El incremento en el precio de los combustibles y la volatilidad del peso frente al dólar han disparado entre el 16 y 50 por ciento el precio de los materiales para construcción en Oaxaca; el alza desmesurada de precios ha provocado que alrededor del 50 por ciento de obras del sector privado –sobre todo del ámbito residencial– que fueron presupuestadas a finales de 2016, hayan sido postergadas o canceladas, lamentaron la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Empresarios del ramo acusan que el ex gobernador Gabino Cué pagó decenas de obras ‘fantasma a empresas fantasma en todo el estado, mientras que muchas constructoras oaxaqueñas están al borde de la quiebra
David Méndez
El incremento en el precio de los combustibles y la volatilidad del peso frente al dólar han disparado entre 16 y 50 por ciento el precio de los materiales que son utilizados en la industria de la construcción, lo que, a su vez, ha agudizado la crisis en la que permanece este sector desde el sexenio pasado por el recorte en la cantidad de obra pública otorgada por el gobierno del estado y la morosidad de éste al momento de pagar.
El alza desmesurada de precios registrada entre enero y febrero de 2017, ha provocado que alrededor del 50 por ciento de obras del sector privado –sobre todo del ámbito residencial– que fueron presupuestadas a finales de 2016, hayan sido postergadas o canceladas, lamentaron la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI).
La SMI acusó que este ramo permanece en una crisis, con hasta el 90 por ciento de empresas trabajando al borde de la quiebra, a la espera de que la nueva administración estatal, encabezada por Alejandro Murat, comience la licitación de las obras de infraestructura 2017 para poder «recapitalizarse».
El cemento, la varilla, el tabicón, la mano de obra y la transportación de estos insumos han sufrido estos incrementos desde la determinación del gobierno federal de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como parte del proceso de liberación del costo de las gasolinas y el diésel, precisó la Sociedad Mexicana.
De 13 mil 500 pesos, en diciembre pasado, la tonelada de varilla se cotiza actualmente en 16 mil 500 pesos; la tonelada de cemento Cruz Azul, el de mayor popularidad entre los constructores, pasó de 3 mil a 4 mil 200 pesos, al tiempo que Cementos Mexicanos (Cemex), cuya renta de maquinaria es utilizada en obras de gran envergadura, elevó sus precios seis por ciento, subrayó el presidente estatal de la agrupación, José Marcos Matus.
Estos incrementos, a su vez, provocaron un efecto dominó en el precio del tabicón, tabicón ligero, ladrillo y alambre recocido, detalló.
El precio del flete, por ejemplo, se incrementó, en promedio, 30 por ciento, agregó.
Incrementos máximos,
de 50 por ciento CMIC
A su vez, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reconoció que entre 2016 y 2017 los insumos sufrieron incrementos de entre el uno y el 50 por ciento derivado del aumento en el precio de las gasolinas y el diésel.
De acuerdo con esa agrupación, de diciembre a enero, el mayor incremento se tuvo en el costo del cemento gris (16 por ciento), cuya tonelada pasó de 3 mil 99 pesos a 3 mil 223 pesos; también en el cemento blanco, que de 3 mil 916 subió a 4 mil 165 pesos (10 por ciento) por tonelada.
Otro de los insumos que tuvo un alza de 10 por ciento en los últimos dos meses y medio fue el tabicón ligero, cuyo costo pasó de 4 mil 775 pesos a 5 mil 196 pesos.
La Cámara sostuvo que, de mediados de 2016 a principios de 2017, la varilla corrugada se incrementó de 2 mil 200 pesos a 3 mil 223; es decir, más de 50 por ciento.
Estos aumentos contradicen las versiones que mantuvo hasta la semana pasada la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el sentido de que los precios de los productos y servicios se habían mantenido estables en todo el país, denunciaron, por separado, las asociaciones.
Ciudadanos, los más afectados
A estas alturas del año, los mayormente afectados han sido particulares que han pretendido arrancar remodelaciones, adecuaciones residenciales o la edificación de casas habitación, cuyos presupuestos fueron hechos durante los últimos meses del año pasado, antes del gasolinazo.
