Tras haber logrado la alternancia política en el Gobierno estatal y de tener en las manos la posibilidad de cambiar la historia de una entidad maltrecha, la administración de Gabino Cué Monteagudo pasará a la historia por sus actos de corrupción e imponer récords históricos en deuda, desempleo, miseria e injusticia. El gobierno saliente creó un Plan Estatal de Desarrollo compuesto por cuatro ejes y, en todos, fracasó, a pesar de haber dispuesto, en seis años, de un presupuesto de 500 mil millones de pesos
David Méndez
La administración de Gabino Cué Monteagudo, que llegará a su fin el último minuto del próximo miércoles, fracasó en su tarea de cumplir con los cuatro ejes que fueron catalogados como los “grandes objetivos de este gobierno”, revelan informes, por separado, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad; Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo; Desarrollo Social y Humano, así como Gobierno Honesto y de Resultados, fueron, según el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, “las directrices» de la administración aliancista.
Al presentar su proyecto de gobierno, a finales de 2010, el mandatario dijo que para dar cumplimiento a sus metas, su gestión se basaría en “cuatro políticas transversales”: Derechos Humanos, Equidad de Género, Pueblos Indígenas y Sustentabilidad.
En sus 390 páginas, el Plan Estatal de Desarrollo hizo un minucioso análisis de las condiciones precarias en que los gobiernos priistas habían dejado a la entidad y las fórmulas para “no repetir” los mismos errores que habían sumido al estado en severas crisis sociales, de empleo, de miseria y de injusticia.
Hoy, a seis años de este anuncio, Real Politik realiza un comparativo con las propuestas y resultados finales de la agenda impulsada por Gabino Cué y su círculo cercano de funcionarios.
Primer Eje: Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo
A pesar de los presupuestos históricos que ha recibido la entidad para abatir la miseria, el índice de pobreza alimentaria en Oaxaca es peor que el que se tenía en 1990, mientras que la pobreza patrimonial se mantiene prácticamente igual, reveló el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados federal.
Hace 25 años, 41 por ciento de los oaxaqueños no tenían dinero suficiente para comprar alimentos que cubrieran sus necesidades básicas de nutrientes; en la actualidad, tras los mandatos de los gobernadores Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué, la tasa fluctúa en 43 por ciento, detallaron los investigadores.
Ajustada a la proyección poblacional para 2014 del Consejo Nacional de Población (Conapo), la medición del CESOP estimó que el número de ciudadanos en condición de pobreza alimentaria es mayor a un millón 700 mil habitantes.
Las bajas percepciones económicas de ese sector ocasionan que ni siquiera invirtiendo todos sus recursos, puedan tener acceso a una alimentación adecuada.
Antes y luego de la crisis financiera de 1994, el rango estatal de pobreza alimentaria se mantuvo por arriba de 40 por ciento; sin embargo, en 2008, durante la administración del priista José Murat, se elevó hasta 53 por ciento, la tasa más alta de la que se tengan antecedentes, detalla el estudio.
Años después, a la mitad del sexenio del también priista Ulises Ruiz Ortiz, el indicador bajó a 33 por ciento, pero antes de terminar esa administración, en 2010, subió a 37 por ciento.
Durante los primeros dos años del gobierno del aliancista Gabino Cué, el índice de pobreza alimentaria fluctuó en 34 por ciento, pero en la segunda parte de su mandato superó el registro de 1990 y se estacionó, en 2014, en 43 por ciento, según el CESOP.
Oaxaqueños no tienen
ni para el camión
En lo que se refiere a la pobreza patrimonial, Oaxaca mantiene un índice de 69 por ciento, un punto por debajo (70 por ciento) del que reportaba en 1990.
Lo anterior, significa que al menos 2 millones 750 mil habitantes no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.
Los rangos históricos divulgados por el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, resaltaron que la más grave crisis de la que se tenga registro en este rubro, ocurrió, nuevamente, en el año 2000, durante la gestión de José Murat.
En aquella época, el nivel de pobreza patrimonial llegó a 78 por ciento.
Ulises Ruiz, en 2010, dejó la tasa en 69 por ciento; Gabino Cué la redujo, en 2012, a 63 por ciento, pero tres años después regresó a 69 por ciento.
