La actual administración estatal tiene cuatro equipos para rastrear e interceptar teléfonos móviles, incluidos de alta tecnología; hasta el año pasado, sólo uno de los aparatos funcionaba y estaba al servicio de la Fiscalía General del Estado para “apoyar” las tareas de inteligencia y el resto permanecen arrumbados en bodega. Estos dispositivos fueron adquiridos en 120 millones de pesos, durante el gobierno anterior por Jorge Castillo Díaz, operador financiero de Gabino Cué
David Méndez
El Gobierno de Oaxaca cuenta actualmente con al menos cuatro equipos de intercepción telefónica, de fabricación israelí, que fueron adquiridos a cambio de 120 millones de pesos en 2011, durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, confirmó a Real Politik una fuente de primer nivel, vinculada con el sistema de procuración de justicia de la entidad.
Sin embargo, por falta de mantenimiento, sólo uno de los cuatro equipos funciona correctamente y éste permanece en poder de la Fiscalía General del Estado; tal sistema cuenta con capacidad para rastrear e interceptar equipos móviles 4G; es decir, de última tecnología, precisó la fuente, que habló con este medio a cambio de anonimato.
El resto de los equipos, hasta el año pasado, permanecían guardados en una bodega debido a que no habían podido ser actualizados, pues cada uno de esos procesos tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos, abundó el informante, que ha tenido acceso a los equipos desde hace varios años.
Los tres sistemas “obsoletos” únicamente pueden rastrear teléfonos 2G, que prácticamente han desaparecido del mercado; sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que las actuales autoridades puedan sufragar el costo requerido y reactivarlos.
El informante al que recurrió Real Politik es confiable y su acceso a información de primera mano incuestionable.
***
En su edición 350 (del siete al 13 de mayo 2018), Real Politik publicó una entrevista con el fiscal Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, quien reveló que a lo largo de su primer año al frente del organismo (mayo 2017-2018) ha sido víctima de presuntas prácticas de espionaje, además de que diversos funcionarios impuestos por el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, han incurrido en actos de fuga de información y sustracción de datos confidenciales.
Lo anterior, de acuerdo con Iruegas, ha ralentizado las indagatorias en contra del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y políticos allegados, que son acusados de haber malversado al menos 30 mil millones de pesos entre 2010 y 2016.
La adquisición
De acuerdo con el testimonio proporcionado a este medio, los equipos de espionaje fueron adquiridos “con el objetivo de hacer más eficientes las labores de investigación y procuración de justicia”.
La fuente precisó que el intermediario entre el proveedor y la administración pública estatal fue el operador financiero de Gabino Cué, Jorge Castillo Díaz, quien pagó por cada uno la cantidad de 30 millones de pesos, valor en el que –según la narración– se cotizan actualmente algunos de los mejores equipos de intercepción telefónica del mercado.
Sin embargo, resaltó que tal inversión hecha por el pasado gobierno estatal fue deficiente, debido a que los equipos no eran sofisticados y rápidamente quedaron obsoletos.
“Fue más el interés de hacer negocio”, reveló.
Ante ello, de acuerdo con el testimonio recogido durante la segunda semana de mayo, las autoridades optaron por dar mantenimiento a uno solo de los sistemas para hacerlo compatible con los teléfonos de última tecnología y ponerlo a disposición del entonces procurador de Justicia, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, quien, a su vez, canalizó el equipo al departamento de Delitos de Alto Impacto, con el objeto de intervenir llamadas de secuestro.
“Los otros (equipos) quedaron almacenados y no se utilizaron. El hecho de que no funcionaran se tradujo en un gran problema al momento de llevar a cabo la entrega recepción (entre los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat, en 2017)”, contó.
De acuerdo con la versión obtenida por Real Politik, al momento de la entrega-recepción, el vínculo entre el pasado y el actual gobierno fue el ex secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, uno de los personajes sobre los que recaen señalamientos de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito y cercano a Jorge Castillo.
Asimismo, la fuente precisó que los equipos de intercepción adquiridos por Cué pueden espiar, calculadamente, hasta 10 teléfonos al mismo tiempo, pero con una “mala calidad”.
–¿No son buenos equipos?
–No, son malos.
–¿Entre el uno y 10, qué calificación les daría?
–4.5, respondió el especialista.
–¿Cuánto cuesta un equipo sofisticado de intercepción telefónica?
–Entre 30 y 40 millones de pesos.
