El presidente Nicolás Maduro ordena instalar máquinas lectoras de huellas dactilares en las tiendas de alimentos para racionar las compras de comida ante la grave escasez de productos básicos que enfrenta la nación; la oposición advierte que esa medida es el último paso hacia la cubanización. La crisis en el sector salud también se agudiza por el desabasto de medicamentos
Agencias
La crisis política y social en Venezuela se profundiza.
|Con la escasez de alimentos y medicinas en el país sudamericano, se teme llegar a una situación de hambruna.
El gobierno de Nicolás Maduro cerró desde la semana antepasada y durante un mes, el tránsito a través de la frontera con Colombia durante la noche para evitar el lucrativo contrabando transfronterizo, donde se extrae la gasolina más barata del mundo y alimentos fuertemente subsidiados.
Venezuela sufre una alta inflación, atizada por un desabastecimiento de alimentos y productos básicos como jabón y desodorante, que ha puesto bajo presión la popularidad de Maduro, el heredero político del fallecido Hugo Chávez.
Críticos de Maduro dicen que el sistema socialista venezolano está a punto de colapsar y que el contrabando y las largas filas para comprar comida son síntomas de una economía que debe alejarse de los controles de cambio y precios que emulan a los establecidos por su aliado, el líder cubano Fidel Castro.
La libreta de racionamiento cubana, que después de medio siglo de implementación estaría cercana a ser abolida, es necesaria para comprar en la mayoría de los comercios cubanos.
La crisis en el sector salud también se agudiza, debido a las deudas del Gobierno y la escasez de insumos médicos por la falta de divisas.
En la historia de la medicina, el país bolivariano ha “retrocedido 30 años” según María Yanes, presidenta de la Red de Sociedades Científicas y Médicas.
De acuerdo a un informe presentado por la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos (Avedem) hay una deuda de más de mil millones de dólares por parte del Gobierno con los importadores.
“Los enfermos se mueren esperando medicinas”, dijo un médico en un hospital. Como si fuera poco, no hay repuestos de automotores, electrodomésticos, tecnológicos, electrónicos, químicos, plásticos, textil y otros.
Además, Venezuela tiene el índice de Ley y Orden de Gallup más bajo del mundo, con 41 (0 es inseguro y 100 seguro).
Racionan alimentos
Frente a la alta escasez de productos de consumo básico, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la instalación de máquinas lectoras de huellas dactilares en las tiendas de alimentos del país petrolero, con el fin de racionar las compras de los venezolanos.
El sistema que se pondrá en marcha de manera formal el 30 de agosto, operará mediante el registro de huellas digitales para controlar la cantidad de provisiones que una persona puede comprar en un mercado afectado por la alta escasez.
El Gobierno socialista alega que la falta de productos se debe al contrabando a través de sus fronteras, especialmente con Colombia, que costaría al país al menos un 40 por ciento de los alimentos y medicinas, necesarios para satisfacer la demanda interna.
Maduro había dicho este año que presentaría una polémica Tarjeta de Abastecimiento Seguro para contabilizar los comestibles que se compran en la red de distribución estatal. El anuncio levantó las críticas de la oposición que consideró esa medida como el último paso hacia la cubanización.
La acción de establecer un sistema biométrico, con máquinas que registren las huellas de los compradores también en los distribuidores privados de alimentos, se presenta como una extensión del plan original.
“(Debemos ir) al establecimiento, como debe explicarse, del sistema biométrico en todos los sistemas de distribución y comercialización, públicos y privados”, dijo Maduro, en una cadena de radio y televisión, donde juramentó a varios comandos gubernamentales contra el contrabando en estados fronterizos.
Maduro no entregó detalles de cómo funcionará el sistema de registro, ni si será establecido en todo el país o sólo en los estados fronterizos.
Dijo que sería similar al sistema de capta huellas del registro electoral donde los venezolanos deben registrarse antes de sufragar. “Lo comparo con el sistema electoral, porque es el mejor del mundo”, dijo.
A decir de Maduro, la distribución y comercialización a través del sistema biométrico será perfecto, afirmó.
A grandes rasgos, el objetivo es evitar que una misma persona compre grandes cantidades de alimentos para revenderlos después en el mercado negro o contrabandearlos a Colombia, donde un kilo de harina venezolana es vendido hasta seis veces más caro.
Maduro también advirtió que se procederá a la confiscación inmediata de los bienes e inmuebles que se comprueben estén involucrados en el contrabando de alimentos y medicinas.
Freno al contrabando
Los supermercados venezolanos tendrán operativo desde el 30 de noviembre próximo el sistema biométrico o de captahuellas dactilares con el cual el Gobierno busca anular el contrabando de productos de consumo básico y masivo, anunció el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
“El sector privado está muy de acuerdo (…); todos acordaron para el 30 de noviembre adoptar el nuevo sistema”, aseguró Méndez en una entrevista, en alusión a los dueños de los supermercados privados y a los admin
istradores de los estatales.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien calcula que escapa a Colombia alrededor de un 40 por ciento de la producción nacional o lo que importa para ser vendido a precios subsidiados, ha aumentado este mes su ofensiva contra el contrabando y Méndez remarcó que “es un error” asociar este delito “solo a la frontera”.