El estudio, que consta de 37 páginas y elaborado con datos de 2014 y 2015, tiene el objetivo de comparar los índices de pobreza registrados en las últimas tres décadas entre los mexicanos que habitan tanto en este país como en los Estados Unidos.
Cifras históricas de desempleo
En el tercer trimestre de 2015, el nivel de desempleo en Oaxaca alcanzó su punto más alto de la última década, al ubicarse en un porcentaje de 3.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
De acuerdo con datos históricos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) durante julio, agosto y septiembre del año pasado, alrededor de 61 mil oaxaqueños permanecieron desempleados; las cifras fueron confirmadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal.
Según aquellas mediciones, la Población Económicamente Activa de Oaxaca ascendía a 1 millón 694 mil 415 habitantes; este término se refiere al total de la población mayor de 15 años que trabaja o permanece en busca de incorporarse a alguna actividad ante su necesidad de generar ingresos.
Esta cifra de desocupación rebasó por dos décimas a la registrada en el primer trImestre de los años 2011 y 2014, donde el índice ascendió a 3.4 por ciento, en su momento, un récord histórico que se traducía en alrededor de 50 mil desempleados, precisó el Inegi.
A su vez, la STPS informó que entre julio y septiembre de 2015 sólo 45.1 por ciento de los trabajadores oaxaqueños percibían un salario de al menos un salario mínimo y, de ellos, únicamente 26.7 por ciento fue dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tras oscilar entre 1.5 por ciento y 2.0 por ciento durante 2005 y 2007, el Inegi resaltó que el número de oaxaqueños desempleados comenzó a incrementarse a partir del segundo semestre de 2008.
De una desocupación de 1.9 por ciento reportada entre mayo y junio de aquel año, la cifra saltó a 2.6 puntos y, a partir de ese momento, se mantuvo por encima de los dos puntos.
Durante enero, febrero y marzo de 2011, los primeros meses de la administración del gobernador Gabino Cué, la desocupación llegó a 3.4.
De 2011 a 2015, hasta antes del nuevo récord histórico, la tasa de desocupación había oscilado entre 3.4 y 2.4 por ciento.
Históricamente, los picos más altos de oaxaqueños sin trabajo se han contabilizado en el primer trimestre de 2011 (3.4 por ciento), tercer trimestre de 2012 (3.2 por ciento), primer semestre de 2013 (3.0 por ciento), primer semestre de 2014 (3.4 por ciento) y durante el primero y tercer semestres de 2015 (3.2 y 3.6 de manera respectiva).
En el mes de diciembre, la desocupación permaneció en 2.7 por ciento, que puede cuantificarse en alrededor de 45 mil 200 personas afectadas.
Segundo Eje: Gobierno Honesto y de Resultados
Entre 2014 y 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ocho denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobierno de Cué Monteagudo, bajo acusaciones de «simulación de reintegros» y presuntas malversaciones de recursos durante los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014.
Las querellas fueron presentadas entre el 28 de agosto de 2014 y el 31 de agosto de 2015, precisó la entidad fiscalizadora, a través del reporte «Denuncias Penales Presentadas por la ASF-Cuentas Públicas 1998-2014, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros», con corte al 30 de septiembre de 2016.
La Auditoría, sin embargo, no detalló el estado que guardan actualmente esos procesos y menos si ha sido emitida o está por emitirse alguna orden de aprehensión en contra de funcionarios de la actual administración estatal, que está a seis días de finalizar.
El informe, alojado en http://www.asf.gob.mx, indicó que cinco de las averiguaciones previas fueron abiertas por «Simulación de Reintegros», una irregularidad que consiste en que un gobierno estatal realiza un depósito a las cuentas de la Hacienda Pública Federal para atender una observación sobre presunto desvío de recursos; sin embargo, después de reportar que han cubierto la irregularidad, el capital es retirado.
El resto, fueron abiertas luego de que, tras agotar todas sus oportunidades para solventar observaciones por malos manejos de recursos, el gobierno del estado no pudo comprobar la correcta aplicación del dinero.
La primera demanda interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación data del 28 de agosto de 2014 por «Simulación de Reintegros»; sin embargo, la ASF no pormenorizó el año fiscal al que correspondió esta anomalía y sólo se limitó a indicar que se trató de la querella número 410 interpuesta por aquel organismo en contra de una entidad.
