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Guanajuato, entre el terror y la muerte

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Un recorrido por las calles del estado con más asesinatos de México, 24 horas después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, muestra los estragos de la violencia y las cicatrices en esta plaza caliente: negocios incendiados, casas abandonadas, tiroteos callejeros y el terror con el que sobreviven sus habitantes. En cada negocio, en cada esquina de ciudades como Irapuato o Celaya hay una historia de sangre que han escrito los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación

 

Elena REINA

 

GUANAJUATO.- Las metralletas de la Guardia Nacional desplegada en una de las zonas más violentas del país apuntan directamente a matar. El soldado que maneja una de ellas está subido en la batea de una camioneta blindada, del antebrazo le cuelga un rosario de balas de alto calibre y lleva, como todos, la cara cubierta, no por un cubrebocas, sino por un pasamontañas. Alrededor de una decena de oficiales tensos revisa cada pick-up sospechosa. Un hombre robusto se baja serio del coche y la tensión aumenta. Son las 11 de la mañana en la entrada principal de Irapuato (Guanajuato), un día después de la visita de López Obrador.

Este municipio industrial de unos 574.000 habitantes fue la primera parada del presidente de México en un recorrido por los focos rojos de la violencia que sacude al país, un punto clave en su agenda política de cara a las elecciones intermedias del año que viene. También ha visitado Colima y Jalisco, con el objetivo de tender puentes con los gobernadores para combatir juntos al crimen organizado y prometer paz en unas entidades asediadas desde hace años por las cifras más altas de asesinatos. Guanajuato libra desde hace dos años una guerra entre capos de la droga —a lo que se suma ahora la intervención del Gobierno federal— que ha convertido a la entidad, tradicionalmente próspera y segura, en una de las más violentas. Según las cifras oficiales, hasta mayo de este año, registró el mayor número de homicidios del país (4.422), aunque es la cuarta más sangrienta por número de habitantes, por delante están Colima, Baja California y Chihuahua.

Pero esta entidad es la que más rápidamente ha sufrido los embates de la narcoviolencia. Cuando la guerra contra el narcotráfico estaba en su punto más sangriento, en 2011, y los cárteles se acribillaban a balazos en Ciudad Juárez, Tijuana o Reynosa, en Irapuato solo se contabilizaron 44 homicidios en un año. Todo cambió en 2018, cuando los muertos llegaron a 479. Y las cifras no han dejado de crecer, solo en enero de este año se cometieron 453, según el conteo de la prensa local.

Hay un dicho en Irapuato y es que cuando hay varios días donde no aparece un solo muerto, se viene lo peor. “Cuando llega el momento, matan de una a 8 o a 10 en una tarde”, cuenta un vecino a este diario sobre estas horas de aparente calma tras la visita del presidente. La causa: una lucha, según han reconocido las autoridades, entre un cartel local, el de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez, El Marro, y el de Jalisco Nueva Generación, que ha impuesto el terror a cambio de controlar la plaza, codiciada por el robo de combustible —la zona está sembrada de oleoductos y cuenta con una refinería de Pemex— y la extorsión, además de la venta de droga.

“Los homicidios se han estabilizado”, comentaba el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, durante la conferencia de prensa que lideró López Obrador el miércoles. Y, mientras mostraba una curva aplanándose —tan manida en estos días de pandemia— parecía evitar reconocer, con un tono esperanzador, que lo que se ha estabilizado es una guerra.

A las 12.30 de la tarde, Christian Pérez, coordinador de noticias de sucesos del periódico local Al Día, recibe un aviso. Hace tres años, los reporteros de nota roja tenían que buscar las noticias en Google, pues no había suficiente sangre como para llenar sus páginas. Ahora, cuenta, algunos han renunciado. No hay nadie en este corredor que abarca desde Irapuato a Celaya, que no haya sufrido los estragos de la narcoviolencia.

El mensaje de Christian lo lleva directamente a un centro privado de rehabilitación para drogadictos, más conocido como anexo, en la versión paupérrima de la institución. En un lugar similar, fueron acribillados a balazos 27 jóvenes dos semanas atrás. Las imágenes de decenas de cadáveres amontonados en un cuarto dieron la vuelta al mundo. Y la masacre ha supuesto un punto de inflexión para la violencia que lleva viviendo el Estado estos últimos años.