“También se realiza internamente en las ciudades alejadas de las fronteras donde se multiplica el llamado ‘mercado negro’ y donde se revenden a precios superiores los productos que escasean en los mercados regulares”, destacó el funcionario.
El sistema biométrico o de captahuellas permitirá que cada venezolano “haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio y así evitar que una persona compre hasta 20 veces” más de lo que necesite, sostuvo el funcionario.
Los críticos de las iniciativas gubernamentales contra el contrabando, la escasez y la especulación han recordado que al inicio del control de cambio que rige en Venezuela desde 2003 el Estado vendía 5 mil dólares a quienes viajaban al exterior y otros 3 mil dólares para compras a través de internet, y autorizaba hasta 500 dólares mensuales para cubrir remesas familiares individuales.
En la actualidad, cada beneficiario de remesas puede recibir un máximo de 166,66 dólares y no pueden ser más de tres personas, las compras por internet bajaron a 400 dólares anuales y a los viajeros hacia destinos próximos se les da solo 700 dólares también anuales.
Maduro dijo que su decisión de instalar un sistema biométrico o de captahuellas en las tiendas públicas y privadas constituye una orden “ya dada” a sus ministros del área de la economía y a la Superintendencia de Precios.
Rumbo a la cubanización
Luego que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara la implementación de un sistema biométrico para controlar la venta de alimentos en Venezuela, la oposición acusa que se trata de un mecanismo de racionamiento similar al utilizado por el gobierno de Cuba.
A través de las redes sociales, el líder opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles dijo que la medida será otro fracaso de la administración de Maduro.
“Quieren implementar un sistema biométrico en los mercados que no es otra cosa más que tarjeta de racionamiento, otro fracaso del gobierno”, señaló.
Agregó, además, que “anuncian medidas para ‘garantizar’ los alimentos, pero estas representan más trabas y menos soluciones para nuestro pueblo”.
Asimismo dijo que “estas son otras medidas que no sirven para nada, no solucionan el problema sino que lo empeoran, otro pañito de agua tibia”.
La diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado dijo que “la tarjeta de racionamiento es el nivel superior del control al ciudadano. Un mecanismo de sumisión efectivo. Ordenado en Cuba, ejecutado en Venezuela”.
El partido Primero Justicia consideró que el sistema biométrico, que leerá las huellas digitales de los venezolanos para evitar que compren más alimentos de los que necesitan y los revendan en el mercado negro, es “una libreta de racionamiento”.
“No puede ser que el gobierno es el que diga qué debe comerse y qué no», expresó el diputado Alfonso Marquina.
La llamada «Tarjeta de abastecimiento seguro” fue presentada por el Gobierno para controlar el desabastecimiento, el contrabando y las redes de distribución de los alimentos en el país.
La dictadura cubana pudo ocultar al mundo, durante años, el desabastecimiento y la crisis alimentaria bloqueando el acceso a la tecnología. Sin embargo, en Venezuela, los smartphones y las redes sociales permiten registrar un fenómeno insólito: las carreras para poder adquirir productos básicos.
Protestan contra
sistema biométrico
Nuevas manifestaciones se registraron en la ciudad venezolana de San Cristóbal, cuna de las protestas antigubernamentales que estallaron en febrero pasado, en rechazo al sistema biométrico o de captahuellas que se instalará en los comercios para la adquisición de alimentos y otros productos de consumo masivo.
“Desde esta madrugada (lunes 25 de agosto), en el sector Las Pilas de Pueblo Nuevo (San Cristóbal) hubo enfrentamientos entre un grupo de personas que formaban barricadas y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana”, detalló el periódico Universal de Venezuela en su página Web.
Una tanqueta de la Guardia Nacional derribó el portón de un conjunto residencial y los habitantes de la zona reportaron que los efectivos militares lanzaron gases lacrimógenos, mientras que manifestantes secuestraron un vehículo de transporte público que posteriormente liberaron.
“Desde las cinco de la madrugada, la situación en la zona es de tensión”, aseveró El Universal.
Los manifestantes también protestaron en contra de un aumento del pasaje del transporte, la inseguridad, la escasez y el cierre de la frontera con Colombia, una medida tomada unilateralmente por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de lo que ha llamado una guerra al contrabando de alimentos y combustible en la zona fronteriza.
San Cristóbal fue el epicentro de las protestas violentas que sacudieron a Venezuela y dejaron un saldo de 43 muertos, cerca de 800 heridos y unos 3 mil detenidos. Las manifestaciones se iniciaron en esa ciudad el 4 de febrero y se extendieron a varias urbes del país en reclamo a la inseguridad, la elevada inflación y la escasez de productos básicos.
En otros medios y en redes sociales como Twitter se informó que en Santa Fe, en el este de Caracas, también hubo protestas y se colocaron barricadas, que fueron levantadas por la Guardia Nacional.