Prácticamente 20 días después, el 17 de septiembre de 2014, la Auditoría promovió la segunda demanda en contra de la administración aliancista, pero, al igual que el caso anterior, no especificó el año fiscal del que se desprendió la observación. Y un día después, el 18 de septiembre, la autoridad promovió una tercera demanda en contra de la administración estatal por los mismos cargos.
El 29 de septiembre de 2014, el ente procedió nuevamente en contra del gobierno, que no pudo solventar observaciones contempladas en la auditoría 524 efectuada durante 2012 al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Fue la denuncia número 448 interpuesta por la Auditoría a un gobierno local y la cuarta en contra de Oaxaca en un periodo de un mes.
De 2010 a 2013, Gerardo Cajiga Estrada se desempeñó como secretario de Finanzas. El 16 de abril de 2013, presentó su renuncia al cargo y, posteriormente, fue nombrado en su lugar Enrique Arnaud Viñas.
El 14 de agosto de 2014, la ASF entabló dos nuevas demandas en contra del Gobierno de Oaxaca también por «Simulación de Reintegros». En su informe, la ASF tampoco precisó los años a los que corresponden las irregularidades.
Casi un año después, el 28 de agosto de 2015, la entidad interpuso un nuevo recurso legal por malos manejos de recursos, detectados en la auditoría mil 74 realizada a la Cuenta Pública de 2014; específicamente, al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
El 31 de agosto del mismo año, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente denunció ante la PGR a Oaxaca por no comprobar la buena aplicación del gasto federalizado de educación, al que se le dio seguimiento en la auditoría 599 de la Cuenta Pública de 2013.
Entre 1998 y 2016, la ASF ha promovido un total de 723 denuncias penales en contra de autoridades estatales; la última, fue tramitada el 23 de septiembre de 2016 en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por irregularidades en 2014.
Hasta el 31 de mayo de 2016, la Auditoría había entablado un total de 700 denuncias en contra de diversas entidades por malversación de recursos, de las que 636 permanecían en integración ante el Ministerio Público; 25 consignadas; 12 en reserva y 18 en amparo.
Omisión ante demandas ciudadanas
De los más de 700 funcionarios oaxaqueños de primer nivel que actualmente se desempeñan en alguno de los tres Poderes del Estado en los ámbitos federal y estatal, comenzado por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, únicamente cinco han hecho públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, bajo los lineamientos del proyecto 3de3; es decir, el 99.3 se mantiene al margen de este ejercicio de civismo y ética.
A pesar de los discursos en contra de la corrupción y en pro de la transparencia pronunciados en cada acto público al que asisten, ningún integrante del gabinete legal y ampliado del gobierno gabinista, ningún diputado local, ningún magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y ninguno de los 570 presidentes municipales de la entidad han divulgado la relación de bienes que poseen ni las relaciones que mantienen con otros políticos o grupos empresariales que pudieran obstaculizar un desempeño equitativo de su función.
En una revisión a la plataforma tresdetres.mx, se pudo constatar que solamente cuatro de los 19 diputados federales y uno de los tres senadores que representan a Oaxaca en el Congreso de la Unión han entregado a aquella plataforma algún tipo de información que los someta al escrutinio público.
Sin la garantía de que los datos alojados sean 100 por ciento fidedignos, los diputados perredistas Eva Florinda Cruz Molina, Francisco Martínez Neri y José Antonio Estefan Garfias, así como el senador Benjamín Robles Montoya, son los únicos que han coadyuvado con esa campaña, emprendida por activistas y académicos a nivel nacional desde hace un año.
Los dos últimos, Estefan Garfias y Robles Montoya, publicaron sus declaraciones impulsados por sus aspiraciones a ocupar la gubernatura de la entidad al competir durante el proceso electoral de junio pasado.
A octubre pasado, el portal de la 3de3 mantenía el registro de 720 funcionarios dados de alta en la plataforma. Dieciocho gobernadores han hecho públicas sus declaraciones y 13, entre ellos el de Oaxaca, no.