«Estábamos a punto de comenzar una obra en la ciudad de Oaxaca, pero al momento de comprar el material, nos dimos cuenta que los precios se habían disparado. El encargado de la obra nos dijo que o completaba para los insumos o nos pagaba nuestro sueldo», narró un trabajador de la construcción.
«Decidimos suspender la obra», lamentó, en entrevista.
De acuerdo con la CMIC, los meses menos favorables para la industria de la construcción son enero y febrero, pues la demanda se reduce de manera sustancial por el efecto de la cuesta de enero.
Sin embargo, debido a la especulación generada por la liberación de los precios de los carburantes, en 2017 la disminución en la inversión de obra privada durante este bimestre ha llegado al 50 por ciento.
A pesar de ello, el expresidente del organismo, Orlando Hernández Montes consideró que el sector está en recuperación de la crisis en el que lo dejó el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
“Estamos saliendo de la crisis”, dijo.
El dirigente de la SMI, José Marcos Matus, refirió que el ramo de la construcción no tendrá una estabilización de precios sino hasta marzo o abril próximos, cuando la incertidumbre por la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos quede disipada, lo que a su vez le daría mayor fortaleza al precio del peso frente al dólar. La cotización también estará a expensas de que el gobierno anuncie nuevos incrementos en el precio de los carburantes.
«Yo creo que vamos a estar viendo una estabilidad por marzo o abril; ahí podremos hacer números porque de pronto amanecemos con un dólar muy alto o con un dólar estable y eso, a nosotros, nos incrementa mucho los costos en todos los rubros de una construcción», refirió.
«Hablo de todas las ramas: la Hidráulica, la obra Civil, la ingeniería de puentes, en todos los ramos nos está afectando en este momento».
–¿Están viviendo una etapa de crisis?, consultó este medio.
–En este momento estamos adaptándonos. Una crisis fuerte no podría yo decir porque ni siquiera hay obra (pública) en este momento, pero en los meses continuos, o en este mismo mes –febrero, marzo, abril– empiezan a salir las licitaciones, empiezan a salir los contratos, ahí realmente vamos a ver si realmente la crisis nos está pegando.
–¿Este problema (del gasolinazo) se suma a que en el sexenio pasado les «cerró» la llave el gobierno estatal?
–A muchos constructores se les adeudan pagos; hay algunos que están en espera de comenzar a trabajar. Me sumo al comentario de que en el sexenio pasado fue todo para los (empresarios) foráneos, creo que esa fue la coyuntura de esta crisis, de todos los empresarios constructores: en el sexenio pasado no hubo liquidez, no hubo trabajo.
Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) reportó un incremento anual de 9.81 por ciento en enero, el mayor en la historia de la serie a partir de diciembre de 2004.
Desde julio de 2016 el INPP ha ido en aumento constante, hasta llegar a más del doble de la inflación general de la economía.
Por sectores, los productores dedicados a la industria minera fueron los que mayor aumento en precios reportaron, con 23.4 por ciento anual. En La industria manufacturera y de la construcción los aumentos fueron de 13.9 y 11 por ciento, respectivamente.
La inflación mensual al productor fue de 2.1 por ciento, con 5.4 en la minería y 3.5 por ciento en manufacturas.
Los combustibles destacan entre las mayores alzas para los productores en enero, con 22.3 por ciento en el gas licuado, tan sólo en ese mes. La gasolina subió 17.4 por ciento y el diesel 1.5 por ciento. Otras alzas fueron en el acero (9.2), etileno (8.8), oro (8.5) y material eléctrico (6.2), entre otros.
Empresas, de mal en peor
A raíz de la falta de contratación de empresas oaxaqueñas por parte del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, en el sexenio pasado, el 90 por ciento de los 858 afiliados a la SMI operan en la actualidad al borde de la quiebra, apuntó el dirigente.
El 10 por ciento de las empresas que han logrado afrontar esta crisis se debe a su participación en otros sectores de la iniciativa privada, ajenos al ramo de la construcción, afirmó.