Rechaza Gobierno
racionar alimentos
El gobierno venezolano descartó que busque racionar las compras de los ciudadanos con el sistema biométrico que se instalará en los comercios, sino evitar el contrabando y la reventa ilegal de productos de consumo masivo, según reportó EFE.
“No se dejen manipular por la manipulación de la derecha. El captahuella no es para restringir compras, es para capturar contrabandistas”, escribió en Twitter el vicepresidente del gobierno, Jorge Arreaza.
El sistema de máquinas captahuellas “se aplicará para identificar a quienes juegan, roban y se lucran con los alimentos del pueblo. ¡Vamos tras las mafias!”, insistió Arreaza.
Los mercados y supermercados venezolanos, así como las cadenas de farmacias y otros comercios, deben tener operativo el sistema a partir del 30 de noviembre próximo, confirmó el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
En una rueda de prensa con representantes de los establecimientos comerciales, entre ellos, los supermercados, Méndez reiteró que alrededor de un 40 por ciento de la producción nacional y de lo que importa el gobierno para ser vendido a precios subsidiados se va por contrabando a Colombia.
Maduro, que ha señalado al contrabando como una de las razones de la aguda escasez de diversos productos, ha dicho que el uso de las captahuellas ahora a los comercios constituye “una bendición”.
Algunas voces de la oposición han dicho que el sistema equivale a la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el gobierno de la isla subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos, y han señalado que ese sistema no ataca las causas de la escasez como la falta de producción del país.
Méndez dijo que no habrá restricciones “por cantidades” compradas, aunque advirtió que serán castigados judicialmente quienes, “en un control posterior”, incurran en lo que llamó “compras exorbitantes”.
En crisis sistema de salud
La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) alertó sobre la situación de emergencia en la que se encuentra el servicio de salud en Venezuela ante la escasez de insumos y medicamentos para atender enfermedades y emergencias en 20 especialidades.
El director ejecutivo de la Asociación de Clínicas Privadas, Cristino García, dijo que “la crisis ha llegado a tal nivel que la emergencia se declaró sola”.
Entre las especialidades médicas afectadas destacan anestesiología, cardiología y hemodinamia, oncología, radioterapia, nefrología, urología, traumatología, infectología, resonancia magnética y gineco-obstetricia.
Al hacer referencia al manejo que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la salud en Venezuela, García explicó que “es bien difícil pensar que un gobierno como este pueda decretar una emergencia en salud cuando su ministro dice que hay escasez pero es poquita, que hay fallas de insumos pero los depósitos del Sefar (Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas) están abarrotados”
El ministro de Salud, Francisco Armada, admitió que hay problemas de existencia en algunos medicamentos.
“Tenemos un grupo de medicamentos en los que hemos reportado fallas” dijo Armada.
El martes de la semana pasada, la AVCH demandó al gobierno del presidente Nicolás Maduro atención a esta situación y que declare la emergencia humanitaria en el sector ante la agudización de la escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos.
Un paciente con un infarto es atendido con la medicina de hace 30 años. Con esta comparación el director ejecutivo de AVCH describió lo que enfrentan los venezolanos cuando necesitan atención médica.
“Los hospitalizamos y ponemos estreptoquinasa, (medicamento que disuelve coágulos de sangre) una droga que se usaba hace 30 años, que ayuda, pero tiene más complicaciones que colocar un stend (dispositivo que se coloca en la arteria para permitir el libre flujo de sangre hacia el corazón). Con esta atención pasará 10 días en una clínica y 4 de ellos en terapia”, precisó.
García explicó que la crisis en la medicina privada fue advertida hace un año al gobierno.
“De 10 grandes clínicas en Caracas en las dos últimas semanas ocho han suspendido sus operaciones programadas por falta de anestesia”, dijo.
El control de cambio que mantiene el gobierno desde 2003, y que ha afectado la economía venezolana, alcanzó también al sector salud, porque no recibe las divisas para las importaciones necesarias para mantener operativo al sector privado de la medicina en Venezuela.
En Venezuela el 93,85 por ciento de los insumos médico-quirúrgicos es importado. Según la Federación Farmacéutica se registra una escasez de medicamentos de un 60 por ciento.
Detalló García que durante un año se ha acumulado una deuda de $1.563 millones de dólares en el sector.
“De esos $1.563 millones de dólares, $363 millones corresponden a distribuidores de equipos médicos materiales. Los otros $1.146 millones de dólares corresponden a productos farmacéuticos y fármacos”.
Pero para García lo más grave es que el problema se agudizará en los próximos cinco meses aunque el gobierno decidiera otorgar de inmediato los dólares para hacer los pagos pendientes.
“Nada va a llegar aquí antes de enero porque se requiere un mes al menos para retomar el flujo del proceso de importación, el certificado de no producción (que otorga el gobierno para poder efectuar la importación) tarda 90 días y el proceso de aduana y nacionalización demora entre dos y tres meses”, concluyó.
De acuerdo a estadísticas de la AVCH, en la salud pública el Estado venezolano tiene 87 mil camas en los hospitales pero solo 16 mil 800 operativas, mientras que la medicina privada tiene ocho mil y todas están operativas.