Tercer Eje: Desarrollo Social y Humano
La corrupción y la deficiencia en la implementación de las políticas públicas por parte de los funcionarios de las tres instancias de gobierno, han provocado que la población oaxaqueña subsista en condiciones de «desigualdad extrema», afirmaron, por su parte, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la asociación civil OXFAM. Luego de 22 años «estancados», los índices de inequidad en la distribución de la riqueza han crecido durante el último trienio, durante el mandato de Gabino Cué, lamentó el investigador de la UNAM y autor del reporte Desigualdad Extrema y Tendencias del Desarrollo. El caso del Estado de Oaxaca, Gerardo Torres Salcido.
A pesar de que en Oaxaca funcionan 89 programas federales para erradicar la pobreza y combatir la desigualdad, sus efectos entre la población han sido nulos, acusó.
Sin contar a la clase política, el ingreso de los ciudadanos oaxaqueños con mejores condiciones de vida (88 mil 865 pesos trimestrales) es 28 veces superior al de los pobladores con menores percepciones (3 mil 250 pesos trimestrales), detalló el especialista.
Torres manifestó que el Índice de Rezago Social arrojó que 59 por ciento de los municipios de esta entidad subsisten en condiciones de rezago grave, lo que ubica al estado en los últimos tres lugares del país.
Además de la corrupción, esta problemática se ha agudizado debido a que las dependencias federales no han ejecutado correctamente el gasto social, pues solamente 34 por ciento de ese recurso es redistribuido, 66 por ciento se ejerce por medio de instrumentos regresivos, pues tiende a beneficiar a los hogares con mayores ingresos, abundó el investigador.
Torres añadió que 58 por ciento de los recursos redistributivos dejan de llegar a la población en pobreza extrema porque benefician a la mitad más rica; es decir, por cada peso de programas federales que recibe la clase más rica, únicamente 50 centavos son transferidos a los ciudadanos que viven en condición de miseria.
En el ámbito estatal, la administración de Gabino Cué implemento seis programas sociales específicos: Útiles y Uniformes Escolares, Becas a Estudiantes de Educación Superior, Prevención del Virus del Papiloma Humano, Adultos Mayores de 70 años y más, Mujeres Jefas de Familia Desempleadas y Apoyo a Personas con Discapacidad, además de los programas de Conversión Social y el de Microcréditos a la Economía Solidaria.
Sin embargo, los resultados han sido desfavorables, apuntó el experto, debido a que el número de los programas fue modificado a lo largo del actual sexenio, aunado a que se registraron recortes presupuestales, hubo una limitada visión para el combate a la pobreza y a la nula participación de las comunidades en la formulación y evaluación de las estrategias.
El reporte Desigualdad Extrema y Tendencias del Desarrollo. El caso del Estado de Oaxaca, fue elaborado con cifras recabadas este año en las regiones de Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, ésta última, la zona que recibirá mayor inversión federal y extranjera por la entrada de megaproyectos, como el de las Zonas Económicas Especiales.
Sistema de salud, colapsado
El sistema de salud de Oaxaca está colapsado y vive su peor crisis en, al menos, los últimos 20 años, reconoció este viernes la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, un día después de que las autoridades del Hospital Civil anunciaran el comienzo del cobro de sus servicios ante la falta de recursos públicos para financiar su operatividad y después de que la Sección 35 del sindicato de la Secretaría de Salud denunciara una malversación de mil 100 millones de pesos por parte de la administración estatal saliente.
Desde el primer día de su gestión, el gobierno entrante, que encabezará Alejandro Murat Hinojosa, debe implementar un plan de «emergencia» para estabilizar este sector, sostuvo el titular de la Comisión, Omar Calvo Aguilar.
«(El sistema de salud) está colapsado; rebasado por la falta de insumos, por la infraestructura, por la gran cantidad de personas que requieren del servicio y porque no se cuentan con recursos para poder sacarlo a flote», sentenció, en entrevista.
La Secretaría de Salud ha caído en esta crisis, aseguró, debido al mal manejo de recursos que han hecho los funcionarios que han encabezado la dependencia; el último, Germán Tenorio Vasconcelos, quien es acusado de orquestar un desvío por 2 mil millones de pesos.
«Primero (se deben) eficientar los recursos, que es el punto más importante. De acuerdo con lo que se ha comentado, recursos existen; simplemente no se han destinado al lugar que corresponde», indicó.