En las puertas de lo que puede parecer una casa cualquiera, una decena de militares y municipales revisa “las condiciones” de los jóvenes internados. “Por lo que vimos, estos centros han tenido algún vínculo con el crimen organizado”, cuenta un agente del grupo especial de la policía municipal que custodia la entrada. Los ataques a los anexos han sido, desde que comenzara la guerra contra el narco en 2006, un blanco constante de los criminales en las zonas de conflicto. Pues estos centros, a los que acuden jóvenes pobres, adictos a las drogas más baratas — como la mona (solvente industrial inhalado) o el crack— son convertidos a la fuerza en las canteras de los cárteles mexicanos.

Menos de 15 minutos después, una alerta de los vecinos señala una emergencia en el sur de la ciudad. Alguien ha escuchado balazos. No es una novedad. Sí lo es el despliegue. Una veintena de soldados de la Guardia Nacional y el Ejército, policías municipales y ministeriales rodean tres cuadras de la colonia Distrito Federal. Uno de los agentes que resguarda la entrada de una calle, advierte a los viandantes de que mejor pasen por otro sitio: “Hay dos hombres fuertemente armados escondidos allá y los están persiguiendo”.

Un soldado apunta amenazante desde la batea de la camioneta con un fusil de alto calibre hacia lo alto de un edificio. Los agentes corren de un lado a otro de la calle. Buscan en un taller mecánico; después, en el edificio sitiado: “Cabrito al horno”, reza un cartel en la puerta. Y durante media hora, los vecinos esperan que pase lo peor: balazos a diestro y siniestro que obligarían a todos a tirarse al piso. Están alerta. Y en medio de lo que parece una trinchera, tras las camionetas que resguardan el cordón, un hombre aprovecha la oportunidad de esa pequeña multitud de curiosos y reporteros para vender unos dulces.

Los hombres a los que iban a detener se escaparon. Nadie dio con ellos. Y el dueño del negocio Cabrito al horno, Jaime, sale media hora más tarde, serio y aparentemente tranquilo, como si lo que acabara de vivir en la puerta de su local no hubiera sido una escena de terror. “Mire, aquí vinieron a golpes unos ministeriales [policías de la fiscalía], nos pidieron pasar a revisar y entraron. Aquí no había nada. Yo no me asusté, si quieren pasar, que pasen. Ya vi demasiado como para que me asusten unos ministeriales”, cuenta.

En cada esquina de Irapuato hay una historia de sangre. Una taquería, un restaurante, un paso de cebra o un hospital, donde han colocado recientemente unas rejas después de que unos criminales entraran a rematar a unos heridos. La jerga local se ha llenado del léxico policial: “Hubo un evento”, es un asesinato; “calentar la plaza”, cuando los homicidios tienen el único fin de aterrorizar a la población y debilitar la imagen de quien la lidera; “los mataron por error”, cuando las víctimas no eran las que buscaban los criminales, dando por hecho que asesinar a sus objetivos fuera un acierto. Y en los hospitales, el “código plata”, desalojar por seguridad a los familiares del centro cuando llega un herido de bala, suturar rápido y enviarlo a casa lo antes posible.

 

EL REGUERO DE MUERTES EN CELAYA

 

A 40 minutos en coche de Irapuato hacia el sur, el reguero de muertes continúa. A las afueras de Celaya, vivía Julio con su esposa y su hijo de seis años. En noviembre, un grupo armado irrumpió en un fraccionamiento de cuatro casas con jardín y —mientras él estaba de viaje con unos amigos en Monterrey— recibió una llamada de su mujer. Julio observó en vivo lo que sucedía, porque tenía en su móvil una aplicación para ver las cámaras de seguridad de la entrada. Cinco camionetas y unos 30 hombres vestidos con “equipo táctico”, armas largas, chalecos antibalas, pantalones de militar, destrozando con la parte delantera de los vehículos un portón de acero de nueve metros.

Los únicos vecinos que estaban en ese momento en el residencial eran un maestro con su mujer y su hija; y, en casa de Julio, Ana (su esposa) y su hijo de seis años viendo una película. A Ana la asesinaron a tiros en el jardín. Su hijo, que escuchó todo escondido en el cuarto, corrió 50 metros semidesnudo y solo hacia la salida del fraccionamiento. Julio no sabe por qué mataron a su mujer — “Solo me dijeron que se tuvo que tratar de un error”, cuenta por teléfono—. Y después de ocho meses, no hay ni siquiera un sospechoso. Él y Ana eran enfermeros en una clínica privada de Celaya. Casi todos los vecinos se fueron de ese residencial.

