Oaxaca de Juárez, Oax.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), cuyos sindicalistas estallaron en paro el martes pasado ante el anuncio de que el pago de la primera quincena de enero le sería postergado a cerca de 5 mil trabajadores regularizados, ejercieron un presupuesto de 2 mil 611 millones 672 mil pesos durante los primeros nueve meses del 2017.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, aquella dependencia reportaba, al tercer trimestre del año pasado, un subejercicio de 284 millones 435 mil 929 pesos, pues en el Presupuesto de Egresos le había sido aprobado ejecutar un monto total de 2 mil 894 millones 699 mil 601 pesos.
Pese a lo anterior, de toda la administración pública, salud fue el segundo sector que más dinero gastó, únicamente por debajo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que al cierre del reporte había devengado 15 mil 392 millones 682 mil 592 pesos con 96 centavos.
En promedio, de manera mensual, los SSO recibieron financiamientos de 290.8 millones de pesos; sin embargo, según las denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA), ello no se vio reflejado en la adquisición de medicinas, material de curación y otros insumos elementales para garantizar el funcionamiento de las diversas clínicas y centros hospitalarios que existen en la entidad.
Mientras ello sucede, Sefin, a través de su tercer reporte trimestral de 2017, con corte al 30 de septiembre, informó que los recursos que recibieron los Servicios de Salud fueron superiores por mil 125 millones de pesos a los que obtuvieron los siete órganos autónomos que existen en el estado (mil 486 millones de pesos): la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).
Asimismo, los Servicios de Salud de Oaxaca registraron transferencias mayores a las del Poder Judicial –que obtuvo 662 millones 733 mil pesos–, a las del Poder Legislativo –532 millones 256 mil pesos–, a las de la Secretaría de Seguridad Pública –mil 84 millones de pesos— y a las de la Secretaría de Administración – mil 152 millones de pesos–, entre otras.
Sector Salud de Oaxaca dispuso de 3 mil 500 mdp
A los 2 mil 611 millones 672 mil pesos devengados directamente por los Servicios de Salud, se deben sumar otros 843 millones 917 mil 908 pesos que fueron ejercidos por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), conocido como Seguro Popular.
Tales recursos debieron ser utilizados en la compra de medicamentos, equipamiento e infraestructura hospitalaria, según datos proporcionados por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud (SITyPS), que el año pasado mantuvo un paro de dos meses.
Contabilizados los recursos de los SSO y del REPSS, los gastos ejercidos por el sector salud de Oaxaca llegaron a 3 mil 455 millones 589 mil 908 pesos.
Esto, sin contar que, de acuerdo con Finanzas, en el tercer trimestre del año pasado, el Seguro Popular registraba un subejercicio de 777 millones 642 mil 739 pesos, pues, en total, le había sido autorizado un gasto de mil 621 millones 560 mil 648 pesos con 43 centavos.
Los recursos que faltaban por ser ejecutados, debieron ser gastados antes del mes de diciembre.
Paro, por falta de recursos
El martes pasado, el recién nombrado secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, anunció la postergación del pago de la primera quincena de enero para alrededor de 5 mil trabajadores contratados por los SSO bajo el régimen de “regularizados”.
El funcionario argumentó que tal decisión obedecía a la falta de asignación de recursos por parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).
A través de una circular, Díaz pidió la “comprensión” de los trabajadores, al tiempo que acusó que su sueldo era sufragado “a un costo inaceptable e ilegal” de recursos que forman parte de las retenciones para el pago de ISR e ISSSTE que le son hechas a los trabajadores de base.
