El Gobierno de la Cuarta Transformación castiga duramente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Agricultura, a los que recorta entre el 30 y 40 por ciento de su presupuesto, lo que pone en riesgo proyectos prioritarios para las comunidades indígenas y para el campo mexicano
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
CIUDAD DE MÉXICO.- Indígenas y campesinos, en el abandono y con riesgo de parálisis. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para 2020 pone en riesgo la viabilidad del desarrollo de proyectos prioritarios para el campo mexicano y para comunidades indígenas, que verán disminuidos sus recursos hasta en 40% respecto a 2019.
Además de la baja de recursos para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), del 38% y de 36.1% para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se suma el recorte de fondos utilizados para el pago de servicios de agua potable, seguridad pública e infraestructura en los municipios, lo que afectará a las comunidades más marginadas de Oaxaca.
INPI, 40% MENOS
Tanto para la senadora Xóchitl Gálvez, secretaria de la comisión de Asuntos Indígenas y ex comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como para el representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en la Ciudad de México, Pascual de Jesús González, la disminución de recursos que se hizo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) representa el camino a la parálisis y la extinción de esta dependencia, creada apenas en diciembre de 2018.
“No tendría razón de ser”, dice Jesús González, también representante de la Red Nacional Indígena, quien tras haber dialogado con diputados federales de Morena en el Foro Nacional de Presupuesto Indígena y Afromexicano 2020, conoció cuál es la indicación del presidente respecto al proyecto presupuestal de 2020: “no moverle ni una coma”.
Bajo esa orden, aunque la presidenta de la comisión de la Cámara baja, la diputada morenista por Oaxaca, Irma Juan Carlos, se comprometió a solicitar que el presupuesto para el INPI ascendiera a 6 mil 500 millones de pesos, el compromiso quedó en nada.
Para 2019, el instituto recibió recursos por 6 mil 11 millones de pesos y para 2020 el proyecto que envió López Obrador a la Cámara de Diputados considera solo la asignación de 3 mil 552 millones, una reducción de 2 mil 438 millones equivalente, en términos reales, a 43%.
Los 3 mil 552 millones de pesos con que contará la dependencia el próximo año se dividen en tres programas: apoyo a educación, que cuenta con una partida de mil 300 millones de pesos, 3.4% menos que en 2019; planeación y articulación de la política pública, con 1.8% más de presupuesto, alcanzando los mil 45 millones de pesos; y fortalecimiento económico, que recibirá 807 millones, una disminución de 3.4%. El programa de infraestructura desaparece.
Pascual de Jesús expuso a los diputados que para atender realmente las necesidades de las comunidades indígenas del país se requieren por lo menos 12 mil 129 millones de pesos, que es uno de los techos históricos que alcanzó el presupuesto de la CDI. Finalmente, tras la discusión del presupuesto, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto por 4 mil millones de pesos para el INPI, lo que representa una disminución de 38.46% del presupuesto de 2019.
DOBLE DISCURSO
En el presupuesto para el INPI, “no se ve reflejado el discurso presidencial en favor de los indígenas, hay una disminución de 40% del presupuesto, el presidente dice que nueve de cada 10 pesos del presupuesto van para los pueblos, pero es a través de becas; aún hay comunidades donde no tienen luz, alcantarillado, drenaje y sin eso no sirve de nada que se tengan becas, lo que estamos exigiendo es que entienda que hay que fortalecer la infraestructura”, reclama en entrevista Pascual de Jesús.
El INPI, advierte, corre el riesgo de quedarse estancado y desaparecer, “porque si no hay presupuesto, no tiene razón de ser, se convertirá en un elefante blanco”.
Con él coincide la legisladora Xóchitl Gálvez, quien subraya también la gran distancia que existe entre el discurso del presidente y sus decisiones de gobierno.
“El INPI llegó a tener 12 mil millones de pesos en 2012, el presidente de la República dice que se quiere parecer al modelo de Luis Echeverría, pero en su sexenio Echeverría incrementó el presupuesto del Instituto Nacional Indigenista de 25 millones de pesos a 400 millones, fue la etapa en la que el INI hacía escuelas, carreteras, electrificaciones, hoy hay un presupuesto transversal, pero no tiene un solo peso para caminos rurales, solo para caminos hechos a mano, que son básicamente para Oaxaca y para cabeceras, lo que no resuelve el problema porque hay muchas comunidades donde los indígenas no están en las cabeceras, sino en las localidades alejadas”, explica la legisladora albiazul.
