Violencia, inseguridad, crimen organizado, guerrilla, protestas sociales han hundido a la entidad en un caos; el ataque y muerte de estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas detonó una bomba de tiempo que puede costar muy caro al país. Todo es producto de un gobernador inepto que permitió la influencia del crimen organizado en las esferas del poder
Redacción
El estado de Guerrero perdió su gobernabilidad y representa un peligro para México.
La inseguridad ha llegado a tope y la población ya no cree en sus autoridades. Los guerrerenses le perdieron la confianza a su gobierno estatal y empiezan a exigir mayor compromiso del gobierno federal.
La lamentable situación que se vive en esa entidad, producto de los yerros del gobernador Ángel Heladio Aguirre, se expande por todo el territorio nacional.
Guerrero se encuentra en ebullición social: violencia, crimen organizado, guerrilla, marchas, plantones, cierres de carreteras.
El ataque y muerte de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” y la posterior desaparición de 43 normalistas, en Iguala la noche del 26 de septiembre, detonó la bomba social.
El lunes 13 de octubre, luego de mantener tomado por más de cinco horas el Palacio de Gobierno de Guerrero, normalistas y padres de familia de Ayotzinapa prendieron fuego e incendiaron las oficinas de la sede del Poder Ejecutivo estatal, además dejaron en llamas un camión de la empresa Bimbo sobre el bulevar René Juárez Cisneros, como inconformidad a la salida de los burócratas que estaban retenidos.
Además, los estudiantes destruyeron todos los ventanales de los edificios que conforman el inmueble y que llevan las siete regiones de Guerrero: Costa Chica, Norte, Centro (donde despacha el gobernador Ángel Aguirre Rivero), Costa Grande, Montañ a de Tierra Caliente (incendiado).
El edificio más dañado fue donde se encuentran las secretarías General de gobierno y de Finanzas.
Desde el 26 de septiembre, los normalistas exigen que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presente con vida a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, quienes fueron detenidos por policías municipales y atacados por los uniformados y un comando de sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
El presidente Enrique Peña Nieto advierte que se tomarán las decisiones correctas apegadas a la ley. A él también le urge que se solucione el problema porque la imagen de México en el exterior se está dañando seriamente.
Acapulco es víctima directa de esta afectación, ya que se han cancelado el 60 por ciento de las reservaciones en los hoteles del gran polo turístico. Además Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que no visiten Guerrero. Las afectaciones a la economía son serias.
Sin duda del futuro de Guerrero depende la paz en México.
El infierno
“¡Traigan la gasolina!”, gritó un joven de unos 20 años cuando cedió el ventanal inferior izquierdo del edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno, luego de cinco arremetidas con palos, piedras y un extinguidor de fuego.
El estudiante de Ayotzinapa roció lentamente el líquido inflamable sobre un escritorio y le arrojó un cerillo. Después de una hora, todo el edificio estaba entre llamas.
Esa fue una de las últimas acciones de un grupo de 200 estudiantes que se manifestaron en el edificio gubernamental, luego de un enfrentamiento contra trabajadores del gobierno.
Los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa cerraron el Palacio de Gobierno y dejaron salir a mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Luego de cinco horas de encierro, los burócratas se organizaron, derribaron una puerta y se abalanzaron sobre los que protestaban, intercambiaron pedradas e insultos, pero no hubo lesionados.
Ya con la puerta abierta, los manifestantes ingresaron al lugar y arrojaron piedras, sillas, extintores de fuego y todo lo que encontraron en las oficinas contra los vidrios.
La furia se observaba, sentía y se olía en los papeles incinerados, los tronidos de televisores y cristales consumidos por el fuego.
Ese lunes se cumplió el ultimátum que le dieron al gobernador Ángel Aguirre para que presentara a los desaparecidos y le advirtieron que radicalizarían las protestas.
El edificio Centro, donde tiene su oficina el mandatario guerrerense, resistió algunos embates, pero al final cedió. Mientras aguantaban, los cristales se veían doblarse, volver a su forma original y reflejaban distorsionadas las imágenes de quienes los azotaban.
Los manifestantes también se trasladaron al Ayuntamiento de Chilpancingo, donde causaron destrozos en mobiliario y provocaron incendios, uno de los cuales se reactivó durante la madrugada de este martes, por lo que en la sede también se decretó la suspensión de actividades para unos 250 trabajadores municipales.
Todos los manifestantes, entre los que se observaron algunos maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), entraron al inmueble con los rostros cubiertos.
Cuando se retiraron, después de incendiar fotografías del gobernador, papelería, televisores y el edificio Tierra Caliente (que casualmente es la región más violenta del estado, con el mayor número de asesinatos, desapariciones y desplazados por la violencia del narcotráfico), al lugar entraron policías estatales y reporteros, ambos grupos a tomar fotografías, datos y video.
Después de una hora acudieron bomberos y rescatistas de Protección Civil estatal a controlar el incendio, en 30 minutos lo apagaron.
Esto provocó que en días posteriores llegaran a Chilpancingo de organizaciones expertas en hacer protestas y paralizar la economía de entidades donde pisa como lo es la CNTE, sin faltar la Sección 22 de Oaxaca, quienes acudieron para “apoyar a las víctimas que buscan justicia”.