A las 15.30 de la tarde en Celaya, el reportero Óscar Ortega, jefe de noticias de la ciudad para el periódico Am, ha conectado a base de tragedias algunas muertes. Y, mientras recuerda la tragedia de Julio, señala un local de revisión de coches, un verificentro. En este lugar fue asesinado a balazos hace una semana un vecino de Julio, un ingeniero de Acámbaro (otro municipio de Guanajuato). Junto a él, acribillaron a cuatro más, entre ellos un empresario local, Andrés Fernández. El crimen del verificentro supuso una nueva sacudida para Celaya, de 468.000 habitantes. Y cientos de coches marcharon el domingo para pedir paz y justicia. “Nos están matando”, gritaban los vecinos vestidos de blanco con los puños en alto.

Esta tarde Celaya se muestra en calma, pero herida. Algunos puntos de la ciudad son un esqueleto de negocios incendiados, baleados, cerrados por la extorsión a sus dueños, donde el toque de queda autoimpuesto comienza cuando se pone el sol. Como si los criminales acordaran asesinar con más dureza en la noche.

Un empresario local envía un audio con la voz distorsionada y cuenta cómo llegan cada mes hombres armados a sus locales exigiendo dinero, una cuota que a veces alcanza los 20.000 pesos, unos 900 dólares. Él tiene fábricas —prefiere no especificar de qué sector, por seguridad— que se las han vaciado y les han robado tráileres completos. “A principios de este mes llegaron y nos dijeron que si no habíamos juntado el dinero, volverían a pasar”, cuenta.

Hay pocos rincones en esta ciudad que no estén marcados por un cordón policial amarillo, nuevo o ya desgastado, un pequeño altar con velas, imágenes religiosas y algunas flores secas. Y sus calles grises ofrecen un recorrido por la devastación de la guerra del narco. En el Eje norponiente, las ruinas calcinadas de la cadena de tacos Emilio’s; en la carretera Panamericana, una vulcanizadora (taller mecánico) también quemada; detrás de las oficinas de Telmex, unos orificios de bala del negocio de accesorios para coches de tres hermanos asesinados. En las calles mal asfaltadas de la colonia Lagos, Monte Blanco, Ejidal, Campo Azul —donde todavía se observan los hoyos de la metralla que asesinó a una familia completa, incluida una niña de dos años, en junio—, en la caseta abandonada de la policía municipal rafagueada que da la bienvenida a la colonia Arboledas.

Frente a un centro comercial de una zona adinerada, los muros del bar Las Muñecas conservan las cicatrices del ataque que sufrió hace tres meses. Donde asesinaron a cinco personas, dos de ellos estudiantes. La dueña, apodada La Muñeca, escapó. Los vecinos todavía se preguntan cómo.

“Las Muñecas, Las Chulas, El Peregrino, El Perico Azul, son locales que casi solo por el puro nombre sabes que ahí… Va a haber pedo”, cuenta. Sus grupos de Whatsapp son un hervidero de vídeos de crímenes con el mismo modus operandi: “Normalmente llegan a un negocio, matan a balazos al dueño o a quien esté. Le colocan una cartulina que dice que es de los otros [el Cartel Jalisco o de Santa Rosa], graban en vídeo todo eso. Y después avientan bombas molotov y queman el local”.

Los reporteros saben que en una semana todo se puede disparar. La violencia que ha sacudido a la entidad en estos dos años los ha resignado a esperar una matanza, narcobloqueos. E impunidad. La entidad vive en un estado permanente de alarma. Una guerra entre cárteles que repite la misma historia, con los tintes del infierno en Sinaloa, Baja California o Tamaulipas. Como si México no diera tregua a sus habitantes en 14 años de terror del narco, con más de 100 homicidios al día, decenas de miles de desaparecidos y solo dos sentencias federales por crimen organizado. Los muertos se amontonan, pese a las promesas de paz del presidente y las reuniones protocolarias con los gobernadores.

A las 21.00 horas, la foto de un cadáver embolsado y precintado en la colonia Galaxias corre entre los vecinos de Celaya. Junto al cuerpo arrojado al lado de un parque, una cartulina: “Guanajuato es de Guanajuato. Atentamente, su señor y patrón: El Marro”. La plaza se vuelve a calentar.

 

 

 

 

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