«Hablan de que hay carencias de médicos, de insumos; claro que con esa cantidad de dinero (2 mil millones de pesos) puedes resolver la problemática aguda por la que está pasando el hospital (Aurelio) Valdivieso».
Brutal rezago
El presidente resaltó que Oaxaca mantiene el peor sistema sanitario de México.
Uno de los principales indicadores, el índice de mortalidad materna, contiene datos reveladores: «Si comparamos a Oaxaca con Colima, que tiene uno de las redes de salud más eficientes de México, en Colima hay años en los que no tienen muertes maternas y cuando llegan a tener es una o, a lo mucho, dos; nosotros tenemos 35, 40 o 45 muertes maternas por año.
«Todos estos espacios se llaman brechas, esa es la brecha de salud que tenemos entre Oaxaca, el estado con mayor rezago en ese sentido».
Cuarto Eje: Estado de Derecho, Gobernabilidad
El conflicto social de 2006 fue uno de los puntos a los que mayor provechó le sacó el equipo de campaña del actual gobierno para atacar a su opositor, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ganar los comicios de 2010.
En su momento, Cué afirmó que el movimiento magisterial reflejaba el hartazgo de la ciudadanía ante la corrupción y malversación de recursos de los gobiernos priistas.
Cuando Ulises Ruiz intentó desalojar del Zócalo de la ciudad a los docentes y se desencadenó el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el equipo de Cué acusó a las autoridades de orquestar una represión sistemática en contra de los movimientos sociales y cometer crímenes de Estado.
Posteriormente, al tomar las riendas de la gubernatura, la administración aliancista prometió nunca volver a arremeter en contra las organizaciones, comenzando por la Sección 22 de la CNTE, y castigar la corrupción de la administración de Ruiz Ortiz, al que se le achacaba un quebranto por 2 mil millones de pesos.
Sin embargo, nada de ello sucedió. Sólo uno de los colaboradores cercanos del anterior gobierno fue detenido (Bulmaro Rito Salinas, ya en libertad) y nunca fueron comenzados los juicios prometidos en contra del resto de los funcionarios cercanos al exmandatario.
Luego de navegar durante cinco años entre escándalos de corrupción de funcionarios como Netzahualcóyolt Salvatierra, Germán Tenorio y Alberto Vargas, así como del empresario Jorge Castillo, entre otros, en 2016 se desató una revuelta social, que derivó en varios enfrentamientos violentos entre simpatizantes del magisterio y elementos de las policías Estatal y Federal, con saldo de al menos nueve muertos.
Gabino Cué pasó por alto el pacto que había hecho con la Sección 22 y solicitó la intervención de las fuerzas federales de seguridad para desarticular las protestas que mantenía el sindicato contra la reforma educativa.
Ello, desencadenó una nueva crisis interna que se prolongó hasta septiembre pasado, que incluyó masivos cierres de carreteras en todo el estado, así como el saqueo de diversos centros comerciales.
Esta nueva confrontación se tradujo, según empresarios, en un conflicto más grave que el suscitado en 2006 y con mayores pérdidas económicas, que llegaron a ser estimadas en 10 mil millones de pesos.
A cuatro días del cierre de gobierno, la iniciativa privada continúa exigiendo la reparación de los daños sin que exista una respuesta de las autoridades.
Al contrario, mientras el fin de sexenio más se acerca, son mayores las denuncias por corrupción y tráfico de influencias que salen a flote. La semana pasada, al menos 70 dependencias estatales cerraron sus puertas en demanda de que la autoridad explique qué ha hecho con los recursos por fondos de pensiones que les han sido a los obreros y que sin embargo, no se reflejan en sus cuentas.
En el Hospital Civil, a su vez, anunciaron que comenzarían a ser cobradas diversas cuotas, debido a que la dirección carecía de recursos para subsanar su operatividad.
Mientras esto sucede, el PRI y el Partido del Trabajo (PT) han asegurado que Gabino Cué dejará un quebranto financiero por entre 27 y 30 mil millones de pesos, producto de 14 mil millones de deuda pública, un desvío de recursos por 10 mil millones y deudas a proveedores, partidos políticos, trabajadores y sindicato, por casi 6 mil millones.