Evaluación de daños
Casi una semana después, el Palacio de Gobierno de Guerrero y la sede del Ayuntamiento de Chilpancingo, la capital guerrerense, se mantienen cerrados, luego de la quema de edificios y daños en sus oficinas.
La sede central del gobierno estatal encabezado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue la que más daños sufrió con siete de sus edificios con daños por incendios, explicó Constantino González Vargas, secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, municipio que auxilia a las autoridades estatales en la evaluación y control de las afectaciones.
Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y notarios públicos recorrieron los edificios del Palacio de Gobierno para iniciar las averiguaciones previas y las constancias en donde se acrediten los daños que sufrieron las instalaciones tras los incendios provocados al inmueble.
“El edificio Tierra Caliente es el que presenta mayores afectaciones, ya que el fuego consumió por completo la planta baja, así como áreas del primer piso, de donde aún salía humo a la mañana siguiente del ataque”, precisó el gobierno estatal en un comunicado.
Durante el recorrido, también se localizó un bidón con combustible, vidrios rotos, oficinas incendiadas, daños en mobiliario y en archivos de trabajo, y también resultaron dañados dos cajeros automáticos.
Se tambalea Aguirre
Ante el clima de ingobernabilidad que existe en el estado de Guerrero, la fracción del PAN en el Senado de la República presentó formalmente la petición para que se inicie el procedimiento que lleve a la desaparición de poderes en esa entidad, lo que implicaría, de aprobarse, la sustitución del gobernador y los Poderes Ejecutivo y Legislativo en esa entidad.
El miércoles 15 de octubre, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, presentó la solicitud en Oficialía de Partes de esa Cámara del Congreso y sostuvo que no hay otra opción dada la incompetencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero para frenar la violencia y la inseguridad que se vive en Guerrero, lo que llevó a la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
El documento, detalló, lleva la firma de 30 de los 38 senadores panistas que estaban en esos momentos en la ciudad y significa “una oportunidad del Senado para actuar, ante la grave situación que se vive en Guerrero”.
Preciado insistió en que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha logrado frenar la actuación del crimen organizado y en lo que va del año se han registrado más de 10 mil asesinatos, y hay ingobernabilidad en varias entidades, en las que la delincuencia es la que manda.
Preciado presentó la petición luego de una reunión de su bancada a puerta cerrada y por más de cuatro horas.
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz, convocó a los integrantes de dicha comisión a reunión el martes de esta semana para analizar la solicitud del PAN para que desaparezcan los poderes en el estado de Guerrero.
En la convocatoria, publicada el viernes en la gaceta del Senado, se confirma que la reunión será para «analizar y deliberar la petición presentada por senadores del grupo parlamentario del PAN, para que el Senado conozca y resuelva sobre las causas p
ara realizar la declaratoria a que se refiere la fracción V del artículo 76 constitucional».
La reunión está contemplada para iniciar a las 8:30 de la mañana en el salón de protocolo de la Mesa Directiva.
La cúpula del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio la espalda al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, al determinar que corresponderá sólo al mandatario estatal definir si se mantiene en el cargo o no.
Luego de reunirse con el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, afirmó que ante los graves acontecimientos que se han desatado en la entidad guerrerense, “el gobernador debe evaluar si puede mantenerse en el cargo”.
Es más, el dirigente del PRD reconoció que la prioridad en el partido no es la permanencia de Aguirre Rivero en el palacio de gobierno de Chilpancingo, si no que sean encontrados con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Por su parte, el diputado federal priista, Manlio Fabio Beltrones, consideró que los hechos en Iguala, Guerrero, muestran debilidad institucional y fracturas en la gobernabilidad de estados, y pidió esperar las conclusiones del caso que presente la Procuraduría General de la República (PGR).
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados calificó de «justa» la indignación y el emplazamiento de normalistas al gobernador Ángel Aguirre, para que se localice a los estudiantes de Ayotzinapa. El coordinador del grupo del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro indicó que en Guerrero hay debilitamiento institucional y lo ocurrido en la entidad debe invitar a que todos los sectores «analicemos la solución que nos compromete a todos, no nada más a unos».
Agobiado por las presiones políticas y sociales, el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, confió a la comisión de diputados federales que coadyuva en la indagatoria de la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que ya puso su renuncia en la mesa del PRD y de la coalición electoral que lo llevó a esa posición.
Añadió que ‘no está cerrado al cargo’ y, si eso soluciona la grave problemática en la entidad, él se retira.
En este sentido, la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e integrante de la Comisión Especial que sigue el Caso Iguala, Ruth Zavaleta Salgado, consideró respecto a la permanencia en el cargo del gobernador Ángel Aguirre, “a mí me parece que sí se tiene que ir”.
Los graves hechos registrados en el estado de Guerrero tienen un origen: la influencia del crimen organizado en las esferas del poder, y más aún, ha contado con la inacción cómplice del gobierno de Guerrero.
El alcalde de Iguala, prófugo, José Luis Abarca, es el ejemplo más reciente, ahora que se sabe tiene relaciones directas con el hoy ex secretario de salud del gobierno estatal, hombre de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, que este año lo destapó como el candidato de MORENA al gobierno del Estado. (Con información de La Silla Rota y agencias)
