaciones hechas por comunidades indígenas, el funcionario sostuvo que éstos tampoco generan ninguna penalización económica para el Estado debido a que, en dado caso, se hubiera negociado con una extensión del plazo de la concesión, prevista para 30 años.
En febrero pasado, representantes legales de las constructoras Urbanizaciones GYB, Pinarisa Infraestructura y Corporativo Constructor Hermes Ramírez revelaron que la SCT no había podido publicar las prebases de las nuevas licitaciones para continuar con la construcción de la carretera Barranca Larga-Ventanilla debido a que Ingenieros ICA, la empresa que tuvo a su cargo el proyecto entre 2012 y 2016, exigía una indemnización de mil 800 millones de pesos por las labores realizadas.
Agregaron que las negociaciones entre las autoridades y la constructora, que afronta una severa crisis económica, quedaron empantanadas luego de que el gobierno le ofreció un finiquito de 350 millones de pesos.
Los tres grupos empresariales acusan a ICA de haberlos defraudados con 73 millones de pesos, por lo que exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que retuviera el finiquito de la firma internacional hasta que no cubriera los adeudos con la IP de Oaxaca.
Al respecto, Pinarisa Infraestructura Total pelea un monto de 20 millones 814 mil 758 pesos, entre finiquito, tiempo inactivo de los equipos e impuestos; Urbanizaciones GYB pugna por 31 millones 90 mil 165 pesos, por los mismos conceptos, y Corporativo Constructor Hermes Ramírez, por 20 millones 974 mil 977 pesos.