Proponen ajuste de precios
Ahora, ante el ofrecimiento de las nuevas autoridades de distribuir la obra pública entre las empresas locales, los representantes de las agrupaciones han propuesto efectuar una “recatalogación” de precios, con el fin de aminiorar los efectos del gasolinazo.
Las autoridades federales y estatales cuentan con una relación de precios máximos que pueden ser pagados por el gobierno por concepto de insumos y mano de obra, según el tipo de proyecto. Mantener las tarifas como en 2016, según los empresarios, significaría que sus utilidades se redujeran hasta 40 por ciento.
“Es por ello que es importante que los gobiernos tomen en cuenta este aumento”.
–¿El ajuste que están pidiendo sería de 30 o 40 por ciento?
— Es muy variable en los tipos de material. (Es muy variable) desde un ladrillo, un tabicón, hasta el acero, que es lo que más se ha incrementado. Necesitamos recatalogar todo directamente en este tipo de materiales para que no afecte a los empresarios.
–¿Ya se han sentado con el gobierno, de quién depende aceptar esa resolución?
–Todas las dependencias, los empresarios, los directores, los mismos delegados, saben el problema que se está suscitando a nivel nacional y que debemos tener el respaldo de ellos.
Gabino pagó
obras fantasma
La administración de Gabino Cué Monteagudo pagó decenas de obras fantasma a empresas fantasma en todo el estado, mientras que cientos de empresas oaxaqueñas ligadas al sector de la construcción permanecen al borde de la quiebra, denunció, además, el presidente estatal de la Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI).
Ante ello, el dirigente demandó al actual gobierno la apertura de expedientes judiciales y el encarcelamiento de los funcionarios que incurrieron en «tranzas» y «raterías» durante el sexenio pasado, entre ellos los exsecretarios de las Infraestructuras, Netzahualcóyolt Salvatierra y Sergio Pimentel Cohelo, así como directores de área de la misma dependencia.
En entrevista, exigió a las autoridades investigar y castigar a los «gestores», que trabajan en coordinación con Sinfra, y que desfalcaron a «muchos presidentes municipales».
El dirigente, sin embargo, no precisó el monto, el número de obras fantasma o el nombre de las personas que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de esos contratos. Tampoco pormenorizó el número de ediles que fueron defraudados por los gestores.
«Toda la ciudadanía sabemos quiénes son (los responsables de malas prácticas); las personas del tema de Infraestructura sabemos quiénes son y ojalá se haga justicia
«Podrían ser (investigados) los exsecretarios, los exdirectores y los mismos gestores; mucha gente que desfalcó a muchos presidentes; no tiene validez hacer acuerdos en lo oscurito y no dar la cara», sentenció.
Al respecto, la Secretaría de la Contraloría a cargo de José Ángel Díaz Navarro, reconoció en enero pasado que existían dos procedimientos de inhabilitación en contra de funcionarios que estuvieron relacionados con el sector de la construcción, uno en contra de Netzahualcóyolt Salvatierra y el exdirector de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), José Luis Pinacho.
Sin embargo, Díaz Navarro, a partir de ese momento se ha negado a hablar del tema bajo dos argumentos: el primero que abordaría el tema hasta que las sanciones fueran confirmadas por el Poder Judicial del Estado y, el segundo, hasta que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado le permitiera hablar de ello.
Mientras ello sucede, el dirigente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI), José Marcos Matus, dijo que el 90 por ciento de los 858 integrantes que tiene la organización trabaja al borde de la quiebra.
Entre 2010 y 2016, a raíz de la falta de pago hacia los proveedores, dijo, la mayoría de las empresas del SMI se vieron obligadas a despedir a al menos el 50 por ciento de su personal.
«Obras fantasma hubo muchas, obras fantasma que están liquidadas al 100 por ciento y a nosotros que trabajamos no estamos liquidados.
«Ese es uno de los temas que a nosotros como ingenieros nos ‘pega» bastante, pues no podemos tener liquidez y al no tener liquidez nosotros tenemos que despedir gente o vender nuestro material para seguir manteniendo una oficina un trabajo», reiteró.