–Eso es lo que pagó el gobierno de Oaxaca.
–Sí, pero (los equipos adquiridos) estaban sobrevalorados.
Durante la entrevista, se detalló que el único equipo activo se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en el municipio de Santa Antonio de la Cal.
El espionaje
Aunque el entrevistado se negó a confirmar si el anterior gobierno había incurrido en prácticas de espionaje, admitió que las autoridades “y los poderes fácticos” –como se refirió a los grupos políticos encabezados por ex gobernadores– cuentan con recursos económicos y acceso a recursos tecnológicos suficientes para incurrir en ese tipo de prácticas.
Para ello, abundó, no se requiere forzosamente la adquisición de equipos sofisticados sino simplemente sobornar a funcionarios de Teléfonos de México (Telmex) o de la empresa de telefonía celular Telcel, ambas propiedad del magnate Carlos Slim, que cuentan “con la más grande red de espionaje” del país.
“Si yo quiero saber información de usted, me pongo en contacto con algún trabajador o funcionario de confianza de Telmex y le pido sus conversaciones de tal a tal periodo.
“Depende del tiempo, el nivel de importancia que tenga usted dentro de la política para tasar el costo de la operación”.
–¿Cómo lo hacen y quién lo hace?
–Existe coordinación entre los políticos y los especialistas (de Telmex); muchas veces se conocen porque trabajaron juntos en dependencias y es como se hacen los tratos. No tienen que ser altos rangos. –¿Podemos decir que cualquier persona, sin importar su estrato social, puede ser escuchada, incluso el propio Gobernador o hasta un Secretario?
–Por supuesto.
Desde la óptica de la fuente, un alto porcentaje de las conversaciones de funcionarios y políticos que trascienden irregularmente durante la época de campañas políticas provienen de grabaciones hechas por la empresa telefónica.
El experto en seguridad dijo haberse enterado de lo anterior de viva voz de funcionarios del gobierno federal y por antecedentes registrados en el ámbito local.
Relató un ejemplo: “El día de las elecciones gubernamentales de 2016 –año del triunfo de Alejandro Murat– toda la red telefónica del gobierno del estado se cayó durante tres días. La mayoría de los funcionarios estuvieron incomunicados durante las elecciones, por lo que se levantó una denuncia”.
–¿Qué pasó?
–Todos los funcionarios estuvieron incomunicados; les cortaron la comunicación. Los teléfonos no servían.
–Entiendo, entonces, que los funcionarios se tuvieron que comunicar a través de números privados.
–El gobierno compra o contrata paquetes de teléfonos móviles para funcionarios clave y se los entrega. Si el servidor público tiene un teléfono oficial y tiene el número del teléfono oficial del resto de sus compañeros, no tienes por qué memorizar ningún número privado, atajó.
Tal relato se asemeja al proporcionado a Real Politik por el Fiscal Anticorrupción (publicado en el número 350), quien contó lo siguiente: “No sé qué pasé, pero tenía un teléfono en la oficina que es el que se conecta a la red de la Fiscalía (General del Estado) y, de repente, me doy cuenta que si me marcaban, aunque yo no contestara, y el otro lado de la línea tenía la bocina (activa), oía lo que se decía adentro.
–¿Lo estaban espiando?
–No sé si eso suceda con todos los teléfonos o en concreto conmigo, pero lo cierto es que eso funcionaba como un micrófono, un altavoz.
–¿Bastaba que le marcaran para escuchar lo que usted hablaba?
–Sí, aunque yo no contestara. Nada más sonaba (timbraba), después se quitaba y de cualquier extensión que marcaran se escuchaba (mi conversación)…
–¿Cuándo pasó?
–Hace un mes más o menos (marzo pasado). Cuando me di cuenta.
— ¿Cuánto tiempo tuvo el teléfono?
–Lo tuve bastante tiempo
–Sí.
–¿Cómo se dio cuenta que lo escuchaban?
–Mi oficina está en Ciudad Judicial y tenemos otros cubículos y justo de uno de los cubículos de los MP me marcaron, no contesté, pero estaban oyendo. Se quedaron esperando que yo contestara y empezaron a oír lo que estaba adentro y me lo notifican. No sé si sea un problema del aparato y demás.
***
–¿Qué opina del espionaje telefónico y sustracción de datos personales que denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción, es factible?, preguntó Real Politik a la fuente.