Gálvez apunta que la disminución presupuestal del INPI no está acompañada de esfuerzos de otras dependencias para beneficiar a comunidades indígenas, “CFE no tiene dinero para electrificar, Conagua no tiene presupuesto para construir proyectos, es una mala noticia esta disminución, es un doble discurso, por un lado, el presidente trae a los indígenas a la toma de protesta, a su informe, los visita, pero no hay presupuesto”.
Ante esta decisión del presidente, señala la entrevistada, se requiere de una postura mucho más fuerte por parte del director del INPI, Adelfo Regino Montes, “en mi experiencia, lo que conocí es que en una dependencia cuando no tienes dinero los gobernadores ni la llamada telefónica te toman. Yo adquirí fuerza cuando tuve un fondo de 7 mil 500 millones de pesos, cuando un gobernador sabía que podía aportar a hacer una electrificación u otra obra, si ahora se deja al INPI sin dinero básicamente va a tener para la nómina, para los albergues y párale de contar”.
EL CAMPO, SACRIFICADO
Desde 2006, el presupuesto para el campo no ha visto una cifra tan baja como la que verá en 2020, el segundo año de la Cuarta Transformación. El agro nacional contará el próximo año con más de 47 mil millones de pesos, una cifra inferior a la que se presupuestó en 2006, que superó los 51 mil millones de pesos. Aun y cuando el Legislativo aprobara la reasignación de recursos por nueve mil millones que los diputados de Morena ofrecieron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), los 54 mil 253 millones de pesos serían inferiores al presupuesto que tuvo México en 2007, de más de 58 mil millones de pesos. Finalmente, a la medianoche, los legisladores únicamente aprobaron 47 mil 576 millones de pesos.
Esta situación generó protestas de organizaciones campesinas que paralizaron los trabajos en la Cámara de Diputados y obligaron a que la discusión del presupuesto se llevara a una sede alterna en la Ciudad de México.
Los campesinos, críticos con el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a terminar con el abandono del sector primario, señalan que durante el primer año de gobierno las decisiones han sido erráticas. En 2020, acusan, solo se agudizará la situación si se disminuye tan drásticamente el presupuesto.
Un líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), presente en las protestas ante el Legislativo, señaló que entre las fallas que ha mostrado el gobierno en el campo se encuentran los dos programas estrella de la administración, en perjuicio de otros focalizados para atender a comunidades marginadas.
“Desarrollo rural, que antes se ocupaba para zonas de alta y muy alta marginación prácticamente desaparece, de estos recursos Oaxaca recibió 258 millones en 2019 y con esta modificación desaparece”, señala el representante de la CNC que rechaza dar su nombre.
Respecto a programas como los precios de garantía para productores de maíz y frijol, apunta que está generando una distorsión en el mercado. Por ejemplo, para el maíz a los productores que tienen hasta cinco toneladas les pagan 5 mil 600 pesos por tonelada, mientras que a quienes tienen hasta 20 hectáreas el precio por tonelada es de 4 mil 600 pesos.
“Ese programa hay muchos campesinos que lo descartan. En Oaxaca, por ejemplo, el zapalote cuesta 8 mil pesos la tonelada, hay una disparidad en el mercado, ese precio de garantía a nadie beneficia”, señala.
Para el senador Juan Martín del Campo, de Acción Nacional, solo resulta explicable el drástico recorte al campo por los “caprichos” del presidente, que ha priorizado tres obras que son inviables, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.
“El campo es la principal fuente de alimentación y tenemos que fortalecerlo, fue una de las promesas del presidente López Obrador y vemos que en lugar de estarlo apoyando hay una disminución de un 30% aproximadamente”, señala.
Para el senador, el primer año de trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha estado marcado por el desconocimiento de los nuevos funcionarios sobre las tareas del campo y por el subejercicio. Había una gran expectativa para el campo, hay apoyos, pero estos se dan únicamente a través de un programa, Sembrando vida, que deja fuera a los estados del centro, del bajío y del norte, donde prácticamente no hay apoyos.
Actualmente 25 millones de personas en el país tienen en el campo su principal fuente de ingresos, mientras que 48% de la población del estado vive del sector primario en Oaxaca.