–Puede ser, pero no creo que lo estén haciendo desde la Fiscalía.
–¿Por qué no?
–No estoy seguro; el fiscal no tiene ese perfil. Puede venir de otro lado, no sólo de la Fiscalía.
–¿De dónde?
–Hay diversos grupos políticos con poder e intereses.
–¿Es fácil darse cuenta cuando uno es espiado?
–No. Cuando se interviene un teléfono nadie se da cuenta; de lo contrario, nadie caería en ello.
»Cuando el equipo es bueno es imposible darse cuenta, Cuando es un equipo malo se escucha un chasquido, un click.
–Antes de llegar al poder, Gabino Cué recibió algún equipo de espionaje que haya sido utilizado por la administración de Ulises Ruiz o José Murat?
–No, no estoy seguro.
–¿Cree que se espíe a los reporteros?
–A algunos, puede ser.
–Sobre las fugas de información en la Fiscalía Anticorrupción, ¿qué opinión tiene?
–En la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) existen personas que han hecho de la corrupción su modo de vida, un modus vivendi, pero no creo que la persecución que han denunciado la esté operando el Fiscal General. No es su perfil, reiteró.
***
Otro personaje oaxaqueño, que durante décadas ha tenido contacto permanente tanto con la Procuraduría General de la República (PGR) como con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) confió a Real Politik que desde antaño existen prácticas de espionaje en esta entidad; primero, a través de la Dirección Federal de Seguridad y, en la actualidad, por medio de la Secretaría de Marina (Semar).
También bajo la condición de anonimato, por su cercanía con la clase política de la entidad, refirió, al igual que la primera fuente, que el espionaje en Oaxaca no se limita solamente a las esferas de gobierno.
“No es un solo (actor el que espía) sino que hay muchos y en diferentes estructuras. Es decir, dentro y fuera del gobierno. Ahora, hay poderes fácticos: el narcotráfico, el poder fáctico de los ex gobernadores que son grupos de poder; el grupo de poder de (José) Murat, el grupo de poder de Ulises (Ruiz), y de Diódoro Carrasco, que todavía existe, aunque él traslada toda su estructura política a Puebla.
“Tres ex gobernadores siguen metiendo mano en Oaxaca, pero el que es el más persistente, el que está provocando la desarticulación de las instituciones es José Murat”, sostuvo.
–¿Los grupos fácticos que acaba de mencionar tendrían la capacidad de infiltrar a cualquier tipo funcionario?
–A cualquier ciudadano
»Sí, aparte de eso, las instituciones del estado están degradadas. Tribunal Superior de Justicia, ilegítimo de origen, no solamente por el Presidente sino que por varios magistrados que están mal designados… Si el principal instrumento de justicia no está legalmente instituido ¿qué señal es? Que la justicia está mal en todos lados.
Antecedentes
El 29 de abril de 2010, la Procuraduría General de la República admitió la existencia en Oaxaca de una red de espionaje presuntamente vinculada al Gobierno de Oaxaca, dedicada a intervenir las conversaciones telefónicas de políticos y empresarios del estado, incluido el candidato opositor Gabino Cué.
De acuerdo con algunas víctimas de las escuchas, divulgadas por el diario Reforma, la PGR ya tiene identificado como el principal operador de los aparatos de intercepción a un sujeto que trabajaba en la Procuraduría Estatal.
La Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010, para indagar a los responsables de espiar las comunicaciones privadas de diversas figuras públicas.
Entre los números sobre los que había un seguimiento puntual están los de Raúl Bolaños Cacho, ex presidente del PRI en Oaxaca y del Tribunal Superior de Justicia del estado, y Aurora López Acevedo, secretaria de Transporte en el sexenio de José Murat.
También los teléfonos de Juan Díaz Pimentel, ex presidente del Congreso del estado y del PRI de Oaxaca, así como el de Gabino Cué, candidato de la coalición del PAN con el PRD a la gubernatura.
Las escuchas abarcaban también a los presidentes estatales del PAN, Carlos Moreno Alcántara; PRD, Amador Jara Cruz; Convergencia, Mario Mendoza Flores y Partido del Trabajo, Daniel Juárez López.
La investigación estaba a cargo del fiscal federal Flavio González López –quien colaboró en la Procuraduría de Jalisco en tiempos del gobernador Francisco Ramírez Acuña–, pero, a ocho años de su ventilación, se desconoce el destino que tuvieron las pesquisas.
